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jueves, 16 de noviembre de 2017

El Supremo da la razón a ATLÁNTICA XXII en el Caso Donaire

 Revista Atlántica XXII

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia firmada el pasado día 8 y enviada a las partes ayer, ha fallado a favor de ATLÁNTICA XXII, su director Xuan Cándano y el periodista Fernando Romero, aceptando todos sus argumentos en el recurso de casación interpuesto en el Caso Donaire, iniciado por la denuncia presentada por el exsecretario general de UGT y MCA-UGT por informaciones publicadas por la revista en enero de 2015, en el número 36.

La denuncia presentada por Eduardo Donaire, que solicitaba 30.000 euros, fue desestimada en su día por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Oviedo, pero posteriormente la Sección Quinta de la Audiencia Provincial aceptó parcialmente su recurso, multando a la revista y sus periodistas con 6.000 euros y al exsindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda, Cándido González Carnero, con la misma cantidad, por juicios críticos sobre el exsindicalista de UGT aparecidos en aquel número de la revista. Ahora el Tribunal Supremo, en el caso de González Carnero, rebaja la sanción a 3.000 euros.

En el caso de ATLÁNTICA XXII el litigio se concretaba en dos de las informaciones firmadas por Fernando Romero. Uno de los artículos se titulaba “Suzuki regaló a Eduardo Donaire una moto Burgman” y en otro se hacía referencia a una de las viviendas del ugetista en el edificio El Barco de Gijón. Con Donaire también aparecía como denunciante su esposa, Carmen Fernández.

Sobre la moto, la sentencia del Supremo asegura que “sí se agotó la diligencia informativa que era exigible a un profesional de la comunicación” y recuerda los testimonios de varios testigos en el juicio “que apuntaban a que se podía haber beneficiado por razón de su cargo de regalos de una empresa con la que había negociado un ERE”. También subraya el alto tribunal que la tienda donde se adquirió el vehículo lleva años cerrada, como la propia factoría de Suzuki en Gijón, y que Donaire se negó a recibir a Fernando Romero para corroborar las informaciones. Y rechaza el único documento que aportó el exsindicalista ugetista, “ya que el demandante bien pudo aportar desde un principio los documentos que acreditaban que se trató de una compraventa a precio de venta al público y no de un regalo o de una compra a precio rebajado, máxime cuando tampoco cabe considerar finalmente demostrada la versión del demandante, pues solo se aportó una transferencia a otra entidad en la que tampoco se especificaba el destino del dinero”.

“Y en cuanto al piso –continúa la sentencia–, además de no apreciarse que los datos publicados sean falsos, toda vez que del tenor literal del artículo no cabe extraer la conclusión de que se estaba poniendo en duda el origen del dinero con el que se adquirió y tampoco puede considerarse inveraz el valor de mercado que se dio a los pisos de esa zona costera, por más que su valor catastral fuera muy inferior, lo determinante para descartar la intromisión es que nada de lo dicho al respecto empaña la principal idea que se quería transmitir, predominantemente crítica, acerca de que un importante cargo sindical tenía un patrimonio inmobiliario de cierta importancia”. “En consecuencia –añade el ponente–, se trataba de una crítica legítima hecha por quienes, desde una concreta opción ideológica, consideran que hacer demostración pública de solvencia económica o llevar un determinado estilo de vida, máxime tratándose de un alto cargo sindical, es difícilmente conciliable con la defensa de los intereses laborales de los trabajadores”.

Sin costas
En relación a las manifestaciones de González Carnero, el Supremo no ve intromisión al honor en la alusión a la “opulencia” en la que vive Donaire, “ya que solo puede entenderse como un elemento más de la crítica en el sentido de que difícilmente podía el demandante defender los intereses de los trabajadores si tenía un nivel de vida muy superior al de estos; en definitiva opulento en relación a los trabajadores del metal”. En cambio el Tribunal corrobora la sanción por denominar al demandante “chantajista”, viendo en la calificación un propósito de descrédito.

