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sábado, 29 de julio de 2017

Corrupción medioambiental



Primero sembraron dudas sobre la relación entre la contaminación y el cáncer. Ahora sabemos que autorizaron a Hidrocantábrico unos niveles de emisión de sustancias contaminantes (óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y micropartículas), en su central térmica de Soto de Ribera, muy por encima de los límites legales (sentencia del TSJA de 24 de julio de 2017)

La corrupción institucionalizada  encarnada por una casta político – burocrática capturada por el gran capital, encuentra aquí el ejemplo más cínico y miserable, pues no tienen reparos en jugar con la salud colectiva.

Niegan las evidencias y, al mismo tiempo, no dudan en amparar las emisiones dañinas para la salud.

Recordamos que una evaluación de 2013 realizada por la Centro Internacionald e Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga.
Según estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras; esta mortalidad se debe a la exposición a pequeñas partículas de 10 micrones de diámetro (PM10) o menos, que pueden causar cardiopatías, neumopatías y cáncer.

La pregunta a la que hay que dar respuesta con urgencia tiene que ser: ¿ a cambio de qué se otorga una autorización ambiental a una gran empresa del sector eléctrico para que pueda contaminar muy por encima de los límites legales?

VER SENTENCIA COMPLETA AQUÍ (Fuente: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, IIDMA)

miércoles, 12 de julio de 2017

La prescripción de delitos fiscales de los Masaveu, de 80 millones, en el nuevo número de ATLÁNTICA XXII


Revista Atlántica XXII

“Mi universidad funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”

Rosa Berganza, candidata a rectora, el pasado miércoles en EL PAÍS.


ENTREVISTA / ROSA BERGANZA

“Mi universidad funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”

La candidata a regir la Rey Juan Carlos de Madrid cree que están "en peligro de desaparecer" por el comportamiento de los anteriores rectores


Muchos catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) fueron tanteados para postularse al cargo de rector frente al candidato oficialista que es el ingeniero Javier Ramos. Pero tan solo Rosa Berganza (Burgos, 1971), catedrática de Comunicación Política, optó por dar el paso cuando no entraba en las quinielas. Se presenta a un puesto complicado en un campus conocido en los últimos meses por el escándalo de los plagios del rector, Fernando Suárez Durante la entrevista, la primera mujer que aspira a este cargo en el campus público más joven de Madrid, hace una dura crítica al gobierno de Suárez, al que tilda de “mafia” y denuncia la “red clientelar de familiares” que asegura que existe en la URJC. Antes de su puesto actual, impartió clases en las universidades de Navarra, donde se licenció, y en la Carlos III

Pregunta. ¿Por qué se presenta?
Respuesta. Me presento en el último momento porque vi que no había ninguna candidatura aparte de la oficialista de Javier Ramos, designado a dedo por el rector Suárez, que no ha dimitido ni ha dado explicaciones sobre sus plagios. Nuestra universidad tiene una situación insostenible, que ha puesto en entredicho todo nuestro trabajo y el sistema científico español. Decidí que tenía que dar el paso, me lo planteé como un deber moral. No estaba entre mis planes hacerlo ahora, porque estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Pero han llegado estos escándalos y, realmente creo que alguien tenía que dar una alternativa y sobre todo una esperanza a todas las personas que trabajamos allí, que la mayoría son dignas. Creo que estamos en peligro de desaparecer como institución.

P. ¿Con qué avales cuenta?
"Funcionamos como una institución cerrada donde prima el silencio"
R. Mi candidatura parte de una iniciativa personal, sin ningún grupo detrás que me apoye. Casi cada minuto que pasa tengo más seguidores. Mucha gente percibía que se necesitaba limpiar el nombre de la universidad y la posibilidad democrática de otra candidatura y otro modelo de totalmente distinto.

P. Mucha gente de la URJC asegura que el rector Suárez ganaría de calle. Teniendo en cuenta que el candidato Javier Ramos cuenta con el respaldo del rector, ¿qué posibilidades tiene usted de ganar?
R. Creo que mis posibilidades son grandes. Hubiera sido distinto si se hubiera presentado Suárez. Coincido con la visión de que, a pesar de todos los escándalos de plagio, hubiera arrasado. Pero creo que ha optado por el peor candidato posible, una persona que suscita muchísimo rechazo en algunos ámbitos de la universidad por las prácticas que ha llevado a cabo al servicio del rector actual y del anterior.

P. ¿Cómo valora el informe pericial de la Universidad de Barcelona que señala un plagio “total, literal y consciente” del rector a un profesor de ese campus?
Si gano las elecciones lo primero que haré será investigar los plagios del rector
R. Los resultados de la comisión de la Universidad de Barcelona han sido contundentes, muy claros. Esperables. Me parece vergonzante es que no hayamos sido nosotros, la URJC, los primeros en investigar porque somos los principales interesados en mejorar nuestra imagen. Es bochornoso el silencio y que se nombre una comisión de investigación que no haya hecho nada.

P. ¿Su intención es reactivar esa comisión en marcha si gana con los mismos miembros y presidida por el vicerrector de Profesorado, Luis Miguel Doncel?
R. No, porque es la mano derecha del rector y por eso fue designado por él para investigar y no garantiza un informe independiente. Si gano las elecciones, mi primera medida será la puesta en marcha de una comisión independiente que investigará los plagios. No estará solo formada por profesorado de la URJC de distintas áreas, sino también, como mínimo al 50%, con expertos de fuera con independencia contrastable.
Las reglas de juego  se negocian individualmente con el rector

P. Una de las cuestiones que sorprende desde fuera es el silencio que ha habido dentro de su universidad con este asunto.
R. No se entiende si no lo vives desde dentro y lo conoces muchos años. Por un lado en este proceso, quienes más se han movilizado son los estudiantes, que han recogido miles de firmas [75.900 personas han dado su apoyo] y han llevado a cabo una labor más crítica e independiente, que el profesorado que ha guardado un silencio vergonzoso. ¿Por qué? Nuestro sistema funciona como toda una red clientelar montada arduamente por el rector actual y por el anterior [Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Constitucional] con unas prácticas al más puro estilo mafioso de amedrentamiento a la hora de levantar voces críticas o simplemente que no han permitido el diálogo ni el espíritu crítico sino todo lo contrario. En parte es una característica del sistema universitario español, pero pasa con especial crudeza en la URJC. He estado en tres universidades y no he vivido nunca una situación de este estilo.

P. ¿Hay miedo?
R. La URJC es una organización cerrada donde prima el silencio y quien ejerce como voz discordante es perseguido hasta su exterminación. Y hemos tenido ejemplos como en el caso de David Ríos, lo que sucedió cuando presentó su candidatura [11 profesores de su entorno sin plaza fueron despedidos]. Es un sistema que es aparentemente democrático, pero que no funciona como organización democrática en absoluto. Todo se compra con prebendas, la gestión no es transparente. Hay pocas decisiones iguales para todos. Las reglas de juego no son para todos iguales, sino que se negocian individualmente con el rector a despacho cerrado. Ejerce el “tú sí, tú no”, “a ti te doy esto, a ti esto otro...”. Compra el silencio de las personas y ejerce con muy poca transparencia.

