CONTACTO

cofpas@gmail.com
@cofpas

viernes, 20 de abril de 2018

De qué nos quejamos los jueces


Carlos Suárez-Mira
Magistrado



Asistimos estos días a lo que algunos llaman ―algo forzadamente― “ruido de togas”, símil poco afortunado del más conocido “ruido de sables”. Las togas son de por sí silenciosas, aunque unas más y otras menos en función de la calidad del paño. También lo son quienes se atavían con ellas, que no tienen por costumbre alzar la voz fuera de la Sala de vistas ―tampoco dentro― e incluso se sienten algo incómodos al hablar de las condiciones en que se desarrolla su trabajo. Por eso no es mala idea prestar algo de atención a lo que vienen exponiendo, con poco éxito, desde hace unos años.

Obviamente, no pretendo erigirme en portavoz de toda la judicatura ni aspiro a representarla. Sólo quiero trasladar al público mi punto de vista sobre una serie de aspectos que simplemente no funcionan como debieran. Al hacerlo, parto de una realidad incuestionable: a la mayoría de la gente le importa un bledo de qué va esto de la justicia. Y un buen número de compatriotas ―sé que no es su caso, querido lector― no sabría distinguir un juez de un fiscal, el penal del civil o un TSJ de un juzgado de paz. Tampoco les quita el sueño. De hecho, no está la justicia entre las diez primeras preocupaciones de los españoles, que encabeza el paro y cierran las pensiones.

Eso sí, cuando a uno le toca ir al juzgado ―y alguna vez sucede―, no entiende que los juicios se demoren tanto, se asombra de que las instalaciones sean tan cutres o se pregunta por qué en el cuarto de baño se apilan todos esos papeles desordenadamente junto a la escobilla del váter. Y eso que no se han internado en el archivo de piezas de convicción. Un lugar solo apto para valientes y para entomólogos.
Y es que hay muchos mitos y leyendas sobre “la justicia”. Por ejemplo, si pedimos a alguien que dibuje a un juez, indefectiblemente pintará a un caballero de edad provecta, a menudo barbado y siempre con cara de pocos amigos. Pero resulta que la mayoría de quienes ejercen la jurisdicción son mujeres, jóvenes y con cara de buen rollito. No obstante, es cierto que si nos asomamos al solemne acto de apertura del año judicial en cualquiera de sus ediciones, aparecerá en todos los medios la imagen que precisamente han compuesto nuestros dibujantes. Bueno, en honor a la verdad, algunos no tienen barba.

Por eso queremos mostrarnos tal y como somos la inmensa mayoría (y como no somos). Tengan claro que no nos pasamos las tardes jugando al golf, ni navegando en nuestro yate. No conozco a ningún compañero que tenga de eso. Tampoco los jueces de a pie compartimos mesa y mantel, ni palco en el fútbol con los políticos, ni con los banqueros o grandes empresarios. Realmente, muchas veces nuestro almuerzo consiste en un bocata engullido rápidamente en el despacho entre declaración y declaración a las tres o cuatro de la tarde si estamos de guardia. Y al llegar a casa tampoco nos pegamos una siesta de aquellas que glosaba Cela, nuestro socarrón premio Nobel, sino que nos sentamos ante el ordenador para poner las sentencias de los juicios celebrados por la mañana, muchas veces tecleando hasta las tantas de la noche, incluyendo en ocasiones los sábados y domingos si la cosa se complica. Y si alguna vez nos han visto tirando de un trolley, no crean que nos vamos rumbo a un balneario. Contiene los expedientes que llevamos a casa para resolver. Porque resulta que hay que sacar adelante todo el trabajo que entra y que en algunos juzgados supera el 250% de la carga teórica (módulo) del órgano judicial. Es tal la sensación, que algunos compañeros han acuñado el término de “gallinas ponedoras” como símil del juez dictando sentencias una tras otra. Incluso hay quien, tristemente, se ha desplomado muerto en su despacho víctima de un infarto fulminante por sobrecarga de trabajo sin que nadie más allá de sus deudos haya alzado mucho la voz. No obstante, a algunos nos ha hecho reflexionar seriamente acerca del sinsentido que supone acometer sin rechistar la brutal carga de trabajo que se cierne sobre nosotros.