La sentencia no impone costas a ninguna de las partes. El ponente es el presidente, Francisco Marín Castán. González Carnero y la CSI, disconformes con la sentencia, estudian recurrir al Tribunal Constitucional.
En ATLÁNTICA XXII se acogió con gran satisfacción la sentencia, aunque lamentando la sanción a González Carnero, que, aunque rebajada, se debe a la contestación a preguntas de esta revista, que considera que el exsindicalista de CSI no hizo sino manifestar sus opiniones amparándose en la libertad de expresión.

La ofensiva judicial de UGT contra ATLÁNTICA XXII, ahora zanjada, no tuvo éxito alguno en los tribunales, pero sí provocó cuantiosos gastos a su empresa editora, Letras Atlánticas, para la defensa de los demandados. El problema se logró solventar con las aportaciones de los lectores, suscriptores y simpatizantes de la revista, que donaron dinero a través de una campaña de apoyo.
UGT llegó a presentar otras tres denuncias contra la revista y la sección sindical del sindicato en RTVE también puso una más en la empresa contra Xuan Cándano, que compatiliza legalmente su trabajo en la sociedad pública con la dirección de ATLÁNTICA XXII. Cándano llegó a ser sancionado con 20 días de empleo y sueldo. La sanción sería anulada por un juez de lo social de Oviedo, en una contundente sentencia contra UGT.

 
 

lunes, 13 de noviembre de 2017

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno del Principado a convocar inmediatamente concursos de méritos para cubrir centenares de puestos ocupados irregularmente



El Defensor del Pueblo acaba de notificar al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies el requerimiento que ha dirigido a la Consejería de Hacienda y Sector Público para que apruebe, de forma inmediata, el instrumento legal permitente que permita convocar los concursos de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que actualmente se ocupan de forma irregular.

De esta forma, el Defensor del Pueblo estima la denuncia presentada por esta asociación y rechaza “las explicaciones” ofrecidas por la Consejería para mantener una situación manifiestamente ilegal que afecta a centenares de puestos de trabajo.

En nuestra denuncia poníamos en conocimiento del Defensor del Pueblo que, transcurridos ya cuatro años desde la suspensión cautelar de los nombramientos a dedo – por libre designación – ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en Auto fechado el 8 de enero de 2013, no se ha convocado, ni resuelto válidamente, ningún concurso de méritos. Todos los puestos que antes eran de libre designación se nombran discrecionalmente, desde entonces, por el sistema excepcional de la comisión de servicios, previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, con el agravante de que una buena parte de esos nombramientos en comisión de servicios son radicalmente ilegales, al superar el plazo máximo legal de duración, que no puede exceder de dos años.

El resultado de esta auténtica subversión del régimen legal de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos del Principado es que, en la actualidad, hay más de 250 nombramientos provisionales en puestos de jefatura de servicio, coordinadores etc, que superan el plazo máximo legal de dos años. A esta cifra debemos añadir, al menos, otros 476 puestos de jefatura de sección, cuya convocatoria fue anulada por sentencia del TSJA de 28 de noviembre de 2014, y que también se encuentran ocupados en precario, pues el Gobierno del Principado aún no ha encontrado tiempo para repetir la convocatoria.

La herencia recibida del Gobierno de Areces en cuanto a la gestión del empleo público estaba envenenada, pero el Gobierno de Javier Fernández se ha cuidado de conservarla intacta en estos últimos cinco años.

Ahora le toca pasar vergüenza ante el requerimiento del Defensor del Pueblo. Así nos va.

REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

lunes, 6 de noviembre de 2017

INTERNALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO POR SOCIEDAD MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO


 
 
 
En una entrada anterior, hacíamos referencia a los argumentos por los que considerábamos que las previsiones contenidas en la Disposición Adicional 15ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2016 (en adelante LPGE 2016), no suponían un impedimento legal a la internalización de un servicio público por una sociedad mercantil municipal ya constituida.

Este criterio acaba de ser corroborado ahora en sede jurisdiccional, al desestimarse íntegramente la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, frente al acuerdo municipal encaminado a que la sociedad mercantil de capital municipal, se hiciese cargo del servicio de limpieza de edificios municipales –que hasta ese momento venía siendo prestado por una entidad mercantil privada-.

