CONTACTO

cofpas@gmail.com
@cofpas

viernes, 29 de noviembre de 2013

Indignación por la sanción a Xuan Cándano por una denuncia de UGT


Lema de apoyo a Xuan Cándano elaborado por Eloy Alonso.
Lema de apoyo a Xuan Cándano elaborado por Eloy Alonso.
La sanción de TVE a Xuan Cándano por una denuncia de UGT, tras la publicación en ATLÁNTICA XXII de una serie de artículos críticos sobre el sindicato el pasado mes de septiembre, ha provocado una gran indignación entre sus compañeros periodistas, pero también en otros muchos sectores profesionales y ciudadanos. Cándano es el director de la revista y trabaja desde 1985 en TVE-Asturias.
La sanción, de 20 días de empleo y sueldo, decidida por el director de Relaciones Laborales de TVE, da la razón a la denuncia de la sección sindical de TVE-Asturias por una supuesta incompatibilidad de Cándano hace 23 años. La denuncia alude a que el periodista fue el responsable de una productora de televisión entre los años 1990 y 1996 cuando disfrutaba de una excedencia en TVE. Coincidiendo con su regreso a esa empresa pública en 1996 la productora (Bocamar) dejó de tener actividad, situación que persiste hasta hoy.
Cándano niega tajantemente haber vulnerado incompatibilidad alguna y piensa que la denuncia del sindicato no es más que una represalia y una persecución por los contenidos críticos del número 28 de ATLÁNTICA XXII en relación a UGT. Ahora estudia las acciones a tomar en respuesta a una sanción recurrible, tanto ante a la empresa como ante los tribunales.
Varios partidos políticos, algunos con representación parlamentaria como Izquierda Unida y Foro Asturias, Los Verdes, sindicatos como USO y la Corriente Sindical de Izquierdas y numerosas organizaciones de todo tipo se han dirigido a Cándano y a ATLÁNTICA XXII para manifestar su estupor y su indigación con la sanción. También numerosas personas a título individual.
El secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga,ha dicho que la denuncia fue una decisión de la sección sindical ugetista en RTVE-Asturias y elude al respecto cualquier tipo de responsabilidad.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (o cómo crear una “mayoría silenciada”)


La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.
El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.
Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.
a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.
Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza.Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.
Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabruptopour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.
b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial
Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.
La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.
La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 
c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.
A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.
Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.
Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.
La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.
d) El silencio del miedo y sus límites
Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.
Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.
Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.
Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin PermisoJaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio DESC.

viernes, 22 de noviembre de 2013

«El ‘caso Renedo’ no ha sido el más difícil, pero sí el más duro por las presiones y las jugarretas»

aNGEL SORANDO PINILLA, MAGISTRADO-JUEZ INSTRUCTOR DEL ‘CASO RENEDO’

«Esperaba más de Marta; creo que está expuesta a una condena importante.Si no ha tirado de la manta quizás es que no tenía más que aportar»




–¿Aliviado?

–Sí, bueno, un poco. A ver si hay suerte y no vuelve el caso.

Ángel Sorando dictó el lunes el que está llamado a ser su último auto en el ‘caso Renedo’, la mayor investigación sobre corrupción en Asturias. Su colega Ana López Pandiella inició el proceso, y en su haber está mantenerlo en secreto un año, pinchar los teléfonos, comprobar las cuentas de los principales implicados y lanzar la redada. A su sucesor le tocó analizar miles de expedientes de contratación, ordenar periciales caligráficas, supervisar las de la Agencia Tributaria e interrogar a un centenar de implicados, entre testigos e imputados. Bajo su dirección fueron cerca de 50 los abogados personados, cada uno interponiendo recursos y propuestas en defensa de sus clientes. El resultado deja ahora pocos satisfechos. Quienes esperaban una causa general contra la Administración, ven corta la lista de 17 procesados; los que defendían que el asunto se limitaba a una funcionaria, observaron cómo afloraban indicios más amplios.

Han sido dos años y seis meses de un trabajo que cambió al propio juez. Al inicio Sorando abría las puertas de su despacho a letrados y periodistas, en la confianza de que podría hacer comprender mejor la mecánica del proceso. La publicación de dos opiniones suyas le valieron una sanción disciplinaria por cuestionar a la Fiscalía. A finales de verano el Ministerio Fiscal divulgó una Memoria en la que censuraba decisiones del juez y su «personalidad».

Los episodios han hecho mella en Sorando. ELCOMERCIO pudo comprobarlo ayer, al coincidir con él en uno de los paseos que da para cavilar sobre sus casos. Lo que sigue es un resumen de la conversación mantenida.

–Lleva 13 años al frente del Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo. ¿Ha sido éste el caso más difícil?

