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jueves, 31 de octubre de 2013

Los sobresueldos del PP asturiano, en el nuevo número de ATLÁNTICA XXII



El cobro de sobresueldos entre los dirigentes del PP, que desvelaron los papeles de Bárcenas, no beneficiaba solamente a la cúpula del partido de la calle Génova. En Asturias también es o era práctica habitual, según informa en su último número ATLÁNTICA XXII con un amplio reportaje de Fernando Romero.
La revista tuvo acceso a las cuentas del PP asturiano de 2010, que reflejan esos sobresueldos de los que se beneficiaban sus dirigentes. El que más cobró ese año fue el entonces presidente y ahora diputado en el Congreso Ovidio Sánchez, que se embolsaba 6.000 euros mensuales en dos sobresueldos distintos, al margen de su sueldo.
Este número 29 también informa, en un reportaje de Elena Plaza, de la imputación de tres personas, entre ellas la ex jefa de Puertos del Principado, por el desvío de dinero en obras ejecutadas en los puertos asturianos de Puerto de Vega, Viavélez y San Esteban.
Otro artículo, de Xuan Cándano, detalla las causas que llevaron a la dimisión en la alcaldía de Cudillero de Gabriel López, lo que originó una crisis municipal sin precedentes que pondrá el Gobierno de ese concejo en manos de una gestora.
Una información de Lucas Padilla desvela el funcionamiento del sindicato Manos Limpias y su intención de formar un partido político que compita en las elecciones ocupando el lugar del populismo de ultraderecha que aún no ha cuajado en España.
La revista incluye otros muchos artículos y entrevistas en sus 80 páginas habituales. Se podrá adquirir en los puntos de venta habituales de Asturias, Madrid y León (Villablino) a partir del 31 de octubre. 

viernes, 25 de octubre de 2013

43 ceses en puestos de libre designación





El BOPA de hoy viernes 25 de octubre, publica las resoluciones de cese de un total de 43 funcionarios/as nombrados en puestos de libre designación (jefes de servicio, coordinadores, interventores etc.), en cumplimiento del Auto del TSJA del pasado 11 de septiembre.

Se trata del resultado final al que ha conducido una política de nombramientos por parte de los diferentes Gobiernos asturianos presidida por el amiguismo, el enchufismo y la confianza personal y política, pero también, de la contumacia en la reiteración de esa política clientelista en abierta rebeldía frente a las sentencias judiciales y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.

Los ceses que hoy publica el BOPA son la consecuencia directa de las decisiones políticas adoptadas, en contra de cualquier  lógica jurídica coherente, de recurrir en casación las sentencia del TSJA, con el objeto de huir hacia delante manteniéndose en la ilegalidad, mientras la burbuja de los nombramientos a dedo se iba hinchando hasta tal punto que ha terminado por estallar de forma estrepitosa.

En vez de reprochar a los recurrentes por sus acciones en defensa de la legalidad, los afectados por estos ceses deberían culpabilizar a los responsables políticos y funcionariales que no supieron parar a tiempo y corregir unos procedimientos de provisión de puestos de trabajo claramente ilegales.

Poca legitimidad  puede tener una Administración Pública para exigir a los ciudadanos y ciudadanas el cumplimiento de la legalidad, si es la primera en despreciar las normas que regulan su funcionamiento interno, entre ellas, las que se refieren al ejercicio del derecho fundamental de los empleados públicos a la promoción y carrera profesional en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

domingo, 20 de octubre de 2013

La Asociación de la Prensa arropa a ATLÁNTICA XXII y a su director, denunciado por UGT





Revista Atlántica XXII
La Asociación de la Prensa de Oviedo ha salido en defensa de ATLÁNTICA XXII y de su director, Xuan Cándano, ante la ofensiva que soportan por parte de UGT-Asturias desde la salida del último número de la revista, que incluye un dossier sobre el sindicato.
La última muestra de esa ofensiva ha sido una denuncia, absolutamente infundada, por parte de la sección sindical de UGT-Asturias en RTVE a Cándano por supuesta incompatibilidad. Cándano trabaja desde hace casi 30 años en RTVE-Asturias y la denuncia es por una productora que dirigió entre los años 1990 y 1996, cuando estaba en excedencia en esa empresa pública. Desde 1996, cuando regresó a RTVE al finalizar la excedencia, la productora está inactiva, sin trabajo ni empleados ni ingreso alguno. Cándano figura como administrador y decidió mantenerla inactiva por si en el futuro decide reabrirla, algo natural y absolutamente legal, que no viola incompatibilidad alguna.
Para dirigir ATLÁNTICA XXII, que no tiene ánimo de lucro, Cándano obtuvo las autorizaciones pertinentes por parte del Ministerio de Administraciones Públicas y de la propia RTVE.
La Asociación de la Prensa de Oviedo estima que la denuncia de UGT-Asturias es un ataque a la libertad de expresión y un acoso y un hostigamiento a Xuan Cándano. Del comunicado, que a continuación reproducimos, apenas se hicieron eco los medios de comunicación, aunque sí es noticia destacada en las redes sociales.
Comunicado de la Asociación de la Prensa de Oviedo relativo a la situación del periodista Xuan Cándano, profesional de Televisión Española en Asturias:
Asociación de la Prensa de Oviedo
La Asociación de la Prensa de Oviedo, que agrupa a más de 350 profesionales asturianos, expresa su rechazo al expediente disciplinario abierto por la dirección de RTVE, a instancia de la sección sindical de la UGT en el centro territorial de Asturias, al periodista Xuan Cándano, motivado supuestamente por el hecho de figurar como apoderado de una empresa, Bocamar Producciones, que no tiene actividad industrial alguna desde hace diecisiete años.