Algunos lectores pensarán que esto es una exageración, y están en su derecho de pensarlo. O puede que crean que por lo menos tanto esfuerzo vendrá recompensado con una alta retribución y grandes prebendas. Les diré una cosa: ganamos exactamente la mitad de lo que está Vd. pensando. O menos. Hagan la prueba.
Y ahora que les he contado algo de cómo somos y de lo que hacemos, les contaré aquello con lo que soñamos. Soñamos con un gobierno y con un Consejo General del Poder Judicial que nos respeten y que estén comprometidos con la división de poderes. Con una oficina judicial digna de ese nombre. Con una planta judicial dimensionada a la alta litigiosidad española. Con una estructura judicial racional y cercana al ciudadano. Con unos edificios judiciales que superen cualquier inspección de seguridad e higiene. Con un CGPJ elegido por nosotros, y no por los partidos políticos, que nos ampare en nuestra independencia frente a los ataques que a menudo sufrimos. Con unos nombramientos para cargos judiciales presididos por los principios de mérito y capacidad y a través de un proceso transparente. Con una administración de Justicia moderna. Con unos sistemas de gestión procesal compatibles entre sí, eficaces y que garanticen la protección de datos. Con unas retribuciones acordes a nuestra responsabilidad y dignidad como integrantes de un poder del Estado. Y con muchas otras cosas que no caben en esta página.

Nuestros compañeros, los fiscales, están igual de descontentos, y por eso se ha logrado por primera vez en la historia la unión de todas nuestras asociaciones en apoyo y reivindicación de tan justas demandas. Así que cuando los próximos jueves hasta el 22 de mayo paremos una hora nuestra actividad y ese día ejerzamos nuestro derecho de huelga, recuerde todo lo que acaba de leer y asuma que, como pone en los carteles de las obras, “Estamos trabajando para Vd. Disculpe las molestias. Muchas gracias”.

miércoles, 18 de abril de 2018

Sindicatura de Cuentas: a buenas horas, mangas verdes


La Nueva España
17 de Abril del 2018 - Manuel Javier López García (Oviedo)

En un país llamado España, donde no existe ninguna separación de poderes real, efectiva, no es de extrañar que existan casos fuera y dentro de Asturias como el denunciado y del que se ha hecho eco este periódico respecto a la Sindicatura de Cuentas. Al parecer, este órgano pensado para controlar las cuentas y su cumplimiento por parte de los poderes públicos resulta que es el primero absolutamente corrupto, toda vez que sus miembros están directamente puestos a dedo por los diversos partidos. Su presidente, un tal Avelino Viejo, creo recordar que fue consejero del Principado hace ya bastantes años, luego ocupó diversos altos cargos públicos hasta ser presidente de la Sindicatura. Este señor, cuyos méritos conocidos son exclusivamente los de pertenecer a un partido político, como otros tantos personajes tales como Gabino de Lorenzo, Areces, el clan de los Sanjurjo, Trevín, la actual consejera de Agricultura y que fue en su día presidenta del Parlamento asturiano –viajaba en esa época en un coche blindado por valor de unos 100.000 euros, con chofer, etcétera– y así se podría seguir y casi no terminar, han vivido y viven y así seguirán del dinero público de todos nosotros. Ello es así, en mi humilde criterio, por la no existencia de separación de poderes como es el presente caso en que el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, según resoluciones judiciales, está corrompido por los partidos políticos que todo lo abarcan y, así, se designan auditores, letrados y demás personal simplemente a dedo o por cercanía a dichos partidos.
Por ello, como un ciudadano más, les agradezco y animo a todo tipo de sindicatos que conocen todas estas componendas por dentro a que denuncien y denuncien vía judicial, pues, por otra parte, quienes deben hacerlo constitucionalmente miran hacia otro lado. En este sentido, voy a permitirme citar al colectivo de Bomberos de Oviedo y Asturias que arriesgan su vida cotidianamente y para mayor oprobio están mal considerados por los gobernantes. 
Insisto, en esta camarilla de dirigentes políticos donde lo de menos es si son del PSOE, el PP u otros partidos, pues forman un grupo cohesionado donde impera el “hoy por mí y mañana por ti”, hubo, existe y seguirán existiendo corrupciones como este asunto, pues va ínsito en las reglas de juego corruptas aceptadas por todos ellos. De ahí que se realicen regasificadoras que luego no se utilizan, macropuertos que no tienen tráfico marítimo ni vías de entrada y salida, todo ello, claro está, con sobrecostes sistemáticos e incumpliendo los plazos y así se podrían seguir poniendo ejemplos, sabedores de que el órgano que debería controlar, denunciar y acudir a los Tribunales, es decir, la Sindicatura de Cuentas, está integrado por miembros sumisos que nunca van a denunciar nada en primer lugar porque carecen de legitimidad alguna al ser puestos discrecionales, a dedo, y en segundo término porque “nunca la vieron más gorda”. Eso sí, que no “pillen” a cualquier ciudadano “infringiendo” normas nimias como rebasar el límite de velocidad en 5 o 10 km/hora de más o incumpliendo algún reglamento municipal o autonómico, porque entonces sí, ahí son implacables.

