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sábado, 31 de mayo de 2014

Jornadas "Urbanismo y Participación"



Entre los próximos días 5 y 8 de junio se celebrarán en el Auditorio de Oviedo las Jornadas "Urbanismo y Participación", organizadas por la iniciativa ciudadana "Imagina un Bulevar" y el Ayuntamiento de Oviedo. Son el punto de partida de un proceso durante el cual, por primera vez, tendremos la oportunidad de decidir entre todos –vecinos, vecinas, políticos, técnicos…- cómo queremos convertir la antigua autopista Y en un nuevo espacio urbano que va a transformar radicalmente no sólo su entorno, sino toda la ciudad. El programa con las actividades previstas está disponible aquí.
 
En este enlace podéis descargar todo el material de difusión.

miércoles, 28 de mayo de 2014

La crisis de la deuda en España: Elementos básicos y alternativas


cabecera

 Bibiana Medialdea y Antonio Sanabria – Consejo Científico de ATTAC España

Este artículo se encuentra incluido en el informe Precariedad y Cohesión Social, publicado por la Fundación FOESSA y Cáritas, disponible aquí

Cómo hemos llegado hasta aquí: orígenes del endeudamiento

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública española cerrará 2013 en un 93,7% del PIB. Se trata de unas tasas inusualmente elevadas, inéditas desde las recurrentes crisis de deuda pública entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque no se trata todavía de una crisis de deuda soberana hay razones para la preocupación. El motivo es triple.
En primer lugar el vertiginoso incremento de la deuda pública, que en 2007 representaba un 36,3% del PIB. Es decir, su peso sobre el total de la economía española se ha más que duplicado en apenas seis años. Y en 2014 muy probablemente rebase la barrera psicológica del 100% del PIB.

En segundo lugar el gigantesco volumen de deuda privada, sobre todo de empresas y entidades financieras. 
Pensemos que si en conjunto a finales de 2012 el total de deuda representaba un 435% del PIB, un 330,8% sobre el PIB era deuda privada (de empresas no financieras, instituciones financieras y hogares), mientras «solo» un 104,2% era deuda pública[1]. En realidad, se trata sobre todo de deuda empresarial: la deuda acumulada por bancos y sociedades no financieras supone más de dos veces y media del total perteneciente al Estado.

El tercer motivo de preocupación es el elevado componente externo de la deuda acumulada, derivado de la dependencia respecto a la financiación foránea. Así, en 2009 el saldo de deuda externa bruta del total de la economía alcanzó el 167,7% del PIB (más de 1,7 billones de euros), mientras que la deuda exterior neta (que descuenta lo que el exterior le debe a España) se cerró en un 93,7% del PIB[2]. Solo siete años antes, en 2002, ésta representaba aproximadamente el 42% del PIB. La mayor parte de la deuda externa, como ocurre con la deuda total, la acumulan los agentes privados: en 2009 apenas el 17% de la deuda externa bruta total correspondía a las Administraciones Públicas (22,7% en el tercer trimestre de 2013).

El Gráfico 1 ilustra esa evolución del endeudamiento de los distintos agentes económicos desde 1994 hasta el segundo trimestre de 2013. El endeudamiento privado crece desde los años noventa para volver a repuntar sobre todo a partir de 2004, cuando se intensifica el crecimiento del crédito. Mientras, el crecimiento de la deuda pública no se dispara hasta 2008, una vez iniciada la recesión. Estamos, por tanto, ante una crisis que en origen es de sobreendeudamiento privado y donde, como veremos, el gasto público comienza a ganar peso no tanto por una política fiscal expansiva ni por el rescate a entidades financieras, aunque sí lo haría posteriormente.

Gráfico 1.
Deuda total por agentes económicos
(Datos trimestrales en billones de euros, 1994-2013*)
grc3a1fico-1
*datos hasta junio, inclusive.Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

¿De dónde viene la deuda privada?                                                      
Tanto la deuda de instituciones financieras, como la de sociedades no financieras y hogares aumenta durante el período analizado. Si al inicio del ciclo de crecimiento económico, en 1994, la deuda privada representaba un 89,8% del PIB, en2007 ya suponía un 311,5%, para encaramarse al 330,8% al término de 2012. Es decir, ese año las empresas, instituciones financieras y familias españolas acumulaban una deuda equivalente a más de tres veces el valor total de bienes y servicios producidos por la economía española durante ese año.

Como se aprecia en el Gráfico 1, el aumento de la deuda privada es muy distinto para cada grupo de agentes económicos. Quizá las diferencias de comportamiento se observen mejor en el gráfico siguiente. En él, a efectos de comparativa, daremos el mismo valor 100 a las diferentes cifras de deuda de cada grupo económico. Con estos números índice podremos observar la trayectoria comparada en la deuda de unos y otros.

Gráfico 2.
Evolución de la deuda por agentes económicos
grc3a1fico-2
(Datos trimestrales en números índice, marzo 1994 = 100)Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España

Como se aprecia en el Gráfico 2, el proceso de endeudamiento ha sido protagonizado claramente por las instituciones financieras. Esto tiene sentido en la medida en que han servido como intermediarias que captaban la financiación, fundamentalmente del exterior, para conceder préstamos a empresas, hogares y, en menor medida, al Estado. Cabe añadir que, en el caso de las empresas su endeudamiento es casi todo vía bancaria, por lo que este revierte en más deuda también de los bancos para poder financiarlas. La abultada diferencia reduce la escala en el gráfico, por lo que visualmente se percibe menos el intenso repunte de la deuda pública registrado a partir de 2008 y del que nos ocupamos a continuación.

¿De dónde viene la deuda pública?
El auge de la deuda soberana en los inicios de la crisis se explica por una combinación entre incremento del gasto y desplome de los ingresos públicos. Como resultado el saldo presupuestario registra un déficit del 4,8% del PIB en 2008 y del 11,2% al año siguiente.

Por el lado del gasto, su aumento inicial no fue motivado por el rescate a entidades financieras. Tampoco por una decidida política de gasto público, que apenas contó con el fugaz y controvertido Plan E,[3] sino que el principal factor explicativo radica en las prestaciones por desempleo. Es decir, gasto derivado no de planificación en materia de política económica, sino de activarse un derecho social como son estas prestaciones. De hecho, según explica Lago Peñas (2012), el 43% del incremento (30.183 millones de euros) en el gasto público entre 2007 y 2009 se debe a prestaciones sociales, derivadas a su vez de la destrucción de empleo y el consiguiente aumento de las prestaciones por desempleo.

Por el lado de los ingresos, su derrumbe está vinculado con su elevada dependencia respecto a la tributación sobre los salarios y el consumo, amén de las aportaciones procedentes de los bienes inmuebles. Tengamos en cuenta que, según datos de AMECO, los ingresos fiscales pasaron de representar un 41,7% del PIB en 2007 a un 35,2% en 2009.
Además, de 2010 en adelante los recursos públicos destinados a sanear bancos privados aumentan significativamente. Según datos de la Comisión Nacional de la Competencia (ver bibliografía), el sector financiero absorbió ese año un 94,2% del total de ayudas públicas. El total de ayudas públicas fue en 2010 de 87.145 millones de euros y 84.194 millones de euros en 2011, sumando recapitalizaciones directas, garantías estatales y medidas de liquidez distintas de garantías. La situación se agrava progresivamente y, en 2012, la desastrosa gestión del caso BFA-Bankia con el posterior rescate financiero por la troika(Comisión Europea, BCE y FMI) para recapitalizar a la banca significó un nuevo repunte de la deuda pública.

Esta combinación de recorte del gasto social y aumento de las cargas originadas por el peso de la deuda pública, derivadas del rescate bancario, supone en la práctica una socialización de deuda privada (Medialdea, 2012). Ello con el agravante de que la población más afectada por las políticas de austeridad paga por una crisis bancaria que no originó.
  
Gráfico 3.
Evolución de la deuda pública y la de instituciones financieras.
(Datos trimestrales en billones de euros, 1998- 2013*)
grc3a1fico-3
*datos hasta junio, Inclusive.Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España

El vínculo entre la deuda de las instituciones financieras y del Estado viene principalmente por dos vías: avales públicos concedidos a entidades financieras y ayudas directas para la recapitalización bancaria.

En el primer caso, si bien inicialmente el Estado español apenas dedicó dinero al sector financiero, aprobó un programa de avales públicos prorrogables de hasta 100.000 millones de euros sobre títulos que emitieran los bancos y cajas para financiarse. Se trataba así de reforzar la confianza por parte de los inversores, con lo que se mejoraba el complicado acceso a los mercados mayoristas de crédito. Pero al concederse sin siquiera verificar antes la situación de quién recibía el aval, en la práctica se socializaba un riesgo privado (Sanabria y Garzón, 2014).

En el segundo caso según datos del FMI (2013) sólo en recapitalizaciones directas a bancos el Estado español había destinado hasta el mes de agosto de ese año un total de 63.558 millones de euros.

b) Cómo se ha gestionado la crisis de deuda: margen de maniobra y opciones seguidas
Las tensiones sobre la financiación pública comenzaron entre finales de 2009 e inicios de 2010. Con la crisis griega arrecian los ataques especulativos sobre las economías periféricas, avivados por la posibilidad de algún tipo de ruptura de la Unión Monetaria. En el caso español, a esas dudas se le sumaba el ya comentado sobreendeudamiento privado (en gran parte externo), además de las crecientes suspicacias sobre la salud del sector bancario. No en vano, según el Banco de España, en 2007 el sector de la construcción representaba un 17% del PIB y los bancos concentraban como promedio un 56% de su negocio en actividades vinculadas al ámbito inmobiliario (un 73% en el caso de las cajas). En ese contexto, una combinación de desplome en el precio de los activos inmobiliarios unido al corte en el suministro de financiación externa para los bancos sería desastrosa. Y eso fue lo que ocurrió.

