EVASIÓN FISCAL
El Ibex35 opera con cientos de filiales,
sucursales y representaciones en paraísos fiscales; más de 200 tienen su
sede en dos direcciones postales de Delaware
El blanqueo de Panamá.
J. R. Mora
J. R. Mora
4 de
Mayo de
2016
“Los paraísos
fiscales están en el Paseo de la Castellana”, sostenía hace unos años el
fiscal Anticorrupción Luis Pastor, tal y como recuerda Ana Tudela en El sistema es un paraíso.
Sus palabras resultaron premonitorias: en esa céntrica calle de la
capital tenía su sede el Banco Madrid, una entidad de banca privada de
matriz andorrana —entre cuyos clientes bajo sospecha está parte de la
familia del exmolthonorable Jordi Pujol— intervenida hace un
año por el Gobierno del país pirenaico y liquidada por orden del Banco
de España, tras señalarla el Departamento del Tesoro estadounidense como
sospechosa de blanquear fondos para organizaciones criminales de varios
países.
Esta era solo una de las 77 entidades financieras de
Estados sin impuestos que operan en España, una cifra que duplica la de
las oficinas bancarias españolas en esos mismos países, pero que se
convierte en insignificante al lado de los cientos de filiales —entre
483 y 810, según la fuente— que los magnates del Ibex 35 manejan en esos territorios.
¿Y para qué quiere el globalizado capitalismo local,
tanto industrial como financiero, semejante despliegue en territorios
paradisíacos? Para ganar más dinero. O para evitar que los Estados se
lleven la parte de sus ganancias que prevén las leyes. En este caso, por
la vía del ahorro de impuestos, explica el secretario general de
Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo:
“Las oficinas de esos países suelen ser la cabecera de los holdings
en las áreas geográficas en las que operan. Cobran a sus filiales por
servicios, con lo que reducen sus beneficios y en consecuencia la
tributación donde desarrollan la actividad real, mientras el beneficio
real viaja a un paraíso, donde no tributa o apenas lo hace. Esta
operativa no es exclusiva de la banca, sino de todas las
multinacionales”. Es, por ejemplo, la que pretendió utilizar Inditex
cuando hace cinco años localizó la venta online de Zara en Irlanda, iniciativa que el emporio de Ortega acabó descartando por el impacto que iba a tener en su reputación.
Las empresas y las personas físicas que operan en el
extranjero están obligadas a declarar a la Agencia Tributaria, mediante
el llamado modelo S-3, el lugar, la fecha y la cantidad que invierten o
cobran. “Eso en las operaciones blancas, las negras no pasan por ahí”,
anota Mollinedo. Cuando esos movimientos se producen en paraísos
fiscales, explica, la carga de la prueba se invierte. “No vale con una
factura, sino que el inversor debe probar la realidad de la inversión”,
explica.
Sin embargo, el sistema tiene goteras. Una consiste en
que la matriz formalice una operación legal con su filial en ese lugar,
que es la que después lleva a cabo el negocio real al margen del fisco
de origen. Otra son los negocios simulados, como aparentar la compra de
materia prima por elevadas cantidades de dinero en países bananeros para
que el género ficticio se pierda en un accidente inexistente que,
obviamente, nadie puede documentar; ni tampoco negar cuando el fisco
local se interesa por él. El dinero transferido para la compra mendaz
queda a partir de entonces convenientemente oscurecido para viajar por
los circuitos offshore.
Paraísos fiscales y países offshore: conceptos variados
El episodio del Banco Madrid fue un caso de blanqueo
cometido a través de un banco de un país sobre cuya catalogación como
paraíso fiscal existen discrepancias. La repetida aparición de entidades
financieras andorranas en investigaciones y sumarios sobre delitos
económicos no supone un dato concluyente para determinar si lo es. Cada
Estado y cada organismo oficial tienen sus propios criterios, lo que
hace que desde 2010 no lo sea para España aunque siga siéndolo, más o
menos, para la OCDE, que lo incluye en el amplio bloque de los países
que se han comprometido a mejorar. Ocurre algo similar con Las Antillas
Holandesas, mientras otros países como Singapur o Luxemburgo han
desaparecido de ambos listados. Suiza no figura en ninguno de los dos,
pese a haber sido escenario de monumentales episodios de escaqueo
tributario como los que desveló la lista Falciani.