martes, 17 de abril de 2018

La inquietante valoración sobre la sentencia contra la Sindicatura de Cuentas

Javier Álvarez Villa Presidente del Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies y Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias.

 Revista Atlántica XXII, 17 de abril de 2018

Recientemente un medio de comunicación asturiano publicaba un artículo firmado por el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, con el título de La Administración encorsetada, en el que se  pone en cuestión la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la utilización  del concurso específico como procedimiento de provisión de los puestos de auditores, técnicos de auditoría, ayudantes de auditoria y letrados de la Sindicatura de Cuentas.

Nada habría que reprochar a la crítica de una resolución judicial, siempre que se encuentre razonada y se mueva dentro de los parámetros de una interpretación razonable del Derecho. Pero cuando esa  crítica incurre en errores de bulto, omite algunos elementos esenciales para comprender, de forma objetiva y cabal, lo que se está analizando y, además, se formula por un experto en la materia, como sucede en el presente caso, puede considerarse, cuando menos, un comentario poco riguroso y emitido a la ligera.

De entrada, el señor Villaverde confunde los sistemas selectivos de acceso al empleo público – en los que participan ciudadanos y ciudadanas que quieren acceder a la condición de funcionario o de personal laboral de la Administración -, con los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo de funcionarios de carrera – en los que solo pueden participar quienes ya tienen la condición de funcionario público, en ejercicio de su derecho a la carrera profesional – . En el caso que se juzga en la sentencia del TSJA no estamos ante una discusión sobre el sistema de acceso a los puestos de la Sindicatura de Cuentas, como entiende el catedrático, sino sobre el sistema de provisión de esos puestos por empleados públicos que ya son funcionarios de carrera.

Por ello, la referencia que hace a los sistemas selectivos de oposición, concurso – oposición y concurso, carece de todo sentido para valorar correctamente el alcance de lo juzgado por el TSJA, pues estos son los sistemas selectivos legalmente establecidos para acceder al empleo público, pero no para proveer puestos de trabajo entre funcionarios. Una lectura mínimamente atenta de la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas y de la propia sentencia,  hubiera sacado al autor del artículo de esa confusión.

Aclarado este error de planteamiento, la cuestión  que dilucida el TSJA es si el sistema de provisión elegido por la Sindicatura, a saber, el llamado concurso específico, se encuentra o no suficientemente justificado. A este respecto, es imprescindible señalar lo que no cuenta el señor Villaverde: que los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo de funcionarios públicos son el concurso de méritos, que es el sistema normal o habitual, y la libre designación, que es el mecanismo excepcional o extraordinario.