Una vez que se dispara el aumento de la deuda pública el margen de maniobra para la política económica se estrecha. Primero, por el mayor coste que suponen las subidas en los tipos de interés de los bonos. Y segundo, por la mayor carga económica que supone un mayor volumen de deuda. En el caso español, recordemos, se suma otro limitante: el elevado nivel de endeudamiento externo, que impone la necesidad de que la cantidad de dinero que entra en el país sea mayor que la que sale, a fin de disponer de la liquidez necesaria para pagar esa deuda exterior. Para el Estado esto se traduce en la necesidad de lograr superávits presupuestarios, para lo que se recorta el gasto público y se suben los impuestos. También se precisa un saldo exterior positivo, que se persigue mediante una «devaluación interna» que reduce precios y salarios para hacer más competitivas las exportaciones (Estrada et al., 2013).

Desde los primeros meses de 2010, al superar la prima de riesgo[4] los cien puntos básicos, el gobierno abandona sus puntuales políticas de estímulos fiscales y apuesta decididamente por esos recortes de gasto y subidas de impuestos. Asimismo, se acometen diversas «reformas estructurales», que en la práctica suponen limitar derechos sociales: pensiones, prestaciones por desempleo, atención a la dependencia, sanidad, educación… En agosto de 2011 los dos principales partidos a escala estatal pactan una reforma constitucional para, entre otras cosas, priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier necesidad social.

Las limitaciones son pues evidentes, tanto en lo que respecta al coste en sí de la deuda y la dependencia financiera de la economía española como las exigencias impuestas por las autoridades europeas. En ambos casos se trata de priorizar los intereses inmediatos de los acreedores por encima de cualquier otra consideración. Pero la estrategia de austeridad seguida supone agravar tales problemas y limitaciones, puesto que parte de un diagnóstico equivocado y sus efectos solo empeoran la situación.
Ante la prioridad de reducir su endeudamiento, las empresas no invierten, los bancos no prestan y los hogares no consumen. El Estado, lejos de compensar esta situación ahonda la recesión con sus recortes. 

Quedan las exportaciones, que pudieran compensar parcialmente el derrumbe de la demanda interna, pero aparte de ser un sector pequeño en España, las principales economías de destino están inmersas en esa estrategia suicida de la austeridad. Para vender nos tienen que poder comprar.

El resultado de esas políticas de recortes supone, aparte de un deterioro democrático ante la merma de derechos y el incremento en los niveles de desigualdad social, un efecto contraproducente en los propios objetivos oficiales con respecto a la deuda pública. Así se observa en la evolución de la deuda pública en el Gráfico 4.

Gráfico 4
Evolución de la deuda pública y del pago de intereses
(% con respecto al PIB) 1995-2013
grc3a1fico-4

*Los datos del PIB en 2013 se corresponden a la estimación del FMI. Los tipos de interés de ese año son los fijados en los Presupuestos Generales del Estado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España, FMI y Ministerio de Hacienda.

El incremento acelerado de la deuda pública, apreciable desde 2008, conlleva un riesgo de efecto conocido como «bola de nieve»: los costes por el pago de la deuda redundan en un endeudamiento todavía mayor. El gráfico muestra, no obstante, cómo la carga por intereses con respecto al PIB es, y ha sido a lo largo de la crisis, inferior a la soportada a mediados de los años noventa, si bien en julio de 2012 el bono a 10 años llegó a alcanzar un interés del 6,80% antes de la intervención del BCE. Con todo, la parte dedicada al pago de intereses de la deuda suponía en 2013 una cuarta parte de todo el presupuesto estatal. Y según sigue en aumento el volumen de deuda, se incrementa también la carga destinada al pago de intereses aunque los tipos incluso bajen. El problema en todo caso no está solo en los tipos, sino en el propio coste que supone financiar un volumen de deuda tan abultado y creciente. Así, si sumamos al gasto presupuestado en intereses la amortización de la deuda para 2013, su coste total representa un 10% del PIB.

Además, el aumento de la ratio deuda pública/PIB no depende solo del numerador (deuda), sino también del denominador (PIB), puesto que las políticas de ajuste inciden negativamente sobre el crecimiento, reduciendo el PIB (lo que dificulta adicionalmente el ajuste fiscal).

Pero la insensatez de las políticas de austeridad va más allá. Teniendo en cuenta que estamos ante una crisis bancaria por sobreendeudamiento privado, lo adecuado serían políticas activas de lucha contra el desempleo y la pobreza, generadoras de rentas que permitieran saldar las deudas pendientes. Lo contrario solo alimenta los impagos y profundiza la crisis bancaria. Recordemos además que el Estado se ve arrastrado por la crisis bancaria, ya que ha concedido sustanciales avales y garantías al sector bancario. Según cálculos del FMI hasta verano de 2013 el total de garantías todavía vigentes era de 154.217 millones de euros. El ajuste pone en riesgo la propia viabilidad bancaria al agravar la situación en la economía de hogares empresas, de la que dependen los bancos. En el Gráfico 5 se observa la vinculación directa entre la tasa de morosidad crediticia en los bancos con las cifras de desempleo. El mayor riesgo para los bancos no está en las cifras del PIB, sino en el nivel de paro.
  
Gráfico 5.
Créditos morosos y tasa de desempleo (Datos trimestrales en % 2005-2013*)
grc3a1fico-5
* Hasta septiembre inclusive.Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE.

c) Qué se puede hacer: Experiencias internacionales
Señalábamos antes las limitaciones que la crisis por sobreendeudamiento impone al Gobierno español, tanto por el componente privado y mayormente externo de los compromisos de pago como por la pertenencia a una unión monetaria donde cualquier decisión se ve complicada al compartir área acreedores y deudores (Sanabria, 2012).

Pero las limitaciones no implican que no que no haya otras opciones. Hay alternativas incluso desde la moneda única. El primer paso sería revertir las políticas de recortes. No existe evidencia empírica alguna de crisis de deuda solventada vía austeridad. Al revés, la resolución de todas ha implicado políticas expansivas, indispensables para reanimar la economía. Asimismo, todas las crisis de deuda se han resuelto también con mayor inflación y alguna forma de impago. La prioridad de los ajustes no es garantizar la recuperación económica, sino los pagos a los acreedores eludiendo su responsabilidad como tales. Por tanto, se trata de decir “no” al ajuste y ejercer el poder como deudor (Medialdea y Sanabria, 2012). Cualquiera que fuese la reacción de la troika nunca será peor que mantener el statu quo vigente; y a la parte acreedora tampoco le interesa ir demasiado lejos en su réplica.

Si como hemos dicho la crisis es bancaria, será esencial resolver la situación de las entidades y determinar las causas para evitar su repetición, lo que hace necesario revertir el proceso de liberalización y desregulación financiera. Poner fin al chantaje que implica el «demasiado grande para caer» de los bancos. En cuanto al saneamiento de entidades encontramos un buen ejemplo en el caso sueco[5] tras la crisis bancaria de 1992. Sintéticamente, se aplicó un modelo bail-in, es decir: los costes para su recapitalización parten en primer lugar de los accionistas y bonistas propietarios de esos bancos. La parte restante del agujero patrimonial no cubierta por los capitalistas es aportada por el Estado. Ninguna crisis bancaria sale gratis para los contribuyentes, pero al menos en este caso el Estado ejerció como nuevo propietario despidiendo a la antigua junta directiva.

El caso de Islandia fue similar en este sentido, en la medida en que los propietarios de los bancos también participaron en costear la recapitalización de las entidades rescatadas y el Estado pasó a ejercer control sobre ellas. Pero añade otro factor al que nos referíamos en el Gráfico 5: Las autoridades fueron conscientes de que no se resolvería la situación bancaria sin atender a la población. Por ello se han aprobado quitas para deudas hipotecarias superiores al 110% del valor del inmueble.

Más atrás en el tiempo, durante la Gran Depresión, el presidente estadounidense Roosevelt puso en marcha un programa de reestructuración de la deuda de los hogares creando un banco malo, Home Owners’ Loan Corporation (HOLC), que compraba las casas hipotecadas a precios inferiores a los apuntado en libros y renegociaba con las familias las condiciones de pago en función de sus posibilidades. Aparte de atender al drama social de los desahucios, al final de su actividad, en 1953, la HOLC registraba beneficios netos.

Con respecto a la deuda pública también hay alternativas. En primer lugar revertir el actual orden de prioridades para hacer primar los derechos sociales básicos frente al pago de la deuda, e impulsar políticas de inversión pública sostenible y redistribución de la renta. Asimismo, es imprescindible realizar quitas sobre las deudas hipotecarias de los hogares atendiendo a su capacidad de pago, con el objetivo explícito de que no se queden sin vivienda. Paralelamente, el parque inmobiliario que concentra la SAREB puede ser utilizado para crear un parque público de viviendas de alquiler social. Se consigue con ello atender a una demanda social urgente, mientras se detiene la deflación en el precio de la vivienda y se frena el deterioro en los activos bancarios. Se requiere asimismo de una auditoría de la deuda pública, a fin de determinar qué parte puede ser considerada ilegítima. Esta auditoría de la deuda ya fue aplicada en Ecuador y abrió un proceso de renegociación de la deuda que supuso un ahorro estimado en 7.200 millones de dólares.

En definitiva, se trata tan solo de algunas experiencias donde se priorizaron los derechos de los deudores frente al interés de los acreedores. Y lejos de resultar un desastre, permitieron a estas economías salir adelante y evitar el círculo vicioso de endeudarse para pagar la deuda. Se trata de algo conocido ya desde la Antigüedad con la celebración de jubileos. Se entendía entonces que, en determinadas situaciones, la opción del impago resultaba la menos perjudicial para todas las partes.