P. ¿Cree que si gana podría deshacer esa red clientelar que asegura que existe? Por ejemplo, tienen ustedes más de un 20% de profesores visitantes [una figura destinada a contratar docentes externos de prestigio pero que se usa para contratar a profesores sin méritos suficientes y del propio campus].
R. Eso explica también el miedo. Gran parte del profesorado, no solo los visitantes, están en una situación laboral muy precaria. Saben que un giro en una política del rector Suárez les puede colocar en la calle o que cualquier cambio podría ser perjudicial para sus intereses. Mi labor estos días es dar tranquilidad, quiero apoyar a los trabajadores de la URJC dándoles mayor estabilidad laboral, buscando otras figuras que consoliden sus carreras profesionales y se ajusten al marco legislativo, que supongan una garantía de seguridad personal y laboral y que no fomenten ese tejido clientelar.
Hay un sistema clientelar que favorece la colocación de familiares de forma indiscriminada

P. ¿Está en condiciones de cambiar eso?
R. No es fácil, pero creo que sí es posible con políticas claras de transparencia en la toma de decisiones, estableciendo procedimientos y espacios donde queden claras las reglas de juego: Cómo se accede a cuerpos funcionariales, quién promociona primero. Hay un entramado de personas más fieles que están viendo que, gracias a los medios de comunicación, están saliendo a la luz muchas características de nuestra institución, un sistema clientelar que favorece la colocación de familiares de forma indiscriminada. No pasaría nada si fueran casos sueltos y con probada valía, pero está demasiado extendido.

P. ¿Qué significa demasiado extendido?
R. No estoy hablando de algo marginal. Es muy peligroso que diga un porcentaje, pero es una política habitual de contratación, es como si ser familiar fuera un mérito que cuenta y que puntúa mucho más. Con 1.600 profesores y 1.300 PAS [Personal de Administración y Servicios] es muy fácil establecer las genealogías. Lo que vivimos ahí dentro escapa a toda normalidad de una organización democrática y pública. Para empezar, el rector ha colocado a su mujer. Podríamos ver caso por caso todas las figuras importantes de la universidad y ahí el porcentaje sería casi pleno total. Obviamente, es más fácil que entren sobre todo familiares de gente que ocupa puestos de poder. No quisiera que se entendiese que no se puede tener ninguna razón de parentesco, puede haber personas de valía que pasen todos los filtros oficiales. Lo que apesta es que sea tan descarado.

domingo, 9 de julio de 2017

jueves, 22 de junio de 2017

2. El gobierno del 'cambio' que trajo más élites: los 'zorros' de ZP

Las intenciones de administrar el poder ejerciendo una dominación legal y controlando los grupos sociales más influyentes fueron prácticamente las mismas que tiene el PP

José Luis Rodríguez Zapatero
Luis Grañena
Madrid | 17 de Junio de 2017

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Vilfredo Pareto fue un brillante economista y un sociólogo especialmente productivo a finales del siglo XIX. Inspirado en el pesimismo de Maquiavelo, Pareto distinguía entre dos tipos de criaturas políticas: por una parte, los leones, que imponían la dominación mediante el miedo y la coacción y, por otra, los zorros, para los que la persuasión, combinada con algunas cesiones, podía llegar a ser suficiente. En la realidad española, los leones han sido tradicionalmente los miembros del Partido Popular –descendientes de otros aún más fieros–, mientras que al PSOE le ha correspondido el papel de los zorros. Para el estudio de esta última especie, los gobiernos constituidos por José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente el primero de ellos, representan el mejor ejemplo del ladino animal cuando este opta por el disfraz de cordero: el supuesto cambio progresista de 2004 –asediado, recordemos, por una derecha que no había aceptado los resultados del 14 de marzo– consistió en un conjunto de políticas sociales que ocultaron la progresiva venta del país a los acreedores de una burbuja de deuda inmobiliaria negada hasta la saciedad.  

viernes, 16 de junio de 2017

El SESPA nombra un Tribunal ilegal para seleccionar a 10 Facultativos de Farmacia

El 8 de marzo el SESPA anunció en el BOPA la convocatoria de un concurso – oposición para el acceso a 51 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en diferentes especialidades, entre ellas 10 plazas de la especialidad de Farmacia Hospitalaria.

La base sexta de la convocatoria, reguladora de los Órganos de selección, establece en su apartado 1 que los Tribunales encargados de juzgar las pruebas selectivas de cada especialidad estarán compuestos de siete miembros: un presidente, cinco vocales ( dos de ellos, a propuesta de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad) y un secretario

El BOPA de 9 de junio publica la resolución de designación de los Tribunales de Selección, en la que se nombra un Tribunal calificador de las pruebas para la provisión de las 10 plazas de Facultativo especialista Farmacia Hospitalaria, integrado tan solo por 5 miembros: un presidente, tres vocales y un secretario.

Se trata de una grave irregularidad que, de mantenerse, invalidaría todo el proceso selectivo.

Por ello, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies advertimos al SESPA que deberá corregir, con la mayor urgencia posible, la composición del Tribunal, nombrando un total de 7 miembros con los requisitos de titulación establecidos en la convocatoria del concurso – oposición, de los cuales 2 vocales deberán ser propuestos por la Comisión Nacional de la Especialidad. 

De no hacerlo, los responsables políticos del SESPA deberán asumir personalmente las consecuencias de la futura nulidad del proceso selectivo


jueves, 15 de junio de 2017

La auditoría de infarto a SOGEPSA, aquí




Contratos a dedo, desembolsos multimillonarios por encima del precio de expropiación, pagos suculentos a funcionarios etc. El informe completo de la auditoría a la empresa pública SOGEPSA, AQUÍ

domingo, 11 de junio de 2017

Seguimos un año más


En la reunión anual de la asamblea del Conceyu por Otra Pública n´Asturies se acordó continuar con la actividad de la asociación, al menos, un año más, acercándonos con ello a la cifra simbólica del décimo aniversario.

Aquí seguimos llamando por su nombre a las prácticas caciquiles de los capataces del poder y señalando con el dedo a sus colaboradores necesarios, ya se envuelvan con banderas sindicales, ya se escondan detrás  de una falsa apariencia de neutralidad burocrática.

Como venimos haciendo desde el año 2008, esta asociación se mantiene sin ninguna aportación dineraria  de fondos públicos o de organizaciones privadas. Se trata de una condición irrenunciable para garantizar la radical independencia en nuestro funcionamiento.

Para los manipuladores de lo público y para los cuentistas de la protesta hoy es un mal día. Nos alegramos por ello.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies


jueves, 8 de junio de 2017

La plataforma por la Sanidad Pública de Asturias rechaza la donación de Amancio Ortega

Carlos Ponte, presidente de la asociación, afirma que se traspasan los límites entre lo público y lo privado

 Claudia Álvarez, La Voz de Asturias 08/06/2017 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias no ve con buenos ojos la donación de 6,7 millones de euros realizada por Amancio Ortega para adquirir tecnología oncológica. El presidente de la asociación, Carlos Ponte, asegura que esta medida puede tener «componentes muy críticos» para la sanidad pública ya que se traspasan las fronteras entre lo público y lo privado. Ponte cuestiona que la inversión en tecnología sea prioritaria y defiende otras necesidades como residencias para la tercera edad o en cuidados paliativos

La primera consideración a tener en cuenta, según Ponte, es que Ortega «es una de las mayores fortunas del mundo y, según dicen los medios, apenas paga impuestos y las condiciones de sus trabajadores en países como Bangladés han sido cuestionadas».

Otro problema, al margen de la figura empresarial de Amancio Ortega, es que estas medidas de mecenazgo tienen un claro componente ideológico. Carlos Ponte se pregunta «qué es lo público», al tiempo que rechaza que el sistema sanitario público se sostenga sobre la financiación privada. Este tipo de mecenazgos pueden condicionar al sistema sanitario, algo que ya ocurre en la Organización Mundial de la Salud con Bill Gates, principal soporte de la organización. «Las experiencias previas de grandes fortunas que han invertido en la sanidad pública han generado una influencia no positiva», declara. El aporte económico del empresario gallego a la sanidad asturiana servirá para financiar un acelerador lineal, una resonancia y cuatro mamógrafos.
 
