Frente al clientelismu y la manipulación política, otra Función Pública n´Asturies Ye Posible.
El día 5 de noviembre del 2008 se constituyó el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA), como asociación abierta a todos los trabajadores pertenecientes a las diferentes Administraciones Públicas existentes en Asturies.
COFPA es una asociación al servicio del interés general y no un grupo corporativo, ni una central sindical.
cofpas@gmail.com
La convocatoria que se juzga
en esta sentencia es un concurso de méritos específico con dos
fases:
-la primera, con
un 55% de la puntuación máxima de 100 puntos, se refería a los méritos
generales, y su puntuación era coincidente con lo que establece el Decreto
autonómico sobre provisión de puestos de trabajo
-la segunda,
relativa a los méritos específicos, consistía en la valoración de la
experiencia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo con funciones
iguales o similares a las del puesto de trabajo que se solicita, hasta un
máximo de 30 puntos, y también se ajustaba a la regulación contenida en dicho
Decreto, en el que se dispone que la experiencia en funciones iguales o
similares a las que se relacionen como inherentes al puesto se valorarán desde
un 5 hasta un 30 por 100 del total, debiendo individualizarse en la
convocatoria los puntos que correspondan a cada una de las funciones
Hasta
aquí la convocatoria del concursoaparentaba una gran pulcritud formal. Pero bajo este ropaje superficialmente ajustado a la legalidad el escalpelo del TSJCM empieza a destapar
elementos que revelan una configuración arbitraria del sistema de provisión por concurso singularizado, contraria a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, con la consiguiente desviación de
poder de la Administración
convocante.
Así,
la convocatoria otorgaba una prioridad absoluta a quienes venían ocupando provisionalmente
los puestos convocados, los cuales venían siendo cubiertos mediante comisión de
servicios entre 10 y 12 años, al valorar los méritos obtenidos en los puestos
provistos por dicho sistema en los últimos cuatro años. Y ello, pese a que el
nombramiento en comisión de servicios no puede prolongarse más allá del plazo
máximo de dos años
Por
tanto, el mecanismo de valoración infringe el límite temporal previsto en la
normativa de aplicación para la provisión de puestos por el sistema excepcional
de la comisión de servicios, lo que implica una clara situación de ventaja a
favor de los funcionarios que en su día accedieron a los puestos por ese
sistema y que han continuado ocupándolos pese a agotarse el límite máximo de
permanencia en dicha situación.
Pero,
además, los méritos a valorar iban referidos a los cuatro años anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria, lo que hacía aún más difícil que un
funcionario que no hubiera ocupado uno de los puestos convocados en ese período
temporal, pueda obtenerlo en el concurso
objeto de impugnación.
Todo
ello implica, según razona con sentido común la sentencia del TSJCM, que la Administración
actuó en la convocatoria, no solo de forma arbitraria al restringir, sin
justificación aparente, el período temporal del cómputo de determinados
méritos, tanto generales como específicos, sino
con desviación de poder, en la medida en que se utiliza una fórmula
aparentemente legal para tratar de consolidar la situación en que se encuentran
los funcionarios que desempeñan los puestos ofertados en comisión de servicios.
Ello se pone de manifiesto principalmente por el hecho de que el mérito que
tiene un mayor valor específico es el de la experiencia adquirida en el
desempeño de puestos de trabajo con funciones iguales o similares a las del
puesto que se solicita, pues dicho mérito es valorado con un máximo de 30
puntos.
Pero
esta desviación de poder también se evidencia en otros apartados de las Bases
impugnadas, como en la valoración específica de la experiencia en la utilización
de útiles de herramientas informáticas o de otro tipo que únicamente son utilizadas
en los puestos convocados; o en los 5 puntos que se otorgan en el apartado de
formación específica, cuando el Decreto de provisión de puestos establece que
la formación, en conjunto, no puede superar el 20 por 100 del total, lo que
implica que se está valorando con el máximo de puntuación la experiencia en los
últimos cuatro años en funciones iguales o similares a las del puesto que se
solicita, es decir, la puntuación máxima posible según el mencionado precepto,
mientras que se otorga una puntuación muy distante de la máxima posible al
mérito de formación, que no necesariamente lo tendrían todos los funcionarios
que ocupaban los puestos en comisión de servicios.
En
definitiva, la sentencia del TSJCM concluye que, si bien los méritos respetan
formalmente los límites previstos por el Decreto sobre provisión de puestos de
trabajo, la valoración de las funciones desempeñadas en comisión de servicios
más allá del límite máximo de duración de dicha situación, junto a la
limitación de la valoración de los méritos a los últimos cuatro años anteriores
a la publicación de la convocatoria, hacían prácticamente imposible que
otros funcionarios que no ocupaban los puestos convocados puedieran acceder a
ellos mediante la convocatoria impugnada, lo que nos sitúa ante un supuesto de
desviación de poder.
Una
sentencia la del TSJCM que es un ejemplo notable de lo que debe ser la labor
de la Justicia
levantando el velo de la legalidad aparente y destapando las maniobras de amaño
y manipulación, en este caso, de un concurso de méritos, que se esconden
debajo.
Y
también un aviso para los concursos de méritos que, supuestamente, deberían
convocarse en el Principado de Asturias en los próximos meses, después de más
de una década plagada de ilegalidades.
Manuel
Carrero de Roa, doctor arquitecto urbanista
LNE, 2016/02/14
Una enorme distancia separa las ciudades en las que vivimos
casi 880.000 personas en Asturias de los entornos acogedores y amables donde
nos gustaría vivir, trabajar, relacionarnos y crecer como individuos e
integrantes de la sociedad. Las áreas urbanas asturianas no favorecen la
creación de nueva actividad económica y de empleo, persisten y se incrementan
las desigualdades entre los barrios que las componen, consumen una cantidad
desproporcionada de energía y recursos, y generan contaminación y residuos que
perjudican nuestra salud y amenazan su propia viabilidad futura en el medio
plazo.
Solemos aceptar esta situación como algo inevitable, similar
a una carencia congénita o un retraso histórico contra el que poco cabe hacer,
sino resignarse e ir resistiendo como mejor se pueda. Sin embargo, nada en esa
obra colectiva que llamamos ciudad está determinado irrevocablemente por
fuerzas naturales, ni es fortuito o resultado del azar. Nuestras ciudades son
el resultado de un conflicto entre dos intereses contrapuestos: el particular,
concentrado principalmente en los grandes propietarios de suelo y el sector
inmobiliario, frente al interés general de la sociedad. Y va ganando el
primero. Las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las diferencias en el
acceso al empleo, a los equipamientos y los servicios de un barrio a otro, el
predominio de los vehículos motorizados privados y otras múltiples carencias y
disfunciones que dejan en evidencia los bonitos
principios recogidos en las leyes, así lo demuestran.
Los planes urbanísticos son las principales armas a
disposición de estas dos fuerzas encontradas en la batalla por la ciudad, y
quien los controla establece las reglas del juego: dónde y con qué intensidad
se puede edificar; cómo se distribuyen las dotaciones públicas y privadas y con
qué superficies; o cuál es el diseño de la red viaria de comunicación y
transporte. Al final, esos documentos oscuros, incomprensibles para la gente
corriente, cuyo conocimiento está reservado exclusivamente a expertos, regulan
cuestiones tan importantes para nuestra vida como si dispondremos de una
vivienda digna o si estamos condenados a la precariedad y la inseguridad
actuales; si las zonas verdes y equipamientos son amplios y están bien
situados, o insuficientes y segregados como ahora; y si el derecho a
desplazarse libre y autónomamente está garantizado a todas las personas, o
reservado únicamente a aquellas que dispongan de un vehículo privado.
