Intervención de COFPA en la Junta General del Principado de Asturias

Intervención hoy de Javier Álvarez Villa ante la Junta General del Principado, en nombre del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies,  en relación con la Proposición de Ley de Unidad Anticorrupción

Hace poco más de un mes pudimos ver en Asturias, por segunda vez en dos años, el documental 'Corrupción, el organismo nocivo', en el que se recogen testimonios, entre otros, de funcionarios que han revelado casos de corrupción pública en diferentes Administraciones. De sus declaraciones lo que resulta verdaderamente perturbador, a mi juicio, no es tanto la descripción de los tejemanejes de las tramas corruptas político – empresariales, si no la espantosa soledad a la que el sistema, también llamado Estado de Derecho, condenó a estos denunciantes.

"Generan mucho miedo, tienen una mafia detrás, no te puedes imaginar cómo te complican la vida, te quitan el trabajo, te persiguen...", dice una de estas heroicas empleadas públicas. Ninguno de ellos recibió una de esas medallas honoríficas que el Estado concede con tanto ceremonial a políticos y altos burócratas. Por el contrario su recompensa fue el acoso laboral, el traslado forzoso o la enfermedad.

¿Cómo es posible que sea este el precio que se haga pagar a los servidores públicos que denuncian la corrupción dentro de la Administración?

Decía Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que comparecerá también aquí la próxima semana, que “la política ha hincado la rodilla ante el poder económico, y los tecnócratas criados en los bancos se convierten con su acceso al Gobierno en criados políticos de los mercados”. Y es que, efectivamente, se habla mucho del giro hacia fuera de las puertas giratorias, desde los cargos políticos hacia los consejos de administración de las  empresas privadas, pero muy poco del giro hacia adentro, de la invasión de la Administración Pública por los capataces del poder económico y de la captura de los poderes públicos por poderos grupos de presión, que obtienen desde leyes a la carta hasta la adjudicación de multimillonarios contratos de obras públicas totalmente superfluas que solo benefician a los intereses económicos de determinados y concretos grupos oligárquicos (en Asturias podíamos poner varios ejemplos, desde la autovía minera hasta la ampliación del puerto de El Musel)

Este entramado de intereses político – económicos perfectamente fusionados es seguramente la peor de las corrupciones: una corrupción legal, legalizada, o institucionalizada, que supone la transferencia millonaria de rentas públicas que se detraen de las políticas sociales a favor de las élites económicas, provocando desigualdad, pobreza, desempleo, emigración etc.

El virus de la corrupción se inoculó en la Administración Pública mediante ese trasunto del neoliberalismo económico que se ha dado en llamar Nueva Gestión Pública, aplicada con idéntica devoción por gobiernos conservadores y socialdemócratas, cuyas técnicas son bien conocidas: privatización de servicios públicos, desregulación de la actividad económica, desmantelamiento de los controles administrativos, creación de un entramado de empresas públicas a nivel estatal, autonómico y local que no sólo ha servido para la adjudicación delictiva de contratos y mordidas, sino también como oficina de empleo para los afines; precarización masiva del empleo público, colonización de la Administración Pública y de los Organismo teóricamente independientes con la multiplicación de los puestos de confianza.

¿Qué se puede esperar de la independencia e imparcialidad de un Tribunal de Cuentas con casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales en una plantilla de poco más de 700 trabajadores?

¿Qué ejemplaridad pública puede dar la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias cuando la Justicia ha anulado su relación de puestos de trabajo por  el uso ilícito de la libre designación, pero también la oposición para los puestos de auditores y el concurso de méritos de técnicos de auditoría por utilizar fraudulentamente la modalidad del concurso específico?

¿ Que legitimidad ética puede tener la Administración del Principado para exigir el cumplimiento de la legalidad a los ciudadanos y ciudadanas cuando ha sido condenada en más de 30 sentencias firmes en apenas cinco años por abusar de los nombramientos a dedo?

Señala el politólogo Lapuente Giné en un artículo significativamente titulado ¿Por qué hay tanta corrupción en España? que “la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones”, “Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político”

El mismo autor, en otro artículo titulado “Corruptos de confianza” advierte de que “Nuestras Administraciones, muy jerarquizadas, encumbran en sus vértices a padrinos con un gran poder sobre la vida de sus subordinados. Los salarios, condiciones laborales y perspectivas de carrera profesional de demasiados empleados públicos dependen de sus superiores políticos. Muchos funcionarios —incluyendo a los teóricamente más independientes, como secretarios, interventores y tesoreros— viven atrapados entre sus obligaciones de iure y las presiones de facto de sus mandos”

Ya tenemos entonces la respuesta a la pregunta que formulaba al principio de mi intervención: los servidores públicos que denuncian a cara descubierta la corrupción dentro de la Administración pagan un alto precio porque traicionan las relaciones de confianza personal sobre las que se construye la cadena de mando, rompen la ley del silencio, la omertá que les exige discreción y mirar hacia otro lado.

Mi experiencia como funcionario de carrera durante 25 años me dice que el funcionario público que se mueve no sale en la foto, y aquel que denuncia a cara descubierta se convierte en un apestado dentro de la organización o, en el mejor de los casos, un individuo invisible al que se le hace el vacío.

La Propuesta de Ley que nos trae hoy aquí no es, indudablemente la panacea que vaya solventar la corrupción pública en Asturias, pues serían necesarias reformas estructuras mucho más amplias. Pero tiene una virtualidad importante, que es la de establecer mecanismos legales para proteger eficazmente a los empleados públicos que conozcan casos de corrupción administrativa y quieran denunciarlos sin padecer penosas consecuencias personales y profesionales, mediante la creación de una Oficina Virtual Anticorrupción independiente del Gobierno y vinculada exclusivamente a la Junta General, no dependiente de las instrucciones políticas, ni con funcionarios de confianza personal del Gobierno al frente, como sucede con la actual Inspección General de Servicios del Principado de Asturias.

El 25 de noviembre del 2012 la OCDE hizo publicó un Plan de Acción contra la Corrupción uno de cuyos puntos era la Protection of Whistleblowers”. En inglés, en sentido estricto, el whistleblower es un denunciante dentro de la propia organización.

El documento de la OCDE formula varias propuestas entre ellas, que la legislación definirá claramente los procedimientos y establecerá los canales para facilitar la información de actos sospechosos de corrupción , propiciando el uso protegido de canales accesibles de denuncia.

Aunque sólo sea por proteger a los empleados públicos frente al matonismo institucional, y ya concluyo, creo que esta Proposición de Ley merece ser admitida a trámite y, con las mejoras que resulten pertinentes, aprobada por la Junta General.