Los principios de transparencia,
publicidad e información pública que con tanto énfasis se mencionan en los
proyectos de ley del Principado de Asturias de Transparencia (ver aquí) y de Buen Gobierno (consultar aquí) siguen exceptuando a los asesores de confianza
política, cuya identidad se mantiene protegida como si se tratara de una
información reservada sujeta a algún secreto de Estado cuya finalidad
desconocemos.
El Conceyu por Otra Función Pública
n´Asturies ya denunció públicamente en el mes de febrero del año 2013 que existían un total de 98 asesores de confianza cobrando con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias (ver aquí), cuyo nombramiento se mantenía
en secreto, es decir, sin publicar en el Boletín Oficial. También decíamos
entonces y reiteramos ahora, que la omisión de la publicación de los nombramientos de este personal
eventual conduce a la inadmisible situación de que los asesores del Presidente del
Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos “altos cargos” que gozan
actualmente del privilegio del anonimato. ¿Con qué garantías se puede
controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores
cuya identidad se mantiene en la sombra?
Pues bien, la opacidad y el oscurantismo
sobre la identidad de los asesores políticos se mantiene intacta en los
proyectos de ley del Principado de Asturias de Transparencia y de Buen Gobierno
que actualmente impulsa el Gobierno de Asturias a bombo y platillo. Según
dispone el artículo 2 del Proyecto de Ley de Buen Gobierno el personal eventual
del gabinete del Presidente y los Jefes de Gabinete de los titulares de las
Consejerías tienen la condición de “altos cargos” y
están sometidos al régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y demás
normas de transparencia de intereses, actividades y patrimonio que los miembros
del Gobierno de Asturias.
Sin embargo, la única información
institucional obligatoria en relación con esos asesores políticos es la que
impone el artículo 13, letra b) del proyecto de Ley de Transparencia: el
número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo, sin obligación alguna
de publicar los nombramientos.
El Conceyu por
Otra Función Pública n´Asturies vuelve a insistir en que la omisión de la
publicación de los nombramientos de este personal eventual conduce a la
inadmisible situación de que los asesores del Presidente del Principado y los
jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos “altos
cargos” que gozan actualmente del privilegio del anonimato. ¿Con qué
garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades
de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?
¿Cómo se puede controlar,
de forma real y efectiva, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de
los asesores de los diputados de la Junta General del Principado, si se
mantienen ocultos y escondidos en la trastienda?. ¿De qué transparencia no
están hablando el Gobierno y los señores y señoras diputados/as?
No cuelan ya más
coartadas para seguir tapando la identidad de los 98 asesores políticos del
Principado. ¿Qué esconden esos nombramientos para que se acompañen de tanto
secreto?
¡Transparencia ya!
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