Las ciudades y villas asturianas no responden a las
necesidades de quienes las habitamos porque los marcos normativos y los
procedimientos propios de la democracia representativa, tanto a nivel local
como autonómico, han resultado insuficientes para resistir la presión de los
poderes económicos que, o bien diseñan los planes urbanísticos en función de
sus propios intereses -aprovechando la opacidad de los procesos de toma de
decisión, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción-, o con la excusa de
su rigidez o el pretexto del enorme número de puestos de trabajo que su actuación
contraria al planeamiento urbanístico crearía, directamente los ignoran. Como
pruebas, las grandes implantaciones comerciales o industriales fuera de toda
racionalidad territorial, o las nuevas áreas residenciales en la periferia de
nuestras ciudades, paraíso de la especulación que el estallido de la burbuja
inmobiliaria ha convertido en paisajes fantasmales de solares vacantes.
El reconocimiento de la intervención ejecutiva de los
vecinos y vecinas en el diseño del entorno en el que vivimos como un verdadero
derecho ciudadano, ejercitado a través de su participación directa y activa en
la elaboración de los planes urbanísticos municipales, resulta inexcusable si
se trata de invertir la actual situación y favorecer un modelo de ciudad
alternativo y atento a los intereses de la colectividad. El marco normativo
actual se ha quedado obsoleto y tiene los días contados, por la profunda crisis
de credibilidad del sistema representativo y el interés creciente de la
ciudadanía por tomar parte en los asuntos públicos. No se trata, como pretende
el Gobierno de Asturias, de mejorar y profundizar los mecanismos actuales,
inspirados y continuadores de los previstos en la legislación franquista del
suelo de 1956. No vale con utilizar la participación como coartada para
legitimar políticas y decisiones tomadas de antemano, ni para adormecer o
apaciguar conflictos, como hizo el anterior gobierno autonómico en los antiguos
terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias; tampoco con hacer
consultas no vinculantes y reservarse después la decisión final, como pretendió
hacer el anterior gobierno municipal de Oviedo en la entrada a la ciudad por la
antigua autopista Y. No resulta admisible, después de treinta y cinco años de
autogobierno, que en el órgano que aprueba o deniega los planes urbanísticos en
este país, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias,
estén representadas las empresas constructoras y promotoras y los colectivos
profesionales, pero no las asociaciones de consumidores o las organizaciones
ecologistas, como es habitual en otras comunidades autónomas. Participar en el
planeamiento urbano no consiste en publicar más anuncios de información pública
de planes en el Boletín Oficial, se necesita un cambio de modelo. Es urgente
abordar una reforma de la legislación urbanística asturiana que garantice, al
igual que en otros países de nuestro entorno, la intervención de los vecinos y
vecinas del proceso de redacción de los planes, no a toro pasado y cuando las
decisiones ya están tomadas, sino desde el minuto cero, con transparencia y
acceso a la información, sobre la base de acciones formativas y de fomento de
la cultura urbanística entre la población, sin improvisaciones y con los medios
humanos y materiales adecuados, y sustituir los procesos actuales de mero
trámite con consultas vinculantes y otros métodos de participación activa. En
definitiva, herramientas para el traspaso de poder de la oligarquía urbanística
hacia la ciudadanía, imprescindible para construir colectivamente un nuevo modelo
de ciudad.
Esta semana Rus y
Barberá; la semana anterior Rodrigo Rato, y todos nos preguntamos ¿quién
vendrá a continuación? Atrás quedan los años en que España era una
fiesta: Valencia era Fórmula1, Rita y Camps conduciendo un flamante
Ferrari; era Madrid en manos de Gallardón, convertida en capital mundial
del hormigón, túneles y edificios de altura para recibir a los JJOO;
eran las fastas celebraciones en el mercado de Valencia, Demi Moore y
Rita Barberá mezcladas, gambas e hidrógenos de El Bulli para despedir a
veloces fragatas que partían rumbo a la Copa América; y, como último
destello, Rato tocando la campana del éxito en la salida a Bolsa de
Bankia. Dinero y política bailaban al ritmo de rock and roll.
Hoy, la música ha cesado y la oscuridad ha sumido a los hijos del
milagro económico, con una cantidad ingente de cargos –que entonces
tenían la máxima responsabilidad en ayuntamientos, diputaciones o
gobiernos– desfilando por los tribunales.
Hay un elemento concomitante en la mayoría de casos de
corrupción recientes: una orden de arriba basada en alimentar y
desarrollar una clase capitalista afín. Para ello, existía una
estructura, una jerarquía y un aparato subordinado a la causa. En
Alicante o Valencia se dio alas a Ortiz y Correa, en Madrid a Marjaliza.
El PP se ponía así a disposición (por un módico precio, del 3% al 10%)
de la noble causa de crear nuevos ricos, flamantes riquezas con yate que
fueran la envidia de Europa, del mundo.
Se puede diferenciar entre dos tipos de ricos:
aquellos en que la lealtad del grupo que lo conforma recae finalmente en
el parentesco (como sucede con los Villar-Mir, los Calvo-Sotelo, los
March y los Entrecanales, entre otros) y en menor medida en la afinidad
personal (con el Rey, Aznar, Rajoy), y otros cuya unidad recae en
pertenecer a una casa (en el sentido de Levi-Strauss), en la
cual la sangre, el parentesco no actúa como elemento determinante de
alianza entre los integrantes (como sí ocurre en el clan), sino que
otros elementos cobran mayor importancia: la casa, una arquitectura
“simbólica” que proyecta el fetiche de una alianza amplia, en este caso,
un conjunto de personas aunadas por consejos de administración,
conseguidores, medianas empresas y empresas del Ibex35 que quedan
centralizadas por la estructura del partido y, simbólicamente, por
Génova, 13.
La estrategia de erigir una casa capitalista
con Génova como epicentro se remonta al proyecto quijotesco de un joven
madrileño que soñaba con una España verdaderamente capitalista, con
grandes empresarios capitalistas afines que desplazaran a la endogámica
burguesía industrial y financiera vasca y catalana y evitara la
existencia de un Estado fuerte (potencialmente socialista). Como dijera
Aznar en 1979 en un artículo sobre las amenazas del nuevo régimen
constitucional del 78 (publicado en el periódico La nueva Rioja):
“No sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el
contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y
socializantes“.
Eran tiempos en los que Reagan y Thatcher preconizaban
el fin del comunismo, la URSS invadía Afganistán y, mientras tanto, en
España, el régimen que murió en la cama se movía ligeramente para dar
paso a nuevos actores, para temor de sus protegidos.
El PP se puso a disposición de la noble causa de crear
nuevos ricos, flamantes riquezas con yate que fueran la envidia de
Europa, del mundo.
En aquellos momentos, algo similar –aunque antagónico
en la forma– se gestaba en aguas del PSOE. En 1981, en el congreso XXIX,
el ideólogo de la nueva política económica, Carlos Solchaga (hoy en
Zeltia), presentó las líneas maestras de su política económica en una
ponencia que causó revuelo generalizado. Años después, ya en el gobierno
como ministro plenipotenciario –junto a acólitos como Guillermo de la
Dehesa (hoy, en el Santander)–, pudo desarrollar su proyecto: la
apertura al capital privado de las grandes empresas españolas tras una
paulatina privatización que permitiría entrar en la partida del
capitalismo global (en la fase de concentración global), pero con el
capital y control del Estado (gracias a la “acción de oro”) y sus
tecnócratas.