Pero dentro del concurso de méritos, tanto el Reglamento de Provisión de puestos de trabajo de la Administración del Estado, como el correspondiente Reglamento del Principado de Asturias, distinguen, a su vez, dos modalidades: el concurso ordinario, basado en una relación de méritos y un baremo objetivo para su valoración, y el concurso específico, que solo procede cuando, en atención a la naturaleza de los puestos, así se determine, y que se desarrolla en dos fases, una primera de valoración de méritos conforme al baremo establecido en las bases, y otra segunda, consistente en la valoración de los méritos específicos adecuados a las características del puesto mediante la presentación de una memoria o la realización de una entrevista.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tampoco cita Ignacio Villaverde, viene afirmando reiteradamente que la utilización del concurso específico, al igual que la libre designación,  exige una motivación suficiente y expresa por parte de la Administración convocante, dado su carácter excepcional, sin que resulte adecuado para ello el uso de fórmulas estereotipadas, ni la excusa de que se podría deducir del propio expediente, como defiende el catedrático.  La Sindicatura de Cuentas, a pesar de la advertencia que le hizo el Letrado Mayor de la Junta General y la propia Mesa de la Cámara, incumplió con esa obligación de motivación, lo que resulta particularmente grave en un Organismo fiscalizador.

La falta de una exteriorización adecuada y suficiente de las razones o motivos que llevaron a ese organismo a optar por el concurso específico  para la provisión de los puestos de auditores, técnicos de auditoría, ayudantes de auditoria y letrados, no es un tema baladí o de un rigorismo formalista excesivo, como quiere hacer creer el señor Villaverde en su artículo. Antes bien, como han señalado cualificados expertos en Derecho de la Función Pública, la exigencia de memorias o la utilización de entrevistas como mecanismos de valoración de los méritos de los aspirantes puede introducir un componente de subjetividad o de discrecionalidad escasamente respetuoso con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Dicho de otro modo, puede convertir un procedimiento objetivo, profesional y especialmente cualificado, en una libre designación encubierta.

Pero es que, además, los méritos específicos para desempeñar esos puestos de la Sindicatura pueden valorarse también sin necesidad de exigir la presentación de memorias, ni la realización de entrevistas, como recuerda la sentencia. No se trata de que el concurso específico sea más riguroso que el ordinario, como afirma el catedrático, si no de justificar porqué se emplea el sistema excepcional en lugar del normal, facilitando de paso el control judicial de la decisión.

Y llegamos al meollo de la cuestión: ¿acaso con la generalización de la exigencia de memorias y la realización de entrevistas la Sindicatura de Cuentas estaba pretendiendo implantar un sistema de provisión que permitiera un margen de maniobra más amplio para elegir entre los aspirantes, aproximándolo a una libre designación con otro nombre?

Esa falta de respeto a un derecho fundamental no debiera tomarse a la ligera. Desde luego, el TSJA no lo hace en la sentencia comentada y los funcionarios públicos debiéramos agradecerlo.

Artículo La Administración encorsetada (ver aquí)

jueves, 12 de abril de 2018

El Tribunal Supremo decidirá si el cese en un puesto de libre designación debe estar motivado

¿Puede una Administración que ha nombrado a un funcionario por el sistema de libre designación – nombramiento a dedo – cesarle libremente, sin exteriorizar los motivos para ello?

Hasta ahora la jurisprudencia se viene decantando por la libre remoción del libre designado, entendiendo que la pérdida de la confianza que ha llevado al nombramiento está implícita en la resolución de cese, por lo que no es necesario exponer las razones por las que se lo fulmina.

Son muchos los casos de cese expeditivo de funcionarios nombrados a dedo santificados por la Justicia. Como caso sonado en Asturias se puede citar el de la Secretaria del Ayuntamiento de Gijón destituida por resolución de la Alcaldía de ese Ayuntamiento de 15 de octubre de 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de 20 de octubre de 2014, que confirma la dictada previamente por el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 1 de esa ciudad, señala que los nombrados digitalmente pueden ser casados también con carácter discrecional y que la motivación del cese se referirá exclusivamente a la competencia para adoptarlo, citando lo dispuesto en el artículo 23 Real Decreto 1732/1994,de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Dicho de otro modo, si el nombramiento fue discrecional el cese también lo es y solo basta con que lo ordene el órgano competente para ello.

Pero las cosas podrían cambiar tras la admisión a trámite por el Tribunal Supremo de un recurso de casación interpuesto por un funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear cesado en un puesto de Jefe de Área en el que había sido nombrado por libre designación.

