El CGPJ: una institución de régimen
La reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que según la Constitución de 1978 (art. 122) debería ser el órgano de autogobierno de un poder judicial independiente, ha provocado un escándalo que, no por previsible, deja de poner de manifiesto la podredumbre institucional del régimen de la Segunda Restauración Borbónica. Para los amantes de la Marca España conviene recordar que según el neoliberal World Economic Forum, el Reino de España ocupa el lugar número 60 de 133 en lo que se refiere a la independencia de su justicia. Aunque ello impresiona ya poco a sus sufridos ciudadanos, sometidos a un embudo judicial de siete causas judiciales pendientes por cada 100 habitantes, una cifra solo superada en la UE por Italia, Portugal y Eslovenia.
La primera Ley orgánica (1980) destinada a desarrollar el art. 122 de la Constitución estableció que los 12 vocales correspondientes a la judicatura serían elegidos por voto directo por los jueces y los restantes 9 por mayoría de tres quintos por ambas Cámaras de las Cortes, a partes iguales, entre juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia. La segunda Ley orgánica (1985) corrigió a la primera, en el sentido de que todos los vocales serían elegidos por las Cortes. Una famosa sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional estableció, a pesar de las impugnaciones, la constitucionalidad de la Ley, pero advirtió que los partidos políticos con representación parlamentaria podían frustrar el mandato constitucional de independencia judicial si elegían a los vocales de acuerdo con su representación en las cámaras y no atendiendo al "bien común".
La aparente contradicción señalada por la sentencia del TC fue resuelta oportunamente en el Pacto por la Justicia de 28 de mayo de 2001 entre el PP y el PSOE, cuando se definió el "bien común" como la extensión permanente al poder judicial del bipartidismo de la Segunda Restauración Borbónica. A partir de ese momento –uno de los hitos de la estrategia de "oposición Bambi" de Zapatero al Gobierno Aznar, gestionada por el futuro ministro de justicia López Aguilar- la conservadora Asociación profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia se repartieron la composición del CGPJ, garantizando siempre una mayoría conservadora (aunque fuera mediante el bloqueo de los plazos legales para su renovación en tres ocasiones por el PP), a costa de marginar a la Asociación Francisco de Vitoria y al Foro Judicial Independiente, así como al 50% de los jueces, no afiliados a ninguna de las cuatro asociaciones profesionales de la magistratura.
En enero de 2010, la mitad de los jueces en activo firmaron el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial, cuya lectura abre las carnes de cualquier demócrata y que debería haber provocado una inmediata reacción del gobierno Zapatero. Pero los idus de mayo neoliberales que acabarían en la reforma constitucional express de 2011 estaban ya a la vuelta de la esquina. Y la lógica dominante era ya como defender a los "pilares" del régimen de la oleada de causas por corrupción que empezaban a acumularse.
La reforma de la Ley orgánica del CGPJ de Gallardón (junio del 2013) responde al posible bloqueo interno del bipartidismo judicial por una hipotética radicalización del PSOE o un cambio del mapa político parlamentario en 2015: los vocales del CGPJ podrán ser designados por una sola de las dos cámaras si en la otra no se alcanza la mayoría preceptiva de los tres quintos. Lo que en la practica asegura una nueva funcionalidad al moribundo Senado, cuyo antidemocrático proceso de elección garantiza al PP esa mayoría y su proyección en el CGPJ.
También hay que darle su justa importancia a otra novedad de la Ley Gallardón: los presidentes de Sala de todos los Tribunales y Audiencias serán elegidos a partir de ahora por mayoría simple y no por los tres quintos anteriores (que solo se mantienen para los dos magistrados del TC que elige el CGPJ). Lo que sin duda tendrá efectos previsibles en muchas de las causas abiertas y por abrir en relación con la corrupción, el recorte de derechos civiles o sociales o simplemente políticas.
Tras la negociación secreta entre Gallardón y Antonio Camacho, exministro de interior socialista, el debate en el PSOE es indicativo de muchas cosas sobre la situación actual. En primer lugar, sobre la orientación política del grupo dirigente rubalcabista tras la reciente Conferencia Política, que debería haber renovado su proyecto político: como un boxeador noqueado, se aferra a su contrincante (y contraparte en el régimen bipartidista), el PP, para no caer. En segundo lugar, ante las críticas internas, sobre todo del PS de Madrid, justifica el pacto como un "mal menor", porque Gallardón habría impuesto "su" CGPJ en cualquier caso, cerrando la vía a la judicialización de la política en su máxima instancia, los recursos ante el TC. En tercer lugar, por la "responsabilidad" que exige "garantizar el funcionamiento de las instituciones".
A pesar de ello, y tras el conveniente retorcimiento de brazos a la hora de la votación en el Congreso y en el Senado, se ha producido la dimisión como senador del secretario general del PSM, Tomas Gómez, incapaz del trágala de apoyar al mismo juez al que había impugnado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contra la privatización de la sanidad pública madrileña.
Que en este panorama de podredumbre institucional IU haya decidido participar en el acuerdo de renovación del CGPJ, aceptando una de las vocalías que le corresponderían al PSOE en el reparto bipartidista, escapa a cualquier argumentación de izquierda, por muy tacticista que sea. Y está en contradicción abierta con la estrategia aprobada en su última Conferencia de denuncia abierta del actual régimen de la Segunda Restauración Borbónica.