Era la llamada “cogestión” o “codeterminación
paritaria”, y pretendía importar el modelo de François Mitterrand de
privatizaciones y nacionalizaciones parciales (en 1982 nacionalizó
SMH-Alcatel, cuyo presidente y director general fue su hermano Robert
Mitterrand). Las empresas de capital estatal actuarán bajo la dirección
de los “hombres de Solchaga”, primero desde Industria y luego desde
Economía y Hacienda. Era la ‘casa Solchaga’, que no dependía de un
partido, sino de un ministerio, y del liderazgo del entonces ministro.
Pero el proyecto de grandes empresarios y tecnócratas
duró hasta 1996. Tras la victoria de Aznar en las elecciones de ese año,
el proyecto del hombre que se fotografió disfrazado del Cid Campeador
echó a andar. Tras la conquista del Estado, se constituye la “casa
Aznar”: con Miguel Blesa, su fiel escudero, y Rodrigo Rato como su mano
derecha en el partido, más sus aliados en el Consejo de Ministros, y
Francisco González, Juan Villalonga, Florentino Pérez y otros en el
sector privado.
El favor de los comunicadores del franquismo
La primera conquista tenía como objetivo superar las
glorias de la saga Aznar, grandes figuras de la España victoriosa en
1936, en la que destacaron como juristas, diplomáticos, pero ante todo,
como periodistas y directores de grupos de comunicación durante el
franquismo (La Vanguardia, SER y RNE). Se trataba entonces de modernizar esa
gloria, construyendo un imperio privado de medios de comunicación, al
estilo de la cadena FOX de Rupert Murdoch (de cuya empresa matriz será
consejero tras su salida del gobierno), que pudiera rivalizar con los
ideologizados RTVE y El País.
Un primer indicador que apunta a esta tesis
es el destino de Blesa, quien pasa de ser inspector de Hacienda a ser
nombrado consejero en Antena 3 en 1996. Fue la primera incursión del
clan en su intento de conseguir su propio holding afín: primero lo
conseguiría, vía BOE, con RTVE y Telemadrid; después, pensando en el
largo plazo, con el nombramiento de varios amigos en sectores
estratégicos.
Un paso esencial para los objetivos de la ‘casa Aznar’
fue colocar al amigo de Aznar y Rato, a “Paco” González, como
presidente de Argentaria antes de su privatización y convertirlo, tras
la fusión con el BBV, en presidente de la resultante BBVA (desplazando
un año después del cargo de copresidente a la saga de banqueros vascos,
los Ybarra), la mayor entidad financiera española del momento. Con este
movimiento, ya sólo le quedaba posicionar al que fuera compañero de aula
en el colegio de El Pilar, Juan Villalonga, en la joya de la corona del
Estado, Telefónica, la empresa española de mayor capitalización
bursátil entonces. Con él compartía amistad y afición desde la época de
colegio en El Pilar: “Los dos vivíamos para jugar al fútbol”, cuenta
Aznar en sus memorias.
Ya totalmente privatizados, BBVA y Telefónica serán
desde entonces compañeros inseparables (BBVA es, hasta ahora, accionista
de referencia de Telefónica), de proyectos tan deficitarios como Terra.
En 1997, la Telefónica de Villalonga cumplirá el objetivo de Aznar
fundando Vía Digital, introduciéndose así en el mercado de la televisión
para enfrentarse cuerpo a cuerpo al denostado capitalista socialista,
Jesús de Polanco. Daños colaterales del “proyecto Villalonga” son las stock options (opciones
sobre acciones) que se embolsó por varias operaciones: por la compra de
Lycos, la salida de Terra a Bolsa, la utilización de información
privilegiada previa a la alianza con MCI-WorldCOM, o en la compra por
5.500 millones de Endemol, que llevó al juez Baltasar Garzón a abrir una
investigación, casos que hoy siguen sin esclarecerse.
Para cumplir los sueños de Aznar fue crucial
Florentino Pérez: concejal de Madrid por UCD, alto cargo en Transporte,
Turismo y Telecomunicaciones, y luego integrado en Alianza Popular
Aznar no sólo soñaba, cual Quijote, con conquistar los
terrenos y riquezas de moros y herejes para repartirlos con su fiel
escudero y sus acólitos. Era un proyecto de una nueva España, con un holding
que pudiera sostener una cosmovisión a largo plazo, más allá de su
presencia “física” en el gobierno (pues renunció tempranamente a una
segunda reelección): fútbol y construcción, obras, vacaciones en la
playa, la segunda casa. Era la ampliación del sueño franquista de Fraga.
Una nueva sociedad sin política, que viera en el cemento y los triunfos
nacionales de la selección a una nueva España, sin fisuras, superadora
de la guerra civil y la dictadura.
Para ello fue crucial la figura de Florentino Pérez,
el que fuera concejal en el Ayuntamiento de Madrid por UCD, alto cargo
en el Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones, y promotor
del PRD junto Miquel Roca i Junyent (hoy defensor de la infanta
Cristina en el caso Noos y consejero de ACS), posteriormente integrado
en Alianza Popular. Su imperio en la construcción comienza en 1983, con
la compra por 5 millones de pesetas de Padrós S.A. reconvertido a partir
de 1996 en el brazo industrial de la ‘casa Aznar’. Un recetario que
recuerda mucho al de Villar Mir, con una empresa de construcción en
quiebra, una lista de contactos y un padrino, en un caso el rey o Rajoy,
en el otro Aznar (y Esperanza Aguirre como lugarteniente).
El imperio ACS es fruto, además, de la unión de Pérez
con tres familias capitalistas, los Urquijo, los March y los Albertos.
Los primeros cedieron OCISA por 1 peseta la acción a Padrós S.A,
formando así OCP. Los segundos llegaron cuando Aznar estaba en la
presidencia del Gobierno y Florentino Pérez era presidente de OCP. Los
últimos aportaron los activos de su empresa Imex en 1997, entrando en su
accionariado.
Florentino le debe mucho a Aznar, a Blesa y a Madrid.
En las dos legislaturas de Aznar pasó de ser empleado de los March a
principal accionista individual de ACS y presidente del Real Madrid. Su
dependencia de la “casa Aznar” viene por tres vías: Caja Madrid,
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Gobierno nacional. A la rescatada
entidad madrileña le tiene que agradecer ser su principal mecenas en su
política de compras, desde la financiación de la compra de Dragados (450
millones) que catapultó a ACS a la cima, a la compra de un paquete
accionarial de Iberdrola (1.100 millones) en 2003, ampliado en 2006
(2.058 millones), o para financiar la compra de jugadores del Real
Madrid como Cristiano Ronaldo (76,5 millones).
Como contraparte, para sellar la alianza con Caja
Madrid, Blesa entra en 2003 en el consejo de administración de ACS.
Posteriormente, tras su salida de Caja Madrid a finales de 2009
--sustituido por Rato--, se renueva la alianza con la entrada de quien
aprobaba los créditos y préstamos a ACS, el director de finanzas de Caja
Madrid, José Carlos Contreras, en el consejo de ACS en 2011. Bankia,
además, es una de las entidades que han financiado a Florentino Pérez
las compras personales de acciones de ACS que le han convertido en el
accionista principal. El constructor adeuda a varias entidades
financieras 420 millones de euros (a través de su sociedad Inversiones
Vesán).