Bibliografía
-Comisión Nacional de la Competencia (varios años): Informe Anual sobre ayudas públicas en España. Disponibles aquí
-Estrada, B. (coord.); Paz, Mª J.; Sanabria, A. y Uxó J. (2013): Qué hacemos con la competitividad, Akal.
-FMI (2013): Spain. Article IV Consultation. Country Report 13/244 (agosto) Disponible aquí
-Lago Peñas, M. (2012): «El gasto público: un falso culpable». Fundación 1º de Mayo, Informe 46 (enero). Disponible aquí
-Medialdea B. (2012) «Deuda, banca y recortes», Anuario Sociolaboral 2012, Fundación 1º de Mayo, págs. 241-252. Disponible aquí
___ (coord.) (2013): Qué hacemos con la deuda, Akal.
-Medialdea B. y Sanabria, A. (2012): «La “crisis de la deuda” en Europa”: lecciones y alternativas de la experiencia latinoamericana», Boletín del Centro de Documentación Hegoa, 32 (octubre). Disponible aquí
-Sanabria, A. (2012): «La crisis del euro y la dictadura de los acreedores», Momento Económico, 23-24, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Disponible aquí

NOTAS:
[1] Se trata del porcentaje considerando el total de pasivos y préstamos del Estado. Las cifras oficiales son algo menores porque se rigen por los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) fijado por Bruselas. Así, según estos criterios la deuda pública sobre el PIB en 2012 fue el 86%.
[2] Las cifras al momento de escribir estas páginas son del 163% y 98% del PIB respectivamente.
[3] Se destinaron 7.860 millones de euros en 2009 y 4.250 millones en 2010. En contraste, según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto presupuestado para desempleo pasó de 19.616 millones de euros en 2009 a 30.975 millones en 2010.
[4] La prima de riesgo o riesgo-país es un indicador del riesgo de impago percibido por los inversores en un país. Es la diferencia entre la rentabilidad ofrecida por el bono del Estado español a diez años con respecto a la de ese mismo tipo de bono alemán (bund), considerado como el más seguro. Cuanto mayor sea el riesgo de impago percibido por los inversores, mayor será el tipo de interés que el país ofrecerá para que éstos adquieran su deuda pública.
[5] Obviamente, no se trata de casos idílicos por que muestran cómo son posibles otras opciones. Una exposición más detallada se puede encontrar en el libro Qué hacemos con la deuda, Akal, 2013.
Publicado en Colectivo Novecento
 
ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

domingo, 25 de mayo de 2014

Europa, ¿democracia o imperio?

Una
 vez más, los ciudadanos de la Unión Europea estamos convocados a unas
elecciones parlamentarias, la forma habitual en que se decide el poder
político en los sistemas democráticos. Se supone, por tanto, que lo que
votará la población será el proyecto político que más conecte con sus
aspiraciones, perspectivas, esperanzas e ideologías. Sabemos por
experiencia que en la práctica las cosas son mucho menos simples; que
los partidos políticos, al menos los que tienen opciones reales de
poder, son más empresas que se promueven mediante el marketing electoral
 que instrumentos de participación política, y que por tanto la
capacidad de penetración de cada partido guarda bastante relación con
los recursos que lo avalan y con su presencia habitual en los medios de
comunicación; que los programas casi nadie los conoce y suelen ser
aparcados una vez que se llega al poder; que a menudo los votantes
deciden más por la imagen del candidato que por el proyecto... Pero, con
 todo, sabemos que al menos el éxito electoral permite el acceso al
poder y determina para todo el mandato una parte de las políticas que se
 llevarán a cabo. Aunque en algunos aspectos esenciales, especialmente
los económicos, las diferencias son escasas entre los partidos que
acceden al poder, en otros los diferentes gobiernos presentan
diferencias significativas.


El modelo institucional de la UE difiere sustancialmente de un modelo
 democrático tradicional en muchos aspectos: los resultados electorales
no determinan el gobierno de la Unión, que se “elige” por un mecanismo
alternativo; las leyes que puede elaborar el Parlamento están
supeditadas a unos acuerdos que tampoco pueden revisarse en sede
parlamentaria; lo que aprueba el Parlamento europeo no se traduce
automáticamente en normas de aplicación generalizada en todo el
territorio. El Parlamento europeo es más una cámara consultiva que una
cámara de representación. Hay muchas y acertadas críticas al modelo de
democracia parlamentaria, pero, sin duda, el modelo europeo supone un
eslabón bastante más bajo por lo que a democracia se refiere.



II

La falta de democracia no descansa sólo en la configuración de las
instituciones políticas. El núcleo central del problema reside en la
constitución económica, la que verdaderamente estructura el entramado de
 la UE. Una constitución europea que, de hecho, consagra una gestión
económica neoliberal en la que los intereses de las élites económicas se
 imponen al conjunto de la población europea excluyendo toda posibilidad
 de modelos alternativos. No voy a tratar aquí de detallar estos
aspectos, pues llevamos muchos años haciéndolo y están bien detectados:
ausencia de una verdadera política presupuestaria que permita una
gestión colectiva de la economía, imposición de todo tipo de políticas
liberalizadoras, imposición de la mercantilización de los servicios
públicos, sumisión al poder financiero, destacado papel de los lobbies
 empresariales en la fijación de las políticas, etc. No deja de ser
curioso que la mayor implantación global de una política neoliberal, en
teoría de libertad del mercado, haya tenido lugar por medio de un
proceso político (en gran parte no democrático). Algo que, por sí solo,
indica que la pretensión de los neoliberales de presentar los mercados
como un espacio natural es más bien un cuento infantil y que, como vimos
 desde Pinochet, hay una relación consistente entre políticas
neoliberales y gestión autoritaria (sea bajo la égida militar o desde la
 orientación de pretendidos expertos).



III

Para los apologetas de la UE, estas deficiencias son un mero problema
 de juventud del modelo actual (aunque no suelen explicarlo ni proponer
cambios). Posiblemente, porque quienes tienen realmente el poder carecen
 de interés alguno en que las cosas cambien en el sentido de la
construcción de un estado democrático normal.


La explicación canónica de este bloqueo descansa en la lucha de
intereses nacionales que impiden construir una unión verdadera. Es
cierto que dichos intereses existen, que cada país juega en función de
la percepción nacional de sus élites (y a veces del temor a la reacción
de sus electores), pero cuando se analiza la lógica de las políticas
comunitarias se percibe claramente que algunos intereses cuentan más que
 otros y que las políticas comunitarias están fuertemente impregnadas
por las exigencias de los grandes países fundadores (especialmente
Alemania y Francia), que han evolucionado claramente hacia la hegemonía
del bloque alemán.


Puestos a hacer analogías, el modelo europeo parece tener más que ver
 con una reconfiguración de los viejos modelos imperiales europeos, de
Carlomagno al Imperio austro-húngaro, que a un modelo de estado federal a
 lo Estados Unidos de América. Un marco institucional en el que coexiste
 un poder central con numerosos territorios (reinos, repúblicas, etc.)
relativamente autónomos, pero a los que es posible imponer normas
superiores, en función de su poder relativo. Es evidente la distancia
que media entre los actuales mandatarios europeos y los viejos
emperadores, o entre los políticos nacionales y los antiguos reyes y
nobles locales, pero lo que persiste del modelo es la combinación de una
 pretendida autonomía de la base con la presencia de un suprapoder con
capacidad de imponer obligaciones desde arriba.



IV

Desde el punto de vista de la gestión neoliberal y de los intereses
de las naciones hegemónicas, este diseño tiene enormes ventajas. La
principal es imponer elementos esenciales de sus políticas sin cargar
con las responsabilidades de la gestión global.


Algunos aspectos son elocuentes. El más evidente es la ausencia de un
 sistema de derechos sociales que garantice coberturas básicas a toda la
 ciudadanía europea. Los efectos de esta ausencia son claros: las
políticas comunitarias, que generan niveles de desempleo intolerables en
 algunos países o regiones, no exigen a los ganadores realizar
transferencias que permitan alcanzar niveles de ingresos básicos a todo
el mundo. La débil regulación de los derechos laborales permite el
desarrollo de una competencia entre trabajadores de distintos países que
 se traduce en deslocalizaciones de actividades industriales (como es el
 caso de parte de la fabricación de componentes automovilísticos hacia
el este) o en una competencia desleal en el interior de los propios
países (con la llegada de empresas foráneas en mercados como la
construcción, montajes o servicios, pagando según convenio del país de
origen y forzando en todas partes a la baja las condiciones
contractuales).


Otro ejemplo evidente lo constituye el sector financiero. La libertad
 de cada país respecto a las regulaciones fiscales genera la paradoja de
 que dentro de la UE se encuentren buena parte de los paraísos fiscales y
 de los territorios de imposición reducida para las grandes empresas
(Luxemburgo, Irlanda, Holanda, o la retahíla de territorios británicos
—Jersey, Guernesey, Man, Caimán…—). Es sabido que gran parte del tráfico
 financiero que posibilita la elusión fiscal se diseña y gestiona desde
la City londinense.


El modelo actual desprotege a las personas y a los territorios en
beneficio de los grandes grupos financieros y de las grandes fortunas, y
 en parte también posibilita las desigualdades entre naciones de las que
 también se benefician los habitantes de los países más ricos. En su
estadio actual, la UE es la combinación de una estructura de poder en la
 que participan las élites de los países hegemónicos y las grandes
empresas. Como en todo imperio, no todos los habitantes de los países
centrales obtienen las mismas ventajas; también en el centro hay
perdedores (como muchos de los empleados alemanes en los minijobs).
 Pero la combinación de naciones desiguales y ausencia de políticas
sociales comunes impide generar una fuerza social alternativa con
capacidad de forzar un cambio social.



V

La Unión Europea no es solo un imperio hacia dentro, sino que también lo es hacia fuera:
 hacia el resto de países pobres a los que trata de imponer sus
políticas (a pesar de no ser la fuerza hegemónica a escala mundial,
supeditada a menudo a las imposiciones estadounidenses, empezando por
las militaristas). Por lo que a su grado de autonomía se refiere, tanto
la UE como los países principales que la componen desarrollan políticas
orientadas a mantener su cuota de poder económico y social.