El Auto del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 que admite a trámite el recurso de casación, considera que existe interés casacional en la cuestión planteada por la parte recurrente, sobre la necesidad o no de motivar los acuerdos de ceses en puesto de trabajo cubiertos por el sistema de libre designación:
“Se trata de una cuestión que reviste interés. El problema del cese en puestos de trabajo adjudicados por el sistema de libre designación, desde la perspectiva del deber de motivación, no ha sido específicamente abordado por la jurisprudencia, que se ha referido solo a los estándares de motivación exigibles en la provisión de tales puestos. Ciertamente no se ha pronunciado sobre la problemática del cese en los mismos, bien para extender o proyectar respecto del cese lo dicho sobre el nombramiento, bien para extraer conclusiones diferentes”

En consecuencia, el Tribunal Supremo admite que el nombramiento por libre designación, aunque discrecional y fundado en razones de confianza, debe estar motivado, es decir, la Administración debe expresar las razones por las que opta por un candidato o aspirante concreto al puesto, pero reconoce que falta un pronunciamiento claro sobre si esa exteriorización de los motivos  es exigible también para los ceses.

Estaremos atentos al desenlace de este recurso, pues podría poner fin a la larga época de las destituciones fulminantes de los funcionarios nombrados por libre designación que traicionaron la confianza personal depositada en ellos por el cargo político que los nombró.

Paradójicamente, si el Tribunal Supremo acaba decidiendo que el cese de los libre designados debe ser motivado, podría ser el comienzo del fin de los nombramientos a dedo, pues desaparecería una de sus principales utilidades: desprenderse expeditivamente del funcionario molesto, que no respetó el pacto de no agresión implícito a la confianza depositada en él/ella, sin dar cuenta de las razones.

lunes, 9 de abril de 2018

Buzón de denuncias anónimas de la Oficina Antifraude de Cataluña




ANTECEDENTES
1. El 7 de septiembre de 2016 se dictó la Instrucción 1/2016 del director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que modificó la Instrucción de 06.10.2011 y las normas operativas que se establecían, con la finalidad principal que la Oficina admitiera y tramitara denuncias anónimas.

2. Con posterioridad, y concretamente durante este año 2017, la Oficina ha dictado varias resoluciones y ha adoptado determinadas medidas que pretenden mejorar los canales de relación entre la ciudadanía y la Oficina y a la vez mejorar la eficiencia en su gestión, y específicamente en cuanto a los canales y medios para presentar denuncias o comunicaciones de hechos susceptibles de dar lugar a la iniciación de actuaciones de investigación.

3. En estrechada relación con la utilización de medios electrónicos, en esta fecha la Oficina está en disposición de ofrecer a la ciudadanía un canal telemático seguro que permite presentar denuncias de manera anónima. Este canal telemático seguro también permite determinada interacción posterior entre la Oficina y la persona denunciando sin que esta persona revele la identidad, de forma que se facilita la eficacia de las actuaciones de investigación sin necesidad que la Oficina disponga de ningún dato sobre la identidad de la persona denunciada.
Si se hace la denuncia mediante este canal con la utilización de una red de anonimización (TOR), se garantiza el anonimato en la comunicación en el entorno digital, también de la dirección IP, de forma que se protege la identidad de quien comunica, a menudo en situación de vulnerabilidad.

4. Hace falta, pues, aprobar formalmente el establecimiento de este buzón de denuncias anónimas como canal específico de presentación telemática de denuncias o comunicaciones ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Mediante comunicaciones encriptadas, el sistema de buzón de denuncias anónimas permite la presentación de denuncias o comunicaciones a la Oficina con garantía técnica de preservación del anonimato de las personas y también permite la interacción posterior entre la Oficina y la persona denunciante sin revelación de la identidad.

5. Atendida la puesta en funcionamiento de este nuevo canal de denuncias, al margen de la previsión puntual que se incorpora en la parte dispositiva de esta Resolución, habrá que actualizar la generalidad de las previsiones de la Instrucción 1/2016, de 7 de septiembre, para incorporar las nuevas posibilidades de interacción que la Oficina Antifraude de Cataluña pone a disposición de la ciudadanía en este momento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Los apartados 1 y 3 del arte. 16 de la Ley 14/2008, del 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña regulan la presentación de denuncias o comunicaciones ante la Oficina y la tramitación que se deriva. La Ley mencionada y las Normas de actuación y de régimen interior de la Oficina
Antifraude de Cataluña regulan el  procedimiento de investigación de la Oficina, que también tiene que ser el  procedimiento que se siga a partir de la presentación de una denuncia o comunicación anónima mediante el buzón de denuncias anónimas que se crea mediante esta  Resolución.