El Estado en obras y el imperio de compras: la alianza Blesa-Pérez
En cuanto a la Comunidad de Madrid y
al Ayuntamiento, Pérez les tiene que estar agradecido por la
adjudicación de un sinfín de obras de grandes infraestructuras, con
sobrecostes incluidos: el mayor, el soterramiento de la M30 de
Gallardón, adjudicado por 2.500 millones, y un coste final de 6.500
millones, más del doble, y con un coste de mantenimiento anual de 125
millones de euros, abonados por el ayuntamiento a ACS y Ferrovial. La T4
del aeropuerto de Barajas, que finalmente costó 6.200 millones frente a
los 541 por los que se adjudicó (estaría destinada a una aerolínea
Iberia, participada por Caja Madrid, luego privatizada).
De la obra de Barajas diría Aznar que era “el plan más
ambicioso puesto nunca en marcha en España”. A Esperanza Aguirre,
lugarteniente de Aznar, Pérez le debe la adjudicación (bajo la fórmula
público-privada) de las obras de los intercambiadores de Plaza de
Castilla y Príncipe Pío (y la explotación del de Avenida de América),
que supusieron una inversión de 199 millones, o la construcción del
hospital de Majadahonda por 245 millones (al que se sumó, por orden de
Madrid, el hospital de Son Dureta en Mallorca, una concesión de 31 años
con una inversión de 778 millones).
El amor por el hormigón y el cemento unió a Esperanza y
Florentino también en el terreno de la concesión de carreteras en
Madrid, quedándose ACS con el dulce más preciado, la construcción de las
carreteras radiales R3/R5 y M50 y la explotación de la R2, por lo que
cobraría en total 1.073 millones. Hoy todas las autopistas radiales
están en quiebra y pendientes del rescate por parte del gobierno.
La pugna entre Esperanza y Gallardón en el
Ayuntamiento llevó a la casa Aznar a optar por un valor seguro para
continuar con el imperio: colocar a Ana Botella como alcaldesa. Aunque
no pudo entregar a Florentino el primer contrato integral de servicios
de 1.700 millones, Botella dejó firmados en 2014 varios contratos: un
segundo contrato integral por valor de 645 millones para el alumbrado
público de la zona centro y oeste de la ciudad; y la recogida de basuras
en la zona periférica de Madrid (72,6 millones). Con la entrada de
Carmena y el PP en la oposición, quedó en vilo el contrato que pretendía
unificar la recogida de basura en la zona centro y periferia, que se
elevaría a 1.000 millones de euros. La jugada contemplaba que Florentino
arrebataría a FCC la recogida en el centro. Hasta ahora, está pendiente
de salida a concurso.
El de Blesa fue el consejo de las preferentes, de la
salida a Bolsa y del maquillaje de cuentas y folletos, hechos por los
cuales Bankia tendrá que devolver 1.400 millones al Estado
Equiparable fue el ascenso de Blesa; en su caso, hacia
la cúspide financiera. El amigo de correrías universitarias de Aznar,
compañero de oposiciones y vecino en Logroño, consiguió desarrollar una
carrera como oligarca. Antes, le había suplido por momentos Francisco
González, pero pronto cedió el cetro a Blesa. Gracias al control de éste
sobre el total del capital de Caja Madrid, entró en el capital de
Iberia, luego en Mapfre, en Indra, en SOS. En total, en su punto álgido,
en 2010, antes de su conversión en Bankia, Caja Madrid participaba como
accionista en cinco sociedades del Ibex35 (Indra, BME, Mapfre, Iberia y
Ebrofoods).
El imperio financiero de Blesa tuvo sus altibajos con
su salida, pero finalmente se convirtió, en 2011, tras su conversión en
Rato-Bankia, en refugio de la casa Aznar: en su consejo estaban Mercedes
de la Merced (Concejal del PP de Madrid), José Manuel Fernández
Nornella (Secretario Estado Hacienda con el PP), José Rafael García
Foster (senador del PP), Ricardo Romero de Tejada (Alcalde del PP en
Majadahonda), Estanislao Rodríguez-Ponga (secretario de Estado de
Hacienda con el PP), Ángel Acebes (todopoderoso ministro del Interior,
de Administraciones Públicas, de Justicia y secretario general del PP
entre 2004 y 2008), José Luis Olivas (Presidente de la Generalitat
Valenciana por el PP), Jesús Pedroche (presidente de la asamblea de
Madrid y consejero de presidencia de la comunidad) y Rodrigo Rato
(Ministro de Economía y Vicepresidente del gobierno).
Era el consejo de las preferentes, de la salida a
Bolsa y del maquillaje de cuentas y folletos, hechos por los cuales
Bankia, hoy en manos del Estado (FROB), tendrá que devolver 1.400
millones. Y fue el consejo que firmó unas cuentas que daban unos
beneficios en 2010 de 195 millones, revisadas en 2011 y convertidas en
pérdidas por valor de 2.979 millones.
Posteriormente, en 2012, el consejo de Aznar firmó las
cuentas que revelaban las mayores pérdidas de una empresa española en
la historia: 21.545 millones de euros, pérdidas que superaban las de AIG
en 2007, la segunda entidad con mayores pérdidas de la crisis subprime, en un país con un PIB catorce veces mayor al de España. Otros daños colaterales
del proyecto fueron las 1.700 personas prejubiladas en 2012, y un
rescate que costó un ERE a 539 personas. Detrás de estos números, está
la mayor ofensiva de la casa Aznar para desafiar el statu quo
de la banca española. Pero todo valía en su intento de ser los nuevos
Rockefeller, y sustituir así a los tradicionales banqueros vascos y
catalanes. El Estado estaba para respaldar ese plan.
Disyuntivas de un clan ya asentado
Aznar pudo cumplir su cometido, construir una clase capitalista propia, que sobreviviera más allá de su partida física del gobierno. Ni Zapatero ni Rajoy han podido modificar totalmente ese statu quo.
El primero le abrió las puertas a Rato, permitiendo que escalara a la
cúspide del sector bancario como banquero de una entidad privatizada, y
el segundo los desbancó, cediendo la custodia del brazo financiero de
los Aznar a sus grandes colaboradores, el clan de Rajoy, formado por
fondos de inversión internacionales que antes representara Luis de
Guindos (ex Lehman Brothers). Rajoy ha molestado al clan de Aznar,
levantando la mano para darle parte de ese imperio a sus socios
coyunturales, al BBVA, Santander y los bancos-custodio que los poseen,
tan habituados hoy a la geografía española.
Hoy la aznarización de España siente el
aliento de los nuevos ayuntamientos y del próximo gobierno. No obstante,
unos contratos muy bien atados y la posición monopólica de estas
empresas son la garantía de supervivencia. Uno no puede enfrentarse a la
empresa de infraestructuras más grande del mundo. De ahí que Manuela
Carmena no haya tenido otra que adjudicar el servicio de ayuda a
domicilio para personas dependientes a Florentino Pérez. Son sólo cinco
millones de euros, pero también una muestra de la continuidad del poder
alcanzado en el paisaje político y económico español por la casa
(blanca) de Aznar, Blesa y Pérez.
El periodismo se adultera cuando se ponen en el mismo plano, y
con los mismos enmarcados y lenguajes argumentales, el espectáculo, el
entretenimiento y el discurso de lo público. El perro guardián de la
democracia se convierte aquí en el chucho malabarista del mercado.
Existe la percepción de que los noticiarios de la televisión han
degradado su agenda, en la que predominan los sucesos y los deportes,
mientras que la información general se aborda de forma
descontextualizada, mediante una secuencia de imágenes y titulares
hilvanados en unidades muy breves. Esa pérdida de calidad, relacionada
con la prevalencia del espectáculo, se extiende también al resto de los
medios. Paradójicamente, cuando los usos tecnológicos permiten integrar
mayor cantidad de información y el acceso a las fuentes es mucho más
fluido, se produce el oscurecimiento del periodismo.