Los papeles de Panamá han
reavivado la polémica sobre los paraísos fiscales, cuyos bancos, según
un estudio elaborado hace unos años por el economista y actual portavoz
de Izquierda Unida Alberto Garzón, custodian diez billones de dólares,
cuya fuga provoca un quebranto de varias decenas de miles de millones al
año en las haciendas de sus países de origen. El economista Gabriel
Zucman, autor de La riqueza oculta de las naciones, cifra en
144.000 millones de euros el dinero de origen español apalancado, sin
haber sido declarado al fisco, esos territorios.
¿En qué consiste un paraíso fiscal? Depende de quién
responda. La OCDE establece un requisito imprescindible —presión
tributaria entre baja e inexistente, por lo general menor del 1% de los
beneficios— al que debe sumarse alguno de estos tres: ausencia de
intercambio de información con los países originarios de quienes operan
en ellos, secreto tanto bancario como tributario y no exigencia de una
actividad económica para disfrutar de esos beneficios fiscales. Ese
cuadro se completa, frecuentemente, con un régimen societario offshore,
que consiste en permitir a los no residentes crear empresas sin apenas
obligaciones registrales, que puedan ser dirigidas por administradores
fiduciarios, cuyo capital sea distribuible en acciones al portador y que
admitan, incluso, la existencia de accionistas de paja.
El paraíso fiscal: presión fiscal nula, opacidad hacia los países originarios, secreto bancario y tributario, no exigencia de una actividad económica
No obstante, la OCDE solo señala dos paraísos fiscales
en el planeta: las islas polinesias de Nauru y Niue, mientras sitúa en
un segundo grupo a otros 36 Estados que se comprometen a mejorar sus
prácticas de transparencia e intercambio de información, lo que lo
convierte en uno de los organismos más —¿menos?— exigentes con este tipo
de prácticas.
Por el contrario, la oenegé Inspiraction
cataloga como paraíso fiscal a 73 países, entre ellos España por
aplicar fórmulas como las Sicav, sociedades de inversión colectiva cuyo
rendimiento tributa al 1%, mientras Tax Justice señala a 53. El Fondo Monetario Internacional maneja una lista de 42, casi el doble de los 24 que contempla la Comisión Europea, la cual ahora, al aflorar los Panama papers
y tras haber limitado su selección a los que aparecían en las listas de
al menos diez de sus miembros y sostener formalmente que no los hay en
su territorio, anuncia que impulsará la elaboración de un nuevo elenco
de carácter comunitario.
España elaboró en 1991 una lista de 48 paraísos fiscales
de la que siguen formando parte los 33 que no han firmado acuerdos de
intercambio de información tributaria o convenios para evitar la doble
imposición, y de la que el 1 de enero de 2015, cuando la actualización
del listado dejó de tener “carácter automático”, se habían caído 15:
Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos,
Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Panamá,
San Marino, Singapur y Luxemburgo, que lo era “sólo por las rentas
percibidas por determinadas sociedades”. Un cuarto de siglo después de
la elaboración de la lista inicial, las multinacionales industriales y
financieras españolas siguen operando en muchos de esos territorios.
Los cientos de picas paradisíacas del Ibex 35
Según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
32 de las 35 empresas del IBEX tenían en 2013 filiales –483, hasta 20
en el caso de Inditex-- en paraísos fiscales. Casi la mitad de ellas
--222-- están domiciliadas en una demarcación estadounidense que no
aparece en las listas españolas, pero sí en las de otros organismos:
Delaware, donde 180 sociedades de matriz española se aglutinan en dos
direcciones postales de la ciudad de Washington. Oxfam-Intermón eleva a 810 el número de tentáculos paradisíacos del Ibex.
De todo el índice bursátil selectivo, solo una, según
el primero de esos informes, “es transparente a la hora de informar
sobre el tipo de actividad y volumen de negocio generado, beneficios e
impuestos y sobre sus planes futuros con respecto a su presencia” en
ellos; únicamente dos publican “de forma transparente los impuestos
pagados en cada uno de los países en los que opera”; tan solo tres
informan de las subvenciones que reciben en esos territorios y otras
tantas lo hacen con las exenciones y créditos fiscales. “Todas las
empresas analizadas omiten del perímetro de información de RSC a
aquellos países que tienen la consideración de paraísos fiscales”,
añade.
