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viernes, 15 de diciembre de 2017

Javier Fernández: un Puigdemont en Asturias.



José María Estrada Janáriz.
Ex-Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Desde hace unos años para acá, y sobre todo, desde el 1 de octubre, resulta imposible escuchar una emisora de radio, un informativo en televisión o un debate en cualquier medio o leer un periódico donde no nos inunden con noticias relativas a Cataluña, a su referéndum y a su declarada república. Tal declaración, es el colofón a una serie de actuaciones desarrolladas por la Generalidad de Cataluña, que, una por una y sin desmayo, fueron declaradas como contrarias a la Constitución por el Tribunal Constitucional ¿Y qué hacían el Gobierno y el Parlamento Catalán? Pues ignorar meridianamente las sentencias y autos de tan alto tribunal. Ignorancia o desprecio que también alcanzó a las advertencias que se les formulaban sobre la comisión de posibles delitos de persistir en su recalcitrante actitud.
 
Pues bien, dado que nada cambió, la Fiscalía General del Estado (no sabemos si a iniciativa propia o a indicación del Gobierno), el caso es que se puso en marcha formulando las oportunas querellas y consiguiendo ya en algunos casos (Mas y Homs) sendas sentencias, con sus correspondiente inhabilitaciones y privación del derecho de sufragio pasivo. Es decir, ante el incumplimiento reiterado de las resoluciones del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado se puso en marcha.
 
Esta introducción viene a cuento de que en Asturias vivimos una situación idéntica en cuanto a la actuación del gobierno de Javier Fernández, aunque diferente en cuanto a su transcendencia, que no es de esa suma gravedad.Ciertamente. Nos estamos refiriendo a la incesante labor del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en favor de que se aplique la legalidad vigente en materia de nombramiento de Jefes de Servicio, que exige que sea por concurso y no “a dedo”, y de la utilización absolutamente ilegal de la “adscripción provisional” como método de provisión de puestos de trabajo cuasi definitivo.  

A lo largo de estos años, han sido innumerables las sentencias de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, así como del Tribunal Supremo, que han declarado hasta la saciedad la situación de ilegalidad permanente de la Administración del Principado de Asturias en estas materias. (Sentencias del TSJA de 30 de abril del 2009, 22 de junio del 2009, 30 de abril de 2010:, 14 de mayo del 2010, 29 de octubre del 2010: 9 de diciembre del 2011, 10 de octubre de 2012, 7 de noviembre de 2012, 30de septiembre del 2013, 15 de septiembre del 2014 y 28 de noviembre del2014; del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2011:, 15 de noviembre de2011, 21 de mayo de 2012, 17 de octubre de 2012, 15 de febrero de 2013:y23 de junio del 2014). 

Pero la cosa no acaba aquí. Con motivo de las denuncias del Conceyu, el Defensor del Pueblo, no hace mucho, acaba de requerira la Administración del Principado de Asturias para que convoque los concursoscorrespondientes, a la vez que rechazaba las razones que esta ledaba para no hacerlo. Como se ve la actuación del gobierno de Javier Fernández es exactamente la misma que la del Gobierno de la Generalidad de Cataluña: Desprecio absoluto y durante años a las resoluciones de los Tribunales.
 
Sin embargo, la actuación de la Justicia no ha sido al misma: no ha habido intervención alguna por su parte. Veamos. No nos consta que -a diferencia de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en el caso catalán- los Juzgadosy Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, conocedores por las innumerables sentencias recaídas sobre esta cuestión, de la reiterada, durante años, desobediencia a sus resoluciones y a las del Tribunal Supremo; no nos consta, decimos, que hayan formulado una sola advertencia a la Administración asturiana de que esta actitud podía ser constitutiva de los delitos, al menos, de prevaricación y de desobediencia. ¿Por qué esto es así? ¿Consideran nuestros juzgados y tribunales que ignorar manifiestamente sus resoluciones no merece ningún reproche? ¿No creen que deberían, cuando menos, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias?

Pero es que este órgano tampoco hace nada, a diferencia de lo que está haciendo la Fiscalía General en el caso de Cataluña. ¿Por qué? ¿Desconoce la situación? Nos resulta sorprendente que esto pueda ser así, cuando estamos ante un problema que lleva años apareciendo en los medios de comunicación
.
En resumidas cuentas, en Asturias tenemos un gobierno que lleva mucho tiempo, por acción y omisión, haciendo gala de un absoluto desprecio a las resoluciones de los Juzgados, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y del Tribunal Supremo en materia de provisión de puestos de trabajo y, pasmosamente, estos nada hacen para remediar la situación. ¿Es este el estado social y de derecho del habla la Constitución Española?


lunes, 11 de diciembre de 2017

El Conceyu por Otra Función Pública en la Junta General del Principado





Intervención de Javier Álvarez Villa, presidente de COFPA, en el día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias

Yo no vengo aquí a hacer ninguna reivindicación de mejoras salariales o de recuperación de derechos sociales o laborales para los empleados públicos. Esa tarea no nos corresponde a nosotros, sino a las organizaciones sindicales y a los representantes de las trabajadoras y trabajadores en los Órganos de participación institucional y de negociación colectiva, y en esta línea lo están haciendo ya los que me precedieron en la palabra ( y lo harán seguramente los que se encuentran pendientes de intervenir)

Mi intervención, en nombre de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, va dirigida a poner de manifiesto ante las diputadas y diputados aquí presentes y ante la sociedad asturiana, que la información que proporciona el Proyecto de Presupuestos sobre una parte sustancial del Presupuesto de Gastos, el del Capítulo I, referido a los gastos de Personal, que representa nada más y nada menos que el 36,95 % del total del gasto presupuestado para el año 2018, es incompleta, poco transparente, confusa en algunos apartados y manifiestamente insuficiente para poder hacerse un juicio ponderado sobre como se distribuye ese gasto entre las diferentes categorías de trabajadores públicos, sobre las cuantías de importantes conceptos retributivos, sobre la evolución real de las plantillas del personal o sobre el gasto imputable a los trabajadores en función de la naturaleza de su vínculo laboral, especialmente, en lo que se refiere al personal temporal.

Se trata de deficiencias que venimos denunciando en estas comparencias en los últimos años, pero por lo que observamos, estas advertencias caen en saco roto, porque el Informe de Personal del Proyecto de Presupuestos para el 2018 mantiene las mismas inercias que los de los años anteriores, y es un documento más propio de una Administración del siglo XX, rutinaria, opaca y  reacia a ofrecer información completa, clara y suficiente, que de una Administración transparente del siglo XXI


Así, en primer lugar, en el desglose de las retribuciones que se hace en los artículos 21 y siguientes del Proyecto, no se señalan las cuantías correspondientes al complemento salarial específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada puesto de trabajo, a pesar de que el artículo 24 del EBEP dispone que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias se establecerá por las correspondientes leyes de cada Administración Pública.

No se trata de cantidades, ni mucho menos, despreciables. Así, en este año 2017 el importe del complemento específico anual, por ejemplo, de un puesto de funcionario Jefe de Servicio, nivel 28, asciende a 20.587 euros. Estas cuantías, reiteramos, no figuran en el Proyecto de Presupuesto.

El Informe de Personal omite toda referencia a las plantillas de los Organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada – 6 Fundaciones, más el IDEPA y el Consorcio de Transportes – y las 17 empresas públicas que figuran en los Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de cada una de estas 25 entidades, ninguna información sobre sus plantillas.

Si en el presupuesto de explotación de cada una de las empresas públicas tiene que figurar obligatoriamente la partida de Gastos de personal – a título de ejemplos, más de 8 millones de euros en ITVASA (Inspección Técnica de Vehículos), más de un millón y medio de euros en VIPASA (Viviendas del Principado de Asturias) o más de tres millones de euros en SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) -, ¿ Cómo es posible que el Informe de Personal  no incluya ninguna explicación sobres estos gastos, es decir, sobre  las  plantillas de personal que tienen esos 25 entes, empresas y fundaciones y la distribución del gasto entre esos puestos?

Algún representante político del Principado ha llegado a decir en esta Junta que no se incluyen porque no son empleados públicos. Esta respuesta parece una broma de mal gusto, ¿Porque, acaso, se les niega también su condición de trabajadores del sector público?

En la época de la transparencia, cuando  todas las Administraciones quieren tener su ley,  la información imprescindible para valorar el gasto de personal del sector público asturiano, especialmente asociado, por otra parte, a prácticas de clientelismo laboral, se  guarda en una caja fuerte. ¿Por qué tanto secretismo en este asunto?

Por lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas de personal la mayor parte de sus páginas. Pero esta información desglosada sobre las plantillas aporta muy poca información y, sobre todo, inútil, sobre el reparto de la masa salarial, como ya dijimos aquí en los años anteriores, porque en la Administración Pública lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados – jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no figura por ningún lado en el Informe.

Curiosamente este desglose por puestos sí se cumple en unos pocos casos – véase el SESPA (Servicio de Salud) o en el del personal docente (donde se desglosan los puestos de inspectores, catedráticos etc), aunque se omite toda referencia a las retribuciones percibidas por cada una de estas categorías.