El atentado terrorista del 14 de noviembre de 2015 en París puso de
manifiesto el divorcio de las televisiones españolas con la información[1].Las
cadenas no interrumpieron sus emisiones y, cuando finalmente abordaron
el suceso, rompieron la estructura habitual de sus noticiarios y
centraron su atención en un acontecimiento de indudable interés general.
Sin embargo, este hecho extraordinario dejó al descubierto las
debilidades de los informativos en el tratamiento que dieron a la
noticia. Se asistió a una narración repetitiva, dominada por la cara
espectacular del suceso. El contexto causal, es decir, el trabajo
periodístico que debiera haber explicado el acontecimiento, quedó
prácticamente ausente. Ni siquiera se aprovechó el momento para situar a
la opinión pública ante la realidad del autodenominado Estado Islámico.
Además, los conductores de distintos programas de entretenimiento
tomaron el drama como objeto de sus manipulados sensacionalistas.
En este caso, como en otros, la información de lo que sucede apela a
respuestas emotivas, a tomas de posición marcadas por la dureza de las
imágenes, pero contribuye poco o nada a conocer las causas, a armar el
pensamiento en los valores éticos de la cultura democrática (Camps,
2006). La información aparece aquí como una extensión de un espectáculo
contado en claves más propias del entretenimiento o de la ficción.
Esta preocupación por la degradación del periodismo ocupó reflexiones pasadas[2],
que partían de la hipótesis que afirmaba que las naciones del sur de
Europa ofrecían, especialmente en sus televisiones, unos nutrientes de
escasa calidad que no contribuían al progreso cívico y al refuerzo de la
cultura democrática, al tiempo que marcaban fuertes contrastes con las
naciones del centro y del norte.
Proceso extensivo de ‘tabloidización’La
estructura clásica de los informativos europeos, que seguía las pautas
canónicas del periodismo de referencia, establecía una jerarquización de
lo noticiable de acuerdo con un criterio de servicio público. Sin los
alardes retóricos que hoy se emplean, los noticiarios del Reino Unido,
Alemania o Francia trataban de atender el derecho a la información de
las audiencias. El concepto de información periodística estaba regido
por los valores de la actualidad política, social, económica y cultural,
considerados nutrientes básicos de la sociedad, mientras que los
sucesos, la farándula y los deportes tenían una posición menos relevante
o complementaria.
Existía en la prensa un modelo que invertía el esquema anterior, y
daba primacía a los aspectos considerados más ligeros, en el ámbito
específico de los medios populares y sensacionalistas (Cashmore, 2006),
cuya fórmula se basaba en la traducción anglosajona de nuestro pan y
toros: sex,scandal, sport –la triple “s”–, o, en otros casos, la triple “c”: crimen, celebridades, corazón…
Los noticiarios y los periódicos españoles sufren un proceso de “tabloidización”
Sería exagerado decir que los noticiarios de la televisión y los
periódicos españoles responden exclusivamente a esos criterios, pero no
cabe duda de que han sufrido y sufren un proceso de “tabloidización”, un
término tomado de la prensa británica de más bajo perfil –los
tabloides–, que hoy se ha generalizado para describir un fenómeno de
degradación de contenidos en los diferentes medios y soluciones
informativas (Biressi y Nunn, 2008).
En la televisión existe una lógica interna que puede explicar la
“tabloidización”. Los informativos se integran mejor en la narración
decididamente orientada al espectáculo y al entretenimiento que
caracteriza al medio. Se produce ahí el fenómeno que se ha dado en
llamar la hibridación de contenidos entre el periodismo y el
espectáculo. Sin embargo, la credibilidad de los informativos es
importante en la creación del target de audiencia y en la reputación de la cadena, aunque no determinante.
En España, el debilitamiento progresivo de la televisión pública se
manifiesta especialmente en la baja calidad de los informativos, ya que,
en buena lógica, estos debieran constituir su eje de referencia. Con
una duración que suele duplicar el tiempo de estos espacios en las
televisiones de otras naciones del entorno, resultan, sin embargo, más
alejados de la información de referencia. El despliegue periodístico
moviliza mayores recursos en la información de servicios, que adquiere
una forzada relevancia y ocupa minutos para explicar lo obvio y lo que
puede contarse de una manera mucho más simple. Ruedas de corresponsales
para conocer los accidentes de tráfico durante el fin de semana en las
distintas comunidades autónomas, o para comprobar el ambiente en las
playas en días cálidos del otoño, o recorrer las pistas de esquí para
saber cuál es el estado de la nieve… Empleo de recursos que no se
asignan a otras narraciones periodísticas, excepción hecha del deporte,
habitualmente centrado en el fútbol.
La ausencia de un referente público, por las debilidades crónicas de
los informativos de TVE, traslada al resto del sistema audiovisual
formas de hacer que desatienden el deber de informar y la necesidad
informativa de una sociedad culturalmente evolucionada. Un país que ha
avanzado de manera especial en la formación de las nuevas generaciones
es desatendido en una vertiente básica para el desarrollo de la
conciencia ciudadana:la información de interés general.
Hay un problema añadido. Tan solo hace dos décadas, aún se sostenía
que la prensa escrita marcaba la agenda de las televisiones. Hoy, no es
así, o solo lo es de forma parcial mediante noticias breves
descontextualizadas, insertas en un esquema que reinventa el orden de lo
noticiable. Y no solo eso, sino que los medios de referencia,
especialmente en sus versiones online, se orientan cada vez más
hacia el espectáculo y lo banal. En las ediciones digitales es fácil
conocer el consumo de los contenidos, “lo que vende”, y por ello, aun a
riesgo de perder el carácter de referencia, se advierte un repliegue de
la filosofía del rating [nivel de audiencia] que mueve a los medios audiovisuales.
Sobrepasadas las líneas rojasLos tabloides,
mediante construcciones orientadas a lo popular ya lo sensacionalista,
no solo no han disminuido a medida que la sociedad iba adquiriendo
nuevas herramientas mediático-culturales, sino que han progresado y han
contaminado las expresiones de otros medios. En el Reino Unido, después
de los escándalos de la prensa amarilla a raíz de la muerte de la
princesa Diana de Gales (Sharkey, 1997) o de las escuchas telefónicas ilegales de News of the World(Johnson,
2012; Patching y Hirst, 2013), no hay un cambio significativo en las
pautas de estas cabeceras. Ni el debate público ni el posicionamiento de
intelectuales y académicos han mitigado el salto adelante hacia la
propagación de un periodismo banal. Mientras la prensa sensacionalista
se mantiene en sus coordenadas, donde encontró audiencias millonarias,
la prensa de referencia se ha movido hacia los espacios soft e,
incluso, pugna por destruir la referencia central de la BBC en el
sistema de medios británico, como lo vienen haciendo los Murdoch,
quienes, repuestos del escándalo de News of the World, califican a la corporación pública de “monopolio mediático” y de atentar contra la libre competencia y la libertad de expresión…
Los tabloides británicos, es más, han cambiado sus contenidos y han
activado nuevas soluciones digitales. Quienes defendían la función
social de estos medios como un nutriente válido de las clases populares,
porque en sus páginas dominaba la información, constatan que han dado
paso al espectáculo. Los diarios, en su difícil competencia con los
canales populares de televisión, se unen ala fiesta con su producción
continua de historias y participan en la tormenta perfecta de la gossip communication [comunicación de cotilleos],
donde las redes sociales añaden ruido al cotilleo coral. Nunca como
ahora se había dado, con una gama de medios muy amplia, una convergencia
polifónica hacia el “gran público”.