Sobre las necesidades reales de la sanidad asturiana, Ponte afirma que «entre todos hemos contribuido a ver con buenos ojos la inversión en tecnología» y que «esta financiación no responde a un criterio básico y el problema que se ve desde fuera es en qué y dónde se invierte esta donación». A su juicio, sería más provechoso que las inversiones se realizaran «en residencias de la tercera edad o en los paliativos, ya que un paciente de cáncer supone un coste de 300.000 euros, una atrocidad teniendo en cuenta que la rentabilidad es baja», al tiempo que ha señalado que «estas son inversiones que se retroalimentan para obtener más beneficios»

sábado, 3 de junio de 2017

El 'sueño' de Alonso costó 10 millones públicos y ha dividido al automovilismo

El Principado de Asturias cedió a una fundación creada expresamente por la familia Alonso el control de una instalación deportiva millonaria que fue diseñada por el piloto

Foto: La entrada del museo. (A. V.)
La entrada del museo. (A. V.)

Es media mañana de un jueves de finales de mayo y la visita coincide con el día internacional del museo, pero los únicos coches del aparcamiento son los de los empleados. El cemento termina donde empieza el césped del campo de golf, en la carpa para los ejercicios de seguridad vial y en un edificio con la imagen de Fernando Alonso. En la parte de atrás, se despliega el circuito de karts, donde se suceden las curvas preferidas del dos veces campeón del mundo: la ‘S’ de Suzuka, la chicane de Parma, la última curva de Valencia, la que eliminaron en el Jarama por ser demasiado arriesgada…
El complejo ocupa 80.000 metros cuadrados en La Morgal, uno de los polígonos más cotizados de Asturias. Terreno público para hacer realidad el sueño de la familia Alonso: una instalación deportiva a 10 kilómetros de Oviedo costeada por el Principado. Más de 10 millones de euros, desembolsados durante los siete años que han durado los trabajos. Según el expediente, al que tuvo acceso El Confidencial, las obras tuvieron que corregirse al menos dos veces —con un gasto extraordinario de más de un millón y medio de euros en total—, entre otros motivos porque el proyecto original no cumplía la normativa de seguridad exigida por la Comisión Internacional de Karting (CIKFIA), organismo que finalmente homologó la pista.

La inauguración se celebró en junio de 2015, durante una fiesta en la que el propio Fernando Alonso rodó por “el mejor circuito de karts del mundo”, "un sueño", como él mismo describió el complejo. A excepción de un par de artículos de un pequeño diario local, 'Asturias Diario', no hubo espacio para la crítica. Hoy, dos años después, el lugar se ha convertido en epicentro de una polémica soterrada que divide al automovilismo español. Un debate que empezó a finales de abril, en vísperas de la primera gran prueba que alojaba el circuito: el campeonato de España. Durante los entrenamientos, un niño de 10 años, Gonzalo Basurto, murió aplastado por su propio vehículo tras un accidente. Y el fin de semana siguiente, volcó otro kart.
La Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso se ha convertido en epicentro de una polémica que divide al automovilismo español

Las familias de decenas de pilotos describen la pista como una sucesión de curvas y embudos arriesgados, como “un regalo a Alonso que además es peligroso para los niños”. Aseguran que llevaban meses criticando su trazado y que se declararon en rebeldía el día en que la Federación dio carpetazo al asunto con una “investigación exprés” que ni siquiera han visto los padres del difunto. Más en general, se quejan de que el Principado de Asturias, rendido a la popularidad de Alonso, ha permitido que su familia construya un panteón a medida sin auditar mínimamente el proyecto.
Interior del museo, con los monoplazas de Ferrari. (A. V.)
Interior del museo, con los monoplazas de Ferrari. (A. V.)


La fundación

El complejo entero, incluido el campo de golf, se gestiona enteramente desde una fundación renombrada hace pocos años (Fundación y Circuito Fernando Alonso). La cesión se hizo con una fórmula jurídica (concesión demanial) que varios abogados consultados describen como “poco habitual” y que solo es válida “cuando se dan circunstancias excepcionales, debidamente justificadas”, algo que la ley circunscribe básicamente a supuestos “de utilidad pública”.

El patronato de la fundación está presidido por el padre del dos veces campeón del mundo (José Luis Alonso Fernández). Le acompañan como vocales su tía (María del Pilar Alonso Fernández) y su mánager y hombre de confianza (Luis García-Abad Martínez). El secretario es su abogado, Roberto Álvarez Martínez, aunque no figura dentro del patronato. Aparecen también dos altos cargos políticos del Principado de Asturias (el director general de Deportes y el consejero de Educación y Cultura). Ninguno de ellos, sin embargo, tiene remuneración asignada, ni siquiera en concepto de dietas.
El patronato está formado por el padre de Alonso, su tía, su mánager, dos políticos regionales y su abogado como secretario

Una organización especializada en denunciar abusos en obras y contrataciones, el Consejo para Otra Función Pública en Asturias (COFPA), describe el proceso entero como “un caso de libro de privatización a dedo”. Argumentan que se ha dejado “la gestión de un equipamiento deportivo público en interés exclusivo de una entidad privada”. Su valoración técnica es que "el equipamiento público de La Morgal es una instalación deportiva financiada íntegramente con dinero público que debe destinarse obligatoriamente a un servicio público y no a la actividad privada de una fundación. De esta forma, el Principado eludió la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público otorgando la concesión a dedo, sin libre concurrencia”.

El Principado ha rehuido las preguntas de El Confidencial al respecto, insistiendo en que es la fundación de Alonso la encargada de dar explicaciones. Entre otras cosas, no quisieron aclaran qué ocurrió con una subvención europea cuya tramitación aparece en el expediente. La concesión de fondos FEDER habría ahorrado el 70% del total pero, según fuentes de la UE, nunca se llegó a solicitar el dinero para dicho proyecto.
El circuito, desde uno de los tejados. (A.V)
El circuito, desde uno de los tejados. (A.V)
Obras de mantenimiento en el circuito. (A. V.)
Obras de mantenimiento en el circuito. (A. V.)

Función social

Según García Abad, la fundación da empleo directo a unas 20 personas y no necesita más subvenciones públicas para mantenerse. Sí dispone de patrocinadores, como Liberbank (donde se integró Cajastur), que ha donado alrededor de medio millón de euros al año. Su función social, subraya, está plenamente justificada por un curso gratuito de educación vial, enfocado a los estudiantes de Primaria, y por el que, dice, pasan 7.421 niños al año. “Lo financia la fundación y han participado también niños con autismo o con problemas auditivos, asistidos por monitores especializados tanto en lenguaje de signos como en integración”, argumenta.

Los niños circulan concentrados bajo una carpa situada al final del 'parking', rodando a velocidades muy reducidas y vigilados por varios tutores, como en cualquier otro taller de seguridad vial. “Los padres están muy contentos y nos dicen que tiene un efecto inmediato, porque los chavales aprenden las señales y luego les dicen a ellos que estén más atentos”, dicen. Cuando acaban la experiencia, se les ofrece una visita guiada y gratuita por el museo y el circuito.