Para conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.

Si se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando significativamente los puestos de trabajo singularizados adscritos a los grupos A y B – titulados superiores y medios – Nuestra asociación ha documentado que en el intervalo de los puestos singularizados con los niveles retributivos más altos, del nivel 26 al 30, que se corresponden con jefaturas de servicio y puestos asimilados, como coordinadores, asesores, letrados, interventores etc., se pasó de 241 puestos en el año 2004 a 395 en el 2014.

Como la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir que esta hipertrofia de directores, jefes, asesores, coordinadores etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con menores sueldos – hacia los superiores, por la vía de la poda o recorte de las plantillas por la parte baja de la pirámide laboral, en un ejercicio evidente de Clasismo salarial.

Pero el Informe de Personal también resulta engañoso en lo que se refiere al reparto del gasto de personal en función del tipo de vinculación  laboral o funcionarial con la Administración (altos cargos, personal eventual, funcionario, laboral, estatutario o temporal)

Así, por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a señalar que el gasto asciende a 113 millones de euros y que se incrementa en un 1,02 % respecto al año anterior. Ahora bien, esta cifra no responde realmente a la realidad de gasto del personal temporal realmente existente, porque en esta se cifra se incluye fundamentalmente, aparte de alguna puntual contratación o nombramiento por acumulación de tareas, al personal temporal docente para atender las necesidades coyunturales de profesorado en el correspondiente curso escolar, sobre todo de educación primaria y secundaria: Por tanto, el coste del personal temporal que ocupa plazas estructurales de plantilla – miles de trabajadores, sin duda, que es el gravísimo problema de precariedad que tiene esta Administración – no está incluido en esta cuantía.

En todo caso, el Informe de Personal omite toda referencia al número de trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos

En conclusión, la información que suministra el Gobierno del Principado sobre el 37% del total del Presupuesto de Gasto es, a nuestro juicio, muy deficiente, poco transparente y debería rehacerse.

martes, 5 de diciembre de 2017

El Tribunal de Cuentas desmonta la operación con la que Ence logró privilegios de la Xunta y el Principado


El órgano de fiscalización pide a Feve que denuncie a la empresa de celulosa por una vía ferroviaria inacabada de acceso a su fábrica de Asturias, que Feijóo esgrimió como amenaza para justificar perdonarle tasas en Galicia

BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que se denuncie a Ence por "daños y perjuicios"
BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que se denuncie a Ence por "daños y perjuicios" Praza Pública
En 2011 la Xunta de Galicia firmó un convenio con Ence a la medida de esa empresa de celulosa con el que le rebajó hasta un 60% la tasa por usar el muelle de Ribadeo (Lugo), de titularidad autonómica, para embarcar en él la pasta de papel que produce en su factoría asturiana de Navia. El Gobierno gallego justificó aquel convenio por la amenaza que suponía otro acuerdo previo entre Ence, el Principado de Asturias y Feve para conectar por ferrocarril esa fábrica con el puerto de Gijón y que fuese aquel la salida de sus productos. Pero esa línea férrea sigue sin finalizarse y ahora el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización de las inversiones de Feve entre 2005 y 2012 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de noviembre, insta a denunciar a Ence por “daños y perjuicios” tras constatar el “escaso interés” de la empresa por continuar la obra en Asturias una vez que logró la rebaja de impuestos en Galicia.
Hacía años que Ence venía moviendo diversos productos de su factoría de Navia a través del puerto de Ribadeo, a 35 kilómetros por carretera, cuando en 2010 firmó un convenio con el Principado y Feve para construir un ramal de 2,5 kilómetros que conectase sus instalaciones con la línea ferroviaria que articula la costa cantábrica y pasar a usar puerto de Gijón, a unos cien kilómetros. De los 9 millones que se preveía que costaría ese ramal de acceso a su fábrica, Feve pagaría 3,5, el principado otro tanto y Ence 2 millones.
Con esas obras ya iniciadas fue cuando la Xunta firmó con Ence un acuerdo para rebajarle hasta un 60% las tasas por el uso que ya venía haciendo del puerto de Ribadeo. El principal argumento ofrecido por el Gobierno gallego para esa exención fue precisamente la amenaza de que Ence se llevase a Gijón por tren los tráficos que venía captando Ribadeo. De la misma forma, el argumento esgrimido por el Principado para justificar su aportación de fondos públicos para construir la vía ferroviaria a la fábrica de Navia era el de que así Asturias pasaría a beneficiarse de unos tráficos que hasta aquel momento pasaban por Galicia.

Tras gastar en la obra ferroviaria unos seis millones de euros de fondos públicos, los trabajos se pararon, entre otras cosas, según dice el Tribunal de Cuentas, “por no conseguirse un acuerdo entre Feve y la empresa propietaria de la factoría para la cesión temporal de los terrenos en el interior de la planta”. Ese estancamiento de las obras en Navia se produjo una vez que Ence ya había conseguido la rebaja de impuestos en Ribadeo, lo que ahora el Tribunal de Cuentas relaciona en su informe. La negativa de Ence a facilitar que continúen las obras del acceso ferroviario a su fábrica de Navia, dice Cuentas, “unida al hecho de que durante todo este período de tiempo hasta la actualidad ha venido supliendo este servicio de transporte por ferrocarril con el transporte por carretera al puerto gallego de Ribadeo más próximo a su factoría, pone de manifiesto su escaso interés por la finalización del proyecto”. Ante esta situación, el ente fiscalizador hace una petición a Feve, empresa pública ahora repartida entre Renfe y Adif: “Sería conveniente que se intensificaran las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o, en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su actuación”. Según añade Cuentas, Renfe está pensando en iniciar acciones legales después de requerir a la empresa que cumpliese sus deberes “sin obtener respuesta”.

El informe del Tribunal de Cuentas desmonta así la operación asturiana de Ence en la que la Xunta se amparó a modo de amenaza para justificar rebajarle impuestos en Galicia. Una rebaja que, tal y como fue redactada en el convenio firmado al efecto entre Portos de Galicia y Ence, desvelado en febrero del año pasado por este diario, no evitaría la marcha de la empresa sino que en la práctica supuso un perdón unilateral de las tasas que venía pagando hiciese lo que hiciese la empresa. Por otra parte, aquella rebaja se concretó a través de un convenio para el cual fue preciso modificar previamente en diciembre de 2010 la ley autonómica de tasas de Portos de Galicia.  Esa modificación legal para permitir al ente público gallego firmar convenios de rebaja de tasas con empresas privadas sólo se empleó una vez: con Ence.
Una rebaja que para Portos de Galicia supone una reducción de ingresos de entre 300.000 y 500.000 euros anuales (entre el 2% y el 3% de los ingresos comunes del ente público). Pero la rebaja no fue la única concesión que hizo la Xunta a Ence en Ribadeo. Tras la amenaza de dejar Galicia por Asturias que ahora Cuentas desmonta, la Xunta invirtió 2,2 millones de euros en mejorar el puerto lucense, obras que el propio Feijóo vinculó a las necesidades de la empresa en su inauguración en julio de 2012.

Durante estos años, desde la rebaja de impuestos de la Xunta, y el abandono de la obra asturiana, Ence viene presentando unos beneficios en aumento año tras año. En los tres primeros trimestres de este 2017 la empresa obtuvo un beneficio neto de 59,5 millones de euros, lo que supone un 183% más que en el mismo período del año anterior.
Fragmento del convenio firmado por la Xunta con ENCE
Fragmento del convenio firmado por la Xunta con ENCE

lunes, 4 de diciembre de 2017

20 años de la Variante de Pajares, el gran fiasco de la obra pública española


Las obras para terminar los casi 50 kilómetros que unen Asturias con León por AVE se han ido dilatando durante dos décadas sin que se vea un final en el horizonte

Filtraciones, desprendimiento de tierras y todo tipo de inconvenientes han ido retrasando esta obra faraónica que algunos dicen está mal diseñada de raíz

Los ecologistas dan la voz de alarma por el desastre ambiental que está suponiendo la obra mientras los vecinos declaran su hartazgo por 20 años de obras perpetuas