En un momento de degradación generalizada del periodismo en los
medios, las tendencias privatizadoras de la televisión pública en Europa
no están argumentadas por el deseo de ampliar la libertad de expresión,
sino que reflejan la voracidad de las corporaciones privadas en su
avance hacia el control de nuevos espacios de audiencia. Esta tendencia,
muy contenida en las naciones del centro y del norte, se ve acentuada
en España por las políticas desafortunadas de los Gobiernos estatales y
autonómicos.
Degradación de la esfera públicaEl gran zoco del
espectáculo mediático, que integra la información como una suerte de
miscelánea de hechos dramáticos, curiosos o protagonizados por las
celebridades, abandona su ámbito natural y contagia espacios antes
resguardados por la calidad periodística. Dos años antes de fallecer, el
profesor Vidal-Beneyto, uno de los fundadores de El País,
manifestó su preocupación por el progresivo vaciado de opinión en la
prensa de referencia, especialmente de aquellas reflexiones que
cuestionaban el discurso dominante. Un fenómeno que Vidal-Beneyto
constataba en la prensa británica y francesa, y también en la española,
donde seguía escribiendo. Era lo que llamaba la “esterilización de la
crítica” y la “fumigación de la inteligencia”[3].
El trasvase del periodismo a formatos de entretenimiento está
relacionado con la indiferencia de los políticos. Hay en ello un
abandono de responsabilidad en la garantía de las libertades públicas
(Scheuer, 2012). Hoy, reivindicar el rescate de la libertad de prensa
frente a los implantes del mercado es visto como una injerencia del
Estado en materia de libertad de expresión, como si el mercado se
hubiese convertido en el garante de las libertades públicas. Esa idea
privatizadora de la libertad de prensa se ha instalado en el discurso
dominante. La reivindicación del ejercicio libre del periodismo por
parte de los profesionales es vista como una especie de reinvención de
la censura… En ese marco de contradicciones resulta reconfortante releer
a los académicos liberales de Estados Unidos, que, después de la
Segunda Guerra Mundial, integraron la Comisión Hutchins (Pickard, 2015) y
describieron con claridad el alcance democrático de la libertad de
prensa, de una free and responsible press [prensa libre y responsable].
El mercado ha ocupado la escena pública y ha oscurecido el discurso
crítico, la reflexión académica (Brottman, 2005), la lectura del
periodismo que reivindica sus raíces democráticas, su valor central como
nutriente de la opinión pública informada. Otras modalidades
narrativas, otras expresiones mediáticas, dejan de ser periodismo cuando
pierden su identidad fundacional y su condición crítica de contrapoder.
Son soluciones intervenidas, contaminadas. Simulaciones que, al
desprenderse de la matriz ética, desdibujan su identidad. El ejercicio
del periodismo se inscribe en la órbita de las libertades públicas
–libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información…–;
por ello,cuando se rompe esa vinculación, cuando se hibrida con
expresiones mediáticas como el entretenimiento, pierde su naturaleza
original. El “infoentretenimiento” no es necesariamente periodismo.
Imperativos comerciales del guionEn los medios
españoles hay numerosos ejemplos con soluciones que, bajo una pretendida
pátina periodística, desinforman y reducen la narración de la
actualidad a debates polarizados por imperativo del guion… Periodistas
de los medios de referencia pierden su crédito en debates devaluados por
los formatos festivos del espectáculo. En estos espacios, la llamada
prensa de calidad, a través de sus periodistas, se entrega con
frecuencia al tabloide, a lo amarillo, a la adulteración de los
nutrientes de la opinión pública. La strategy of distraction [estrategia de la distracción] es para Chomsky la primera clave de la manipulación.
Pérdida de crédito en debates devaluados por los formatos festivos del espectáculo
Con ser grave la evanescencia de la frontera que separa el periodismo
de referencia de los manipulados sensacionalistas, lo peor, al menos
desde las bases cívicas del Estado de derecho, es que la deriva se
corresponde con una crisis de la democracia. Se puede hablar, con
propiedad, de una corrupción del periodismo que se realimenta en la
crisis de la política. No debe confundirse la estrategia de la
distracción con la división clásica de las noticias en duras y blandas –hard news y soft news–,
siendo las primeras las relativas a los asuntos políticos, la economía,
las relaciones internacionales, la cultura, la salud y la ciencia,
mientras que las segundas incluirían los sucesos, los deportes y otros
aspectos de interés humano. Ambos grupos forman parte del periodismo, al
menos desde la concepción que integracódigos éticos reglados en la
construcción y jerarquización de la actualidad narrada. La alteración
del procedimiento, bien para satisfacer las necesidades de los
anunciantes o de los requerimientos del poder, significa adulteración. Y
lógicamente, hay adulteración cuando se ponen en el mismo plano, y con
los mismos enmarcados y lenguajes argumentales, el espectáculo, el
entretenimiento y el discurso de lo público, esto es, cuando se acorta
la diferencia entre el Parlamento y la cancha deportiva. El perro
guardián de la democracia se convierte aquí en el chucho malabarista del
mercado.
Inversión en la escala de referenciasLa
banalización del contenido de los medios incide en las libertades
individuales y debilita la respuesta ciudadana, es decir, su capacidad
propositiva. El empobrecimiento del lenguaje periodístico y su frecuente
práctica polarizada ha impregnado al conjunto de la sociedad y se
manifiesta, de forma excepcional, en el ámbito de la clase política, en
su discurso, cada vez más reducido en la interacción en clave mediática.
La corrupción ha contribuido, asimismo, a trasladar el protagonismo de
los políticos desde el ámbito institucional al escenario de los sucesos.
Un plano poco estimulante en un momento histórico que apela a la
regeneración política del país.
Sorprende la limitada reflexión crítica acerca de la degradación del periodismo
Sorprende la limitada reflexión crítica acerca de la degradación del
periodismo y, en consecuencia, del empobrecimiento democrático. Aun
cuando la vertiente académica especializada es sorprendentemente amplia
en España, genera escasas respuestas acerca de las causas y los efectos
sobre la democracia y la cultura del país derivadas de la degradación de
la matriz ética del periodismo en los medios.El ámbito académico de las
ciencias de la comunicación, tributarias del conjunto de las ciencias
sociales y de las humanidades, muestra también carencias que contrastan
fuertemente con el tiempo histórico que conoce el máximo desarrollo
científico-técnico. Y en eso, el gran espacio escolar ocupado por el
periodismo y la comunicación tiene un papel poco relevante en la
denuncia de la degradación del pensamiento y de los riesgos que ello
entraña para la cultura democrática[4].
La que se ha definido como crisis sistémica, que afecta al conjunto
de las instituciones y a los actores de la representación política,
inscribe las debilidades del periodismo en una envolvente mucho más
amplia. Alcanza a las expresiones de la representación política, pero
también a las instancias generadoras de respuestas y nuevos paradigmas.
El descompromiso, la reducción de la agenda a “lo que vende”, a la
mera satisfacción de las audiencias, hace dejación de los mitos
fundacionales del periodismo, pero también de su responsabilidad social.
