El
Gobierno del Principado acaba de recurrir la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso – Administrativo n.º 1 de Oviedo dictada el pasado 2 de marzo, que le obliga a sacar a concurso público de méritos, al
menos, 79 puestos de trabajo de jefatura de servicio, coordinadores y
asesores, ocupados de forma ilegal en comisión de servicios.
Al
igual que hacía el Gobierno de Areces con la sentencias que anulaban
el uso abusivo de los nombramientos por libre designación, el
Gobierno de Javier Fernández huye también hacia adelante
recurriendo las resoluciones judiciales con el único fin de ganar
tiempo, a sabiendas de que será condenado en segunda instancia.
El control político de la alta burocracia, clave para la utilización
partidista de la Administración Pública, explica en ambos casos
esta contumacia en el incumplimiento de la legalidad.
Recordamos
que el Gobierno de Javier Fernández comenzó su andadura en el año
2012 utilizando masivamente la libre designación, siguiendo la línea
de sus predecesores, hasta que fue frenado en seco por el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de enero de 2013, que suspendió
cautelarmente este uso abusivo de las designaciones a dedo. Desde esa
fecha, el Principado acude al nombramiento en comisión de
servicios, un sucedáneo de la libre designación previsto en la ley
solo y exclusivamente para casos de extraordinaria y urgente
necesidad, para eludir la convocatoria de concursos de méritos.
Tras
más de cinco años utilizando de forma ordinaria un procedimiento de
nombramientos que es excepcional y extraordinario, el Defensor del Pueblo reprendió al Gobierno de Javier Fernández el pasado mes de noviembre y le
instó a corregir, de forma inmediata, este comportamiento continuado
manifiestamente irregular. Poco después, el Juzgado de lo
Contencioso – Administrativo n.º 1 de Oviedo vino a confirmar la
gravedad de los hechos en su sentencia de 2 de marzo de 2018.
El
Gobierno de Javier Fernández esgrime como coartada para evitar algo
tan obvio en un Estado de Derecho como el cumplimiento de la
legalidad, que está tramitando un Decreto de clasificación de los
puestos de trabajo en sectores y subsectores que resultaría
necesario para la convocatoria de los concurso de méritos. Un
Decreto que comenzó a tramitarse en febrero del año 2016 y que
cuenta con informe favorable del Consejo Consultivo de 28 de septiembre de 2017, por lo que
siendo este el último paso antes de su aprobación por el
Consejo de Gobierno, lleva parado ya más de seis meses sin
justificación legal alguna para ello.
El
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que el
Gobierno de Javier Fernández ha decido trasladar a la siguiente
legislatura el "espinoso" tema de la provisión de los puestos de altos
funcionarios por concurso de méritos, pasando la patata caliente al
Gobierno que surja de las próximas elecciones autonómicas. En esta
estrategia ha contado con la colaboración imprescindible de unos
sindicatos atrapados, por su propia incapacidad, en la tela de araña urdida desde la Dirección
General de la Función Pública, que los ha convertido en
colaboradores necesarios de este flagrante juego de trileros.
Si
la Junta General pretende destituir al Síndico Mayor por utilizar
procedimientos de provisión de los puestos de trabajo sin motivación
legal suficiente, ¿qué habría que hacer con un Gobierno como el
del Principado, que viene haciendo lo mismo, multiplicado por veinte,
con los puestos de la Administración asturiana?
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