La banca española, parte de la cual forma parte del
selectivo, ha mantenido históricamente picas en los territorios que su
gobierno considera, o ha considerado, tributaria y/o societariamente
paradisíacos. BBVA mantiene dos sucursales en las Islas Caimán,
cuya inclusión en el balance consolidado del grupo provocó hace unos
años un descuadre millonario, al alza, en el último tramo de la
presidencia de Emilio Ibarra, y varias emisoras de acciones. El año
pasado gestionaban, entre depósitos y valores, algo más de 4.000
millones de euros.
30 sucursales españolas en paraísos y 77 bancos paradisíacos en España
Y el último anuario disponible de la patronal de la banca (AEB),
el de 2014, todavía recoge, más de una década después de que el banco
de España diera su primer toque de atención sobre las querencias
paradisíacas de los señores españoles del dinero, la existencia de una
filial de ese mismo banco en CuraÇao –antigua Antillas--, de dos
filiales del Santander en Las Bahamas y de otra en Panamá, de una
filial en Andorra del Banc Sabadell, que cuenta con representación en
Singapur y en los Emiratos Árabes Unidos, donde también la tienen el
Santander y el Popular. Sabadell y Santander disponen de sucursal, en el
primer caso reforzada por una representación, en Singapur.
Allfunds y Bankinter, según esa misma fuente, tienen
filiales en Luxemburgo; en el caso de la segunda entidad, con la
paradójica circunstancia de que la delegación opera en España sin
establecimiento propio abierto al público. BBVA y Santander cuentan con
filiales en Suiza, donde el segundo, el Popular y Caixa Xeral disponen
de representaciones. Y, por último, Popular y Sabadell tienen filiales
en Miami y el Santander en Wyoming, territorios que nunca han aparecido
en el listado español de paraísos pero que sí figuran en los de otros
Estados, organismos y oenegés.
El anuario de AEB también refleja la actividad en 2014
de entidades extranjeras en España: cinco bancos suizos, cuatro de
Luxemburgo, uno de Florida y otro monegasco. Este último, “sin
establecimiento”, como otras 54 entidades de crédito luxemburguesas,
siete de Malta, dos chipriotas y tres de Liechtenstein.
Dos décadas replegando velas
La implantación paradisíaca de la banca española es algo menor de lo que era una década antes,
cuando seis bancos españoles tenían representaciones en Suiza, dos
disponían de sucursales en Bahamas y otros cuatro en Miami y entre todos
contaban con 19 filiales en Andorra (3), Bahamas (3), Antillas (1),
Islas del Canal (1), Caimán (3), Miami (1), Panamá (3), Guernsey (1),
Gibraltar (1) y Suiza (2). Y mucho menor que veinte años atrás,
cuando sumaban 20 filiales, 15 representaciones y 18 filiales. Era una
forma de actuar en la que participaba el propio Estado: el Banco
Exterior, público, disponía de una sucursal en Gran Caimán y de filiales
en Panamá y Suiza.
¿A qué se ha debido el repliegue? Básicamente a dos
factores: uno de orden interno, derivado de las reestructuraciones para
optimizar sus estructuras tras el carrusel de fusiones iniciado en la
época de Felipe González y Carlos Solchaga, y otro de origen externo,
como fue el inicio del proceso de repudio formal a los paraísos fiscales
por parte de los gobiernos y de las autoridades monetarias a principios
de la década pasada.
El Banco de España comenzó a llamar la atención sobre estas prácticas en 2004. Lo hizo, concretamente, en su Memoria de Supervisión del
ejercicio anterior, en la que se refería a “los posibles riesgos de
reputación en que pueden incurrir las entidades al definir
estratégicamente el contenido, localización y la forma de sus
actividades”, y en la que, para “evitar que nuestro sistema bancario sea
utilizado para canalizar operaciones ilícitas”, consideraba
“imprescindible que la política global de prevención de blanqueo y de
cumplimiento de las exigencias relativas al conocimiento del cliente que
debe tener el Grupo se apliquen en los centros offshore de manera tan rigurosa como en España”.
Todas las empresas analizadas omiten del perímetro de información de responsabilidad social corporativa a los paraísos fiscales
Las exigencias, no obstante, se limitaban a “que la firma de auditoría externa del establecimiento offshore
sea la misma” que la que repasaba las cuentas de la matriz y el balance
consolidado, a “informar con detalle en la memoria anual de las
actividades desarrolladas en cada establecimiento offshore, su
naturaleza, su volumen, sus riesgos y los mecanismos establecidos para
controlarlos”, a “conocer y medir los riesgos legales y de reputación”, a
“definir políticas expresas” sobre su actividad y, por último, a tener
“a disposición de las autoridades españolas” una “identificación
precisa y documentada” de los clientes con “depósitos fiduciarios”.