Hasta hace un par de años, los monoplazas de Fernando Alonso cogían polvo en una nave industrial a las afueras de Oviedo. Cuando no miraba nadie, los guardias de seguridad se deslizaban con sigilo y se iban turnando al volante, entregados a festines fotográficos que muestran en las pantallas de sus teléfonos. Ahora, los coches se exponen ordenados por fechas, relucientes, en un edificio cuidado hasta el último detalle. Algunos están asegurados por cantidades superiores a los 14 millones de euros, pólizas de las que también se encarga la fundación.
El aparcamiento del complejo automovilístico. (A. V.)
El aparcamiento del complejo automovilístico. (A. V.)
Según sus propios datos, el museo recibe unos 60.000 visitantes al año, cifra en la que se incluyen los niños que acuden a recibir educación vial. El número (una media de más de 150 al día) contrasta con la imagen vacía del lugar y con el testimonio de los vecinos de Oviedo. Con opciones muy limitadas de transporte público, el taxista que nos lleva hasta allí tiene que revisar el teléfono y hacer varias llamadas. “Llevo muchos años en este trabajo y nunca antes me habían pedido ir allí”, se disculpa.
El circuito, por su lado, lo utilizan unos 100 socios, siempre según los números de la fundación. También se organizan cursillos de aprendizaje para niños con precios variables en función del nivel. Por cinco días de un curso de verano, por ejemplo, la cifra supera los 2.000 euros.

Las cuentas del complejo están saneadas, con un excedente de más de medio millón de euros. Un dinero que, de acuerdo a los estatutos, están obligados a reinvertir íntegramente en la propia fundación. Una parte de los 1,2 millones de ingresos de 2015 —no desglosada en las cuentas— procede del campo de golf. Pero la fundación asegura que fue el Principado quien ofreció su cesión, ya que era deficitaria y el gestor anterior estaba incurriendo en pérdidas de forma recurrente. “Por eso nos propuso gestionar el citado campo desde la misma entidad sin ánimo de lucro que gestiona el circuito y el museo”. El regalo, sugieren, se lo han hecho ellos a Asturias. Y no al revés.

jueves, 1 de junio de 2017

Mato, Fraga, Verstrynge… Enchufes y amiguismo en los asistentes de Bruselas

En total, 255 asistentes facilitan la labor de los eurodiputados españoles. Algunos de ellos son familiares, antiguos miembros del partido o compaginan varias trabajos políticos

 

 01.06.2017, El Confidencial

Cada eurodiputado cuenta con hasta 300.000 euros al año para contratar personal que le asista en sus actividades parlamentarias. El proceso está controlado por el Parlamento, pero eso no evita que entre sus filas se cuelen apellidos relacionados con el partido, exmiembros recolocados en Bruselas o pluriempleados con actividades paralelas relacionadas con la formación.
La función de estos asistentes es la de ayudar al representante político en el ejercicio de sus funciones. Redactan documentos, organizan encuentros o participan en eventos, ya sea en Bruselas o Estrasburgo, con el cargo de 'acreditados', o en su circunscripción nacional, como 'locales'. Todos los eurodiputados disponen de 24.164 euros mensuales para contratar asistentes y cada uno de ellos no puede cobrar más de 6.654 euros brutos al mes. En total, son 255 los asistentes que realizan esta labor para diputados españoles de todos los partidos políticos representados en la Eurocámara.

 

Todo queda en familia

La lista de asistentes es pública en el perfil de cada diputado del Europarlamento, pero unos nombres brillan más que otros. Es el caso de Ana Mato, la que fuera ministra de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2014, cuando dejó el partido por la implicación de su marido en el caso Gürtel. En abril de 2016, se creó 'ad hoc' la Escuela Europa, un campus para jóvenes dirigido por ella. Esta es su principal función como asistente local para toda la agrupación desde Madrid.
Sin embargo, no aparece como ayudante de su hermano, Gabriel Mato, que fue presidente del Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007 y hace carrera ahora en Bruselas. El reglamento de la institución europea no permite que familiares directos sean asistentes, pero hecha la ley, hecha la trampa. Además, el trabajo de asistente de la agrupación es, como su nombre indica, para todo el partido y no solo para la actividad propia del eurodiputado.
Lo cierto es que algunos familiares de los populares han encontrado un filón en la institución europea. El apellido de Díaz de Mera puede encontrarse no solo en el eurodiputado Agustín Díaz de Mera —ex director general de Policía, senador, diputado y ahora en Bruselas desde 2004—, sino también en un familiar suyo, Jorge Nicolás Díaz de Mera Jiménez, que trabajó este año como becario de su colega Pilar Ayuso.
También el nieto de Manuel Fraga, de igual nombre que su abuelo, ha encontrado un puesto como asistente acreditado de la agrupación en Bruselas tras acabar la licenciatura en Derecho en la Complutense de Madrid. Desde el Partido Popular, aseguran que cumplió los tres años mínimos de experiencia profesional que recoge el reglamento de la Eurocámara para esta actividad, aunque su perfil de LinkedIn indica que empezó en Bruselas nada más acabar la carrera.

Pero no solo en el lado popular puede encontrarse a familiares de miembros o afines al partido trabajando en Bruselas. Lilith Verstrynge, hija de Jorge Verstrynge, padre ideológico de Podemos, es asistente acreditada en Bruselas para Estefanía Torres. Antes pasó por el puesto de becaria de Tania González, ambas eurodiputadas de la formación morada.
El dinero del salario de los asistentes no pasa por las manos de los eurodiputados. Es el mismo Parlamento el que abona las nóminas después de realizar los controles que buscan garantizar, por ejemplo, la ausencia de incompatibilidades. La remuneración de los locales ronda los 2.000 euros brutos en el caso de IU y Podemos, y se eleva hasta cerca de 3.000 en el caso de ser contratado para ejercer en Bruselas, según los datos que han facilitado a este periódico los dos partidos. El resto de formaciones no facilitó la información sobre los honorarios de los asistentes por cuestiones de privacidad o simplemente no contestaron a las peticiones de información pública de este diario realizadas con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

De profesión, político

A la luz de la investigación llevada a cabo por este diario, entre las listas de asistentes destaca la heterogeneidad de sus currículos: desde recién licenciados a cargos con una amplia trayectoria política en las administraciones local, autonómica, estatal o en todas ellas.
El hecho de estar imputado no es disuasorio para que una carrera no pueda dar el salto a Bruselas. El exportavoz y número dos de Ciudadanos Jordi Cañas abandonó el partido tras ser investigado por delito fiscal, pero esta circunstancia no impidió al partido de Albert Rivera buscarle un puesto más alejado de la primera plana política, primero como asistente de Juan Carlos Girauta y ahora de Javier Nart. Girauta aseguró que "era un asesor espléndido" y redujo la importancia de su caso con la Justicia a una cuestión privada, como recogió el diario 'El País' entonces.


En el bando socialista también hay casos llamativos de continuidad política en Bruselas, como el de Elena Diego, que tras una dilatada trayectoria política ha pasado a ser asistente del socialista Enrique Guerrero. Antes fue alcaldesa de Villamayor de Armuña (Salamanca), diputada autonómica, procuradora de las Cortes de Castilla y León y senadora. Como trabajadora del mismo eurodiputado se encuentra otra exalcaldesa socialista, Araceli Ladera Díaz, que fue regidora del Ayuntamiento manchego de La Puebla de Montalbán y número cuatro de la lista del PSOE por Toledo al Congreso en 2008.
También Francisco Javier Gallego, exdirector del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha en 2008 y director general de Juventud a partir de 2010, se ha reciclado como asistente para toda la formación socialista europea. José Antonio Espejo, ahora asistente acreditado de Elena Valenciano, fue director general de Promoción de Turismo y Marketing de la Junta de Andalucía y director de gabinete de la ministra de Igualdad Bibiana Aído.

