El
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral en el día de hoy (ver escrito aquí), las declaraciones
de un responsable de la empresa Ipezsa, D. Aquilino Zapico, ante la Comisión de
Investigación que se viene desarrollando en el Ayuntamiento de Oviedo sobre la
llamada “Operación de Los Palacios”, de las que se hacen eco algunos medios de
comunicación en el día de ayer, en las que habría manifestado, relatando los defectos constructivos que
padece el edificio, que otro de los fallos más graves está en las consejerías,
en las alas que el Principado, a través de Sedes, compró a Jovellanos XXI. «No
están aisladas contra el fuego, ni técnica ni acústicamente, denunció Zapico.
«Si se produjera una chispa no sé qué podría ocurrir», advirtió sobre un asunto
que «sabe Patrimonio». Además, «el forjado inferior del nivel uno está en
contacto con el aire»”.
Recordamos que dicha empresa, según la
misma información periodística, habría ejecutado todas las instalaciones
(eléctricas, de climatización y saneamiento) del complejo de Buenavista, por lo
que el autor de las declaraciones no es precisamente un indocumentado que
pasaba casualmente por la
Comisión de investigación.
A juicio del Conceyu por Otra Función Pública
n´Asturies, de confirmarse los fallos de seguridad en el edificio Calatrava a
los que se habría referido D. Aquilino Zapico, estos serían de una enorme
gravedad, pues se está afirmando que no existen medidas suficientes contra
el riesgo de fuego en un edificio en el que se encuentran trabajando más de 400
empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de
ciudadanos y ciudadanas que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en
esas dependencias (Consejerías de Presidencia, Cultura, Sanidad y Economía). Unas
oficinas públicas que, recordamos, están situadas a gran altura, cuyo acceso lo
constituyen dos ascensores, en las que la salida de seguridad es una estrecha
y empinada rampa dotada de un gran número escalones, y en las que la producción
de “una chispa” es una situación no descartable, dada la
acumulación de material combustible dentro de las oficinas, dotadas con gran
aparataje eléctrico.
A la vista de lo expuesto, consideramos que estos hechos
deben ser investigados por la
Fiscalía a los efectos de determinar su veracidad, dado que,
de ser ciertas las declaraciones
efectuadas por el Sr. Zapico, podíamos encontrarnos ante el delito contra los
derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal
:“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y
estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los
trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene
adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad
física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses”.
Con la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos y ciudadanas no se juega.
Basta ya de bromas.
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
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