Uno de los aspectos en que esto se hace evidente es en la política de
 extranjería. Las políticas migratorias tratan de crear de forma
progresiva una fortaleza que impida la libre entrada de foráneos (a
excepción de magnates, atletas de élite para equipos nacionales o
trabajadores sanitarios para cubrir carencias locales). Uno se acuerda
de los muros defensivos del imperio británico o las líneas Maginot o
Sigfrido de franceses y alemanes. La historia de todos ellos acabó en
fracaso, pero en medio hubo mucho sufrimiento humano. La Europa que
deniega el asilo político de forma casi sistemática, que trata de
contener a la gente en países pobres dispuestos a colaborar, es la misma
 que es incapaz de ofrecer a estos países oportunidades de un desarrollo
 social que garantice una vida digna. La crueldad del trato a los
inmigrantes es parte de la exigida para mantener la jerarquía económica
mundial. Y también en ello estas políticas se apoyan en la explotación
de los valores “nacionales”, del eurocentrismo (y el racismo latente)
que ha configurado la historia europea desde, al menos, finales de la
Edad Media.


Cabe destacar, además, que cuando las cosas se ponen feas el
tratamiento a los de fuera se está expandiendo a los de dentro, como
indican las diferentes medidas adoptadas para restringir la permanencia
de inmigrantes que en diversos países se aplican a gitanos, rumanos,
búlgaros y, de forma incipiente, a toda aquella persona que no encuentre
 empleo en un plazo breve.



VI

La evaluación de la política comunitaria no puede ser más que catastrófica en cualquiera de los aspectos económicos.


Desde el punto de vista de la economía convencional destaca no sólo
el aumento masivo del desempleo sino, especialmente, la insostenible
situación en que han quedado buena parte de los países del sur y el este
 de Europa, a los que se ha impuesto políticas de austeridad sin soporte
 y espacio para reconvertir su estructura productiva. Los problemas de
muchos de estos países se habían creado por el propio modelo de
integración y la acción de las grandes empresas multinacionales, y la
crisis ha servido para poner en evidencia los problemas latentes. Pero
en lugar de propiciar una reorientación de las políticas que generaron
estos problemas, las políticas de austeridad simplemente han practicado
la técnica del derribo, confiando en que en el solar reaparecerán
espontáneamente nuevas actividades.


Desde el punto de vista de las desigualdades sociales la cosa es
mucho peor. A escala de toda la UE, el grado de desigualdad es idéntico
al que experimenta EE.UU., con la diferencia de que en el caso europeo
el componente territorial tiene un peso mucho más significativo que
allí. La desigualdad conduce a la creciente pobreza que ya existe en los
 países perdedores y que se traduce en males sociales de sobra
conocidos.


Son tiempos en que las desigualdades de clase y nación preocupan poco
 a las élites. Pero no deja de ser curioso que incluso la desigualdad de
 género, que ha obtenido mejor trato mediático y político en los países
de la UE gracias al impulso del feminismo, en la práctica no solo se
mantiene en términos bastante estáticos (por ejemplo, la amplitud de la
brecha salarial es amplio y bastante estable en casi todos los países)
sino que las propias políticas comunitarias tienden a reforzarla. La
promoción del empleo a tiempo parcial para las mujeres, con la excusa de
 promover la conciliación con la vida familiar, en la práctica no es más
 que una variante del viejo modelo de división sexual del trabajo. Un
nuevo diseño que permite dejar intactas las formas de organización
empresarial, proveyéndolas de un recurso a bajo coste en actividades con
 carga de trabajo reducida.


Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental el desastre es
 completo. A pesar de su retórica y de algunas políticas
bienintencionadas, Europa sigue siendo un gran foco de los problemas
ambientales. En tanto que gran consumidor de recursos y como productor
de dinámicas que contribuyen a reforzar problemas globales como el
calentamiento o la generación de residuos.


Como marco institucional, la UE se ha mostrado una gestora desastrosa
 de la crisis económica, ha contribuido a la generación de mayores
desigualdades y no tiene propuestas serias que hacer frente a los graves
 problemas ambientales a los que nos ha conducido el productivismo
capitalista.



VII

La izquierda política y social —lo que queda más o menos organizado
de crítica, indignación, resistencia ante ese fracaso— debe tratar de
generar respuestas ante esta situación. De hecho, a corto plazo existen
dos vías posibles. Una es simplemente romper la UE y el euro y volver a
políticas nacionales en las que se supone que habría más margen de
intervención alternativa. La otra, tratar de iniciar un discurso
colectivo común orientado a generar un movimiento social transnacional
que luchara por imponer cambios de rumbo cruciales. Ninguna de las dos
vías es sencilla ni está exenta de inconvenientes graves.


La ruptura tiene un problema crucial de partida. Su principal punto
de apoyo cultural es el nacionalismo, la idea de que el propio espacio
nacional es un espacio cerrado y de que la gestión económica sólo debe
centrarse en satisfacer las necesidades de los habitantes del mismo. Se
trata de una visión del mundo limitada que en general pierde de vista la
 naturaleza y el sentido de los numerosos flujos de todo tipo que tienen
 lugar entre espacios económicos y que están en la base de las
desigualdades de desarrollo entre naciones y regiones. Una visión que
suele pasar por alto no solo la importancia de los aspectos de
intercambio desigual que predominan en la economía mundial, sino
también, sobre todo, las bases ecológicas sobre las que se construye la
prosperidad. No es casualidad que este espacio esté hoy dominado, a
escala europea, por la nueva derecha xenófoba, que añade un componente
racista autoritario claramente peligroso.


A corto plazo el espacio de la ruptura está dominado por la derecha
dura, que ha ganado fuerte predicamento en muchos países. Para que un
proceso de ruptura de la UE pudiera hacerse con otra perspectiva se
requerirían dos condiciones básicas: que se produjera un proceso previo
de acción capaz de alterar esta hegemonía y que en este proceso se
ganara conciencia social de que el marco de referencia no es la nación
aislada, sino un nuevo orden mundial justo y sostenible. Y hay que
contar con un factor adicional que dificulta la operación: que tantos
años de integración económica han alterado profundamente las estructuras
 productivas de los distintos territorios, volviéndolos menos complejos y
 aumentando su dependencia externa. Esta situación puede constituir una
dificultad importante a la hora de manejar una economía nacional que
estaría sometida a todas las presiones externas que emanan de las
instituciones supranacionales, de las poderosas multinacionales, y de
sus propias debilidades. Ningún país es igual a otro y por eso algunos
tienen más oportunidades de sobrevivir en un marco de ruptura, algo que
es necesario analizar si se opta por esta vía.


La otra opción consiste en tratar de articular una alternativa
europea que plantee un modelo social distinto. Tampoco es una opción
fácil. No sólo porque a corto plazo tiene pocas posibilidades de imponer
 cambios sustanciales en las políticas comunitarias (de hecho, es
incluso impensable que esa fuerza alternativa pueda cosechar un gran
éxito electoral). También porque entre lo que realmente se mueve existen
 muchas grietas que atraviesan las percepciones sociales (entre lo
social y lo ambiental, pero también en cuanto a los medios de actuación)
 y porque persisten las perspectivas nacionales que dificultan la
defensa de la opción por una política global alternativa en cada uno de
los territorios.


Sin ignorar estas dificultades, considero que esta es una vía que
cuando menos hay que intentar, por razones diversas. En primer lugar,
porque cualquier replanteamiento económico actual debe partir de una
consideración de la escala global de muchos problemas, y ello exige
movimientos sociales y políticos a esta escala. Todo lo que contribuya a
 generar un espacio de confluencia en esa línea va a ser útil, y por
ello ofrece más opciones que empezar por el “nosotros solos”. En segundo
 lugar, un trabajo bien hecho en esta dirección, mostrando que hay
opciones para un modelo diferente de gestión económica, es una necesidad
 esencial para derrotar culturalmente no sólo al neoliberalismo
comunitario, sino también a los defensores del nacionalismo xenófobo. La
 lucha por la hegemonía cultural es esencial para generar amplias
respuestas sociales, y cuanto más internacionalizada sea una
alternativa, mayor capacidad tendrá. En tercer lugar, porque ese mismo
proceso de acumulación cultural puede impedir que una eventual ruptura
se realice sobre el aislacionismo internacional. No es lo mismo romper
la UE sobre la base de una pretendida superioridad nacional que hacerlo
por el convencimiento de que las reglas de juego son injustas e
inviables. Hay que quebrar el actual entramado institucional: la
cuestión es cómo. Y el cómo cuenta mucho, pues no es lo mismo derribar
un edificio ordenadamente que hacerlo “a lo Sansón”.



VIII

Todas las opciones son difíciles, y todas requieren mucho trabajo,
coraje y claridad de ideas, algo que escasea en estos tiempos difíciles.
 Pero es algo necesario si queremos salir de este marasmo isoportable de
 desigualdades, de inseguridad económica generalizada, de desastre
social y ambiental a que nos ha llevado el desarrollo del capitalismo en
 general y las políticas comunitarias en particular. Para salir se
requiere mucho activismo social, buenas políticas, cambios sociales por
arriba y por abajo. Y como una de las cosas que podemos hacer es votar
en las próximas elecciones europeas a los candidatos a formar parte del
parlamento consultivo, a quienes nos pidan el voto desde la izquierda
(la derecha es lo que es, y la socialdemocracia parece a estas alturas
agotada) se les puede exigir que se comprometan a trabajar al menos para
 desarrollar movimientos a escala europea con los siguientes objetivos:



  • Forzar una evaluación seria de las políticas comunitarias y su
    impacto sobre el bienestar del conjunto de la población. Evaluar
    rigurosamente y de forma transparente es un elemento necesario para
    poner al descubierto los fallos, incongruencias y sesgos de unas
    políticas elaboradas por tecnócratas y grandes capitalistas.

  • Forzar un cambio en la forma de elaboración de las políticas, lo que
     supone tanto propugnar un nuevo marco institucional como la eliminación
     del poder que tienen las multinacionales sobre el mismo.