Túnes de la variante de Pajares que no está terminada
Túnes de la variante de Pajares que no está terminada
Va camino en convertirse en una obra faraónica. Tanto por su dilatación en el tiempo, ya van 17 años desde el inicio de los trabajos, como por el sobrecoste. Es la conocida como Variante de Pajares, el tramo de línea por la que debe circular el AVE entre León y Asturias de poco menos de 50 kilómetros. Por el momento soporta un desajuste de más de 2.500 millones de euros, lo que la sitúa en el Olimpo de la obra pública española con mayor sobrecoste, superada por pocos casos como el de la M-30 en Madrid.
Se licitó en 2003 con un presupuesto de 1.085,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años. Un año después, a la adjudicación del contrato y con corte de cinta, de la mano de los entonces ministros asturianos, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato (PP), el presupuesto se había incrementado hasta los 1.990 millones. A día de hoy, el coste ejecutado asciende a más de 3.500 millones de euros y las obras están sin acabar y no hay expectativas de que se finalicen antes de 2021.
Las promesas se centraron en que las obras, que preveían concluir en 2010, permitirían que Gijón y Madrid estuvieran comunicadas por tren en dos horas y media (con los tramos finalizados en los últimos años este trayecto se ha reducido hasta las 4 horas y media). Y se profundizaba en que era la obra ferroviaria más importante de España y de Europa y que subsanaría el déficit de infraestructura del Principado. El proyecto incluía la construcción de dos túneles en paralelo de una longitud de unos 23 kilómetros, similares a los de Guadarrama de 28 kilómetros, pero de una complejidad muy superior.
Continuos problemas de filtraciones de agua y laderas que se vienen abajo cada vez que llueve están retrasando considerablemente los trabajos y generando graves problemas medioambientales. De momento se ha descartado abrir los dos túneles. Se trabaja sólo en abrir uno, pero no hay fecha prevista para hacerlo. En opinión de algunos expertos, faltaban estudios previos en una obra en la que han estado involucradas las principales constructoras españolas, como FCC, Acciona, Sacyr, Dragados o Ferrovial, junto con otras como Constructora-Hispánica (famosa por su papel en la trama Gurtel).
Rodrigo Rato (i), y el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, brindan junto a otras autoridades tras el acto de colocación de la primera dovela del túnel de la variante ferroviaria de Pajares en Los Pontones, Lena. EFE/J.L.Cereijido
Rodrigo Rato (i), y el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, brindan junto a otras autoridades tras el acto de colocación de la primera dovela del túnel de la variante ferroviaria de Pajares en Los Pontones, Lena. EFE/J.L.Cereijido

Acusaciones de corrupción

Los desajustes económicos de este proyecto, pusieron al PP en el punto de mira sobre un nuevo presunto delito de corrupción. El diputado nacional de Podemos Segundo González acusó al ex ministro Francisco Álvarez Cascos de ser presuntamente uno de los principales perceptores de los sobresueldos en "b", a cargo de la Variante de Pajares, y según información desgranada de los papeles de Bárcenas. Además, una de las empresas adjudicatarias, la Constructora Hispánica reconoció el pago de "comisiones irregulares". Cascos le interpuso una demanda al diputado de la formación morada por vulneración del derecho al honor, causa que finalmente quedó desestimada
Tres heridos por intoxicación en las obras del AVE de la variante de Pajares
Obras del AVE de la variante de Pajares EFE
Los cambios en el proyecto se centran ahora en el ancho de la vía. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Fomento cambió sus planes. El ejecutivo de Mariano Rajoy decidió sustituir el ancho ibérico por el internacional, porque si no Europa condicionaría las ayudas ofrecidas al ancho internacional. Las nuevas modificaciones implicarían una renovación integral de la línea actual y el desembolso de 145 millones más, para integrarla así en la red de alta velocidad. Con la nueva obra se crearía un pasillo de vía mixta, con triple hilo, lo que posibilita la circulación de trenes en ancho internacional e ibérico. Esta nueva variación aplazaría también el arreglo de la actual rampa de Pajares, en favor de la variante y de la nueva política de inversión para potenciar el plan de cercanías. Con el AVE, La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias) quedarían unidas en un tiempo estimado entre los 11 y los 12 minutos. En la actualidad, la distancia que se recorre a través de la rampa de Pajares se completa en 63 minutos.
Cascos lleva ante el juez a un diputado de Podemos por vulneración de honor
Un juez desestimó una demanda de Cascos contra un diputado de Podemos por sugerir que Gürtel podía estar involucrada en Pajares EFE
Una falta de previsión total, un sinfín de modificaciones sujetas a continuos debates políticos y que está propiciando que el malestar vecinal raye el límite. El pueblo de Campomanes soporta desde hace años el tránsito de 800 camiones al día, más vibraciones, grietas en casas, polvo, barro…

Foro Asturias lo hace bandera

Para ver si las obras llegan a buen puerto, el Grupo parlamentario Foro Asturias, el partido creado por Cascos, ha iniciado una recogida de firmas. Su presidenta, Cristina Coto, aprovechó la semana pasada la efeméride del 21 de noviembre de 1997, en la que Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 47/1997 que daba prioridad a estas obras, para pedir el fin de las mismas. La iniciativa, en aquel entonces, fue a propuesta del Grupo parlamentario Izquierda Unida. Ahora es Foro quien recoge el guante en defensa del final de la variante. La izquierda se desmarca ahora de tal iniciativa y el Partido Popular asturiano se limita a decir que siempre ha defendido la variante. Para los diputados regionales de Podemos, esta variante va de escándalo en escándalo y solo atiende a "intereses políticos, cabezonerías y sobornos". Dicen que es "un capricho de Cascos", que exigió abrir a la vez los dos túneles con ancho internacional, a cambio de dar su apoyo a los presupuestos del Estado de este año. Algo que también ha criticado el portavoz de Ciudadanos en el Principado, Ignacio Prendes. Para este último, lo prioritario es que la variante entre en funcionamiento lo antes posible y que permita el tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Crispación vecinal y ecologista

Los vecinos de Pola de Lena y Campomanes llevan año denunciando las penurias que viven a cuenta de la variante. Dicen que las obras son un caso de "corrupción claro" y claman porque la Unión Europea "ponga cordura y depure responsabilidades". En 2009, una asociación cultura de León inició la batalla administrativa y judicial y ahora todos juntos van de la mano para reivindicar sus derechos y el grave deterioro medioambiental al que se ha sometido la zona.
Los distintos colectivos indican que los daños en los acuíferos de la zona son irreparables. La perforación ha provocado que algunas poblaciones de la vertiente leonesa, como Villamanín o Rodiezmo, tengan mermas en el abastecimiento de agua. En la vertiente asturiana, los daños medioambientales también son notables. La representante vecinal de Campomanes, Loly Martínez dice que se "han destrozado fincas, carreteras, aceras, hay grietas en las casas soportamos continuamente vibraciones…, sin recibir ninguna compensación y ahora dicen que no lo van a reparar". A lo que añadió que, mientras tanto "las mismas empresas siguen enriqueciéndose a costa de las constantes modificaciones que sufre el proyecto".
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la asamblea vecinal contra el AVE también denunció que las empresas que están encargadas de las obras en la vertiente asturiana han sido objeto en los últimos años de al menos 67 expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De ellos, 42 han sido por vertidos ilegales y 25 por otras infracciones de la Ley de Aguas . Las empresas expedientadas son las que forman las UTES de la Variante. Entre ellas destacan algunas de las ya mencionadas. En total, las multas y sanciones impuestas alcanzan los 969.620,54 euros, afirman desde la coordinadora .
Pastor dice que el AVE a Asturias tendrá en 2013 una asignación "acorde al ritmo de las obras"
Obras del AVE a Asturias
Para Xulio Concepción Suárez, de la asociación "El Mesqueiru", plataforma vecinal de Pola de Lena, estas obras "han sido un abuso continúo sin tener en cuenta los pueblos y la gente". Y menciona que muchos lugareños ya advirtieron en su momento la dificultad que presentaba el terreno por su abundante agua. "Nadie les hizo caso y los problemas se multiplicaron y no sabemos sus consecuencias todavía". Apunta que "no se han respetado las normas medioambientales, ni ejecutado los correspondientes estudios geológicos", y que el resultado es que todo el subsuelo está inyectado de materiales de contención para contener el agua y que no sé sabe las consecuencias futuras de la actuación. Según este vecino, la zona del "Argayón", que tantos problemas está dando a los operarios en Campomanes "es un terreno muy problemático, si es que su nombre lo dice todo".
En su día, ya se descartó la ejecución de la autopista del Huerna por el actual trazado de la variante ferroviaria de Pajares por la inestabilidad del terreno y por el impacto visual que ocasiona al valle y al Parque Natural de las Ubiñas. Las ganaderías de la zona han desaparecido con los trabajos, los prados se han convertido en escombreras y los vecinos ven peligrar ahora hasta sus casas y además se quejan de que las indemnizaciones "han sido ridículas".

viernes, 1 de diciembre de 2017

¿Seleccionar políticos o seleccionar funcionarios?


 
¿Qué culpa tienen nuestras instituciones en la crisis que vivimos? Para algunos analistas, mucha. Nuestras élites (y las instituciones que las posibilitan) son los responsables últimos de nuestro estancamiento económico. Al frente de este grupo tendríamos a César Molinas y su tesis de las élites extractivas (ver aquí sus artículos en El País desarrollando esa tesis). Molinas da un barniz académico (poco refinado, pero, sin lugar a dudas, exitoso) a la vieja idea de que España está sometida por una casta dirigente de vocación rentista, adaptando para ello la teoría económica de moda (de Acemoglu y Robinson) al caso ibérico. Como Ferrán Martínez, Ignacio Sánchez-Cuenca, o José María Maravall han mostrado con poderosos argumentos (y ¡con datos!), la tesis de Molinas presenta problemas serios, tanto en la fiabilidad del diagnóstico como en las reformas que propone – que, además, muestran incoherencias extrañas y un desconocimiento general de la literatura de ciencia política. 