Los estudios acerca de la posición de los medios ante un fenómeno como
el cambio climático, por ejemplo,descubren las contradicciones de un
modelo que, para algunos autores (Stanton, 2007), no puede explicar toda
la realidad, como ocurrió con el silencio que precedió a la crisis
financiera de 2008. Ante un fenómeno de tanta gravedad, que suscita un
gran consenso científico, los medios rompen simbólicamente el acuerdo de
los expertos y, más allá de sus posiciones acerca de un problema
universal, lejos de formar conciencia cívica ante la necesidad de
afrontar la crisis del planeta, simplifican, en muchos casos, la
información o la conducen a una visión sensacionalista del problema.
Otra mirada “no vende”, o puede afectar a un cambio en las pautas de
consumo que alteraría las relaciones del medio con el entorno de los
grandes anunciantes.
Al buscar las razones que han conducido a esta situación, no todo
debe atribuirse al mercado, voraz por naturaleza, sino a la dejación de
quienes han abandonado el papel de garantes de la primacía de la esfera
pública en las sociedades democráticas. Además, la propia industria del
sector ha acentuado la ya existente precarización del empleo en los
medios en los años de crisis económica. La drástica reducción de las
plantillas de periodistas y la bajada generalizada de los salarios han
creado unas condiciones en las que el periodismo de referencia, que
comprueba las fuentes, investiga y construye historias contextualizadas,
es poco viable. Se ha dado paso a las narraciones efímeras, escasamente
argumentadas y urgidas por los requerimientos constructivos del soporte
digital. Las empresas editoras, apremiadas por la caída de los ingresos
publicitarios y la reducción de la difusión en soporte papel, han
forzado soluciones de supervivencia a costa de la calidad del medio y,
lo que es peor, con la pérdida de credibilidad entre las audiencias.
España aparece en 2015 como el país europeo con más baja confianza de
las audiencias en los medios (Newman, Levy y Nielsen, 2015: 12)[5].
Rescate del periodismoLa crisis del periodismo
se inserta dentro de una crisis sistémica que afecta al conjunto de las
instituciones de la democracia. Por ello, es difícil concebir un rescate
de sus valores esenciales en una democracia empobrecida, pero sí cabe
entender que cualquier solución futura, sea en el soporte que sea,
deberá pasar por una disociación entre la información de interés público
y el espectáculo (Scheuer, 2012). Diferenciación que entronca con el
mismo rescate de la democracia, en la medida que la libertad de prensa
no puede desvincularse de las libertades públicas, con independencia de
que su producción corresponda a corporaciones privadas. Solo así,
mediante la excepción democrática de la información, como nutriente de
la opinión pública en una sociedad libre, la libertad de prensa
recuperará la credibilidad perdida, dejando para el espectáculo las
soluciones propias del entretenimiento y del ocio.
Las soluciones pasan por disociar información de interés público y espectáculo
Una primera consideración propositiva para el rescate del periodismo,
en un nuevo marco tecnológico, en el que se insertan nuevas prácticas
sociales de comunicación, parece pasar por la necesaria separación entre
información y espectáculo, al tratarse de aspectos de muy distinta
naturaleza. Esto es, rescatar los enmarcados propios del periodismo, con
independencia de los soportes, de modo que sea reconocido como una
fuente potable para su consumo por parte de la opinión pública.
Aislar,como formas propias del espectáculo, ciertas narraciones que se
presentan como periodísticas,mediante el forzamiento de la agenda de la
actualidad hacia valores ajenos al interés general y a los criterios más
básicos de la ética profesional.
Cabe asignar a todas las instancias que promueven y favorecen la
transparencia, entre las que están los medios, un estatuto democrático,
de forma que se distingan las relacionadas con el marco de las
libertades públicas, sujetas a estándares de calidad y códigos éticos,
de aquellas que recrean espectáculo u otras que están guiadas por
objetivos tóxicos, de desinformación, propaganda o simple inducción
comercial.
El Tribunal Supremo le ha negado al arquitecto Santiago Calatrava el
derecho a que se cierre la web "calatravanonoscalla.com" y se le pague
una indemnización por el contenido de este dominio, en el que se le
acusa de "proyectos ruinosos y facturas sin IVA" firmados en la
Comunidad Valenciana. El tribunal considera que el contenido de la
página "está amparado por la libertad de expresión del partido político
demandado", recoge la sentencia.
El arquitecto Santiago Calatrava demandó en 2014 a Esquerra Unida
(EU) por la web www.calatravatelaclava.com que promovió la coalición de
izquierda y en la que se informa de los contratos con el Consell y de
sus "pifias". El también ingeniero pidió el cierre cautelar de la
"denigrante" página, así como el pago de 600.000 euros por daños a su
honor.
La web muestra en su página de inicio una imagen del arquitecto con
el expresidente Francisco Camps y el condenado por distintos delitos
fiscales Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.
Calatrava los denunció por atentar contra su honor.
La Sala de lo Civil del Alto tribunal ha rechazado en una sentencia
divulgada hoy que la web auspiciada por EUPV, vulnere el honor del
arquitecto y ha desestimado su recurso, ya que considera que las duras
críticas contra él que se vierten en el citado dominio están protegidas
por la libertad de expresión e información.
Es aceptable el modo elegido por EU para denunciar "el despilfarro de
las administraciones públicas, lo elevado de los honorarios cobrados
por el demandante con cargo al erario público, la existencia de
favoritismo, de irregularidades en la contratación, de obras
defectuosas, retrasadas, de proyectos pagados que ni siquiera habían
empezado a ejecutarse, la localización de las empresas de demandante de
forma que los impuestos no se pagaran en España... etc".
"No concurren las razones que motivaron el pronunciamiento
condenatorio, puesto que "no nos calla" es una expresión claramente
diferente de "te la clava", dice el Supremo.
"La libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro
aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a
aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo,la
tolerancia y el espíritu de apertura", dice el tribunal.
El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a
la información pública
18/02/2016
laadministracionaldia.inap.es
Este artículo analiza los
principales problemas que plantea la regulación del procedimiento de ejercicio
del derecho de acceso por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno, recién cumplido el plazo para su aplicación en las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como las distintas soluciones por
las que han optado las distintas entidades que han aprobado sus propias
regulaciones sobre acceso a la información pública. Todo ello, a la luz de las
primeras interpretaciones que de dicha normativa está haciendo el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, después de un año de aplicación de la Ley. Tras
identificar los principales problemas que surgen en la aplicación de la
normativa de acceso a la información, se intentan presentar opciones
interpretativas que respeten, en la medida de lo posible, la efectiva
realización del principio de transparencia.
Leonor Rams Ramos es Profesora
Contratada-Doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan
Carlos
El artículo se publicó en el número 41 de la
Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, 2016)
La reciente publicación de los currículos
profesionales del personal de confianza de los gabinetes de Presidencia y de
las Consejerías del Principado de Asturias revela sorpresas salariales
escandalosas que, además, pueden incurrir en fraudes del régimen retributivo de
los empleados públicos de la Comunidad
Autónoma.
Angelina García García, título de bachiller
superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo B, correspondiente a titulados
universitarios medios, nivel 26 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario
anual de 43.737,60 euros
Consejería
de Derechos Sociales
María Pantiga Rodríguez, título de
bachiller superior. Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a
titulados universitarios superiores, nivel 24 (propio de Jefaturas de Sección), con un salario anual de 38.197,88 euros
Josefa Capa Texeira, título de Trabajadora
Social (universitario medio). Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios
superiores, nivel 28 (propio de Jefaturas de Servicio), con un salario anual de 54.909, 26 euros
Rosa María López Espina, Profesora de EGB (título universitario medio).
Tiene asignado un puesto asimilado al Grupo A, correspondiente a titulados universitarios
superiores, nivel 24 (propio de Jefaturas de Sección), por un importe anual de 38.197,88 euros.
