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viernes, 20 de mayo de 2016

La Dirección General de Función Pública del Principado quiere cambiar la norma para seguir mangoneando los concursos de méritos


Una vez leído el Borrador de Decreto entregado por la Dirección General de la Función Pública del Principado a las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Funcionario, en el que se regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos a través de la relación de puestos de trabajo, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que es ilegal y que, además, tiene trampa.

Es ilegal porque restringe la regulación contenida en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de Función Pública del Principado de Asturias, en el siguiente sentido: en este artículo se señala “que cualesquiera que sean los méritos específicos que se delimiten, estos deberán guardar relación con alguno o algunos de los sectores, u otras subdivisiones a los que sean asignados los puestos a través de las relaciones de puestos de trabajo. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el sector o sectores u otras subdivisiones al que sea asignado cada puesto de trabajo vendrá determinado por el objeto u objetos sobre los que incida la actividad desarrollada en el mismo”

Como se observa con la simple lectura del artículo transcrito, la Ley permite asignar cada puesto de trabajo a uno o varios sectores u otras subdivisiones.

Sin embargo,  el Borrador de Decreto, en su artículo 5.1, dispone que los puestos de trabajo serán asignados, a través de la relación de puestos de trabajo, a un sector y a uno o varios subsectores (los subsectores, solo pueden ser, por lógica, partes de un sector)

Es decir, en contra de lo que dispone la Ley, que permite asignar un puesto a uno o a varios sectores, y recortando ilegalmente el contenido de la misma, el Borrador de Decreto solo permite asignar un puesto a un solo sector. Ello, además de ilegal, supone recortar enormemente las posibilidades de valoración de los méritos específicos de los participantes en el concurso, como consecuencia lógica de la adscripción del puesto a un único sector, y no a dos , tres o más, si sus funciones así lo permiten ( el sector denominado Administración general contiene funciones transversales a la mayoría de los puestos de trabajo asignados a cuerpos de administración general)


Pero, además, el Borrador, tal y como está configurado es una trampa, pues la definición de los sectores, compartimentados prácticamente por materias que se corresponden con Consejerías o parte de ellas, producirá el efecto perverso de favorecer claramente en los concursos a los funcionarios que ya ocupan los puestos en comisión de servicios, recortando gravemente las posibilidades de concurrencia real y efectiva, es decir, de obtener puestos en consejerías distintas a  aquella en las que el aspirante está destinado, sobre todo si se tiene en cuenta que la puntuación por méritos específicos puede llegar al 40 por 100 del total.


El Borrador de Decreto hace alusión a la polivalencia potencial de los conocimientos y destrezas adquiridos, pero cuando a la Dirección General de Función Pública le interesa, incluye en la relación de puestos de trabajo códigos de exclusión de determinados cuerpos y escalas, o los cierra injustificadamente a determinado tipo de titulaciones, para asegurarse el nombramiento del funcionario o funcionario de su cuerda.


Finalmente, la propuesta trasladada por la Dirección General de Función Pública los sindicatos de que para los puestos de nivel igual o mayor al 26  la convocatoria pueda determinar la presentación de memoria, entrevista o realización de pruebas, es una “libre designación encubierta”. Los que perdieron la guerra de la libre designación de puestos de coordinadores y jefes de servicios pretende resarcirse ahora colocando a los libres designados en los mismos puestos con la lectura de una memoria o la realización de una entrevista. Una burla en toda regla. 

La Dirección General de la Función Pública del Principado parece pensar, como el circunspecto político de una reciente viñeta de El Roto, que sus ilegalidades se deben a errores de las leyes, por lo que procederá a cambiarlas.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies anuncia que emprenderá las medidas judiciales oportunas si se consuma una normativa que parece, más bien, una burda maniobra para seguir mangoneando los concurso de méritos.



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