–Aquí pasan asuntos de mafias y entramados complejos. No es el caso más complicado, pero desde luego sí el más duro por las presiones, las jugarretas, el sentimiento de protección que ampara a algunos para moverse con cierta soberbia.

–¿Presiones de quién?

–Presiones. Dejémoslo ahí.

–¿Está más molesto que aliviado?

–A veces este es un trabajo ingrato y en esta causa más. Si preguntas a los demás, no sé si encontrarás algún juez que quisiera llevarla. Sientes cierta satisfacción cuando ves que se repara el daño causado a una víctima, pero incluso en esas situaciones hay inconvenientes; la gente quiere que seamos más rápidos.

–Alguna satisfacción le habrá deparado este asunto.

–Quizás cuando ordenas practicar alguna diligencia, sospechando que con ella descubriríamos un hecho delictivo, y luego comprobamos que, efectivamente, ahí estaba.

–Da por concluido el sumario. ¿Se ha investigado todo lo que había?

–De este caso han salido distintas piezas separadas y algunas se siguen instruyendo en distintos juzgados. Aquí nos centramos en el cohecho, ese era el motivo y el límite, y los indicios que se salían de eso se entregaban a otros juzgados. Si no te concentras acaba pasando como a la jueza de Sevilla, Alaya, que tiras de un hilo y al final el procedimiento se alarga y el sumario se llena de gente, volviéndose muy difícil de manejar. Eso no es operativo.

–«Ésta no es ni puede ser una causa general contra la corrupción en Asturias, ni éste es el único juzgado de instrucción del Principado». Cada vez que alguien pedía abrir una nueva línea de investigación, respondía con esta frase.

–Sí.Esta causa, por su trascendencia social, animó a muchos a denunciar. Me han llegado docenas de cartas pidiendo investigar esto o aquello. Cada vez que las abría, bajaba al juzgado de guardia y las entregaba porque yo no soy el único juez; aquí cada uno tiene su competencia.

–¿Encontró aquí la misma colaboración de los imputados que obtiene en otros procesos?

–La normal.No suele ocurrir que aporten mucho porque siempre tienen algo o a alguien al que proteger.

–Marta Renedo, a través de su abogado, mantuvo altas la expectativa de que tenía cosas qué decir. ¿Esperaba más?

–Sí, quizás por el hecho de que tiene la situación más complicada de todas. Los delitos que se le pueden imputar y las evidencias en su contra son graves. Otros deberán decidir, pero me parece que está expuesta a una condena importante. Es una situación en la que era razonable esperar cierta colaboración; yo en uno de los interrogatorios le expuse que si quería obtener atenuantes ese era el camino.No ha ‘tirado de la manta’ y ella sabrá por qué. Quizás sea que no tenía nada más que aportar.

jueves, 21 de noviembre de 2013

La inspección en Cemex provoca una polvareda en la Agencia Tributaria



Hacienda destituye a una inspectora lo que causa la dimisión de un jefe de la oficina de grandes contribuyentes, tras rechazar el recurso de la empresa contra una sanción
La dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) destituyó la semana pasada de forma "fulminante" a una inspectora de Hacienda de la oficina técnica de grandes contribuyentes, tras rechazar un recurso de reposición presentado por la multinacional cementera Cemex contra una sanción multimillonaria. Como consecuencia del relevo de esta inspectora dimitió el jefe de dependencia de grandes contribuyentes. Fuentes del organismo público estatal no descartan que se produzcan nuevas dimisiones. El movimiento ha generado un gran revuelo en la Agencia Tributaria.
Tanto el organismo público encargado de la gestión de impuestos como el Ministerio de Hacienda achacan el relevo de esta inspectora, que ocupaba un cargo de libre designación, a la reestructuración en la Agencia Tributaria tras la llegada del nuevo director general, Santiago Menéndez, que lleva cuatro meses en el cargo.
Otras fuentes vinculan directamente la destitución con el expediente fiscal de Cemex. El gigante cementero tiene abierta un acta de inspección desde el 7 de julio de 2011 en todos los impuestos que le son aplicables entre 2006 y 2009, según explica la propia empresa en sus cuentas anuales. La sociedad contabilizó una provisión de siete millones de euros al cierre del ejercicio pasado por la inspección en el IRPF y el IVA, en el que se incluyen los intereses de demora y las posibles sanciones.