La atribución al personal eventual de
confianza que se acaba de relacionar de un régimen retributivo superior al que
le corresponde en razón de su titulación académica, además de suponer un
evidente privilegio respecto al régimen retributivo de los funcionarios de carrera y del personal laboral fijo del Principado de Asturias;
constituye también, a juicio de esta asociación, un claro fraude de ley.
Ahora bien, resulta evidente que
un empleado eventual de confianza con título de bachiller superior o de formación
profesional no puede asimilarse a un funcionario de carrera de un grupo para
que el que la legislación de Función Pública exige una titulación universitaria,
como es el caso de los Grupos A y B, sin incurrir en fraude de ley.
Desde el Conceyu por Otra Función
Pública n´Asturies exigimos una corrección inmediata de este agravio
comparativo y el cese de los cargos políticos que
avalaron este fraude.
Porque la Función Pública, en un Estado que se dice Democrático
y de Derecho, no puede ser un botín de guerra del partido gobernante.
Estoy indignada, enfadada, cabreada y hastiada. Siento ira, desencanto
y frustración. Una vez más la principal ciencia y meritaje de nuestros
días, el dedismo, ha vuelto a marcar su destacado papel en nuestra
simple y llana cotidianidad. Y es que no, no sólo es atributo de las
grandes cabezas pensantes y corruptas de nuestros representantes
públicos en Madrid, no, claro que no, faltaría más.
Desde hace muchos meses, incluso años, a los socialistas se les llena
la boca, aquí, en Madrid y en cualquier parte, vociferando contra la
corrupción y la prevaricación, pero al final terminan defendiendo la
misma actitud que aquellos a los que justamente se la recriminan.
Este viernes me he enterado del enésimo caso que demuestra, una vez
más, que el enchufismo es la lotería de la mediocridad y/o la
inutilidad. La verdad es que no entiendo cómo podemos consentirlo y
precisamente porque no me resigno a ello hago público mi rechazo y deseo
que mis pacientes se enteren del porqué de mi desmotivación.
A ningún director, a ningún gestor, a ningún alto cargo de nuestra
administración sanitaria parece importarle ni un pimiento la calidad ni
la seguridad de la atención médica, en mi Servicio vivimos desde tiempo
inmemorable en la más absoluta precariedad, siempre con la soga al
cuello, siempre corriendo, siempre a destajo y al final ni agradecidos
ni pagados. Los principales afectados son los propios pacientes, que
encima nos ven a los médicos como responsables de todo sin reparar,
entre otras cosas porque nadie se lo ha dicho, que sólo somos meros
peones sometidos a la presión de la incertidumbre de una ciencia
inexacta, bonita y agradecida cuando las cosas van bien, pero ¡ay!
estresante e insatisfactoria cuando los resultados no son los esperados
tanto para los pacientes como para los gestores.
Además de una sobrecarga perpetuada y siempre minusvalorada por
nuestros mandos, se añade una vez más el desencanto de ver cómo los más
inútiles son premiados con carguinos a dedo que lo único que requieren
de preparación son unas buenas almorranas para apoyarse en ellas e
incubar en un gran sillón de su despacho de coordinador sus enormes
huevos, inflamados por estar toda una vida tocándoselos. Ah, eso sí,
cobrando sueldos que podrían ser utilizados para mejorar de verdad la
asistencia sanitaria.
Estoy harta de directores, gestores, coordinadores, caciques,
mamporreros, capataces y demás vagos ineptos de nuestros entorno, y no,
no me da la gana recurrir a Madrid o a las altas esferas para ver
ejemplos. El que se dé por aludido es que debe estarlo. Estoy HARTA de
que las comisiones de servicio sean el billete en business del que tiene
amiguitos para que le coloquen en cargos o plazas inmerecidas cuando
fue un recurso dispuesto en la ley para cubrir necesidades reales y no
una moneda de cambio entre politicastros y amiguismos.
He de confesar que ya a los 13 años deseaba fervientemente y con gran
vocación ser médico y hoy veo lamentablemente que todo aquello por lo
que luché se ha esfumado, y sólo pienso en sobrevivir en un mundo hostil
donde a cada minuto tienes que mirarte la espalda por si alguien te ha
apuñalado, eso sí a traición, jamás a la cara. Por eso me rebelo, por
eso no me callo, por eso digo a mis pacientes que si a veces me ven
cansada y abatida no se extrañen, ellos van a ser los mayores
perjudicados, porque desde luego mi motivación y mi interés se han
desinflado y aquella ilusión de la adolescencia ya no existe.
Como tampoco quiero ser totalmente tremendista, voy a dejar un
resquicio para la esperanza. Ahora mismo el Servicio de Urgencias del
Hospital San Agustín está libre de ataduras, libre para comenzar una
nueva etapa, libre para volver a ilusionarse y a ilusionarnos, con
personas que lo conocen desde hace muchos años, más que válidas para
llevar a cabo proyectos esperanzadores y que nos beneficien a todos.
Proyectos que su recién huido coordinador, ahora ascendido por
enchufismo reiterado, ni siquiera comenzó ni en los sueños que tenía
mientras roncaba en el sillón. Ahora es un buen momento para tomar las
riendas y desde el conocimiento del Hospital, desde la valía y el
esfuerzo, espero que alguno de mis compañeros urgenciólogos pueda no
sólo renovar la asistencia urgente sino que pueda hacernos olvidar una
época de miseria y de ostracismo, fomentando la colaboración con los
servicios y en lo que a mí respecta con Medicina Interna.
Espero que ahora se haga valer la capacidad y el mérito, y no
volvamos al pozo del redicho si, es muy válido pero no es de los
nuestros, no es del partido, o peor todavía ese pero si ese del SIMPA,
¡por Dios! Como sea así, compañeros, ahí me tendréis frente a las
barrricadas, dispuesta a luchar en nuestro hospitalín, codo con codo por
evitar que nos lo conviertan en un coto privado de paracaidistas
enchufados o en un territorio comanche.
EntreustéenYoutubeoVimeo,escriba
«La
brujaydon
Cristóbal» yvapodercomprobar(nun dexeque-y loespliquemosotros) cómofue'1pérfidumuñecuñarigónelquel'otru día,enMadrid,usó'1yafamosu «Gora
Alka-Eta>> pacomprometeralabruxainconsciente.
Sive'1clip,igualcoincidecomigoenquelomáspeligrosode larepresentacióndeMadridyeraganareltétanoscolosfierros de detrásdelescenariuyenquelos cómicos
manipuladores merecen la detenciónpero
por ser zurdos de les dos manes.
Vuelvo a la idea
central: que cobrentíteres les deudes
de los títeres nesti Gran Teatru de Títeres del Mundu postmodemu. La
reciprocidá ente falta y pena, pa bien ser, obliga a qu'un indignáu denunciante
títere llame a la policía títere pa suspender la representación;la responsabilidá del arrestu recái nun xuez
títere y unos medios de comunicación títeres difunden 1'escándalu.
Contertulios
radiotelevisivos títeres piden responsabilidaes de munícipes títeres y
políticos títeres de la oposiciónacusena una conceyala titeresa
d'incapacidá pal cargu.
Reacionen los títeres
defensores de les llibertaes artístiques, apelena la Constitución del país de los títeres y
don Cristóbal sal de prisión, anque-y retiren el pasaporte de Titerelandia y
queda obligáua presentase regularmente
nuna comisaría de títeres.
Siendo asina, ta too
bien.
Pero Españay Titerelandiason dos países distintos.. . digo yo.