En conclusión, la renovación del CGPJ ha puesto de manifiesto la capacidad de hegemonía del PP en relación al poder judicial y el absoluto desconcierto de la izquierda, dividida entre un PSOE rubalcabista, cuyo único horizonte es aferrarse a un bipartidismo agónico, y una IU incapaz de ofrecer una alternativa que empiece por tomarse en serio a si misma.
Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de Sin Permiso
Crisis institucional en la justicia española: el último justo en Sodoma
En el proceso desconstituyente iniciado por el PP y apoyado por el Principal Partido de la Oposición (PPO), la inminente designación de vocales del CGPJ revela que en la Sodoma de la vida política española todavía queda algún justo.
Tras la LO 4/2013, norma (otra más) que pervierte la CE para someter a los intereses del Ejecutivo lo poco que quedaba del CGPJ y de la garantía institucional de la independencia judicial, PP y PPO se han repartido ya el pastel de los vocales judiciales (12), tras repartir la tarta de los no judiciales (8), con una concesión testimonial a los partidos minoritarios. Entre otras menudencias, estos vocales serán los que elijan a los integrantes del TS y a parte de los del TC, así como a todos los Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Así, el órgano de gobierno de los jueces es ahora una subdelegación más del gobierno, Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial, podríamos llamarlo, lo cuál es particularmente importante en el mismo momento- caprichos del destino- en que un señor de Castellón, aficionado a los juegos de azar, ha sido agraciado con cuatro años de prisión por fraude fiscal, fruto del capricho de la díscola Temis.
Esta diosa de la justicia, siempre dada a la rebeldía y el dislate, tiene ahora que atarse en corto, pues últimamente está bastante desbocada, con más de 300 casos del particular corruptódromo nacional acumulándose en su balanza.
Es lógico que ante tal realidad, la clase política decida llegar a acuerdos lo más rápido y ágilmente posible, a diferencia de lo que ha ocurrido en la designación de CGPJ anteriores, para evitar que Temis continúe con su particular bacanal. Para ello no ha dudado en suspender un proceso de designación de vocales iniciado, reformar la LOPJ al socaire de la mayoría absoluta y situar en la nueva institución, la Subdelegación del gobierno del poder judicial (SGPJ), a alguien como el presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decidió el pasado mes paralizar las resoluciones judiciales contrarias a la privatización de la Sanidad madrileña, y que todas las decisiones al respecto fuesen tomadas por medio centenar de magistrados, donde hay una clara mayoría favorable a que la Comunidad de Madrid siga con su proceso privatizador.
Así está la cosa. Sin embargo, en esta Sodoma política Tomás Gómez amenaza con dimitir de su cargo de Senador - ¡Sí, un político en España!- si el Senado mantiene el acuerdo con el SGPJ, lo cual nos recuerda al pobre Lot clamando a Jehová por la salvación de Gomorra y Sodoma mientras buscaba a 10 justos que las libraran de su particular apocalipsis. Y es que Tomás cree, y con razón, que la marea blanca sería menospreciada con el nombramiento de quien ha intentado apagar la llama de esperanza que para sus ejemplares, constantes y organizadas movilizaciones en defensa de la salud de todos Temis había alumbrado en Madrid, suspendiendo cautelarmente el voraz proceso privatizador.
Al menos queda un justo en el Senado, aunque ello no dé para mucho, si no es que provoca una revuelta en el propio PPO que permita afrontar un nuevo proceso constituyente que regenere la democracia en este país. No es muy probable que lo haga quien a iniciativa del BCE ha consumado la reforma de la clave económica del estado social (art.135 CE) imponiendo manu militari la estabilidad presupuestaria por obra y gracia de la troika comunitaria, finiquitando así toda tentativa keynesiana de salida de la crisis. Ojalá me equivoque.
El problema de este país es que las instituciones ya no cumplen con su función: el TC ha caído, el Gobierno obedece lo que manda la troika sin rechistar a cambio de créditos para salvar a los bancos que financian las campañas del partido de turno, los bancos no dan créditos a los emprendedores, el banco de España no controla a los bancos, la justicia va lenta porque el gobierno la deja sin medios para funcionar, de forma que las condenas por corrupción son anecdóticas y sujetas siempre al comodín del indulto; el Parlamento ya no controla al Gobierno, que sólo permite comparecencias de su Presidente de forma extraordinaria; la prensa está sujeta a los intereses de los grandes grupos y los periodistas son trabajadores precarios cuya honestidad se premia con el despido; y ahora... ahora le toca a Temis. Temis empezaba a desentonar en este lodazal corrupto, pues a pesar de su espada ajada, su balanza rota y su venda carcomida, seguía cumpliendo de vez en cuando, sólo de vez en cuando, su función: proteger los derechos fundamentales de los desahuciados, despedidos, consumidores, mujeres maltratadas, imputados, presos y todos los parias de la sociedad.
Si los vocales de la novedosa Subdelegación del Gobierno del Poder Judicial siguen en su política de nombramientos el mandato de sus designantes es de temer que el deterioro institucional continúe hasta límites insoportables y si el Poder judicial cae, el último bastión de defensa de lo que queda de Constitución habrá cedido y muchos jueces/as que prometimos servir una Constitución, que poco o nada tiene que ver con lo que ahora contemplamos, nos sentiremos legitimados para apoyar un proceso/s constituyente/s que regenere aquella democracia que nos dejamos en 2007
Carlos Hugo Preciado Domènech es magistrado y profesor asociado de la URV
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