El reglamento europeo recoge que “los asistentes evitarán ejercer actividades externas que puedan crear un conflicto de intereses”
Entre los partidos nacionalistas, Bildu ha recuperado a Ana Maria Miranda, eurodiputada del BNG en la legislatura anterior, como asistente de Josu Juaristi, representante de EH Bildu. Entre los asistentes del extinto partido Unió Democràtica de Catalunya, se encuentra Joel Navas, concejal en Torredembarra, provincia de Tarragona, actividad que compagina con el trabajo para Francesc Gambús. Sin embargo, el eurodiputado no lo considera actividad propia del partido, sino que la atribuye "a la responsabilidad institucional otorgada democráticamente por los vecinos de su localidad y permitida por el Parlamento Europeo". Asimismo, entre sus asistentes se encuentran nombres como Frederic López Palau (ex jefe de Relaciones institucionales del departamento de Gobernación y Relaciones institucionales), Antonio Font Renom y Oriol Lázaro Llovera (exdiputados catalanes).

 

Pluriempleados

Esta misma semana, la Justicia francesa ha abierto una investigación por la contratación supuestamente irregular de asistentes de 19 eurodiputados de todo el espectro político del país galo. Según sus indicios, estos ayudantes realizan también actividades dentro del partido de los eurodiputados, en contra del reglamento que recoge que "los asistentes evitarán ejercer actividades externas que puedan crear un conflicto de intereses".
Pero no hay que irse al país vecino para encontrar casos de asistentes que realizan actividades paralelas. Nora Isabel Espina, asistente de Estefanía Torres (Podemos), es además miembro del consejo ciudadano de la formación en Asturias. Desde el partido señalan que esta circunstancia "no interfiere en ningún momento con su actividad laboral como asistente en el Europarlamento", ni recibe un salario aparte por este cometido. También Celtia Traviesas, otra asistente, compaginaba su actividad asistiendo a Estefanía Torres con ser número dos de Podemos Galicia, hasta de abandonar este puesto hace un año para dedicarse en exclusiva a su empleo en Bruselas.
En Equo, la asistente de Florent Marcellesi, Tamara Martínez, complementa su actividad parlamentaria con la de asesora de la coalición de Compromís y Equo en Elche. Para el eurodiputado, esta circunstancia tampoco interfiere en su labor. Afirma que "su compromiso por su comunidad es un plus a la hora de trasladar hacia Europa las inquietudes, problemas y temáticas socioambientales que sufre el País Valenciano".
Aunque no es un requisito, en Izquierda Unida valoran positivamente que los asistentes personales de los eurodiputados sean militantes del partido. Para UPYD, sin embargo, ser militante o no del partido es irrelevante.

 

Proveedores... y compañeros

Entre los asistentes de que disponen los eurodiputados se encuentran también los llamados prestadores de servicios. Se trata de empresas o de particulares que se encargan de tareas de asesoramiento, comunicación o de llevar asuntos legales de los europarlamentarios. Igual que los asistentes acreditados, los proveedores se publican en la página web de cada diputado. Hay casos en los que sus señorías confían en los servicios de antiguos compañeros de trabajo o en empresas a las que han otorgado miles de euros públicos en sus etapas anteriores.
Arsenio Pacheco Atienza se dio a conocer al gran público, a su pesar, en diciembre de 2011. Pocos días después de que se cursara su alta como miembro del Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo ordenó retirarle el carné de conducir. Un año antes había dado positivo en un control de alcoholemia mientras conducía su BMW en Murcia, su provincia natal.
Kinema, la cooperativa que presidió el diputado Rafa Mayoral, factura por servicios laborales a los cinco eurodiputados de Podemos
Tras 12 años en la Cámara Baja, de la que salió en 2015, ejerce hoy como proveedor de servicios de Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo desde 2014 y expresidente de la Región de Murcia (1995-2014). Una larga etapa en clave regional en la que su ahora asistente, Pacheco, le acompañó hasta el año 2003. Como explica Valcárcel a este diario, ha sido "su trayectoria en el ámbito parlamentario" la que le ha hecho formalizar el contrato como prestador de servicios.

La relación con antiguos compañeros o incluso familiares se da también entre los parlamentarios de Podemos. Kinema, la cooperativa que presidió el diputado nacional Rafa Mayoral, factura por servicios de gestión laboral a los cinco europarlamentarios de la formación. La actual presidenta de la sociedad es Elena Marcello Santos, hermana de Ana Marcello Santos, diputada de Podemos por León.
Diferente, en cambio, es la relación entre el eurodiputado popular Gabriel Mato y su prestador de servicios. La empresa que ejerce de proveedor del hermano de la exministra Ana Mato es Metrópolis Comunicación, firma de comunicación con sede en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y con delegaciones en varias ciudades españolas. Tal y como ha confirmado el propio diputado a este diario, su relación con la misma se remonta a su etapa como presidente del Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007. En ese periodo, el Gobierno canario, presidido por Coalición Canaria, adjudicó cerca de 300.000 euros en contratos a Metrópolis para servicios de prensa.
La empresa, propiedad del empresario Santiago Pérez, sigue contratando con la actual Administración regional isleña. En concreto, desde enero de 2016 se ha hecho con cinco contratos negociados sin publicidad y tres concursos a los que concurrió en solitario. Unas adjudicaciones de cerca de medio millón de euros que no quedaron exentas de polémicas. Cuatro empresas licitadoras del mismo sector denunciaron irregularidades en los pliegos de adjudicación que, aseguraron ante el Gobierno local, permitían que solo Metrópolis Comunicación o Más Canarias pudieran llevarse los contratos públicos. Esta última es la otra compañía de Pérez que trabaja para los populares europeos, en calidad de proveedor de la eurodiputada Esther Herranz García.

 

The MEPs Project

Este artículo es parte de The MEPs Project, una investigación llevada a cabo por 48 periodistas de 28 países de la Unión Europea. En noviembre de 2015, este grupo de periodistas demandó a la Eurocámara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se publiquen los detalles de los gastos de los eurodiputados. El caso está pendiente de sentencia.

lunes, 29 de mayo de 2017

Fuentes secas, ríos sin agua: el paisaje sobre los túneles de Pajares, gran chapuza del AVE

La sequía extrema saca a la luz los efectos devastadores sobre los acuíferos de la obra del AVE entre León y Asturias: 3.500 millones, sin fecha de apertura y una zona protegida sin agua

Foto: José Luis García Oblanca y Paulino Fernández, en la fuente de la Blimbera, en León, seca por los túneles de Pajares. (R. M.)
José Luis García Oblanca y Paulino Fernández, en la fuente de la Blimbera, en León, seca por los túneles de Pajares. (R. M.)
Paulino Fernández se asoma a la fuente de La Brimbera, en la que solía beber su ganado. Un caño va a parar a un abrevadero hoy completamente seco. "Esta nunca, nunca en años se secaba. Ni en agosto. Jamás. Y salía un buen chorro, del tamaño del caño", explica formando un círculo con las dos manos. "Ahora solo dura mientras hay nieve. Todas las fuentes de por aquí se secaron desde que hicieron los túneles, que van unos 700 metros por aquí abajo", añade Paulino mientras señala el suelo bajo sus pies. "Por aquí" es la vertiente leonesa de la cordillera cantábrica, una zona protegida por la Unión Europea y reserva de la biosfera. Los túneles son los de la variante de Pajares, los que conectan León y Asturias para el AVE

Llevan en obras desde 2004, han costado más de 3.500 millones ya y siguen sin fecha de apertura. Se han llevado buena parte del agua de esta zona pero a nadie parece importarle demasiado.

Junto a Paulino está José Luis García Oblanca, alcalde de Villamanín por el PSOE, uno de los tres municipios más afectados por los problemas de agua. El paseo en todoterreno por las pistas es desalentador para gente acostumbrada al agua abundante. La fuente de Cáscaro, la de Navares, la del Canto de la Friera... todas están secas. Algunas son solo un agujero en la piedra de la que manaba el agua. En otras se sabe que había agua porque con grandes piedras habían hecho una especie de poza para que remansara de la fuente y las vacas pudieran beberla. Pero hoy no hay nada. Un forastero no entendería el sentido de las rocas dispuestas en círculo.