  • Imponer un marco social común que garantice derechos básicos y evite la presión de la competencia “hacia abajo”.

  • Ofrecer propuestas de cambio en el funcionamiento de las
    instituciones económicas que promuevan efectivamente la igualdad en
    términos de género, sociales y entre países.

  • Poner freno a las políticas privatizadoras de los bienes y servicios esenciales.

  • Transformar las políticas migratorias y, al mismo tiempo, el marco de relaciones con los países extracomunitarios.

  • Reconocer la gravedad de la crisis ambiental y exigir un enfoque de
    ajuste de la organización económica y social que evite el desastre y
    posibilite la transición hacia una sociedad realmente sostenible.

  • Bloquear todas las tendencias antidemocráticas dominantes y que están asociadas al mantenimiento del statu quo actual.

  • Apoyar el desarrollo de movimientos sociales, experiencias de cambio que propicien una nueva hegemonía social.

Seguramente, todo esto es una especie de carta de buenos deseos. Pero
 son deseos necesarios y que debemos exigir a quienes piden
(individualmente y como organizaciones) ser nuestros representantes. Y
si cumplen, no debemos dejarlos solos en estas tareas. Hay que propiciar
 por una y mil formas un cambio de ciclo político y social. Dinamitar un
 imperio para que pueda nacer un nuevo marco de instituciones promotoras
 del bienestar para todos, la sostenibilidad ambiental, la justicia, la
igualdad y la democracia.





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Albert Recio Andreu
Revista Mientras Tanto


Una
 vez más, los ciudadanos de la Unión Europea estamos convocados a unas
elecciones parlamentarias, la forma habitual en que se decide el poder
político en los sistemas democráticos. Se supone, por tanto, que lo que
votará la población será el proyecto político que más conecte con sus
aspiraciones, perspectivas, esperanzas e ideologías. Sabemos por
experiencia que en la práctica las cosas son mucho menos simples; que
los partidos políticos, al menos los que tienen opciones reales de
poder, son más empresas que se promueven mediante el marketing electoral
 que instrumentos de participación política, y que por tanto la
capacidad de penetración de cada partido guarda bastante relación con
los recursos que lo avalan y con su presencia habitual en los medios de
comunicación; que los programas casi nadie los conoce y suelen ser
aparcados una vez que se llega al poder; que a menudo los votantes
deciden más por la imagen del candidato que por el proyecto... Pero, con
 todo, sabemos que al menos el éxito electoral permite el acceso al
poder y determina para todo el mandato una parte de las políticas que se
 llevarán a cabo. Aunque en algunos aspectos esenciales, especialmente
los económicos, las diferencias son escasas entre los partidos que
acceden al poder, en otros los diferentes gobiernos presentan
diferencias significativas.


El modelo institucional de la UE difiere sustancialmente de un modelo
 democrático tradicional en muchos aspectos: los resultados electorales
no determinan el gobierno de la Unión, que se “elige” por un mecanismo
alternativo; las leyes que puede elaborar el Parlamento están
supeditadas a unos acuerdos que tampoco pueden revisarse en sede
parlamentaria; lo que aprueba el Parlamento europeo no se traduce
automáticamente en normas de aplicación generalizada en todo el
territorio. El Parlamento europeo es más una cámara consultiva que una
cámara de representación. Hay muchas y acertadas críticas al modelo de
democracia parlamentaria, pero, sin duda, el modelo europeo supone un
eslabón bastante más bajo por lo que a democracia se refiere.



II

La falta de democracia no descansa sólo en la configuración de las
instituciones políticas. El núcleo central del problema reside en la
constitución económica, la que verdaderamente estructura el entramado de
 la UE. Una constitución europea que, de hecho, consagra una gestión
económica neoliberal en la que los intereses de las élites económicas se
 imponen al conjunto de la población europea excluyendo toda posibilidad
 de modelos alternativos. No voy a tratar aquí de detallar estos
aspectos, pues llevamos muchos años haciéndolo y están bien detectados:
ausencia de una verdadera política presupuestaria que permita una
gestión colectiva de la economía, imposición de todo tipo de políticas
liberalizadoras, imposición de la mercantilización de los servicios
públicos, sumisión al poder financiero, destacado papel de los lobbies
 empresariales en la fijación de las políticas, etc. No deja de ser
curioso que la mayor implantación global de una política neoliberal, en
teoría de libertad del mercado, haya tenido lugar por medio de un
proceso político (en gran parte no democrático). Algo que, por sí solo,
indica que la pretensión de los neoliberales de presentar los mercados
como un espacio natural es más bien un cuento infantil y que, como vimos
 desde Pinochet, hay una relación consistente entre políticas
neoliberales y gestión autoritaria (sea bajo la égida militar o desde la
 orientación de pretendidos expertos).



III

Para los apologetas de la UE, estas deficiencias son un mero problema
 de juventud del modelo actual (aunque no suelen explicarlo ni proponer
cambios). Posiblemente, porque quienes tienen realmente el poder carecen
 de interés alguno en que las cosas cambien en el sentido de la
construcción de un estado democrático normal.


La explicación canónica de este bloqueo descansa en la lucha de
intereses nacionales que impiden construir una unión verdadera. Es
cierto que dichos intereses existen, que cada país juega en función de
la percepción nacional de sus élites (y a veces del temor a la reacción
de sus electores), pero cuando se analiza la lógica de las políticas
comunitarias se percibe claramente que algunos intereses cuentan más que
 otros y que las políticas comunitarias están fuertemente impregnadas
por las exigencias de los grandes países fundadores (especialmente
Alemania y Francia), que han evolucionado claramente hacia la hegemonía
del bloque alemán.


Puestos a hacer analogías, el modelo europeo parece tener más que ver
 con una reconfiguración de los viejos modelos imperiales europeos, de
Carlomagno al Imperio austro-húngaro, que a un modelo de estado federal a
 lo Estados Unidos de América. Un marco institucional en el que coexiste
 un poder central con numerosos territorios (reinos, repúblicas, etc.)
relativamente autónomos, pero a los que es posible imponer normas
superiores, en función de su poder relativo. Es evidente la distancia
que media entre los actuales mandatarios europeos y los viejos
emperadores, o entre los políticos nacionales y los antiguos reyes y
nobles locales, pero lo que persiste del modelo es la combinación de una
 pretendida autonomía de la base con la presencia de un suprapoder con
capacidad de imponer obligaciones desde arriba.



IV

Desde el punto de vista de la gestión neoliberal y de los intereses
de las naciones hegemónicas, este diseño tiene enormes ventajas. La
principal es imponer elementos esenciales de sus políticas sin cargar
con las responsabilidades de la gestión global.


Algunos aspectos son elocuentes. El más evidente es la ausencia de un
 sistema de derechos sociales que garantice coberturas básicas a toda la
 ciudadanía europea. Los efectos de esta ausencia son claros: las
políticas comunitarias, que generan niveles de desempleo intolerables en
 algunos países o regiones, no exigen a los ganadores realizar
transferencias que permitan alcanzar niveles de ingresos básicos a todo
el mundo. La débil regulación de los derechos laborales permite el
desarrollo de una competencia entre trabajadores de distintos países que
 se traduce en deslocalizaciones de actividades industriales (como es el
 caso de parte de la fabricación de componentes automovilísticos hacia
el este) o en una competencia desleal en el interior de los propios
países (con la llegada de empresas foráneas en mercados como la
construcción, montajes o servicios, pagando según convenio del país de
origen y forzando en todas partes a la baja las condiciones
contractuales).


Otro ejemplo evidente lo constituye el sector financiero. La libertad
 de cada país respecto a las regulaciones fiscales genera la paradoja de
 que dentro de la UE se encuentren buena parte de los paraísos fiscales y
 de los territorios de imposición reducida para las grandes empresas
(Luxemburgo, Irlanda, Holanda, o la retahíla de territorios británicos
—Jersey, Guernesey, Man, Caimán…—). Es sabido que gran parte del tráfico
 financiero que posibilita la elusión fiscal se diseña y gestiona desde
la City londinense.


El modelo actual desprotege a las personas y a los territorios en
beneficio de los grandes grupos financieros y de las grandes fortunas, y
 en parte también posibilita las desigualdades entre naciones de las que
 también se benefician los habitantes de los países más ricos. En su
estadio actual, la UE es la combinación de una estructura de poder en la
 que participan las élites de los países hegemónicos y las grandes
empresas. Como en todo imperio, no todos los habitantes de los países
centrales obtienen las mismas ventajas; también en el centro hay
perdedores (como muchos de los empleados alemanes en los minijobs).
 Pero la combinación de naciones desiguales y ausencia de políticas
sociales comunes impide generar una fuerza social alternativa con
capacidad de forzar un cambio social.



V

La Unión Europea no es solo un imperio hacia dentro, sino que también lo es hacia fuera:
 hacia el resto de países pobres a los que trata de imponer sus
políticas (a pesar de no ser la fuerza hegemónica a escala mundial,
supeditada a menudo a las imposiciones estadounidenses, empezando por
las militaristas). Por lo que a su grado de autonomía se refiere, tanto
la UE como los países principales que la componen desarrollan políticas
orientadas a mantener su cuota de poder económico y social.


Uno de los aspectos en que esto se hace evidente es en la política de
 extranjería. Las políticas migratorias tratan de crear de forma
progresiva una fortaleza que impida la libre entrada de foráneos (a
excepción de magnates, atletas de élite para equipos nacionales o
trabajadores sanitarios para cubrir carencias locales). Uno se acuerda
de los muros defensivos del imperio británico o las líneas Maginot o
Sigfrido de franceses y alemanes. La historia de todos ellos acabó en
fracaso, pero en medio hubo mucho sufrimiento humano. La Europa que
deniega el asilo político de forma casi sistemática, que trata de
contener a la gente en países pobres dispuestos a colaborar, es la misma
 que es incapaz de ofrecer a estos países oportunidades de un desarrollo
 social que garantice una vida digna. La crueldad del trato a los
inmigrantes es parte de la exigida para mantener la jerarquía económica
mundial. Y también en ello estas políticas se apoyan en la explotación
de los valores “nacionales”, del eurocentrismo (y el racismo latente)
que ha configurado la historia europea desde, al menos, finales de la
Edad Media.