2. Los apartados a) y f) del art. 6 de las Normas de actuación y de régimen interior de la Oficina Antifraude de Cataluña atribuyen al director o directora de la Oficina Antifraude la dirección, la coordinación y la supervisión superiores de las direcciones  funcionales y de las áreas en que se estructura la Oficina Antifraude y el control y la  evaluación de las actuaciones que la Oficina lleva a cabo, así como las potestades rectoras y organizativas.

Por todo lo que se ha expuesto,

RESUELVO:

Primero.
Aprobar la creación y el establecimiento del  buzón de denuncias  anónimas, como canal telemático seguro para la presentación de denuncias o  comunicaciones dirigidas a la Oficina Antifraude de Cataluña.
El buzón de denuncias anónimas se encuentra en la dirección de internet siguiente:  https://denunciesanonimes.antifrau.cat

Segundo.
Incorporar una instrucción 3.9 a la Instrucción 1/2016, de 7 de septiembre,  con la redacción siguiente:
“La presentación de denuncias o comunicaciones mediante el buzón de denuncias  anónimas de la Oficina Antifraude
de Cataluña se hace de acuerdo con la Resolución, OAC/DIR/652/2017, de 5 de diciembre, por la cual se aprueba la creación y el  establecimiento del buzón de denuncias anónimas  en la Oficina Antifraude de  Cataluña.”

Tercero.
Disponer que esta Resolución se publique en la sede electrónica de la  Oficina Antifraude de Cataluña

Barcelona,
en la fecha de la firma



sábado, 7 de abril de 2018

HABEAS DENUNCIA. IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL Profesor Titular (acreditado Aneca) de Derecho Administrativo Universidad de las Islas Baleares 

Revistas@iustel.com
Revista General de Derecho Administrativo 40 (2015)


La denuncia anónima

Si el derecho positivo exige la identificación del autor de la denuncia, la pregunta obligada consiste en determinar si el órgano puede admitir o no una denuncia anónima. En alguna norma sectorial la denuncia anónima se prohíbe expresamente, como es el caso de la Inspección de Trabajo (art. 20.5 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y art. 9.1.f del Real Decreto 928/1998) . En otras normas como las relativas a tráfico y seguridad vial, el Real Decreto 320/1994 exige en su art. 9.2 que las denuncias de carácter anónimo sean archivadas “sin que deban efectuarse ulteriores trámites al respecto”, si bien permite que, en caso de que los hechos denunciados puedan suponer un riesgo para la seguridad vial, los órganos competentes puedan comprobarlos. No obstante, en el procedimiento administrativo general -ante el silencio de la norma especial- de lege data la denuncia anónima no reúne los requisitos que exige el art. 11.1.d RPPS, de manera que no es posible admitirla a trámite. Y sin embargo, no es ésta la interpretación que realizan los Juzgados y Tribunales en nuestro país. Para ello se amparan en la naturaleza jurídica de la denuncia, esto es, la puesta en conocimiento de un hecho a la Administración. En este sentido se considera que la Administración puede tener conocimiento de los hechos por cualquier medio, incluso por una noticia publicada en los medios de comunicación. Y en consecuencia, se hace descansar el conocimiento de los hechos, no tanto sobre la denuncia (anónima), sino sobre la información previa, que es la que verdaderamente determina el inicio del procedimiento sancionador .

Si por ejemplo a la Administración se le remite una documentación comprometedora de una infracción tributaria, laboral o urbanística, ¿acaso deberá hacerle caso omiso precisamente porque no viene suscrita por nadie? Si aparece el nombre de un denunciante, pero el documento no está firmado, ¿deberá inadmitir la denuncia? Ante la colisión entre el formalismo de la denuncia y el deber de perseguir una infracción parece que deberá resolverse en favor del segundo, trasladando la causa del acuerdo de inicio de la denuncia a la propia iniciativa. Lógicamente, conforme a lo que indicamos más adelante, la denuncia deberá presentar signos de veracidad y credibilidad. La jurisprudencia contenciosa ya se ha pronunciado sobre la denuncia anónima, admitiéndola sobre la base no tanto del contenido de la misma, sino del resultado de la investigación realizada en la información previa. Así, por todas, puede citarse la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, de 16 de noviembre de 2011 (rec. 119/2011), que desestima en su FD Cuarto la alegación de la nulidad de una sanción disciplinaria un funcionario por haber infringido el régimen de incompatibilidades, por haberse iniciado el procedimiento a raíz de denuncia anónima: no invalida a juicio de este Órgano jurisdiccional el procedimiento administrativo sancionador.