Otros muchos analistas -disgustados con la banalidad con la que autores como Molinas despachan las instituciones políticas españolas (desde el sistema electoral al estado de las autonomías)- sitúan el origen de nuestros males más allá de nuestras fronteras: en las políticas de austeridad promovidas por Merkel, en la desregulación neoliberal o en la “pesadilla del euro”.
Por un parte, creo que ambas visiones tienen parte de razón. Es posible que “los incentivos malos de fuera” (la avalancha de crédito barato que llegó con el euro) hayan reforzado “los incentivos malos de dentro” (unas instituciones relativamente capturables). Vamos, que la droga (euro) fue a caer precisamente a la puerta del adicto (unas élites políticas y económicas españolas habituadas a extraer recursos sin sufrir demasiadas consecuencias penales o electorales). En esa línea de los efectos interactivos entre lo de fuera y lo de dentro destacaría el artículo de Fernández-Villaverde, Garicano y Santos.
Por otra parte, ambas visiones caen en cierto sesgo institucional, algo normal porque todo investigador tiene que limitarse a unos determinados objetos de estudio y, obviamente, las instituciones de las que todo el mundo habla más (como el sistema electoral) suelen generar también más atención académica que la (siempre gris y casi aburrida por naturaleza) burocracia.

La atención pública se centra sobre todo en las instituciones políticas más visibles: parlamento y ejecutivo – ya sea a nivel central, autonómico o local. O sea, donde se toman (formalmente) las decisiones políticas. Pero el estado es como un iceberg: la parte visible suele ser más bien pequeña y es la parte que está debajo de la superficie (la administración pública y los entes y organismos públicos y para-públicos) la que tiene un tamaño mayor y puede resultar más determinante. Las instituciones que en teoría se limitan a implementar lo que se les pide en las instancias políticas – pero que, en la práctica, tienen una gran influencia en la adopción de todo tipo de decisión – suelen pasar desapercibidas en los análisis más influyentes sobre la crisis española. La burocracia está claramente por debajo de la superficie de la atención tanto mediática como académica.

Sin embargo, el tipo de administración pública puede que importe más que otras instituciones más “celebrities”, como el sistema electoral. Siguiendo a uno de nuestros mayores expertos, Alberto Penadés, no estoy muy convencido de que nuestro sistema electoral sea tan malo (aunque creo que algún elemento perverso ). Os paso un par de gráficos, donde podéis ver, primero, cómo la forma de seleccionar empleados públicos (por criterios de meritocracia; o, por el contrario, por criterios de lealtad política) parece influir mucho a la hora de entender el “control de la corrupción” en un país (una variable correlacionada con todo lo bueno que nos podamos imaginar: crecimiento económico, confianza social….hasta felicidad subjetiva):
 
Gráfico 1: Meritocracia en la Administración y Control de la Corrupción
Fuente: Dahlström y Lapuente (2013), “Organizing Leviathan. Politicians, Bureaucrats and Government”,  Paper presented at the 20th International Conference of Europeanists, Amsterdam.
Nota:“Control of Corruption” es el Control of Corruption Index del Banco Mundial (World Bank Governance Indicators 2011). La variable meritocracia viene de Teorell, Dahlström & Dahlberg (2011), donde se recogen las opiniones de cerca de un millar de expertos sobre las características de las administraciones públicas en un centenar de países.  

En otras palabras, la forma de seleccionar a los empleados públicos puede importar tanto o más que la forma de seleccionar a los políticos (es decir, el sistema electoral) pare entender por qué unos países tienen más corrupción que otros. En este artículo, mostramos datos en apoyo de esta “ hipótesis burocrática”.

En el gráfico vemos cómo España ocupa una posición intermedia entre los países avanzados (OCDE). Pero tenemos margen de maniobra: hay economías todavía más “periféricas” o emergentes, como Estonia o Botswana, que tienen burocracias más meritocráticas. Deberíamos, por tanto, tratar de mejorar el reclutamiento de nuestros empleados públicos, evitando las tan frecuentes politizaciones en tan diversas instituciones públicas.

Pero, antes de que se me exciten demasiado los amigos del “principio de mérito” español, me gustaría que prestaran atención al segundo gráfico donde examinamos otra característica de las administraciones públicas – o, para ser más precisos, de un agregado de varias características que van cogidas de la mano (es decir, altamente correlacionadas y que, por tanto, emergen como un “cluster” en un “principal-component analysis”).

Las administraciones más “closed” – y, por cierto, España es la más “cerrada” de todas – son aquellas donde existe un nivel de formalización y de aislamiento de los funcionarios (de las condiciones laborales de los trabajadores mortales del sector privado) más alto. De forma sencilla, esto quiere decir que, en países como Francia, España, Bélgica o Grecia, los funcionarios forman una “casta laboral” diferente al resto de trabajadores: se rigen por una legislación laboral diferenciada (unos “estatutos de la función pública” muy regulados) y son reclutados y promocionados siguiendo exámenes muy procedimentalizados (las famosas oposiciones). Sabíamos que las oposiciones en España no tienen por qué ser especialmente meritocráticas y, como Manuel Bagüés ha señalado, “la evidencia empírica muestra que el éxito de los candidatos depende considerable y significativamente de una serie de factores independientes de la calidad” .

Viendo el gráfico podemos ver también cómo la “cerrazón” de una administración pública – o sea, que los funcionarios tengan unas condiciones laborales distintas a los trabajadores del sector privado (algo que nos han intentado vender durante décadas como el elixir de la imparcialidad y la poción mágica contra el clientelismo político) – no tiene un efecto positivo sobre la calidad de gobierno. De hecho, si acaso, tiene un efecto negativo: cuanto más cerrada una administración, peor es la calidad de gobierno.

Gráfico 2. Administración Pública Cerrada y Calidad de Gobierno.
Fuente: elaboración propia. Quality of Government es la media de los indicadores de International Country Risk Guide “Corruption”, “Law and Order” y “Bureaucracy Quality”, escalados 0-1 (de Teorell et al. 2013). La variable meritocracia viene de Teorell, Dahlström & Dahlberg (2011). 

En resumen, tener una burocracia meritocrática importa mucho para entender la calidad de gobierno en un país. Pero, al mismo tiempo, una burocracia meritocrática no significa que los empleados públicos deban ser reclutados a través de unos sistemas de oposiciones formalizados y que, una vez, dentro, tengan unas condiciones laborales diferentes a los trabajadores del sector privado.
Estas dos características burocráticas (mérito real y “cerrazón” de la administración) deberían estar también presentes en el debate institucional en España.

martes, 28 de noviembre de 2017

El Tribunal de Cuentas abre diligencias por el reparto irregular de fondos públicos entre CEOE, CCOO y UGT

Diario La Ley

24-11-2017 | Agencia Europa Press 

Un informe vio indicios de que la patronal y los sindicatos apañaban el reparto de subvenciones en la Fundación de Riesgos Laborales. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales por este asunto.


El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por las irregularidades detectadas en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, pues en su fiscalización de las actividades realizadas por esta fundación en 2015 llegaba a acusar a CEOE, CC.OO. y UGT, entonces patronos del organismo, de organizar un reparto previo de sus fondos.
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, ha dicho que estas diligencias, por presuntas irregularidades en la justificación de actividades, se encuentran actualmente en tramitación.
En todo caso, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales por este asunto, por lo que seguirá por la vía de enjuiciamiento de responsabilidades contables, pendiente de la eventual devolución de los fondos por parte de la propia fundación.
En todo caso, Álvarez de Miranda ha subrayado que "sería perfectamente factible" que, en caso de que la citada fundación liquide las ayudas y efectúe los expedientes de devolución pertinentes, los sindicatos y la patronal no tendrían que devolver las subvenciones.
 
ACUSA A LOS AGENTES SOCIALES DE DISEÑAR EL REPARTO DE AYUDAS
En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015', recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas acusó a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.
En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que "existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CC.OO.".
El Tribunal señala que una de las convocatorias de esta Fundación, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016, por valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley General de Subvenciones.
Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los propios receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la Fundación. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un procedimiento de "autocontratación", el Tribunal sostiene que "cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados".
 
"JUEZ Y PARTE EN EL REPARTO DE AYUDAS"
Hasta septiembre de 2015, estas organizaciones copaban la mitad de los puestos en el Patronato, órgano de la fundación encargado hasta entonces de aprobar las ayudas y las normas aplicables a cada una de las convocatorias anuales de ayudas. Según el Tribunal, el control por parte de estas entidades implicaba que "en algunos cosas las normas no se aplicaran o se hubieran adaptado según sus intereses".
Así, el Tribunal sostiene que, una vez aprobadas, se cambiaron normas aplicables para adaptarlas a acciones ejecutadas por las organizaciones, o que la distribución de los fondos no se efectuó, en otros casos, siguiendo los principios recogidos en la convocatoria.
"El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas", sostiene el Tribunal.
 