Obviamente, se trata de una Sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo, y sus consideraciones han de tomarse con la correspondiente cautela; pero, tratándose de una situación extrapolable a otros municipios hemos considerado oportuno dar cuenta aquí de la misma.
Pues bien, planteados por el Abogado del Estado como motivos de impugnación al acuerdo municipal, (i) la infracción de la referida D.A. 15ª LGPE 2016, y (ii) la vulneración de los principios de acceso al empleo público, la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Alicante, de 31 de julio (Recurso 495/2016) los rechaza, confirmando la legalidad del acuerdo municipal, en atención a las consideraciones que pasamos a indicar:

La finalidad de las limitaciones a la prohibición de contratar por las sociedades mercantiles de capital público.
Sobre este extremo la Sentencia realiza una interpretación integradora de nuestro ordenamiento jurídico, precisando que la finalidad perseguida a través de las limitaciones a la contratación de nuevo personal que se establecen en la D.A. 15ª no es otra que la “reducción del déficit público”.
Y sobre esta concreta cuestión, señala la Sentencia que “Siendo ello así, consta en autos que con la prestación mediante gestión directa del servicio de limpieza de edificios municipales que hoy se recurre, precisamente eso es lo que se consigue” En este caso, se había cuantificado a través de los informes pertinentes que el ahorro para las arcas municipales estaría en torno a los cien mil euros.
También interesa destacar aquí, la ponderación que realiza el juzgador de las previsiones de la D.A. 15ª en relación con el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, manifestando que, “Por otro lado, se ha de considerar también la potestad municipal de optar por las modalidades de gestión de servicios públicos que tiene encomendados y que le reconoce el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; lo que entronca directamente con el derecho constitucionalmente reconocido de la autonomía municipal (arts 137 y 140 de la Constitución).

 La conclusión que alcanza el magistrado sobre este punto resulta esclarecedora: “Una interpretación de la D.A. 15ª en el sentido indicado por la recurrente, estaría limitando las opciones y posibilidades de los sistemas de gestión de los servicios públicos que son propios de la Corporacion Municipal, con vulneración del mencionado derecho constitucional a la autonomía local”
 En definitiva, las previsiones puntuales de la LPGE en sus múltiples Disposiciones Adicionales son puestas en relación con la autonomía local acogida constitucionalmente. Otorgándose prevalencia, a la hora de interpretación de la norma, por un sentido de la misma acorde con nuestra Constitución.

La necesaria ponderación de los principios de acceso al empleo público en los casos de subrogación del personal.
Por lo que respecta a la infracción de principios de acceso al empleo público que denunciaba el Abogado del Estado en su escrito de demanda, la Sentencia analiza, como cuestión previa, dos aspectos: (i) si la figura jurídica de la “sucesión de empresa”, propia del derecho laboral, es de aplicación a una sociedad de capital íntegramente pública; y (ii) si, en el concreto caso planteado, se produce la subrogación del personal y con qué alcance.

Planteado así el debate, la Sentencia concluye que “La recuperación de la gestión pública, directa, ha supuesto una auténtica transmisión de empresa, con sujeción a las consecuencias que de ello se han de derivar, entre ellas las relativas a los trabajadores; de modo que como exige el art. 44 del ET”

Es por ello que, habiéndose acreditado la subrogación del personal que venía prestando el servicio, con arreglo a la normativa de aplicación, queda excluida la alegada infracción de los principios de acceso al empleo público.

Como indicábamos, la argumentación contenida en la Sentencia no resulta extrapolable, sin más, a todos los casos en que los Ayuntamientos se plantean realizar un proceso de internalización de un servicio público, pero también es cierto que la solución que acoge esta resolución judicial – realizando una aplicación del derecho a partir de los principios esenciales de nuestro ordenamiento, en sus aspectos laboral, constitucional y puramente administrativo- resulta de suma coherencia.