Cabe destacar, además, que cuando las cosas se ponen feas el
tratamiento a los de fuera se está expandiendo a los de dentro, como
indican las diferentes medidas adoptadas para restringir la permanencia
de inmigrantes que en diversos países se aplican a gitanos, rumanos,
búlgaros y, de forma incipiente, a toda aquella persona que no encuentre
 empleo en un plazo breve.



VI

La evaluación de la política comunitaria no puede ser más que catastrófica en cualquiera de los aspectos económicos.


Desde el punto de vista de la economía convencional destaca no sólo
el aumento masivo del desempleo sino, especialmente, la insostenible
situación en que han quedado buena parte de los países del sur y el este
 de Europa, a los que se ha impuesto políticas de austeridad sin soporte
 y espacio para reconvertir su estructura productiva. Los problemas de
muchos de estos países se habían creado por el propio modelo de
integración y la acción de las grandes empresas multinacionales, y la
crisis ha servido para poner en evidencia los problemas latentes. Pero
en lugar de propiciar una reorientación de las políticas que generaron
estos problemas, las políticas de austeridad simplemente han practicado
la técnica del derribo, confiando en que en el solar reaparecerán
espontáneamente nuevas actividades.


Desde el punto de vista de las desigualdades sociales la cosa es
mucho peor. A escala de toda la UE, el grado de desigualdad es idéntico
al que experimenta EE.UU., con la diferencia de que en el caso europeo
el componente territorial tiene un peso mucho más significativo que
allí. La desigualdad conduce a la creciente pobreza que ya existe en los
 países perdedores y que se traduce en males sociales de sobra
conocidos.


Son tiempos en que las desigualdades de clase y nación preocupan poco
 a las élites. Pero no deja de ser curioso que incluso la desigualdad de
 género, que ha obtenido mejor trato mediático y político en los países
de la UE gracias al impulso del feminismo, en la práctica no solo se
mantiene en términos bastante estáticos (por ejemplo, la amplitud de la
brecha salarial es amplio y bastante estable en casi todos los países)
sino que las propias políticas comunitarias tienden a reforzarla. La
promoción del empleo a tiempo parcial para las mujeres, con la excusa de
 promover la conciliación con la vida familiar, en la práctica no es más
 que una variante del viejo modelo de división sexual del trabajo. Un
nuevo diseño que permite dejar intactas las formas de organización
empresarial, proveyéndolas de un recurso a bajo coste en actividades con
 carga de trabajo reducida.


Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental el desastre es
 completo. A pesar de su retórica y de algunas políticas
bienintencionadas, Europa sigue siendo un gran foco de los problemas
ambientales. En tanto que gran consumidor de recursos y como productor
de dinámicas que contribuyen a reforzar problemas globales como el
calentamiento o la generación de residuos.


Como marco institucional, la UE se ha mostrado una gestora desastrosa
 de la crisis económica, ha contribuido a la generación de mayores
desigualdades y no tiene propuestas serias que hacer frente a los graves
 problemas ambientales a los que nos ha conducido el productivismo
capitalista.



VII

La izquierda política y social —lo que queda más o menos organizado
de crítica, indignación, resistencia ante ese fracaso— debe tratar de
generar respuestas ante esta situación. De hecho, a corto plazo existen
dos vías posibles. Una es simplemente romper la UE y el euro y volver a
políticas nacionales en las que se supone que habría más margen de
intervención alternativa. La otra, tratar de iniciar un discurso
colectivo común orientado a generar un movimiento social transnacional
que luchara por imponer cambios de rumbo cruciales. Ninguna de las dos
vías es sencilla ni está exenta de inconvenientes graves.


La ruptura tiene un problema crucial de partida. Su principal punto
de apoyo cultural es el nacionalismo, la idea de que el propio espacio
nacional es un espacio cerrado y de que la gestión económica sólo debe
centrarse en satisfacer las necesidades de los habitantes del mismo. Se
trata de una visión del mundo limitada que en general pierde de vista la
 naturaleza y el sentido de los numerosos flujos de todo tipo que tienen
 lugar entre espacios económicos y que están en la base de las
desigualdades de desarrollo entre naciones y regiones. Una visión que
suele pasar por alto no solo la importancia de los aspectos de
intercambio desigual que predominan en la economía mundial, sino
también, sobre todo, las bases ecológicas sobre las que se construye la
prosperidad. No es casualidad que este espacio esté hoy dominado, a
escala europea, por la nueva derecha xenófoba, que añade un componente
racista autoritario claramente peligroso.


A corto plazo el espacio de la ruptura está dominado por la derecha
dura, que ha ganado fuerte predicamento en muchos países. Para que un
proceso de ruptura de la UE pudiera hacerse con otra perspectiva se
requerirían dos condiciones básicas: que se produjera un proceso previo
de acción capaz de alterar esta hegemonía y que en este proceso se
ganara conciencia social de que el marco de referencia no es la nación
aislada, sino un nuevo orden mundial justo y sostenible. Y hay que
contar con un factor adicional que dificulta la operación: que tantos
años de integración económica han alterado profundamente las estructuras
 productivas de los distintos territorios, volviéndolos menos complejos y
 aumentando su dependencia externa. Esta situación puede constituir una
dificultad importante a la hora de manejar una economía nacional que
estaría sometida a todas las presiones externas que emanan de las
instituciones supranacionales, de las poderosas multinacionales, y de
sus propias debilidades. Ningún país es igual a otro y por eso algunos
tienen más oportunidades de sobrevivir en un marco de ruptura, algo que
es necesario analizar si se opta por esta vía.


La otra opción consiste en tratar de articular una alternativa
europea que plantee un modelo social distinto. Tampoco es una opción
fácil. No sólo porque a corto plazo tiene pocas posibilidades de imponer
 cambios sustanciales en las políticas comunitarias (de hecho, es
incluso impensable que esa fuerza alternativa pueda cosechar un gran
éxito electoral). También porque entre lo que realmente se mueve existen
 muchas grietas que atraviesan las percepciones sociales (entre lo
social y lo ambiental, pero también en cuanto a los medios de actuación)
 y porque persisten las perspectivas nacionales que dificultan la
defensa de la opción por una política global alternativa en cada uno de
los territorios.


Sin ignorar estas dificultades, considero que esta es una vía que
cuando menos hay que intentar, por razones diversas. En primer lugar,
porque cualquier replanteamiento económico actual debe partir de una
consideración de la escala global de muchos problemas, y ello exige
movimientos sociales y políticos a esta escala. Todo lo que contribuya a
 generar un espacio de confluencia en esa línea va a ser útil, y por
ello ofrece más opciones que empezar por el “nosotros solos”. En segundo
 lugar, un trabajo bien hecho en esta dirección, mostrando que hay
opciones para un modelo diferente de gestión económica, es una necesidad
 esencial para derrotar culturalmente no sólo al neoliberalismo
comunitario, sino también a los defensores del nacionalismo xenófobo. La
 lucha por la hegemonía cultural es esencial para generar amplias
respuestas sociales, y cuanto más internacionalizada sea una
alternativa, mayor capacidad tendrá. En tercer lugar, porque ese mismo
proceso de acumulación cultural puede impedir que una eventual ruptura
se realice sobre el aislacionismo internacional. No es lo mismo romper
la UE sobre la base de una pretendida superioridad nacional que hacerlo
por el convencimiento de que las reglas de juego son injustas e
inviables. Hay que quebrar el actual entramado institucional: la
cuestión es cómo. Y el cómo cuenta mucho, pues no es lo mismo derribar
un edificio ordenadamente que hacerlo “a lo Sansón”.



VIII

Todas las opciones son difíciles, y todas requieren mucho trabajo,
coraje y claridad de ideas, algo que escasea en estos tiempos difíciles.
 Pero es algo necesario si queremos salir de este marasmo isoportable de
 desigualdades, de inseguridad económica generalizada, de desastre
social y ambiental a que nos ha llevado el desarrollo del capitalismo en
 general y las políticas comunitarias en particular. Para salir se
requiere mucho activismo social, buenas políticas, cambios sociales por
arriba y por abajo. Y como una de las cosas que podemos hacer es votar
en las próximas elecciones europeas a los candidatos a formar parte del
parlamento consultivo, a quienes nos pidan el voto desde la izquierda
(la derecha es lo que es, y la socialdemocracia parece a estas alturas
agotada) se les puede exigir que se comprometan a trabajar al menos para
 desarrollar movimientos a escala europea con los siguientes objetivos:



  • Forzar una evaluación seria de las políticas comunitarias y su
    impacto sobre el bienestar del conjunto de la población. Evaluar
    rigurosamente y de forma transparente es un elemento necesario para
    poner al descubierto los fallos, incongruencias y sesgos de unas
    políticas elaboradas por tecnócratas y grandes capitalistas.

  • Forzar un cambio en la forma de elaboración de las políticas, lo que
     supone tanto propugnar un nuevo marco institucional como la eliminación
     del poder que tienen las multinacionales sobre el mismo.

  • Imponer un marco social común que garantice derechos básicos y evite la presión de la competencia “hacia abajo”.

  • Ofrecer propuestas de cambio en el funcionamiento de las
    instituciones económicas que promuevan efectivamente la igualdad en
    términos de género, sociales y entre países.

  • Poner freno a las políticas privatizadoras de los bienes y servicios esenciales.

  • Transformar las políticas migratorias y, al mismo tiempo, el marco de relaciones con los países extracomunitarios.

  • Reconocer la gravedad de la crisis ambiental y exigir un enfoque de
    ajuste de la organización económica y social que evite el desastre y
    posibilite la transición hacia una sociedad realmente sostenible.