EXCLUIR A OTRAS ORGANIZACIONES DEL REPARTO
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales concede ayudas a acciones sectoriales y a acciones territoriales, decididas en órganos tripartitos con las comunidades autónomas hasta que en 2013, por la anulación de varias convocatorias por vulnerar regímenes competenciales, estas acciones territoriales fueron sustituidas por otras calificadas como 'transversales'.
Sin embargo, el órgano fiscalizador sostiene que estos fondos se siguieron distribuyendo con la misma proporción entre CCAA, y dentro de ellas entre la CEOE, CC.OO. y UGT en idénticas proporciones que en convocatorias anteriores. El Tribunal asegura haber comprobado que la valoración de las solicitudes estaba diseñado para que únicamente obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a otras, como a USO.
En la concesión de ayudas a las acciones sectoriales, ejecutadas de forma paritaria, el Tribunal sostiene que los grupos de trabajo no aplicaron criterios de valoración conforme a las normas aprobadas por el Patronato, y que de haberse aplicado los baremos correctamente, muchas de las acciones aprobadas no hubieran obtenido financiación, y otras denegadas sí. Por ello, concluye que la distribución de los fondos entre los sectores y los agentes sociales se realizó según los intereses de los grupos de trabajo.
 
VISITAS A EMPRESAS POR PERSONAL NO CUALIFICADO
Respecto a la ejecución de las acciones financiadas por la fundación, el Tribunal informa de que su fiscalización detecta "múltiples incidencias" que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su finalidad. Entre ellas, la ausencia en muchos casos de soporte documental para acreditar tales trabajos, por ser suficiente una mera declaración de los agentes sociales; o la financiación por parte de los agentes sociales del gasto de personal sin acreditar las acciones realizadas.
En el caso de las confederaciones y federaciones empresariales territoriales, el Tribunal señala que éstas subcontrataron íntegramente la ejecución de las acciones, y repercutieron gastos de personal más elevados que los destinados a su ejecución.
Respecto a las visitas de empresas en las acciones territoriales y transversales, el Tribunal sostiene que no existe posibilidad de demostrar su realización, al no exigirse su justificación documental, ni tampoco si el contenido fue, realmente, la prevención de los riesgos laborales u otro tipo de actividades sindicales, algo que llega a poner en duda, "especialmente en el caso de CC.OO., en el que las visitas se realizan por agentes sindicales sin formación en prevención", critica.
Las visitas a empresas dentro de acciones sectoriales, realizadas de forma paritaria, sí que debían ser justificadas por cada agente social. Sin embargo, en el caso de la construcción, Confemetal, UGT-FICA y CC.OO. de Industria, asegura el Tribunal, presentaron copias a color escaneadas de los partes originales, "con la intención de cobrar unas visitas de manera no de vida" a las que, apostilla, "presumiblemente no asistieron".

lunes, 27 de noviembre de 2017

Greenpeace reclama mejor gestión y prevención de la sequía en una pancarta en el embalse de Barrios de Luna

Escaladores de Greenpeace han desplegado la pancarta más grande de la organización en España, de 1.500 metros cuadrados, en el embalse de Barrios de Luna (León) para denunciar la mala gestión del agua, reclamar medidas de prevención, lucha contra los pozos ilegales y frenar las grandes obras hidráulicas.

Los activistas han necesitado más de 1,5 kilómetros de cuerdas y 50 anclajes para sujetar los 120 kilos de la pancarta, cuyo lema 'Sequía = mala gestión', que reclama una gestión del agua no basada en el despilfarro, ante la actual situación de la reserva hidráulica que se encuentra al 37 por ciento de su capacidad por un "consumo descontrolado".

Además, la ONG recuerda que España es el país con más embalses per cápita del mundo, con 1.300, y pide medidas "urgentes" para prever y mitigar los efectos de la sequía, de la que culpa a la mala gestión y al despilfarro.

"Esto es un claro reflejo de la mala gestión que se ha hecho de nuestros recursos hídricos previamente y que nos hace muy vulnerables ante el inicio de un periodo seco como el actual, poniendo incluso en riesgo el abastecimiento humano", ha declarado el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea.
Greenpeace destaca que las precipitaciones este otoño están siendo casi nulas después de la pasada primavera, que fue la más seca desde 1965, un 23 por ciento por debajo de la media. Precisamente la primavera y el otoño son húmedos en la Península, por lo que con los datos actuales la ONG advierte de que 2018 será un periodo de sequía "más que probable".

El embalse de Barrios de Luna está situado en la demarcación hidrográfica del Duero que junto a la del Júcar y la del Segura, las tres declaradas oficialmente en sequía. A pesar de contar con 81 grandes embalses, la reserva de agua en el Duero apenas alcanza el 18 por ciento, lo que para Greenpeace es un "ejemplo" de la poca previsión con la que se ha gestionado la situación y que es "extrapolable" al resto de cuencas y demarcaciones hidrográficas españolas.

La ONG presentó la semana pasada el informe 'La sequía, algo más que falta de lluvia' que recoge los principales impactos medioambientales, sociales y económicos de la falta de agua.

Entre sus recomendaciones, la ONG aconseja cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras; luchar contra el grave estado de contaminación que sufren nuestras aguas continentales; implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos; frenar la edificación y la construcción de instalaciones muy demandantes de agua como campos de golf o parques temáticos y salvaguardar emplazamientos cercanos a espacios protegidos o costas.

Asimismo, recomienda controlar los volúmenes de agua utilizados y erradicar los usos irregulares del agua, empezando por los pozos ilegales; establecer una hoja de ruta para aumentar la superficie de agricultura ecológica y potenciar el uso de variedades locales adaptadas al clima; reconvertir el regadío intensivo o superintensivo en explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua y prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

De lo que no se habla en España, incluyendo en Catalunya, y que el tema nacional está ocultando



Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son. El monotema hoy en el establishment político-mediático del país es el conflicto entre los nacionalismos, el españolista liderado por el Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, y el catalanista, liderado por el gobierno de Junts Pel Sí, presidido por el Sr. Puigdemont, dirigente del partido hegemónico en el gobierno (el PDeCAT) que ha gobernado Catalunya (con el nombre de Convergencia) durante la mayor parte del período democrático. Ambos partidos están hoy siendo investigados por casos de corrupción que implicarían financiación ilegal (caso Gürtel en el PP o caso Millet en CDC), juicios que no aparecen ni en las primeras páginas de los rotativos ni en lugares destacados de los mayores canales televisivos ni de las cadenas de radio.
En realidad, en Catalunya el caso Millet y sus conexiones con la financiación ilegal de CDC ni siquiera aparecen en las últimas páginas de los rotativos catalanes, en la televisión pública TV3, o en los canales privados. Y en España hace unos días el inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), encargada de la investigación del caso Gürtel, declaró en el Congreso de Diputados (en respuesta a las preguntas que le hicieron en una sesión de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP) que el presidente de España, el Sr. Rajoy, había recibo dinero negro (en sobres) de la Gürtel. Y a pesar de la enorme importancia de la noticia, ningún gran periódico español (El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Vanguardia o El Periódico, entre otros) lo publicó en portada al día siguiente. He vivido un largo tiempo en Suecia, Reino Unido y EE.UU., y he trabajado en varios países, y no me imagino que si tal hecho hubiera ocurrido en cualquiera de ellos no hubiera sido la noticia del día. En cambio aquí, en España (incluyendo Catalunya), se ignoró, mostrando, una vez más, la escasa calidad de la democracia española y de sus mayores medios de comunicación.

La falsedad de la supuesta recuperación
Según los últimos datos disponibles, el desempleo en España ha permanecido elevadísimo en los llamados “años de la recuperación”. En 2016 el promedio fue un 18%, uno de los más elevados de la Unión Europea. En realidad, tal porcentaje sería incluso mayor si no fuera porque 1,7 millones de españoles (jóvenes en su gran mayoría) han abandonado el país en busca de trabajo. Hoy España es uno de países que exporta mayor número de jóvenes al año. Y lo que es incluso más alarmante es que nada menos que el 43% de las personas desempleadas (que están en paro) llevan más de un año buscando empleo. Incluso el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha alertado de la situación, que merece llamarse catastrófica, en la que este grupo se encuentra. En realidad, cerca del 30% de españoles están riesgo de pobreza (casi un tercio de la población española, situación que en Catalunya es casi idéntica).
Una de las causas mayores de este crecimiento de la pobreza de la población es el gran deterioro del mercado laboral, que ha configurado un gran crecimiento del desempleo y de la precariedad, con una bajada de la tasa de ocupación sin precedentes en la época democrática. El porcentaje de la población ocupada cayó un 20% desde 2008 a 2013. Y los salarios han descendido un 10% durante los años de la crisis 2008-2015. La mayoría de puestos de trabajo creados son temporales y precarios.
Como consecuencia de ello, las desigualdades han aumentado de una manera alarmante. España (incluyendo Catalunya) es uno de los países que tienen mayores desigualdades en la Unión Europea. Las rentas del 20% de la población con más renta son nada menos que 7,5% superiores a las del 20% de la población con menor renta, un record en la UE.