En cualquier caso, habrá que analizar en cada situación lo que indica la Sentencia: si puede acreditarse que el cambio de forma de gestión del servicio redunda en un servicio más sostenible y eficiente, lo que habrá de acreditarse en el procedimiento previo administrativo.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Ya a la venta el número 53 de ATLÁNTICA XXII


Portada del número 53 de ATLÁNTICA XXII.

Revista Atlántica XXII

Quioscos y librerías de toda Asturias venden desde hoy el nuevo número de ATLÁNTICA XXII, el 53, que lleva como tema de portada una exclusiva sobre la paralización por parte de Hacienda de la concesión de la estación asturiana de Fuentes de Invierno, que el Principado lleva diez años adjudicando a la misma empresa, EES, denunciada por irregularidades laborales. El reportaje, firmado por el periodista Xuan Fernández, incluye una entrevista con uno de los denunciantes afectados, Marino Muñiz, cooperativista de El Rebecu.

El número 53 contiene las habituales 80 páginas. En la sección de Información, también se trata el auge de los neonazis en el Fondo Sur del Sporting de Gijón, en un reportaje arriesgado que incluye nombres y datos y está firmado bajo el seudónimo de Julián Mecegra. Asimismo, se trata un tema tan de actualidad como es el del independentismo catalán desde una perspectiva diferente, el de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de las piezas más importantes del proceso soberanista, cuyas cuentas no están del todo claras. El reportaje, escrito por el investigador Steven Forti, se complementa con el editorial sobre Cataluña, España y la reforma constitucional. La sección continúa con otra investigación sobre la misteriosa fortuna del alcalde de Siero, realizada por el periodista Aladino Fernández Pachón, y un reportaje sobre los recientes despedidos de la empresa de transportes ALSA, a cargo del periodista Santiago Dacal.

En cuanto a la Galería de heterodoxos/as, uno de los clásicos de la revista, en esta ocasión se entrevista en asturiano al escritor, músico y gestor cultural Adolfo Camilo Díaz, a manos del periodista Rafa Balbuena. En Opinión colaboran en este número Santiago Alba Rico, María Ruisánchez Ortega y Mariano Antolín Rato, cuyos artículos se intercalan con la sección de Afondando, que arranca con dos artículos críticos con el ejercicio actual del periodismo, uno en asturiano a cargo del politólogo Nicolás Bardío y otro sobre el tratamiento en la prensa asturiana del Caso Marea escrito por Javier Álvarez Villa y Severino Espina, miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

En Afondando también se trata el lío de la perrera de Avilés, en un artículo firmado por el periodista Ismael Juárez, y se publica un amplio dossier sobre la modernidad del anarquismo, con un reportaje escrito por Sergio Montero sobre Avelino González Entrialgo, otro de Héctor González sobre la actualidad de las ideas libertarias y un tercero de Pablo Batalla Cueto sobre su influencia en las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. La sección concluye con un estudio acerca del divorcio entre la izquierda y las clases populares en el caso del Partido Socialista francés realizado por el historiador Luis Aurelio González Prieto y un reportaje sobre el colectivo de mujeres argentino ‘Ni una menos’, innovador en la lucha feminista, escrito por el investigador Alfredo Aracil.

Cultures, por su parte, se abre con la página artística de Iñaki Ruiz de Eguino y prosigue con una entrevista del periodista Luis Feás Costilla a Francisco Manzanares, conservador del Tabularium Artis Asturiensis, un importante museo privado ignorado por la Admnistración Pública. J. Benito Fernández escribe sobre el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, todo un sabio en zapatillas, y en música Félix Población entrevista al director musical Íñigo Pirfano, Carlos Barral escribe sobre el movimiento Trap, la banda sonora de la generación del desencanto, y Rafa Balbuena homenajea a Berto Turulla, cuyo fallecimiento supuso una descarga que sacudió a la música asturiana.

El número concluye con las habituales colaboraciones de Natalia Fernández Díaz-Cabal, Milio Rodríguez Cueto y Maxi Rodríguez, así como con la Tira de Alberto Cimadevilla y Adolfo Manzano.
El número 53 también se vende en la librería Laie de Barcelona.