  • Bloquear todas las tendencias antidemocráticas dominantes y que están asociadas al mantenimiento del statu quo actual.

  • Apoyar el desarrollo de movimientos sociales, experiencias de cambio que propicien una nueva hegemonía social.

Seguramente, todo esto es una especie de carta de buenos deseos. Pero
 son deseos necesarios y que debemos exigir a quienes piden
(individualmente y como organizaciones) ser nuestros representantes. Y
si cumplen, no debemos dejarlos solos en estas tareas. Hay que propiciar
 por una y mil formas un cambio de ciclo político y social. Dinamitar un
 imperio para que pueda nacer un nuevo marco de instituciones promotoras
 del bienestar para todos, la sostenibilidad ambiental, la justicia, la
igualdad y la democracia.






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I


Una
 vez más, los ciudadanos de la Unión Europea estamos convocados a unas
elecciones parlamentarias, la forma habitual en que se decide el poder
político en los sistemas democráticos. Se supone, por tanto, que lo que
votará la población será el proyecto político que más conecte con sus
aspiraciones, perspectivas, esperanzas e ideologías. Sabemos por
experiencia que en la práctica las cosas son mucho menos simples; que
los partidos políticos, al menos los que tienen opciones reales de
poder, son más empresas que se promueven mediante el marketing electoral
 que instrumentos de participación política, y que por tanto la
capacidad de penetración de cada partido guarda bastante relación con
los recursos que lo avalan y con su presencia habitual en los medios de
comunicación; que los programas casi nadie los conoce y suelen ser
aparcados una vez que se llega al poder; que a menudo los votantes
deciden más por la imagen del candidato que por el proyecto... Pero, con
 todo, sabemos que al menos el éxito electoral permite el acceso al
poder y determina para todo el mandato una parte de las políticas que se
 llevarán a cabo. Aunque en algunos aspectos esenciales, especialmente
los económicos, las diferencias son escasas entre los partidos que
acceden al poder, en otros los diferentes gobiernos presentan
diferencias significativas.


El modelo institucional de la UE difiere sustancialmente de un modelo
 democrático tradicional en muchos aspectos: los resultados electorales
no determinan el gobierno de la Unión, que se “elige” por un mecanismo
alternativo; las leyes que puede elaborar el Parlamento están
supeditadas a unos acuerdos que tampoco pueden revisarse en sede
parlamentaria; lo que aprueba el Parlamento europeo no se traduce
automáticamente en normas de aplicación generalizada en todo el
territorio. El Parlamento europeo es más una cámara consultiva que una
cámara de representación. Hay muchas y acertadas críticas al modelo de
democracia parlamentaria, pero, sin duda, el modelo europeo supone un
eslabón bastante más bajo por lo que a democracia se refiere.



II

La falta de democracia no descansa sólo en la configuración de las
instituciones políticas. El núcleo central del problema reside en la
constitución económica, la que verdaderamente estructura el entramado de
 la UE. Una constitución europea que, de hecho, consagra una gestión
económica neoliberal en la que los intereses de las élites económicas se
 imponen al conjunto de la población europea excluyendo toda posibilidad
 de modelos alternativos. No voy a tratar aquí de detallar estos
aspectos, pues llevamos muchos años haciéndolo y están bien detectados:
ausencia de una verdadera política presupuestaria que permita una
gestión colectiva de la economía, imposición de todo tipo de políticas
liberalizadoras, imposición de la mercantilización de los servicios
públicos, sumisión al poder financiero, destacado papel de los lobbies
 empresariales en la fijación de las políticas, etc. No deja de ser
curioso que la mayor implantación global de una política neoliberal, en
teoría de libertad del mercado, haya tenido lugar por medio de un
proceso político (en gran parte no democrático). Algo que, por sí solo,
indica que la pretensión de los neoliberales de presentar los mercados
como un espacio natural es más bien un cuento infantil y que, como vimos
 desde Pinochet, hay una relación consistente entre políticas
neoliberales y gestión autoritaria (sea bajo la égida militar o desde la
 orientación de pretendidos expertos).



III

Para los apologetas de la UE, estas deficiencias son un mero problema
 de juventud del modelo actual (aunque no suelen explicarlo ni proponer
cambios). Posiblemente, porque quienes tienen realmente el poder carecen
 de interés alguno en que las cosas cambien en el sentido de la
construcción de un estado democrático normal.


La explicación canónica de este bloqueo descansa en la lucha de
intereses nacionales que impiden construir una unión verdadera. Es
cierto que dichos intereses existen, que cada país juega en función de
la percepción nacional de sus élites (y a veces del temor a la reacción
de sus electores), pero cuando se analiza la lógica de las políticas
comunitarias se percibe claramente que algunos intereses cuentan más que
 otros y que las políticas comunitarias están fuertemente impregnadas
por las exigencias de los grandes países fundadores (especialmente
Alemania y Francia), que han evolucionado claramente hacia la hegemonía
del bloque alemán.


Puestos a hacer analogías, el modelo europeo parece tener más que ver
 con una reconfiguración de los viejos modelos imperiales europeos, de
Carlomagno al Imperio austro-húngaro, que a un modelo de estado federal a
 lo Estados Unidos de América. Un marco institucional en el que coexiste
 un poder central con numerosos territorios (reinos, repúblicas, etc.)
relativamente autónomos, pero a los que es posible imponer normas
superiores, en función de su poder relativo. Es evidente la distancia
que media entre los actuales mandatarios europeos y los viejos
emperadores, o entre los políticos nacionales y los antiguos reyes y
nobles locales, pero lo que persiste del modelo es la combinación de una
 pretendida autonomía de la base con la presencia de un suprapoder con
capacidad de imponer obligaciones desde arriba.



IV

Desde el punto de vista de la gestión neoliberal y de los intereses
de las naciones hegemónicas, este diseño tiene enormes ventajas. La
principal es imponer elementos esenciales de sus políticas sin cargar
con las responsabilidades de la gestión global.


Algunos aspectos son elocuentes. El más evidente es la ausencia de un
 sistema de derechos sociales que garantice coberturas básicas a toda la
 ciudadanía europea. Los efectos de esta ausencia son claros: las
políticas comunitarias, que generan niveles de desempleo intolerables en
 algunos países o regiones, no exigen a los ganadores realizar
transferencias que permitan alcanzar niveles de ingresos básicos a todo
el mundo. La débil regulación de los derechos laborales permite el
desarrollo de una competencia entre trabajadores de distintos países que
 se traduce en deslocalizaciones de actividades industriales (como es el
 caso de parte de la fabricación de componentes automovilísticos hacia
el este) o en una competencia desleal en el interior de los propios
países (con la llegada de empresas foráneas en mercados como la
construcción, montajes o servicios, pagando según convenio del país de
origen y forzando en todas partes a la baja las condiciones
contractuales).


Otro ejemplo evidente lo constituye el sector financiero. La libertad
 de cada país respecto a las regulaciones fiscales genera la paradoja de
 que dentro de la UE se encuentren buena parte de los paraísos fiscales y
 de los territorios de imposición reducida para las grandes empresas
(Luxemburgo, Irlanda, Holanda, o la retahíla de territorios británicos
—Jersey, Guernesey, Man, Caimán…—). Es sabido que gran parte del tráfico
 financiero que posibilita la elusión fiscal se diseña y gestiona desde
la City londinense.


El modelo actual desprotege a las personas y a los territorios en
beneficio de los grandes grupos financieros y de las grandes fortunas, y
 en parte también posibilita las desigualdades entre naciones de las que
 también se benefician los habitantes de los países más ricos. En su
estadio actual, la UE es la combinación de una estructura de poder en la
 que participan las élites de los países hegemónicos y las grandes
empresas. Como en todo imperio, no todos los habitantes de los países
centrales obtienen las mismas ventajas; también en el centro hay
perdedores (como muchos de los empleados alemanes en los minijobs).
 Pero la combinación de naciones desiguales y ausencia de políticas
sociales comunes impide generar una fuerza social alternativa con
capacidad de forzar un cambio social.



V

La Unión Europea no es solo un imperio hacia dentro, sino que también lo es hacia fuera:
 hacia el resto de países pobres a los que trata de imponer sus
políticas (a pesar de no ser la fuerza hegemónica a escala mundial,
supeditada a menudo a las imposiciones estadounidenses, empezando por
las militaristas). Por lo que a su grado de autonomía se refiere, tanto
la UE como los países principales que la componen desarrollan políticas
orientadas a mantener su cuota de poder económico y social.


Uno de los aspectos en que esto se hace evidente es en la política de
 extranjería. Las políticas migratorias tratan de crear de forma
progresiva una fortaleza que impida la libre entrada de foráneos (a
excepción de magnates, atletas de élite para equipos nacionales o
trabajadores sanitarios para cubrir carencias locales). Uno se acuerda
de los muros defensivos del imperio británico o las líneas Maginot o
Sigfrido de franceses y alemanes. La historia de todos ellos acabó en
fracaso, pero en medio hubo mucho sufrimiento humano. La Europa que
deniega el asilo político de forma casi sistemática, que trata de
contener a la gente en países pobres dispuestos a colaborar, es la misma
 que es incapaz de ofrecer a estos países oportunidades de un desarrollo
 social que garantice una vida digna. La crueldad del trato a los
inmigrantes es parte de la exigida para mantener la jerarquía económica
mundial. Y también en ello estas políticas se apoyan en la explotación
de los valores “nacionales”, del eurocentrismo (y el racismo latente)
que ha configurado la historia europea desde, al menos, finales de la
Edad Media.


Cabe destacar, además, que cuando las cosas se ponen feas el
tratamiento a los de fuera se está expandiendo a los de dentro, como
indican las diferentes medidas adoptadas para restringir la permanencia
de inmigrantes que en diversos países se aplican a gitanos, rumanos,
búlgaros y, de forma incipiente, a toda aquella persona que no encuentre
 empleo en un plazo breve.