El enfado popular frente a los establishment político-mediático españoles y catalanes
Las encuestas muestran que este gran deterioro social es la preocupación mayor que señala la población De hecho, el desempleo lleva ocupando ya por muchos años el número uno de la lista de inquietudes y problemas que tiene la población española, incluyendo la catalana.
Otro tema grave en España es la corrupción generalizada, que alcanza su máxima expresión en el partido gobernante en España, el PP, y en Catalunya en Convergència Democràtica, renombrada como Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), que ha gobernado treinta de los treinta y siete años de autonomía, primero en alianza con Unió Democrática (UDC) y desde 2012 con ERC. Estos partidos (PP y CDC) han estado en el centro de la corrupción, reflejo del maridaje que ambos partidos tienen con los poderes fácticos financieros y económicos que ejercen una enorme influencia en los mayores medios de información, tanto públicos como privados. Ambos gobiernos han impulsado las mayores leyes neoliberales (desde las reformas laborales a las fiscales, pasando por las presupuestarias), incluyendo las que causaron las políticas de recortes del gasto público social que han causado la Gran Crisis Social.

La ocultación del tema social por parte del tema nacional
Estos partidos, que coinciden en la mayoría de sus políticas económicas y sociales (debido a su pertenencia a las familias políticas conservadores y neoliberales), lideran los movimientos nacionalistas de signo contrario y cuyo conflicto (deliberadamente diseñado) ha ido centrando el debate político, creando tensiones, con el objetivo altamente exitoso de ocultar su responsabilidad tanto en la aplicación de las políticas neoliberales (causantes, repito, de la Gran Crisis Social) como en la corrupción masiva de sus partidos. Como consecuencia de ello, este mes, por primera vez, la preocupación por el tema del conflicto España-Catalunya por parte de la población ha sido mayor que el de la corrupción (último CIS disponible), mostrando que han sido exitosos en su intento de dejar en segundo plano mediático la crisis social y la corrupción. Como indiqué al principio, el llamado Tema Nacional ha ocultado y ha hecho desaparecer el Tema Social. Ello ha ido acompañado de un incremento de la distancia y desconfianza entre las clases populares y los establishments político-mediáticos, lo cual puede determinar una gran abstención que favorecería a las fuerzas conservadoras y neoliberales que ejercen una gran influencia en los medios de información. Vean TVE (en Madrid) y TV3 (en Barcelona) y verán lo que indico.
Esta desmovilización podría revertirse en España bien a través de la movilización de las banderas (defendiendo la unidad de España frente a su ruptura), como están intentando hacer nacionalistas españolistas, o mediante la denuncia social, reajustando el eje del conflicto para que se transite de un conflicto nacional a un conflicto social, recuperando el eje izquierda/derecha, algo de difícil realización pues el PSOE se ha convertido en pieza clave del bloque del nacionalismo españolista y ERC lo ha pasado a ser del bloque nacionalista catalanista; el primero apoyando al PP y al 155, y el segundo apostando por la independencia unilateral.

La situación en Catalunya
Esta distancia hacia el establishment político-mediático existe también en Catalunya, aunque en grado algo menor, como consecuencia de la percepción -promovida por los independentistas- que la crisis social se debe a la pertenencia de Catalunya a España. De ahí la impresión que si Catalunya se separara de España, podría elaborar políticas públicas destinadas a resolver la crisis. Tal argumento, sin embargo, ignora que dichas políticas fueron aprobadas en las Cortes Españolas por los dos partidos, el PP y el PDeCAT, que hoy lideran el conflicto de las banderas. Ambos partidos nacionalistas (el españolista y el catalanista) pertenecen a la sensibilidad conservadora y neoliberal que ha impuesto tales políticas.

Que debería hacerse
En realidad, hoy tanto el Estado como la Generalitat de Catalunya tendrían que haber hecho casi lo opuesto a lo que han estado haciendo. El problema mayor de España y Catalunya es la enorme desigualdad en la distribución de las rentas; las rentas del capital han ido creciendo muy rápidamente a costa de una gran reducción de las rentas del trabajo, creando un enorme problema de falta de demanda doméstica, causa de la escasa ocupación, problema acentuado con el descenso del gasto público y de la inversión. Hoy incluso el FMI admite que los salarios son demasiado bajos y la austeridad ha sido excesiva. Y a pesar de ello los economistas del PP, del PSOE, de ERC y del PDeCAT continúan  en la ortodoxia neoliberal.
Hoy se debería producir un aumento de los salarios y un gran crecimiento de la ocupación, con políticas de creación de empleo en áreas muy deficitarias tales como la transición energética, la economía verde y el Estado del Bienestar. Y el Estado tendría que gastar mucho más, como bien señala Mark Weisbrot. El gobierno español debería endeudarse más, pues los intereses de los bonos (a 10 años) son solo un 1,6%, inferiores a la inflación. El Estado debería invertir en más empleo y un buen empleo en las áreas sociales. Pero muestra el grado de derechización del país, consecuencia del dominio del tema nacional, que se consideren “radicales”, “antisistema” u otras frivolidades propuestas típicamente reformistas encaminadas a empoderar a las clases populares para corregir el enorme desequilibrio que hoy existe entre las fuerzas político-mediáticas del capital frente a las del trabajo. La enorme visibilidad del tema nacional ha empoderado a las derechas en España y debilitado a las izquierdas, que deberían enfatizar el tema social redefiniendo el tema nacional, indicando que el punto central de cada nación son los intereses de las clases populares, que son la mayoría de la población, para las cuales el tema social –su calidad de vida y bienestar social- es el tema más importante. Se tiene que desarrollar un patriómetro que pueda medir el grado de patriotismo y compromiso identitario de una fuerza política midiendo cómo contribuyen sus intervenciones a la felicidad de las clases populares. Y ahí las fuerzas conservadoras y neoliberales ya han mostrado sus grandes insuficiencias. La evidencia de que en España los “súper patriotas” a ambos lados del Ebro son también los más corruptos y los que han aplicado las políticas antisociales es abrumadora. Así de claro.

martes, 21 de noviembre de 2017

Nueva Ley de Contratos del Sector Público


Finalmente, tenemos nueva Ley de Contratos del Sector Público. Tras una dilatada tramitación parlamentaria, que se inició tiempo después del transcurso del plazo para la transposición dentro de plazo de las Directivas europeas, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 9/2017, de 19 de octubre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. Es, en definitiva el instrumento por el que se transponen las Directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
La contratación pública no constituye un sector pacífico de la normativa. Se agrupan diversos factores que parten de la gran importancia económica con problemas técnicos que pueden servir para el desarrollo económico con otras soluciones que son de orden social. Tiene además, una perspectiva ideológica que no se puede olvidar, incluso cuando se están transponiendo directivas comunitarias. Nuestro país tiene, además, el problema de una economía con un alto peso de las PYMES que encuentran dificultades de acceso al mercado de servicios.

La Nueva Ley de Contratos del Sector Público presenta desde su inicio problemas de cierta entidad. Unos por la propia estructura de la ley -heredera de las disposiciones anteriores-, que la hace abigarrada, complicada y de difícil entendimiento para la ciudadanía y los operadores jurídicos. Otros porque las medidas que incorpora no proporcionan un adecuado nivel de protección del interés general, proporcionando un tipo de regulación que es más propicia a los contratistas. Le hubiera faltado, además, la modificación de la Ley General Presupuestaria para la mejora del control económico financiero de los contratos y limitar el gran agujero de los anticipos de caja fija, que no tienen siquiera el mínimo respaldo de los contratos menores.
El texto ahora aprobado constituye una norma extraordinariamente larga, que consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales, y seis anexos. Es una norma que requerirá horas para su conocimiento, para un adecuado entendimiento para lo que la redacción, desde luego, no ha ayudado dado que dispone de muchos preceptos son excesivamente largos, con un carácter casi de reglamentos.
La Nueva Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado –salvo la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la Disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación-.
Como toda norma de esta naturaleza tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Dentro de los primeros,hay que recordar  la reivindicación de las cláusulas sociales y ambientales como un elemento básico de la contratación, que ha sido bien recibido desde los sindicatos. Está configurado como un elemento transversal y por ello permite mucho margen para su inclusión. La regulación dóe los lotes también permitirá un impulso a las PYMES. Pero hoy quiero quedarme en el análisis general de los aspectos más críticos de la misma. Tiempo habrá para profundizar en otros elementos, como el de la nueva regulación de los contratos menores, que aparecen en otros artículos de este blog.

