En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Y
falta lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la
corrupción, la propia y la ajena
Antón Losada
eldiario
España ya no es el país de los NI-NI. Ahora somos
más el país de los NO SÉ. Nadie recuerda muy bien quién estaba allí o
quién contó la pasta, o quién la metió en el sobre, o quién le dijo que
se la diera a no sé quién. A golpe de titulares, redadas, imputaciones y
registros estamos viendo cómo a medio país le ha entrado la amnesia
selectiva y a otra parte del país le ha entrado el furor por anunciar
planes, medidas y contramedidas para hacer limpieza general como si
mañana fueran a venir de inspección nuestras madres.
En España con la corrupción parece pasar lo mismo que acontece con el
fraude fiscal. Cuantas más medidas y planes se anuncian en su contra,
más fuertes y vigorosas parecen crecer y multiplicarse. Seguramente nos
iría bastante mejor si dedicáramos más tiempo a hacer lo que anunciamos
que a anunciar lo que es probable que hagamos en un futuro aún por
determinar y siempre que lo hagan los demás; que luchar contra la
corrupción es una cosa e ir de pardillo otra muy distinta.
En España sobran leyes, pactos y medidas contra la
corrupción. Lo que faltan son medios, recursos humanos, técnicos y
económicos, jueces y fiscales especializados, policías y guardias
civiles que se dediquen a tiempo completo, inspectores de Hacienda con
capacidad y recursos para investigar cuanto sea menester. Y falta
también lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la
corrupción, la propia y la ajena.
Detrás de eso que
llaman desafección política está el cansancio general por tanto anuncio y
tanta promesa rota. La gente quiere poder votar a gente que haga lo que
dice y diga lo que hace. No queremos más anuncios, ni más promesas.
Queremos empezar a ver resultados.
Ni más medidas
contra la corrupción, ni más planes contra el fraude fiscal, ni más
discos de concursantes de 'Operación Triunfo' o de Justin Bieber. Es el
mínimo vital que deberíamos poder exigir como ciudadanos en un Estado
democrático de derecho que merezca tal nombre.
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