VI

La evaluación de la política comunitaria no puede ser más que catastrófica en cualquiera de los aspectos económicos.


Desde el punto de vista de la economía convencional destaca no sólo
el aumento masivo del desempleo sino, especialmente, la insostenible
situación en que han quedado buena parte de los países del sur y el este
 de Europa, a los que se ha impuesto políticas de austeridad sin soporte
 y espacio para reconvertir su estructura productiva. Los problemas de
muchos de estos países se habían creado por el propio modelo de
integración y la acción de las grandes empresas multinacionales, y la
crisis ha servido para poner en evidencia los problemas latentes. Pero
en lugar de propiciar una reorientación de las políticas que generaron
estos problemas, las políticas de austeridad simplemente han practicado
la técnica del derribo, confiando en que en el solar reaparecerán
espontáneamente nuevas actividades.


Desde el punto de vista de las desigualdades sociales la cosa es
mucho peor. A escala de toda la UE, el grado de desigualdad es idéntico
al que experimenta EE.UU., con la diferencia de que en el caso europeo
el componente territorial tiene un peso mucho más significativo que
allí. La desigualdad conduce a la creciente pobreza que ya existe en los
 países perdedores y que se traduce en males sociales de sobra
conocidos.


Son tiempos en que las desigualdades de clase y nación preocupan poco
 a las élites. Pero no deja de ser curioso que incluso la desigualdad de
 género, que ha obtenido mejor trato mediático y político en los países
de la UE gracias al impulso del feminismo, en la práctica no solo se
mantiene en términos bastante estáticos (por ejemplo, la amplitud de la
brecha salarial es amplio y bastante estable en casi todos los países)
sino que las propias políticas comunitarias tienden a reforzarla. La
promoción del empleo a tiempo parcial para las mujeres, con la excusa de
 promover la conciliación con la vida familiar, en la práctica no es más
 que una variante del viejo modelo de división sexual del trabajo. Un
nuevo diseño que permite dejar intactas las formas de organización
empresarial, proveyéndolas de un recurso a bajo coste en actividades con
 carga de trabajo reducida.


Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental el desastre es
 completo. A pesar de su retórica y de algunas políticas
bienintencionadas, Europa sigue siendo un gran foco de los problemas
ambientales. En tanto que gran consumidor de recursos y como productor
de dinámicas que contribuyen a reforzar problemas globales como el
calentamiento o la generación de residuos.


Como marco institucional, la UE se ha mostrado una gestora desastrosa
 de la crisis económica, ha contribuido a la generación de mayores
desigualdades y no tiene propuestas serias que hacer frente a los graves
 problemas ambientales a los que nos ha conducido el productivismo
capitalista.



VII

La izquierda política y social —lo que queda más o menos organizado
de crítica, indignación, resistencia ante ese fracaso— debe tratar de
generar respuestas ante esta situación. De hecho, a corto plazo existen
dos vías posibles. Una es simplemente romper la UE y el euro y volver a
políticas nacionales en las que se supone que habría más margen de
intervención alternativa. La otra, tratar de iniciar un discurso
colectivo común orientado a generar un movimiento social transnacional
que luchara por imponer cambios de rumbo cruciales. Ninguna de las dos
vías es sencilla ni está exenta de inconvenientes graves.


La ruptura tiene un problema crucial de partida. Su principal punto
de apoyo cultural es el nacionalismo, la idea de que el propio espacio
nacional es un espacio cerrado y de que la gestión económica sólo debe
centrarse en satisfacer las necesidades de los habitantes del mismo. Se
trata de una visión del mundo limitada que en general pierde de vista la
 naturaleza y el sentido de los numerosos flujos de todo tipo que tienen
 lugar entre espacios económicos y que están en la base de las
desigualdades de desarrollo entre naciones y regiones. Una visión que
suele pasar por alto no solo la importancia de los aspectos de
intercambio desigual que predominan en la economía mundial, sino
también, sobre todo, las bases ecológicas sobre las que se construye la
prosperidad. No es casualidad que este espacio esté hoy dominado, a
escala europea, por la nueva derecha xenófoba, que añade un componente
racista autoritario claramente peligroso.


A corto plazo el espacio de la ruptura está dominado por la derecha
dura, que ha ganado fuerte predicamento en muchos países. Para que un
proceso de ruptura de la UE pudiera hacerse con otra perspectiva se
requerirían dos condiciones básicas: que se produjera un proceso previo
de acción capaz de alterar esta hegemonía y que en este proceso se
ganara conciencia social de que el marco de referencia no es la nación
aislada, sino un nuevo orden mundial justo y sostenible. Y hay que
contar con un factor adicional que dificulta la operación: que tantos
años de integración económica han alterado profundamente las estructuras
 productivas de los distintos territorios, volviéndolos menos complejos y
 aumentando su dependencia externa. Esta situación puede constituir una
dificultad importante a la hora de manejar una economía nacional que
estaría sometida a todas las presiones externas que emanan de las
instituciones supranacionales, de las poderosas multinacionales, y de
sus propias debilidades. Ningún país es igual a otro y por eso algunos
tienen más oportunidades de sobrevivir en un marco de ruptura, algo que
es necesario analizar si se opta por esta vía.


La otra opción consiste en tratar de articular una alternativa
europea que plantee un modelo social distinto. Tampoco es una opción
fácil. No sólo porque a corto plazo tiene pocas posibilidades de imponer
 cambios sustanciales en las políticas comunitarias (de hecho, es
incluso impensable que esa fuerza alternativa pueda cosechar un gran
éxito electoral). También porque entre lo que realmente se mueve existen
 muchas grietas que atraviesan las percepciones sociales (entre lo
social y lo ambiental, pero también en cuanto a los medios de actuación)
 y porque persisten las perspectivas nacionales que dificultan la
defensa de la opción por una política global alternativa en cada uno de
los territorios.


Sin ignorar estas dificultades, considero que esta es una vía que
cuando menos hay que intentar, por razones diversas. En primer lugar,
porque cualquier replanteamiento económico actual debe partir de una
consideración de la escala global de muchos problemas, y ello exige
movimientos sociales y políticos a esta escala. Todo lo que contribuya a
 generar un espacio de confluencia en esa línea va a ser útil, y por
ello ofrece más opciones que empezar por el “nosotros solos”. En segundo
 lugar, un trabajo bien hecho en esta dirección, mostrando que hay
opciones para un modelo diferente de gestión económica, es una necesidad
 esencial para derrotar culturalmente no sólo al neoliberalismo
comunitario, sino también a los defensores del nacionalismo xenófobo. La
 lucha por la hegemonía cultural es esencial para generar amplias
respuestas sociales, y cuanto más internacionalizada sea una
alternativa, mayor capacidad tendrá. En tercer lugar, porque ese mismo
proceso de acumulación cultural puede impedir que una eventual ruptura
se realice sobre el aislacionismo internacional. No es lo mismo romper
la UE sobre la base de una pretendida superioridad nacional que hacerlo
por el convencimiento de que las reglas de juego son injustas e
inviables. Hay que quebrar el actual entramado institucional: la
cuestión es cómo. Y el cómo cuenta mucho, pues no es lo mismo derribar
un edificio ordenadamente que hacerlo “a lo Sansón”.



VIII

Todas las opciones son difíciles, y todas requieren mucho trabajo,
coraje y claridad de ideas, algo que escasea en estos tiempos difíciles.
 Pero es algo necesario si queremos salir de este marasmo isoportable de
 desigualdades, de inseguridad económica generalizada, de desastre
social y ambiental a que nos ha llevado el desarrollo del capitalismo en
 general y las políticas comunitarias en particular. Para salir se
requiere mucho activismo social, buenas políticas, cambios sociales por
arriba y por abajo. Y como una de las cosas que podemos hacer es votar
en las próximas elecciones europeas a los candidatos a formar parte del
parlamento consultivo, a quienes nos pidan el voto desde la izquierda
(la derecha es lo que es, y la socialdemocracia parece a estas alturas
agotada) se les puede exigir que se comprometan a trabajar al menos para
 desarrollar movimientos a escala europea con los siguientes objetivos:



  • Forzar una evaluación seria de las políticas comunitarias y su
    impacto sobre el bienestar del conjunto de la población. Evaluar
    rigurosamente y de forma transparente es un elemento necesario para
    poner al descubierto los fallos, incongruencias y sesgos de unas
    políticas elaboradas por tecnócratas y grandes capitalistas.

  • Forzar un cambio en la forma de elaboración de las políticas, lo que
     supone tanto propugnar un nuevo marco institucional como la eliminación
     del poder que tienen las multinacionales sobre el mismo.

  • Imponer un marco social común que garantice derechos básicos y evite la presión de la competencia “hacia abajo”.

  • Ofrecer propuestas de cambio en el funcionamiento de las
    instituciones económicas que promuevan efectivamente la igualdad en
    términos de género, sociales y entre países.

  • Poner freno a las políticas privatizadoras de los bienes y servicios esenciales.

  • Transformar las políticas migratorias y, al mismo tiempo, el marco de relaciones con los países extracomunitarios.

  • Reconocer la gravedad de la crisis ambiental y exigir un enfoque de
    ajuste de la organización económica y social que evite el desastre y
    posibilite la transición hacia una sociedad realmente sostenible.

  • Bloquear todas las tendencias antidemocráticas dominantes y que están asociadas al mantenimiento del statu quo actual.

  • Apoyar el desarrollo de movimientos sociales, experiencias de cambio que propicien una nueva hegemonía social.

Seguramente, todo esto es una especie de carta de buenos deseos. Pero
 son deseos necesarios y que debemos exigir a quienes piden
(individualmente y como organizaciones) ser nuestros representantes. Y
si cumplen, no debemos dejarlos solos en estas tareas. Hay que propiciar
 por una y mil formas un cambio de ciclo político y social. Dinamitar un
 imperio para que pueda nacer un nuevo marco de instituciones promotoras
 del bienestar para todos, la sostenibilidad ambiental, la justicia, la
igualdad y la democracia.





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