Fuente: Cemex.
La multinacional con filiales por todo el mundo acumula, además, unos créditos fiscales por bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades de 7.410 millones de euros. Otras fuentes señalan que el motivo del cese podría estar en que la inspección había dejado pasar por trámites defectuosos actas de 2.000 a 3.000 millones de euros relacionadas con estos beneficios tributarios. Precisamente el tratamiento de estos créditos fiscales serían el objeto del revuelo levantado en la Agencia, según varias fuentes de la propia AEAT.
La empresa rehusó ayer hacer comentarios sobre su situación fiscal y alegó que desconoce el origen del conflicto interno en el organismo estatal. Al final la sociedad ha terminado pagando a Hacienda lo que le correspondía, según fuentes de la inspección.
Cemex facturó el año pasado 8.794 millones de euros y presentó unas pérdidas de 1.262 millones de euros. Solo los gastos financieros ascendieron a 656 millones de euros. La empresa de capital mexicano centraliza en la matriz radicada en España sus operaciones con las filiales repartidas por todo el mundo.
Tras el cese de la inspectora la semana pasada se produjo una reunión de urgencia entre el delegado central de grandes contribuyentes y un buen número de inspectores de Hacienda. El directivo admitió, según tres fuentes de la organización, que había dado orden de paralizar el recurso presentado por la empresa contra la sanción incluida en el acta fiscal. El sentimiento en el seno de la Inspección de Hacienda es que ha podido haber alguna orden política para no perjudicar en exceso a una empresa que anunció hace un par de meses que convertirá a España en su centro de exportación en Europa.El revuelo provocado en la Agencia Tributaria tras el descabezamiento de la oficina de grandes contribuyentes provocó la reacción de la organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), la asociación mayoritaria en el sector, que defendieron a su compañera. La organización remitió el martes un comunicado interno a sus socios, en el que señalaba que "la causa del cese parece radicar en la firma de un acuerdo, mediante el que se resolvía un recurso de reposición contra una sanción tributaria derivada de un acta de disconformidad, el cual se produce en contra de las instrucciones dadas por la delegación central de grandes contribuyentes". En la nota interna, avanzada por Expansión, de los inspectores se explica que "la desestimación del recurso de reposición se fundamentó en que el obligado tributario no alegó ninguna cuestión que no hubiera sido alegada previamente durante la tramitación del expediente recurrido".
El PSOE presentará una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la destitución. "Nos preocupa la intromisión política en la Agencia Tributaria", señaló ayer el diputado socialista Pedro Saura, que recuerda que se han producido más de 300 relevos de cargos de libre designación en los dos años que lleva el PP en el Gobierno.

martes, 12 de noviembre de 2013

Campaña contra la tasa de reposición de efectivos en el empleo público


El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) se suma a la campaña impulsada por los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa para cuestionar la constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos que contienen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y que, nuevamente, se prevén en el artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

Con esta campaña, a la que invitamos a sumarse a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales asturianas, pretendemos lograr que se restablezcan las garantías del régimen de acceso a la función pública, se corrijan las elevadas tasas de interinidad que, en estos momentos, comprometen la nota de profesionalidad de los servidores públicos y desfiguran de manera preocupante el modelo constitucional de función pública, con sus notas de mérito, capacidad e imparcialidad, y ponen en peligro el funcionamiento correcto de un sistema de servicios públicos de calidad, universal, solidario y vinculado exclusivamente a los intereses generales de las ciudadanas y ciudadanos.

Como ponen de relieve los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en un excelente informe jurídico que reproducimos aquí, no existe habilitación específica en la  Constitución para proceder a una limitación expresa del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, ni tampoco en la legislación básica que viene a configurar el contenido del derecho, pues el Estatuto Básico del Empleado Público, en su labor de delimitación del derecho de acceso a la función pública, ha determinado la obligada inclusión de los puestos vacantes ocupadas por funcionarios interinos  en la Oferta anual de empleo público , salvo que se produzca su amortización(artículo 10.4 del EBEP) 

Por ello, mantener en las relaciones de puestos de trabajo un conjunto de puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos, sin incorporarlos a la oferta anual de empleo público, conlleva un incumplimiento del derecho que asiste a los ciudadanos de acceder a la función pública –empezando por el propio personal interino al que se está negando la posibilidad de adquirir la condición de funcionario de carrera-, además de constituir una falsa medida de ahorro y austeridad, pues no supone contención alguna del gasto de personal ya que los puestos vacantes se mantienen cubiertos, si bien de manera provisional y precaria.

Cabe concluir, por todo ello, que la técnica de las tasas de reposición de efectivos, contempladas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, supone un claro elemento de distorsión para el obligado respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública en las diferentes Administraciones Públicas, con un inaceptable resultado de vulneración del derecho fundamental reconocido a los ciudadanos y ciudadanas.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies instamos al Gobierno asturiano, a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado y a las organizaciones sindicales con representación institucional, a que impulsen las medidas políticas, sindicales y judiciales que estén a su alcance, para dejar sin efecto la tasa de reposición de efectivos en el empleo público prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

11 de noviembre de 2013
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies