Más de 250 funcionarios del
Principado de Asturias ocupan provisionalmente puestos de trabajo adscritos a
las diferentes consejerías, mediante nombramientos en comisión de servicios que
superan el plazo máximo legal de dos años y, por tanto, son manifiestamente
ilegales.
El Gobierno de Areces, con el apoyo
parlamentario de Izquierda Unida, aprobó en el mes de diciembre del año 2010
una ley de reforma de la Ley de Función Pública que amplió
el plazo máximo de duración de los nombramientos en comisión de servicios de
uno a dos años. Con ello, contribuyó a extender y consolidar la situación
generalizada de provisionalidad como forma de provisión de los diferentes tipos
de jefaturas y puestos singularizados del Principado: jefaturas de servicio,
coordinadores, jefaturas de sección, de negociado etc.
De esta forma, el Gobierno de Areces
convirtió los nombramientos en comisión de servicios, que son un sistema excepcional
previsto en la ley para ocupar puestos vacantes exclusivamente por causas de extraordinaria
y urgente necesidad, en el sistema normal de provisión de los puestos de
trabajo, incumpliendo sistemáticamente la obligación de sacar dichos puestos a
convocatoria pública por concurso de méritos.
Esta gravísima alteración del régimen legal
de la carrera profesional de los empleados públicos del Principado, lejos de
solucionarse, se ha agravado considerablemente bajo los sucesivos gobiernos de
Javier Fernández. El punto culminante de este agravamiento se produjo el 8 de enero del 2013,
cuando el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ordenó mediante Auto la suspensión
cautelar de los nombramientos por libre designación, que se venían utilizando
de forma abusiva y en claro desacato a la reiterada jurisprudencia emanada de
ese Tribunal y del Tribunal Supremo.
Desde esa fecha, todos los nombramientos de
jefaturas de servicio y puestos asimilados adscritos a las diferentes consejerías,
se han efectuado, sin excepción, por el sistema extraordinario de la comisión
de servicios, que permite designaciones totalmente discrecionales. Aunque en julio del año 2014 la Junta General del Principado aprobó una ley de reforma de la
Ley de Función Pública que obliga a utilizar el concurso de méritos
para proveer la mayor parte de los puestos de trabajo que hasta entonces se
nombraban por libre designación, lo cierto es que, casi dos años después, el
Gobierno del Principado no ha sido capaz de efectuar ni una sola convocatoria de concurso de méritos.
El resultado de esta auténtica subversión
del régimen legal de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos
del Principado es el que anticipábamos al principio: en la actualidad hay más
de 250 nombramientos provisionales que superan el plazo máximo legal de dos años y
que, en consecuencia, son manifiestamente ilegales.
La situación caótica por la que hoy atraviesa
la Función Pública
del Principado no tiene parangón en ninguna otra Administración Pública del Estado y exige una iniciativa política enérgica para corregirla con urgencia.
Porque no es posible desarrollar una
actuación administrativa objetiva, eficiente y al servicio del interés general, con una organización del personal sustentada en el desprecio consciente e intencionado de la legalidad.
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