Había algo de estético en la iniciativa. De hecho, la
autoridad monetaria, que mostraba una preocupación similar por “los
riesgos de reputación” de la actividad en esos lugares que por sus
posibles derivadas legales, iba a mostrarse comprensiva con esos
tentáculos del sistema financiero: “Las entidades que justifiquen la
necesidad de mantener filiales o sucursales en centros offshore
deben tener una estrategia clara y definida con respecto al
establecimiento y sus actividades, y asegurar que se cumplen en todo
momento los principios antes expuestos”, señalaba, poco antes de apelar a
la herencia recibida: “En muchos supuestos se trata de
situaciones heredadas por las entidades españolas en sus operaciones de
compra de filiales bancarias en el exterior, ya que, a su vez, estas
tenían filiales o sucursales en territorios offshore. Pero, en
términos relativos, tan solo la actividad de emisión de valores en estos
territorios representa un porcentaje significativo sobre la actividad
total del sector”.
La ingeniería contable y el informe país por país
Mollinedo, por otro lado, percibe un cambio de actitud
en los gobiernos occidentales hacia los paraísos fiscales. Un síntoma
es que en la OCDE “durante décadas se refirieron a ese tipo de prácticas
como ingeniería contable, pero ahora, con la merma de ingresos de las haciendas por la crisis, ha pasado a llamarse técnica fiscal agresiva”.
Otro lo constituye la batería de quince medidas que
impulsa ese organismo, entre las que se encuentra la erradicación de la
doble imposición, que en la práctica permite a las multinacionales
eludir el pago de tributos tanto en la sede de su matriz como en sus
filiales, y otra iniciativa incluida en la última reforma fiscal del
ministro Cristóbal Montoro, aunque limitada a las empresas con un
volumen de negocio superior a los 750 millones de euros.
Se trata del informe país por país, que
obliga a ese tipo de empresas a declarar en el Impuesto de Sociedades
los beneficios, la inversión y la capitalización de sus filiales en cada
país. “Eso permitirá detectar a dónde se lleva los beneficios cada
multinacional para, después, establecer una normativa”, señala
Mollinedo. La OCDE se presenta como el foro en el que los diferentes
Estados podrán compartir esa información para desenredar la madeja de la
evasión fiscal de las grandes empresas y bancos.
“Es imposible saber lo que hay fuera”
No obstante, Mollinedo llama la atención sobre otra
cruda cara de la realidad. “Se podría llegar a descubrir lo que hay en
la contabilidad de las grandes empresas en España, pero es imposible
saber lo que hay fuera”, explica. Aunque tampoco ese primer objetivo es
sencillo.
Desde 2005, la Agencia Tributaria cuenta con una
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, encargada del seguimiento
de las 2.800 empresas y los 358 vips que ganan más de un millón
al año y poseen un patrimonio superior a los diez. “La plantilla es
escasa, está infradotada”, sostiene. Como consecuencia, “la actividad de
esos contribuyentes no se puede analizar con profundidad. En la
práctica, ni siquiera se aspira a conocer la contabilidad real”. “Ni el
Banco de España ni la Agencia Tributaria fueron capaces de detectar las contabilidades creativas de Bankia ni de la CAM, ni tampoco el blanqueo en el Banco Madrid –añade-. Eso ocurre por la infradotación de personal”.
Esa falta de personal se combina con el marco legal
para generar desequilibrios tan paradójicos como enervantes. En España,
según un informe de Gestha, el tipo real medio que las multinacionales
pagan a través del Impuesto de Sociedades sobre el beneficio obtenido es
del 6,7%, mientras que para las pymes se eleva hasta el 15,3%. En
Europa, la Comisión investiga si vulneran el tratado de la UE los trajes a medida tributarios que el Gobierno luxemburgués de Jean-Claude Juncker —actual presidente del ejecutivo comunitario— pactó con 340 grandes empresas con sede en ese país.
Por lo pronto, quienes se sientan en el banquillo
desde el pasado 26 de abril son tres empleados de firmas de auditoría y
un periodista sospechosos de haber participado en la filtración. Son
reos de haber sacado a la luz un —otro— cartel de evasores cobijado bajo
un paraguas gubernamental.
Autor
-
Eduardo Bayona
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