Mantenimiento de un sistema dual de contratación pública para las entidades del sector público
El gran problema que tiene la ley es el mantenimiento de un sistema dual para la contratación pública que depende no sólo de la cuantía (que supere o no el umbral europeo) sino también de qué entidad del sector público vaya a ejecutar el contrato. Con ello se abre la puerta, además, a que haya contratos del sector público sometidos a derecho público y otros a derecho privado, con dificultades complementarias en cuanto a los órganos jurisdiccionales encargados de controlar la actividad pública, unos los contencioso-administrativos otros los civiles. Y abre la puerta, además, a una diferente ejecución de los contratos y a la articulación de un diferente sistema de control económico financiero, que ha permitido problemas importantes de corrupción, como los ocurridos en la sociedad estatal Acuamed. Un aspecto que, desde luego, se debiera haber corregido durante su tramitación, estableciendo las modificaciones correspondientes de la Ley General Presupuestaria.
El problema de la pluralidad de régimen jurídico en los contratos constituye, además, una cuestión sobre la que la Unión Europea ha llamado la atención a España: “Los datos ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en las entidades y autoridades de contratación y que la falta de mecanismos de control a priori y a posteriori suficientes obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en materia de contratación pública” es lo que se señala en la Recomendación de Decisión del Consejo Europeo sobre el déficit excesivo de julio del año pasado.
Resulta disfuncional, genera inseguridad jurídica y es una puerta para un deficiente control económico-financiero de los contratos (ya que las entidades que no son administraciones públicas están sometidas a un control mucho más laxo a pesar de que adjudican buena parte de los contratos del sector público en España. Esta privatización de los contratos se está traduciendo en pérdida de oportunidades de defensa del interés general.

Los contratos del sector público no tienen un grado igual de control económico

Como acabo de indicar, la pluralidad de regímenes jurídicos no se queda en el aspecto de la adjudicación de los contratos. Los elementos relativos al control económico constituyen uno de los problemas de mayor entidad en relación con los contratos de entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones públicas. Una realidad que muy importante a la hora de contratar, ya que sigue existiendo un uso abusivo por parte de las Administraciones públicas. Sociedades mercantiles, fundaciones privadas en mano pública y otras entidades de similar naturaleza suelen adjudicar muchos de los contratos, que quedan sometidos a un régimen mucho más laxo en cuanto a su publicidad y demás controles. Un problema que el Proyecto de nueva Ley de contratos no aborda.
El control económico de los contratos es uno de los grandes problemas de la contratación y, con ello, de la lucha contra la corrupción y el mal uso de dinero público.
Las posibilidades de corrupción son más elevadas por la ausencia de un régimen adecuado de transparencia y de control económico presupuestario. Viendo el Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo de Madrid, S.A. sobre la venta de viviendas a “fondos buitre” se puede apreciar la magnitud del problema.
La legislación presupuestaria, que se debería haber modificado a la par que ésta para mejorar el control económico de la contratación, no impone la intervención previa del contrato, ni existe un control financiero permanente y el valor de las auditorias es muy limitado por cuanto que no es obligatoria para todas ellas sino que se efectuará sólo en el supuestos de que la sociedad respectiva esté incluida en el Plan que apruebe el correspondiente servicio de intervención
Conviene recordar que el Tribunal de Cuentas, realizó en su momento una importante recomendación que hay que recuperar y que es común a todas las sociedades de obras públicas: “sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo”. Una recomendación que se hizo en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de 2014 por parte del Presidente del Tribunal de Cuentas.

Mantenimiento de las instrucciones para contratar, fuera del régimen de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las instrucciones para contratar constituyeron uno de los caballos de batalla de las críticas doctrinales a la legislación ahora derogada. Y posiblemente sea uno de los aspectos peor resueltos de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.  Y ello a pesar de que en el lugar donde debieran estar no están recogidas y sólo aparecen contempladas en relación con los partidos políticos. Con ello se podría entender que han desaparecido. Una conclusión que, en mi opinión, no es acertada.
En efecto, el problema ha consistido en que  la ley ha mantenido las Instrucciones para contratar de las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas para aquellas que se hubieran dictado con anterioridad a su entrada en vigor.
Dicho de otro modo, hay Instrucciones en un doble sentido: se pueden crear nuevas instrucciones para las entidades que no tengan la consideración de poderes adjudicadores (partidos políticos, sindicatos, entidades empresariales). Pero, se insta a un proceso de armonización de las ya vigentes para los contratos no sometidos a regulación armonizada, en las condiciones previstas en el artículo 318 y 321 de la Ley. Es la regla que resulta de la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª de la Ley.
Para este tipo de entidades, los contratos que estén por debajo de los umbrales europeos quedan fuera de la aplicación de la ley y se sustituyen por instrumentos no siempre aprobado y en muchas ocasiones no publicados. Recordemos que en este momento el número de contratos de esta naturaleza resulta especialmente elevado.
Es uno de los problemas mayores que se puede suscitar en relación con la transparencia e integridad de los contratos públicos. Hemos de pensar en el amplio número de entidades que en este momento están adjudicando contratos fuera del régimen general de la ley, con posibilidades muy limitadas de auditorías y de procedimientos de revisión a posteriori de los contratos.

Mala protección del interés general en el régimen económico financiero de las concesiones

Uno de los problemas que está latente en toda concesión es la posibilidad de quiebra por falta de ingresos suficientes. Durante la tramitación del Proyecto de Ley, se introdujeron numerosas enmiendas que intentaban evitar que hubiera un deterioro de las finanzas públicas como consecuencia de préstamos impagados, tal como ha ocurrido en la quiebra de las autopistas de peaje.
Por ello se planteaba la prohibición de préstamos participativos de la Administración a los concesionarios y se limitaba el apoyo público a las concesiones. Pensemos que ha habido concesiones en las que el aporte público ha sido superior al del concesionario y que en los préstamos otorgados por la Administración Aznar el socio de la concesión era de mejor condición para recuperar el dinero que la administración que sólo era prestamista.
Los problemas de los préstamos participativos son extraordinarios. Tienen un carácter mixto entre capital de la sociedad y préstamo aunque realmente están más cerca de ser considerados una parte del capital. Tienen la consideración de fondos propios a los efectos de financieros o contables, están subordinados a efectos de prelación en vía concursal. Y, además, la Administración que preste solo cobrará intereses si hay beneficios.
En un sentido similar, se debería haber restringido el otorgamiento de avales por parte de las Administraciones públicas que sólo hacen que sean éstas las que a la larga asuman el riesgo de las concesiones; como también se ha demostrado.
Por último, no podemos olvidar que existe cierta desconexión entre la LCSP y la legislación concursal, especialmente en lo referente a la posibilidad de que la empresa en concurso continúe la explotación de la obra y la potestad del juez que conoce del concurso de extinguir los contratos. El rescate de las autopistas de peaje muestra la importancia que tiene esta cuestión

Mala regulación del acceso al recurso especial en materia de contratación

El recurso especial en materia de contratación pública ha supuesto un incremento de garantías y de transparencia en materia de contratación pública. Pese a ello, la ley eleva la cuantía a cantidades muy elevadas, tres millones de euros en contratos y cien mil euros en suministros.
Asimismo, incorpora la posibilidad de crear multitud de tribunales en el ámbito local, con lo que se genera inseguridad jurídica y se dificulta la posibilidad de mantener la imparcialidad necesaria en estos contratos.
Es cierto que la elevación de las cuantías puede ser consecuencia de que no tengan medios materiales suficientes para realizar un adecuado control del contrato. No obstante, no resulta una razón suficiente, en la medida en que la articulación de un mecanismo eficaz de recursos es una vía indirecta de ahorro público. Es, desde este punto de vista una inversión. Inversión que requiere, como no puede ser de otro modo, una fuerte inversión en personal.
Sintetizando los aspectos críticos en relación con el recurso, podrían ser los siguientes:
  1. Por un lado, el mantenimiento de unos  límites elevados para poder acceder a los Tribunales de Contratación de las Comunidades autónomas. Unas cantidades (tres millones de euros para obras, concesiones de obras y de servicios, cien mil euros para servicios y suministros) que son extraordinariamente altos y que impiden que los contratos de cuantía más baja (y que son los que pueden obtener las PYMES) sean sometidos a un control efectivo.
  2. Por otra parte, abrir la posibilidad de crear nuevos Tribunales en Ayuntamientos que tengan la consideración de gran municipio y Diputaciones provinciales (artículo 46) supone difuminar los criterios de contratación e ir en una tendencia de pérdida de garantías de imparcialidad. Por otra parte, es una medida bastante ineficiente, teniendo en cuenta el volumen de recursos que podrán tener. A ello se añade un elemento que se debiera valorar: Los datos que ha proporcionado Silvia Diez Sastre muestra que no existe un problema de exceso de reclamaciones en los actuales tribunales autonómicos.

No actúa como elemento indirecto de lucha contra la precariedad laboral

La LCSP hubiera sido un instrumento adecuado para mejorar dos de los elementos más preocupantes del mercado laboral en España: la proliferación de los contratos temporales y la poca presencia de la mujer en puestos directivos y en los contratos fijos. Pese a las enmiendas que se presentaron en esta dirección, que pretendían un conocimiento y fuese utilizado como incentivo en los procedimientos de adjudicación de los contratos de los empleos fijos y temporales, del número de contratos que se suscribían para cada puesto de trabajo y que tuviera mecanismos indirectos de lucha contra el desempleo de las mujeres, finalmente la mayoría dio al traste con esta orientación de la norma.
Tampoco se prevén medidas para evitar que los contratos menores de servicios se utilicen para contratar de forma indirecta sin cumplir con los principios de mérito y capacidad a personal de las administraciones públicas.

No protege suficientemente a las PYME en los casos de subcontratación

Acceder a los mercados de contratación pública  es muy complejo para las PYME. Las grandes empresas acaban copando la adjudicación para prestaciones que con posterioridad han de subcontratar, dado que carecen de capacidad para poder ejecutar directamente el contrato.
Por ello, durante la tramitación parlamentaria la cuestión de la subcontratación constituyó uno de los elementos que suscitó más interés entre los grupos parlamentarios. Y la verdad es que el resultado final no es precisamente el mejor; sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tiene la subcontratación en la calidad de la contratación pública, como ya tuve ocasión de analizar en otra ocasión
La subcontratación, desde el punto de vista de la publicidad y la concurrencia, constituye un fraude. Una empresa resulta adjudicataria de un contrato que no está en condiciones de ejecutar directamente y que, por ello, precisa que otra lo haga en su nombre. Esta segunda es elegida de forma directa, sin conocimiento previo del contratante, sin exigirse el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y económica. Todo ello a pesar de que constituye la ejecución de un contrato público sufragado con fondos públicos.
Más aún, la subcontratación constituye una vía para deteriorar tanto la situación de las PYMES como de los trabajadores. Ejecute quien ejecute el trabajo el contratista obtiene un beneficio industrial que no recae en el que realiza la mayor parte de la ejecución de la obra y que, a su vez, tiene que obtener su beneficio normalmente en detrimento de la parte más débil, el trabajador que tiene peor salario. A ello se añaden los problemas denunciados de pagos tardíos entre contratista y subcontratista, que se pretendía solucionar con una medida poco práctica, que sea la Administración la que pague.
Por ello, hubiera sido exigible que, caso de admitir la subcontratación, que al menos el 50% de la cuantía del contrato y la más relevante desde un punto de vista técnico había de ser ejecutada por el contratista principal. Se trataba de fomentar que las PYMES fueran contratistas, lo que repercutiría asimismo en las condiciones de los trabajadores.

No se ha armonizado el régimen de los contratos con la legislación patrimonial

Tradicionalmente, la armonización entre la legislación de contratos patrimoniales y de los de obras, servicios y suministros ha sido bastante defectuosa. Las posibilidades que abrió la Ley 33/2003, de patrimonio de las Administraciones Publicas para la utilización extensiva de los contratos patrimoniales lo hubieran aconsejado . Las propias normas que determinan cuál es el derecho aplicable hubieran merecido una mejora considerable.
En la actualidad este problema es especialmente importante. Los mecanismos de colaboración público privada se hacen, en su mayor parte, a través de modalidades de contratos patrimoniales, especialmente el arrendamiento operativo -aunque no sea el único- con lo que se produce una fuga considerable del derecho público y con ello un detrimento del interés general. Fuga que es muy grave cuando quienes suscriben los contratos son entidades que no tienen la naturaleza de Administraciones públicas. Todo ello, además, con el problema añadido de la falta de transparencia en su adjudicación.
Por ello, hubiera sido conveniente solucionar el problema de las remisiones recíprocas entre la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Nueva Ley de Contratos del Sector Público.

No se ha incorporado la prohibición de contratar a las empresas que tuvieran negocios en paraísos fiscales

Varios grupos parlamentarios presentaron  enmiendas en la tramitación de la Nueva Ley de Contratos del Sector Públicoque quería establecer una prohibición de contratar a aquellas empresas que estén radicadas directa o indirectamente en paraísos fiscales. El daño que hacen a la Hacienda Pública provoca que no sea conveniente que puedan resultar adjudicatarios de contratos públicos.
En la actualidad, la lucha contra las deslocalizaciones en los paraísos fiscales es una materia muy sensible y hay Ayuntamientos que están haciendo bandera de estas cláusulas en la contratación. Debería formar parte de un proceso más amplio de medidas para luchar contra estas prácticas empresariales.
Sin embargo, estas enmiendas que lo incorporaban como una prohibición para contratar, no ha sido aceptadas.

Limita opciones de remunicipalización (reinternalizaciones) de servicios

Uno de los elementos de mayor calado político de la ley es la exigencia de que el rescate de las concesiones para su gestión directa por las Administraciones públicas acredite que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la fórmula concesional.
La remunicipalización es la idea fuerza en la gestión de servicios públicos en la actualidad. Tras el triunfo de los partidos de izquierda en las últimas elecciones municipales, se está produciendo una eclosión de procesos de recuperación de la gestión pública de los servicios públicos tras años de externalizaciones y privatizaciones de la gestión. Es el proceso de remunicipalización o reinternalización.
Un cambio en los modos de gestión que no sólo es una cuestión ideológica, sino que deriva en muchas ocasiones de un deficiente grado de prestación por parte de los operadores privados, como ocurre con el servicio de recogida de basuras de Madrid, cuyos contratos son herencia del mandato anterior. Y también de un coste en muchas ocasiones más alto para las arcas municipales, fruto de unos contratos que deberían haber sido formulados de otra forma.
Desde la mayoría que sostiene al Gobierno (PP-Ciudadanos) ha pretendido paralizar estos procesos usando su legislación para reducir la autonomía de los ayuntamientos y ganar de este modo lo que perdió en las urnas. Por un lado, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 lo ha hecho impidiendo la contratación del personal de las antiguas sociedades concesionarias, aunque fuera en modalidades fijas no permanentes.
Hoy, en la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, apoyando una enmienda presentada por el PDeCAT (antigua CiU) impone restricciones que exigen la elaboración de un informe que garantice que la internalización es mejor solución que la externalización, que es el que recoge el artículo 86 de la Ley de régimen local, en donde se ha de acreditar no sólo “que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial” sino también la exigencia específica de la ley de contratos de que “dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”.
Una forma de restringir las posibilidades de remunicipalización y de que haya contratos para los grandes operadores que son los más beneficiados por los grandes contratos. Es, por otra parte, un informe de prueba imposible ya que las variables para su realización son extraordinariamente complejas, la ejecución de los contratos es un factor determinante de la bondad de cada fórmula. Pero, en todo caso, refleja que se exige más para reinternalizar que para licitar un contrato. Más aún si comparamos todos los procesos de licitación de las actuales concesiones.
Esta solución es la inversa de la que debiera ser: es el Ayuntamiento el que tome la mejor solución en la que no sólo se han de tomar en consideración valores económicos. Forma parte de una decisión política. Someterlo al informe que recoge la legislación de régimen local supone partir de una falacia: que la externalización es más barata que la internalización; lo cual no es cierto. Como tampoco lo es que se presten mejor los servicios.

Entrega a los concesionarios las tarifas que pagan los usuarios de los servicios
Las cantidades que pagan los ciudadanos a los concesionarios de servicios públicos cambian de naturaleza jurídica. Dejan de entrar en la categoría de tasa y pasan a ser prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario (artículo 267). Un cambio cuya transcedencia supone que los concesionarios hagan suyas las actuales tasas que pagan los ciudadanos.
Tiene un riesgo añadido que es romper la identidad que debe existir entre la cuantía de la tasa y la cantidad que supone la prestación del servicio y con ello, reaparece un riesgo de encarecimiento de la prestación de ciertos servicios públicos.

Altera el régimen de distribución de competencias en materia de productos sanitarios

La Disposición adicional 27ª de la Nueva Ley de Contratos del Sector Público establece una previsión para la centralización de productos sanitarios, que se puede imponer mediante Orden Ministerial, alterando en consecuencia todo el régimen de distribución de competencias en la materia.
Más aún, supone desoír las tres sentencias del Tribunal Constitucional  –la última la STC 7/2017, de 19 de enero – que han señalado la legitimidad competencial de sistemas alternativos no centralizados con el del Estado puestos en funcionamiento por Andalucía y que han supuestos grandes ahorros.

El problema de la publicidad de los contratos en la Nueva Ley de Contratos del Sector Público

Los estudios que han hecho Transparencia Internacional-España y el Observatorio de Contratos Públicos muestran que la mayor parte de las Administraciones públicas españolas no cumplen con la obligación legal contenida en la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Recogiendo las palabras del último estudio, “en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que tienen en cuenta esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo el 30% de los Ayuntamientos cumplen la ley. TI-España ha opinado que resulta significativo que grandes Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
La publicidad de los contratos es, en consecuencia, un problema en España. Hubiera sido muy conveniente incluir en la Nueva Ley de contratos mecanismos de intercambio obligatorio de información para que todos los procedimientos de contratación pública. Con ello, se hubiera podido dar cuenta de su ejecución y las eventuales modificaciones de los contratos, mediante su publicación en una plataforma común del Estado español. La dispersión favorece la ocultación.
La creación de una plataforma única con intercambio obligatorio y automático de información sería muy conveniente. Vendría a ser un medio para solucionar otra de las grandes deficiencias que nos ha señalado la Unión Europea en materia de contratos públicos: el bajo grado de publicidad. Concretamente, se nos ha advertido recientemente desde la Unión Europea de que “España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se traduce en una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE y, con frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del gasto de las administraciones públicas”.

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