Evidentemente huelga señalar que en la información previa radica la clave de bóveda del inicio del procedimiento sancionador, y que a su vez la denuncia anónima debe ser lo suficientemente fundada para evidenciar la eventual infracción. Otra cosa permitiría -al decir de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 26 de noviembre de 2009 (rec. 570/2006)- que el inicio de actuaciones inspectoras tributarias quedara a merced de cualquier ciudadano, y con cualquier motivación por espuria que fuera, con sólo elaborar un escrito anónimo, con la posibilidad de incluir datos obtenidos ilegítimamente e incluso con vulneración de derechos fundamentales esenciales como los de integridad física y moral, intimidad o secreto de las comunicaciones, regresando a los tiempos de la admisión incondicionada e incluso fomento de las delaciones anónimas, con grave quebranto de la dignidad de las personas y de los derechos inviolables que le son inherentes (art. 106.1 CE)


ARTÍCULO COMPLETO EN LA WEB DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: VER AQUÍ

viernes, 6 de abril de 2018

La denuncia anónima en asuntos de corrupción es legalmente viable



Con motivo de la tramitación en la Junta General del Principado de Asturias de un Proyecto de Ley de Transparencia que incorporaría una Oficina de Lucha contra la Corrupción, ha trascendido a los medios de comunicación la existencia de objeciones de legalidad que harían inviable la regulación expresa de la denuncia anónima ante esa Oficina.

A este respecto, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere señalar que la regulación legal de la denuncia anónima es perfectamente viable, siempre que esa Oficina o Unidad Anticorrupción se configure como un Organismo independiente de las Administraciones Públicas a las que va a fiscalizar y vinculado a la propia Junta General.

En efecto, aunque la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 62.2 que las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración, debe tenerse necesariamente en cuenta que esta ley básica estatal se aplica exclusivamente – artículo 2 – a todas las Administraciones Públicas y al sector público institucional vinculado o dependencia de ellas, pero no a Organismos independientes  vinculados a una Asamblea Legislativa, los cuales se rigen por su normativa específica.

La disposición adicional quinta de dicha Ley es clara: la actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.

En consecuencia, no es solo es legalmente posible, si también deseable para que los fines de esa Oficina o Unidad Anticorrupción no se queden en papel mojado, que se prevea y regule expresamente la denuncia anónima en materia de corrupción.

A título de ejemplo, la Oficina Antifraude de Cataluña, Organismo independiente de la Administración Pública catalana, acaba de abrir un Buzón de denuncias anónimas, que se configura como una herramienta pionera para luchar contra la corrupción y que permite garantizar el anonimato del alertador, al tiempo que la comunicación con él sin desvelar en ningún caso su identidad.

El Director de Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha calificado este Buzón de denuncias anónimas como un hito que permite culminar "el compromiso de protección de los alertadores, que hace más de un año adquirió la dirección de la institución".

Gimeno también ha aseverado: "no nos podemos permitir que las personas que denuncian la corrupción sean victimizadas, sufran acoso laboral y una larga lista de agravios imperdonables, como ya ha pasado demasiadas veces. Por este motivo hemos apostado para proteger a estas personas y estamos abiertos a asumir un papel adicional para garantizar una protección adecuada a los alertadores".


El Buzón facilita dos opciones para hacer la denuncia de manera anónima:
  1. Utilizando el navegador de cada usuario. En este caso queda rastro de la dirección IP desde la que se realiza la comunicación.
  2. Garantizando plenamente el anonimato de la comunicación en el entorno digital (también de la dirección IP, que puede identificar quién navega por internet), utilizando una red de anonimización. La herramienta más utilizada es la red Tor. Como cualquier otro navegador, para hacer uso de la herramienta Tor, hay que bajar el navegador desde la página de descarga. El análisis de las herramientas usadas aconseja facilitar esta opción de anonimato para preservar la integridad de quien comunica, a menudo en situación de vulnerabilidad. La red Tor es una herramienta de código abierto que permite mejorar la privacidad y seguridad en internet. Cuando el usuario se conecta a Internet con Tor, la conexión pasa a través de una serie de túneles cifrados, en vez de hacerlo directamente, y eso dificulta rastrear la fuente de la información. Así, la identidad de la persona que se conecta está protegida. El uso de la red Tor para acceder al Buzón de denuncias anónimas es aconsejable o indispensable cuando se tiene el convencimiento o la certeza de riesgo, porque garantiza el anonimato de la persona en el momento de la recepción de la comunicación. No obstante, hay que recordar que quien comunica también debe preservar el anonimato en el momento de la emisión. Una vez elegida una de las dos opciones y presentada la comunicación, los usuarios obtienen un código de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial. Este código es la única manera de acceder a este canal y, es responsabilidad del comunicador conservarlo. Esto permitirá mantener una colaboración con la Oficina Antifraude en la comprobación de los hechos y conocer el estado de tramitación de la denuncia.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies comparte plenamente la implantación de este tipo de dispositivos



martes, 3 de abril de 2018

Los asesores de la Junta General del Principado de Asturias ya son la mitad del total del personal de la Cámara



El personal eventual de la Junta General del Principado de Asturias (los conocidos como asesores) ya alcanza, prácticamente, el 50 por 100 del personal total del Parlamento asturiano. En la vigente relación de puestos de trabajo de esta clase de empleados públicos figuran 48 puestos eventuales, si bien cada puesto se puede desdoblar en dos a media jornada. Esta posibilidad de desdoblamiento ha ampliado la cifra real de puestos existentes en la actualidad a 58.

Si se tiene en cuenta que en la Junta General del Principado hay actualmente 71 funcionarios, se deduce claramente que uno de cada dos empleados públicos de dicho Organismo es un asesor elegido a dedo por los partidos políticos con representación parlamentaria.

Recordamos que en la primera Legislatura había un solo puesto de asesor, 5 en la segunda y la tercera, en la cuarta Legislatura había 16,  21 en la quinta, en la sexta 31, 39 en la séptima, 47 en la octava y novena, hasta llegar a los 48 actuales, para el mismo número de parlamentarios.

Los Grupos Parlamentarios han convertido la Junta General en una agencia de colocación, al más puro estilo del caciquismo de la Restauración.

La relación de los 48 de puestos de confianza aprobada por la Mesa de la Cámara incluye: secretarios de mesa (7), asesores de grupos parlamentarios (8), responsables de comunicación de grupos parlamentarios(6), secretarios de grupos parlamentarios (6), asistentes de grupos parlamentarios (10),auxiliares de grupos parlamentarios (7), más 4 puestos adscritos al Gabinete de la Presidencia.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que en muchos de estos tipos de puestos se realizan tareas cuyo desempeño no precisa de afinidad y proximidad política con los diputados y diputadas, sino que son más bien actividades profesionales propias y características de la actuación administrativa que deben ser prestadas por funcionarios públicos y que están prohibidas al personal eventual: funciones de gestión, apoyo técnico, secretaría de despacho, manejo de aplicaciones informáticas, trabajos de oficina, etc.

A ello debemos añadir que la actividad de este personal se encuentra fuera del control administrativo al que debería estar sometido, dada su condición de empleados públicos, por lo que no existe control efectivo alguno sobre los permisos, bajas laborales, cumplimiento del régimen de incompatibilidades etc.

Mediante esta inflación de asesores los partidos que representan al pueblo asturiano patrimonializan,  en beneficio exclusivo de sus afines, puestos de trabajo a los que tendrían derecho a acceder los ciudadanos y ciudadanas de Asturias en condiciones de igualdad, en procedimientos públicos en los que solo se tuvieran en cuenta los méritos y capacidades de los aspirantes y no la influencia o recomendación de los repartidores del partido.

Urge poner coto a estos privilegios políticos, por antidemocráticos y clientelares. ¡Basta ya!