El río Rodiezmo aún lleva algo de caudal. Pero auguran que en un par de meses o semanas estará seco en este tramo. "La hierba debería estar ya de medio metro y solo tiene una cuarta. Este verano va a ser duro", pronostica José Luis. "Aquí podías salir al campo sin llevar agua porque sabías que estaban las fuentes. Ahora si sales sin botella. pasas una sed que te mueres", responde Paulino. Tienen 40 y 46 años, edad suficiente para reconocer el cambio drástico en la zona.
Por la boca en Asturias salen 300 litros por segundo procedentes de León. Es un trasvase no autorizado de la vertiente seca a la húmeda

Aunque son tres los ayuntamientos afectados, los problemas conciernen a decenas o cientos pedanías, pequeños núcleos de población, algunos casi deshabitados buena parte del año. Como el de Paulino, Viadangos de Arbas, en el que en invierno hay seis vecinos. José Luis saca un folio y enumera el listado de fuentes que se han perdido: "En Ventosilla de La Tercia, la fuente de Los Reguerales, que es la captación del pueblo; en Rodiezmo, la de Valdeagustín, La Veiga y Collado San Antón...". Solo en su municipio hay 24 fuentes afectadas, que han desaparecido o sufren "una notable merma en su caudal".

En el salón de plenos del Ayuntamiento, una decena de pedáneos y vecinos se han juntado para relatar los problemas que la falta de agua les supone. "En Paradilla, nunca faltó el agua y ahora falta. Yo tengo dos montes de utilidad pública, pero ahora solo puedo alquilar uno para pasto. El otro está seco", cuenta José Manuel González, pedáneo de Paradilla. No es solo nostalgia o afán por conservar el campo verde: el agua es riqueza. Ya sea para el ganado pero también para el turismo. "¿Quién va a venir de turismo a la cordillera cantábrica si no hay agua?", se pregunta alguien.
Pedáneos y vecinos afectados, reunidos en el Ayuntamiento de Villamanín. (R. M.)
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Pedáneos y vecinos afectados, reunidos en el Ayuntamiento de Villamanín. (R. M.)
El origen de sus problemas está bajo tierra. En los túneles de Pajares, la obra más compleja de ingeniería española, la más polémica y, para muchos, el gran fiasco. Son los túneles que deben unir Asturias con la meseta bajo la cordillera cantábrica. La Variante de Pajares tiene unos 50 kilómetros, de los que la mitad son los dos túneles, los sextos más largos del mundo.

La primera piedra la pusieron en marzo de 2004 el entonces ministro de Fomento, el asturiano Francisco Álvarez-Cascos, con el entonces vicepresidente económico, Rodrigo Rato. Lo hicieron días antes de las elecciones generales que acabó ganando el PSOE. La obra, anunciada inicialmente en 1.000 millones de euros, debía sustituir al trazado por el puerto de Pajares, la gran obra ferroviaria del siglo XIX y aún en servicio. Se ha disparado de precio por las filtraciones primero y ahora por los deslizamientos en Asturias y ya ha consumido 3.500 millones. Zapatero anunció en una vista que estarían abiertos en 2009 pero ya nadie se atreve a dar una fecha.
"Aquí hay un pecado original sin solución. En 1984 había un proyecto para la ejecución de los túneles de Pajares, con estudios geológicos serios que impulsó la UCD en 1981. Pero desde 1984 hasta 2003, cuando Cascos retoma el túnel, pasaron 19 años y no se hizo nada. El túnel de Pajares es un paradigma de cómo funciona este país. En un país europeo se estudia el proyecto durante cinco o seis años, y cuando tienes el proyecto, se decide si se hace. Lo que no se puede hacer es abordar un túnel tan complejo como el de Pajares sin apenas estudios previos para conocer el terreno. Hay que hacer la geología de detalle", explica una fuente que conoce de primera mano la obra. Este experto, como otros consultados, pide el anonimato. En el sector, todo el mundo trabaja o ha trabajado para ADIF. Quien habla teme represalias.

Todos señalan que ADIF había acometido con ese sistema los túneles de Guadarrama pero que el terreno no tiene nada que ver. El de Guadarrama es "un bombón geológicamente hablando", según un experto. El granito de la sierra no depara grandes problemas. Así que en Pajares las tuneladoras entraron y pronto tuvieron problemas. "El 24 de noviembre de 2005 sobre las 6:00 se produjo una irrupción brusca de agua y lodo por el frente de excavación a la que siguieron dos, el 16 y el 19 de enero de 2006. Fueron los primeros de una serie de incidentes con el agua acaecidos desde entonces en todos los frentes de excavación”, según el informe 'Hidrogeología de los túneles de Pajares', solo elaborado con las obras ya en marcha. Ese informe detalla que los técnicos detectaron "muchos casos donde el paso de las tuneladoras ha producido descensos piezométricos [en el nivel de agua]".
Los vecinos de la zona han escuchado las historias sobre cómo fueron los trabajos. "Los obreros estaban con el agua al cuello y tenían que parar cuando entraba mucha agua. Pero solo querían ir rápido. Colocaban un día 11 dovelas y al siguiente 12. Eran como carreras de Fórmula 1, sin importarles si el túnel quedaba sellado o no", cuenta José Manuel, uno de los pedáneos. Su relato coincide con el de otro extrabajador, que recuerda las jornadas de 24 horas en el túnel, soportadas por algunos obreros a base de cocaína y música de ACDC y con las máquinas quemando fuel y haciendo un ruido ensordecedor para engordar las facturas que pasaban a ADIF.

Los túneles están calados desde 2009. En su camino, las tuneladoras perforaron una veintena de acuíferos y bajaron los niveles del agua de la cordillera en la vertiente leonesa, la más seca. "Había gente que decía que no nos iba a afectar al agua porque los túneles están 700 metros por debajo, pero yo les decía: 'Si se pincha una botella en el culo, el agua va para el fondo, y es lo que ha pasado", resume gráficamente Paulino el ganadero. Como los túneles tienen pendiente hacia el Cantábrico, el agua baja de sur a norte por los túneles y reaparece en Campomanes, en Asturias, donde tienen problemas de escorrentías y calidad de agua, ya que el agua se ha llevado en ocasiones materiales usados para sellar el túnel. El agua es trasvasada de León a Asturias, de la cuenca del Duero a la vertiente cantábrica. En condiciones normales eso requeriría una declaración de impacto ambiental y un acuerdo de Consejo de Ministros. Aquí simplemente ha ocurrido.
Una fuente seca en la montaña leonesa por los túneles de Pajares. Las piedras formaban una poza para el ganado. (R. M.)
Una fuente seca en la montaña leonesa por los túneles de Pajares. Las piedras formaban una poza para el ganado. (R. M.)
"Salían 500 litros de agua por segundo en la boca norte en Campomanes. Ahora se han reducido a 300", explica una fuente que conoce la obra. ADIF contrató en 2011 una obra de impermeabilización de los túneles que estuvo terminada en enero pasado, así que algo se ha hecho. Dicha fuente añade: "Un túnel es un drenaje. Y dos túneles, doble drenaje. Eso era previsible, en esos terrenos, con un complejidad geológica muy importante, con materiales como las cuarcitas arenizadas y las calizas karstificadas, lo normal es que se produzca una bajada de los acuíferos. Ahora no se puede llorar por la leche derramada. Es un trasvase, pero es lo que hay. Túneles estancos no hay ninguno".

Carlos González-Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y abogado de la Federación Leonesa de Entidades Locales y de la asociación ecologista Lacerta, se indigna con el caso: "Es que incumple la directiva europea de Hábitats, porque es una zona protegida; incumple la directiva de Aguas, porque es un trasvase entre cuencas que no se ha aprobado y que afecta incluso a Portugal, y también se salta la directiva de impacto ambiental, porque la declaración que aprobó la obra en 2002 no preveía el daño a los acuíferos y han cambiado las condiciones para las que se aprobó la obra". En su despacho, ante carpetas llenas de documentación técnica, González-Antón critica que ADIF "incumple sistemáticamente los requisitos de seguimiento de las obras. No están estudiando el impacto ambiental que ha tenido. Es un descaro pasmoso". En su opinión, si alguien secara decenas de fuentes y arroyos en un espacio protegido como este , tendría a la Guardia Civil en las puertas de su casa, pero como en este caso es ADIF, nadie ha hecho nada.
Solo un puñado de vecinos vive en invierno en Viadangos de Arbas, uno de los pueblos afectados. (R. M.)
Solo un puñado de vecinos vive en invierno en Viadangos de Arbas, uno de los pueblos afectados. (R. M.)
González-Antón, que ha conseguido sonoras victorias ambientales, como la anulación de parques eólicos en zona protegida, ha presentado una queja ante la Comisión Europea por vulneración de la legislación comunitaria y un recurso ante el Ministerio de Medio Ambiente, que el pasado 14 de marzo consideró que la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada en 2002, se estaba cumpliendo. Se cumple porque esa declaración no calculó ningún impacto sobre el agua subterránea.
Pese a las reticencias de la Administración por asumir lo ocurrido, la realidad se va filtrando en los documentos oficiales. Además de los informes internos de ADIF, el "plan de gestión del espacio protegido Red Natura 2000 Montaña Central de León" recoge los "problemas derivados de la construcción del túnel de Pajares (desviación del nivel freático, contaminación del Bernesga)".

La Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado hacer: solo abrió expediente a ADIF en 2016, una década después de los primeros daños a los acuíferos y tras las protestas públicas de los vecinos. Consultada el miércoles, una portavoz respondió el viernes que no podían dar respuesta a las preguntas de este diario. "Los técnicos trabajan a otro ritmo", justificó. González-Antón critica esta dejadez: "Tengo clientes que talan un árbol en su huerto y les caen 3.000 o 6.000 euros de multa de la confederación porque estaba al lado de un río, pero aquí no hay ni una sanción".
Entrada de agua a los túneles de Pajares durante la construcción.
Entrada de agua a los túneles de Pajares durante la construcción.
Su pasividad contrasta con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que explica que durante las obras abrió 42 expedientes sancionadores por vertidos y 25 por daños dispares que en total suman 871.043 euros en sanciones y tiene otros dos en curso. El problema en Asturias es el contrario. El agua aparecía en exceso y a veces la depuradora de Campomanes no daba abasto. Además, a veces llevaba productos químicos de los trabajos. "Medíamos la acidez del agua que salía por la boca norte y a veces veíamos picos de acidez. Ya sabíamos que estaba inyectando la lechada para sellar el túnel detrás de las dovelas, pero el agua se la llevaba inmediatamente", recuerda una persona que participó en los trabajos.

Una portavoz de ADIF responde por correo minimizando el problema: "Terminadas las obras de excavación del túnel y comprobadas las filtraciones posteriores, ADIF realizó a partir de 2011 todas las actuaciones a su alcance para evitar las filtraciones que se produjeron en los acuíferos". Añade que la empresa pública "ha mostrado su colaboración a la Confederación del Duero para estudiar la magnitud de esas filtraciones". Como prueba, adjunta una carta al presidente del organismo de cuenca según la cual ADIF continuará con los estudios sobre la afección a los acuíferos. En privado, otras fuentes explican que lo lógico sería hacer un estudio serio sobre cuánto caudal han perdido los arroyos y fuentes de esta zona de León, sellar lo que se pueda y, si hace falta, indemnizar a las zonas afectadas. Bombear el agua de vuelta desde Campomanes a León se presenta como una solución muy cara.

ADIF se desentendió hace tiempo y ya no hace estudios hidrogeológicos en la zona. "Si alguien de fuera estuviera haciendo mediciones, le aseguro que nos habríamos enterado incluso antes de que llegaran al pueblo, que aquí nos conocemos todos", ironiza María González, alcaldesa pedánea de Poladura de La Tercia. Pero la empresa pública está condenada a regresar al lugar del crimen (ambiental). "No sabemos qué solución tiene esto, no somos ingenieros, pero nos han quitado el agua y queremos medidas compensatorias permanentes, no que hagan algo y se vayan", señala Felicidad Romero, concejal de Medio Ambiente de Villamanín. A su lado, el alcalde resume la atención que han recibido del Gobierno: "Antes no decían que estaban en funciones y que nada; ahora como están ya en el Gobierno nos dicen que nada de nada".
El río Rodiezmo aún lleva agua, pero los vecinos auguran que se secará en verano. (R. M.)
El río Rodiezmo aún lleva agua, pero los vecinos auguran que se secará en verano. (R. M.)
Durante años, los vecinos han soportado la situación con quejas pero con resignación. Como han sido años húmedos, el problema era llevadero. Pero cada vez va a más. Especialmente este año, con una "sequía extrema" en el Duero que amenaza el abastecimiento y ya ha reducido las dotaciones para regadío. "Nos han prohibido regar. Eso aquí nunca se había visto. Otros años con sequía nunca faltó el agua. Esto es por los túneles", se queja airado José Luis García Oblanca, alcalde de Villamanín. Hace unos años, una fuente conocedora de las obras se extrañaba de las pocas críticas que el proyecto recibía en León por la pérdida de agua. "Cuando llegue un año seco, se darán cuenta de lo que realmente ha pasado", pronosticaba. Ese momento parece que ha llegado.

sábado, 27 de mayo de 2017

Jueces hartos de la injerencia política

 <p>El ministro de Justicia, Rafael Catalá.</p>


Las cuatro asociaciones judiciales vuelven a reclamar en el Congreso poder elegir a sus 12 homólogos del CGPJ. España es uno de los países con peor impresión de su sistema judicial de toda la UE


 “...Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué... Tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: ‘A ver, venga usted pacá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”. 

Es un extracto de la conversación telefónica entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, grabada por la Guardia Civil y recogida en el sumario de la Operación Lezo; una de las razones del ingreso en prisión de González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el desfalco del Canal de Isabel II, quien también había dicho a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: “Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza?”.  

Por eventos como éste la ciudadanía española tiene, según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre la materia, una de las peores percepciones de su sistema judicial de todos los países del ámbito comunitario: sólo los búlgaros, los croatas y los eslovacos desconfían más de los suyos respectivos. Un 58% de españoles considera que la situación en lo relativo a independencia judicial es mala o muy mala, con un empeoramiento de tal opinión de un 2% respecto al año pasado. La mitad de los encuestados atribuía esta impresión a las “interferencias políticas” y a los intereses económicos, cuestiones entre las que tampoco suele haber muchas fronteras. 

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se lleva a cabo una Comisión destinada a “informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia”. Es decir: mientras quienes gobiernan o gobernaron (frontera difusa de nuevo) consideran que tienen a los jueces porque tienen el Gobierno y tienen el Ministerio de Justicia, en la Sala Constitucional del Congreso se invita semanalmente a expertos en la materia para que ayuden, en teoría, a acabar con esas dudosas costumbres de quienes mandan (mandaron, ¿mandarán?) en el Congreso.
La ciudadania española tiene una de las peores percepciones de su sistema judicial de todos los países del ámbito comunitario
El pasado 17 de mayo acudieron los representantes de las cuatro asociaciones judiciales españolas para exponer su diagnóstico de la situación: todas coincidentes en varios puntos concretos, pero sobre todo uno: la mayor parte de los jueces tampoco confía en el órgano encargado de su gobernanza, el Consejo General del Poder Judicial. 

Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), incluyó el descrédito del CGPJ como causa de esa pésima impresión de la ciudadanía sobre la justicia: algo concebido en un principio para “garantizar la independencia de los jueces sustrayendo al Ejecutivo de las competencias” que incluían nombramientos, ascensos y régimen disciplinario, se ha convertido, dijo, “en el paradigma de la politización de la justicia” debido a su sistema de elección, según el cual el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales, 10 cada uno (seis jueces y cuatro juristas –con más de 15 años de carrera estos últimos– cada uno: un total de 12 jueces y 8 juristas) por una mayoría de tres quintos de las cámaras. Incluso Almenar confesó haber sido él mismo vocal “a propuesta del PP”. “Entiendo que puedan pensar que soy una correa de transmisión”, aunque él intente no serlo. 

Por parte de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado aseguró que no ha visto “mejora” alguna en la carrera judicial desde que él entrara, hace treinta años. “¿Por qué esa percepción de que los jueces en España no somos independientes? Porque se habla del juez amigo nuestro, del juez de nuestro partido. Eso proviene, lo quieran entender o no, del sistema actual de elección de vocales judiciales. El vocal del PP, el vocal de no sé qué... Y pronto habrá de Ciudadanos, y de Podemos. Estamos ya hartos. No sólo nosotros, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es algo tan sencillo como que los representantes estén nombrados por los representados [es decir, que los jueces del CGPJ sean elegidos por los jueces]. Que nos representen quienes nosotros votamos, y se evitaría por ejemplo lo de ayer en esta Cámara”. 

Con “lo de ayer” se refería Prado a la reprobación a que fue sometido el día 16 el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por una mayoría del Congreso (todos los grupos salvo el PP), a través de una moción presentada por el PSOE, acusado el ministro de actuar como “abogado” de los imputados de su partido en casos de corrupción, tratando de mover fichas del tablero judicial para amortiguar los golpes. Este tipo de mociones, sin embargo, no es jurídicamente vinculante; todo queda en el plano simbólico de ser el primer ministro reprobado hasta la fecha por el Pleno congresista. “Usted era la esperanza para salir de los líos de Ignacio González”, le dijo desde la tribuna la diputada socialista Isabel Rodríguez.
 “¿Por qué esa percepción de que los jueces en España no somos independientes? Porque se habla del juez amigo nuestro, del juez de nuestro partido
“...Yo creo que si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción”, decía Ignacio González a Eduardo Zaplana, “si sale, es cojonudo. Se llama Moix, es un tío serio y bueno… No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: ‘Oye, Rafa...’. ¿Sabes?”. Rafa era, es Rafael Catalá, el ministro de Justicia, quien a su vez había mandado un SMS en noviembre a González (a quien llamaba Nacho) enviándole “un fuerte abrazo” y deseándole “que se cierren pronto los líos”.  
“Hay algo más grave que la corrupción”, añadió en el Congreso aquel día la diputada socialista, “y es que su ministerio llame a los fiscales para que no investiguen los casos de corrupción de su partido”. Lo cierto es que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombró el pasado febrero al “serio y bueno” Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción, después de que el Consejo Fiscal (de mayoría conservadora, es decir, controlada por el PP) le diera su respaldo. 
“Es imprescindible alejar la justicia de toda sospecha, con una Fiscalía autónoma y funcional”, dijo el representante de Jueces para la Democracia, Ignacio G. Vega. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, Vega destacó su “protagonismo mediático”, que “lo sitúa todo el tiempo en el debate político. Creo además que el descrédito que sufre este órgano contamina al resto”. E incidió en que debería “recuperar las competencias que tenía antes de la ley orgánica de Gallardón”: la sustitución de un funcionamiento “presidencialista” por el del “órgano colegiado” de jueces y magistrados; “una mayoría plural, equilibrada, con la presencia de las minorías. Así se evitarían defensas corporativistas contrarias al interés general”. 

La reforma que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó a cabo en 2013 fue la principal diana de la última compareciente, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente. Para ella, es imposible que exista “un Estado social, democrático y de derecho” sin una separación real de los tres poderes, y “para que exista un poder judicial fuerte es necesario que su órgano de gobierno [el CGPJ] esté constituido al menos en la mitad por sus pares”. Dijo que “cada ley desde 1985” ha supuesto “una vuelta de tuerca en contra de la independencia judicial”, pero la de 2013 fue la peor al sustraer al pleno del CGPJ de sus facultades y atribuirlas a su Comisión Permanente. 
Los jueces piden que se regulen los nombramientos del Tribunal Supremo para que “se sepan las causas por las que se designa a uno y no a otro”
“Por eso defendemos que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. No es menos democrático, porque lo democrático no es que un poder controle a otro poder del Estado, sino que los gobernados elijan a sus gobernantes; por lo tanto, que los jueces elijan”, y se eviten situaciones como que se nombren vocales a magistrados “sin la antigüedad suficiente”, o repetidamente anulados por el Supremo (“ha habido nombramientos de escándalo”). Rodríguez alertó de que una de las consecuencias de la deriva actual del Consejo es que los magistrados acuden cada vez menos a reclamar su amparo en casos de coacción a su independencia, por ser sus ruegos “sistemáticamente” desatendidos por el CGPJ. 

Los jueces también piden que se regulen los nombramientos del Tribunal Supremo para que “se sepan las causas”, dijo Rodríguez, “por las que se designa a uno y no a otro”, y así “cualquier miembro de la carrera judicial pueda enfocar” allí sus expectativas si así lo desea. Por otro lado, “somos todos contrarios a que las salas Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sean designadas por las asambleas regionales, porque luego van a enjuiciar a los mismos políticos que los han designado”, algo “insostenible”. Y a que los fiscales asuman causas que corresponden a los juzgados de instrucción: “En mis 30 años de carrera la Fiscalía ha evolucionado a una fuerte jerarquización”. Antes operaban con mayor margen; “hoy en día el fiscal habla con el fiscal jefe, y así sucesivamente...”. 

La reforma gallardonista de 2013 permitió que cada cámara, Congreso o Senado, pudiera renovar a sus 10 vocales correspondientes de forma independiente –sin tener en cuenta a la otra cámara–, con lo que el PP, al controlar más de tres quintos del Senado, podía nombrar a esos diez vocales sin dar más explicaciones. Hasta ese momento, en cualquier caso, la elección de todos los vocales seguía dependiendo del consenso de los partidos políticos, no de los jueces. La vieja reivindicación de los jueces, la de ser los encargados de elegir a los 12 que les representan en el Consejo, también la había recogido el programa electoral del Partido Popular del año 2011. Las asociaciones de jueces podían presentar a sus propios candidatos, pero la última palabra nunca iba a ser la suya.  

Respecto al contraste entre lo que sucede en este ámbito en España y la media de la Unión Europea, también las estadísticas evidencian otra falla notable: la media europea es de poco más de 20 jueces por cada 100.000 habitantes; en España, 12. Las asociaciones judiciales estiman que no es necesario llegar a esa media, pero sí imprescindible ampliar las convocatorias de oposiciones (hay muchos jóvenes titulados esperándolas). Según sus cálculos, harían falta entre 600 y 700 jueces más en todo el país para, entre otras cosas, desatascar los juzgados de las causas de los ciudadanos, que no tienen, tampoco, nada que ver con la política. Convendría, dijeron, que los políticos dirimieran en su terreno las cuestiones que les competen, y no llevar a los tribunales batallas que pertenecen más a los pleitos de telediario de cada día.  

Autor

Miguel Ángel Ortega Lucas


Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza (ficha policial).