La denuncia de la UGT y la apertura del expediente coinciden, sospechosamente, con la publicación en el último número de la revista Atlántica XXII, de la que Cándano es director, de un reportaje de investigación sobre las actividades empresariales del sindicato socialista en Asturias titulado “UGT-Asturias: Negocios, mentiras y cintas de audio”. Dicho reportaje es destacado en la portada de la revista con el título “UGT S. A. Un sindicato empresarial”.
A juicio de la Asociación, cabe pensar en la existencia de una relación directa entre la citada información y la denuncia de la UGT en RTVE-Asturias en la medida en que tiene aún menos sentido atribuirla -falsamente, como se ha demostrado- a una inexistente incompatibilidad. Por otro lado, resultaría llamativo, además de insólito, que la UGT se dedicase ahora a hostilizar a los trabajadores en vez de defender y promover sus derechos, como se espera de un sindicato.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de la Prensa considera que, basándose en acusaciones infundadas, la UGT, a través de su sección sindical en la televisión pública, ha hecho un uso torticero de sus prerrogativas sindicales para amedrentar, cuando no escarmentar, a un periodista de trayectoria intachable cuyo pecado ha sido ejercer su derecho a la libertad de información. Y recomienda a la dirección de RTVE que no se deje utilizar e indague directamente tanto los fundamentos de la denuncia como los intereses espurios de la UGT al plantearla.
Igualmente, exigimos a la UGT de Asturias y a la ejecutiva de la sección estatal en RTVE un pronunciamiento claro sobre la sorprendente actuación de su sección en la delegación del Principado, cuyo acoso a Xuan Cándano podría desembocar incluso en su despido si la empresa cae en la trampa de sus falacias. A este respecto, la APO quiere denunciar la absoluta indefensión del periodista, ya que si bien el procedimiento sancionador prevé consultar al comité de empresa como garantía de que se respetarán sus derechos laborales, en este caso el procedimiento está viciado al tener la UGT la mayoría en dicho comité.
La Asociación de la Prensa de Oviedo pondrá a disposición del periodista todos los medios de los que dispone para la defensa de sus intereses profesionales y laborales y de la libertad de expresión.
Oviedo, 18 de octubre de 2013
José Antonio Bron

jueves, 17 de octubre de 2013

Oligarquías disfrazadas de democracias. Una crítica a las democracias contemporáneas





Oscar Diego Bautista*
Berenice de Alba Mendoza**

Resumen
A partir de la década de los noventa llegaron a las instituciones públicas un conjunto de técnicas gerenciales provenientes del sector privado conocidas como técnicas de Nueva Gestión Pública (ngp). Dichas técnicas al adoptarse en las diversas instancias de la administración pública generaron, por un lado, ajustes y/o modificaciones en los procedimientos y forma de trabajar modificando, en muchos casos de forma sustantiva, cómo organizar, estructurar y operar los servicios públicos; por otro lado, cambios en la conducta y actitudes de los servidores públicos sustituyendo el espíritu de servicio público por uno de egoísmo personal, lo que a su vez trajo como consecuencia el aumento de prácticas corruptas.

*Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, uaem.
** Estudiante de la Facultad de Humanidades y becaria en el proyecto de investigación PROMEP/103.5/09/4195
...

"En la década de los noventa del siglo xx tuvo lugar una modificación relevante en la forma de organización y operación de las instituciones públicas que se llevó a cabo a raíz de la aplicación de un grupo de técnicas denominado Nueva Gestión Pública. Estas técnicas empresariales tuvieron su origen en: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda donde existe desde hace tiempo una estrecha relación entre empresarios que son al mismo tiempo gobernantes o viceversa. Estas circunstancias son clave para comprender el traslado de las ideas, los mecanismos, así como el espíritu y conducta empresarial al ámbito público.

Algunas razones que facilitaron la adopción de estas herramientas neoempresariales fueron: a) la crisis del modelo weberiano, b) los cambios de valores en las sociedades contemporáneas, c) una mayor participación ciudadana que demandaba mejores resultados. A diferencia de otras técnicas que con anterioridad se incorporaban para la mejora de la función pública de una en una, las técnicas de gestión pública llegaron en grupo, planteando un modus operandi en el meollo de la gestión: en las estructuras administrativas. Dicha forma de actuar se halla respaldada por una filosofía y una estrategia concretas.

La implementación de las técnicas de Nueva Gestión Pública no fue repentina, se acompañó de dos elementos clave, por un lado, del agotamiento del sistema burocrático y, por otro, de la expansión abierta y total del espíritu capitalista tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría.

...
El programa gerencial comprende los siguientes pasos: 
1. Dejar que los gerentes gestionen. Darles más autonomía, más margen de maniobra.
2. Estándares y medidas explícitas de actuación. Se requiere que los objetivos estén perfectamente establecidos.
3. Mayor énfasis en la necesidad de reforzar los resultados más que los procedimientos
4. Cambio hacia la disgregación del sector público, lo que supone el desmembramiento en unidades menores organizadas en función de los productos. La justificación radica en la idea de pretender obtener una mayor eficiencia mediante la disposición de concesiones dentro y fuera del sector público.
5. Establecimiento del principio de competencia en el sector público.
6. Énfasis en el estilo de gestión y en las prácticas del sector privado.

A fin de operar estas medidas se argumentó que era necesario: 
a) aminorar la participación del Estado; 
b) desregular o eliminar diversas leyes; 
c) reducir personal de la función pública (burocracia); 
d) reclutar personal sin contrato permanente, sin otorgar prestaciones ni generar antigüedad por periodos cortos y renovables (contratos basura);
e) disminuir el número de instituciones públicas desmantelando el Estado; 
f ) privatizar los servicios públicos dando vía libre a las empresas privadas.



martes, 15 de octubre de 2013

Corrupción y guerra de trincheras mediática


Los españoles nos enfrentamos a la corrupción política con una actitud ciertamente contradictoria: por un lado, creemos que existe un nivel intolerable de corrupción y mostramos altas dosis de desafección hacia nuestros políticos. Pero, por otro lado, seguimos votando elección tras elección a los mismos partidos políticos incluso cuando éstos están siendo acusados de algún escándalo de corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Déjenme que plantee en estas líneas una hipótesis para el debate.
Pocas cosas son tan claramente perceptibles en el actual clima de opinión como el hartazgo ciudadano con la clase política y con el cúmulo de escándalos de corrupción que sufrimos últimamente. La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos no ha cesado de aumentar en los últimos tiempos alcalzando niveles hasta ahora desconocidos. En Piedras de Papel ya hemos analizado este fenómeno en varios artículos (vean aquí y aquí), pero quizás valga la pena recordar algunos datos: según el CIS, el 85% de los españoles considera que la corrupción está bastante o muy extendida en nuestro país y uno de cada tres señala a los políticos cómo el principal problema que sufrimos actualmente. Seguramente estas percepciones tan negativas se han acentuado en las últimas semanas tras los recientes escándalos como el del chalé marbellí del Presidente González, los artículos de Carlos “Amy” Mulas, los ‘sobre’-sueldos  de Génova o la conexión entre la mafia rusa y el Lloret de Mar de Xavier Crespo.
Cualquier sociólogo extranjero que viera tal acumulación de escándalos y tal grado de hartazgo entre la opinión pública podría augurar un terremoto electoral contra los gobernantes corruptos en las elecciones. Nada más lejos de la realidad. Los estudios en España muestran de forma contundente que no existe un claro castigo electoral a los escándalos de corrupción. Así de pesimistas concluían, por ejemplo, los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández en un estudiosobre la cuestión: “los partidos de los alcaldes implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en las urnas, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales”. En definitiva, la corrupción, en España, sale políticamente gratis.
¿Cómo es posible que tal desafección hacia la política coexista con una actitud tan poco crítica en las urnas? Muchos expertos intentan buscar la respuesta en cómo están diseñadas nuestras instituciones; quizás les suene últimamente la más que discutible propuesta de cambiar el actual sistema electoral de listas cerradas. Sin embargo, a mi entender en España uno de los elementos clave que explicaría tal paradoja no estaría relacionado con las instituciones públicas en sí mismas sino con el alto grado de politización de nuestros medios de comunicación.
Es conocido que en España (al igual que otros países del sur de Europa) existe una estrecha complicidad entre los medios de comunicación y los intereses partidistas. Esto provoca que los quioscos de nuestro país contengan una oferta mediática con un elevado sectarismo político. Según un estudio de Antón Castromil, los periódicos claramente se alinearon a un partido político a la hora de informar de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2011 (véase el gráfico). Por ejemplo, El País prácticamente no recogió informaciones perjudiciales para el PSOE y, en cambio, dedicó casi una quinta parte de sus artículos a publicar informaciones críticas con PP. Lo opuesto ocurría en El Mundo y, muy particularmente en el ABC. En este último periódico, nada menos que una de cada tres noticias publicadas contenía mensajes negativos hacia el PSOE, lo que contrastaba con la práctica inexistencia de noticias críticas con el PP (apenas un 1% y no descarten que fueran obra de un becario despistado).
 La politización de los periódicos españoles
Datos: CIS (Pre-electoral 2011) y Castromil y Chavero (2012)
Este alto grado de complicidad entre partidos políticos y medios de comunicación tiene importantes consecuencias sobre cómo los españoles acabamos consumiendo los medios de comunicación. Y es que ante tal panorama de sectarismo mediático, es inevitable que nos aproximemos al quiosco con elevadas medidas de seguridad para evitar ser expuestos a mensajes sistemáticamente contradictorios a nuestras preferencias políticas. El resultado es que escogemos los periódicos siguiendo un estricto criterio ideológico. La práctica totalidad de los lectores de El País son de izquierdas y, en cambio, los de El Mundo y el ABC son de derechas (véase el gráfico).
Todo ello provoca que el panorama mediático de nuestro país se asemeje a una “guerra de trincheras”, lo que genera un alto grado de cinismo político hacia los escándalos de corrupción. Cuando un periódico destapa un escándalo de corrupción suele ser recibido por la otra trinchera como una estratégica interesada, que tiene como única intención el descrédito o la difamación del adversario por cuestiones estrictamente políticas. Esto provoca que los ciudadanos (tristemente atrincherados en alguno de los bandos) se tomen con altas dosis de cinismo los escándalos publicados en los periódicos rivales. 
Es cierto que, por regla general, los individuos tienen una tendencia psicológica a no dar crédito a los escándalos que afectan al partido con el que se sienten identificados y a exagerar los que afectan a sus  rivales políticos. Este sesgo psicológico ha sido elegantemente estudiado por algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona a través de experimentos (se puede leer el artículo académico aquí).  A pesar de que se trata de una tendencia que ocurre en todas  partes, tengo la convicción de que tal dinámica está altamente acentuada en nuestro país debido a su particular “guerra de trincheras” mediática.
Por el momento, el caso Bárcenas está siendo excepcionalmente denunciado por periódicos de ambas trincheras, por lo que puede facilitar que los ciudadanos otorgen credibilidad al asunto. En este sentido, el caso Bárcenas puede ser partícularmente dañino para el PP. Aún así, seguramente muchos que están leyendo estas líneas siguen preguntándose con cierta desconfianza qué motivación política se esconde tras el afán denunciador del periódico de Pedro Jota.
Creo firmemente que en nuestro país urge un cambio drástico del rol que desempeñan los medios de comunicación. Para combatir la corrupción es esencial tener a ciudadanos informados, que den credibilidad a los escándalos que se publican en los medios (incluso cuando éstos afectan a su partido) y que, en consecuencia, castiguen la corrupción en las urnas. Y mucho me temo que tal escenario no se consigue con reformas del código penal, escenificando pactos entre partidos políticos o con las (ya cansinas) fórmulas perezosas de reformar el sistema electoral. Sólo unos medios independientes pueden evitar que los ciudadanos conciban los escándalos de corrupción como estrategias de politiqueo, con intereses espurios y con el único objetivo de difamar al adversario. Es necesario cortar los estrechos lazos entre élites políticas y medios de comunicación. Otra cuestión es saber cómo hacerlo.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Botín para Rato


La contratación de Rodrigo Rato como miembro del consejo asesor internacional del Banco de Santander, sumada a la contratación realizada unos meses antes por Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica,  ha generado una gran polémica en las redes sociales y en algunos medios digitales (aquí yaquí) aunque muy escasa -era tristemente previsible- en nuestra muy endeudada prensa en papel. Sobre este tema del revolving door en España y de la connivencia entre sus élites políticas, financieras y empresariales, hemos escrito mucho en este blog (aquí y aquí, por ejemplo). Es más, la contratación de Rato por Telefónica ya fue comentada en un post de enero de este año. Sin embargo, hoy no quiero tratar el asunto desde el punto de vista del ciudadano, es decir, analizar la forma en que los políticos chulean a sus representados en su propio beneficio (el “botín para Rato”), sino desde la perspectiva del accionista de Telefónica o del Banco de Santander, es decir, de la forma en que los consejeros de las grandes sociedades se ríen de sus representados en su propio beneficio (el “Botín para rato”). En definitiva, un análisis desde un punto de vista más mercantilista, como corresponde a la vocación jurídica de este blog. Lo que ocurre es que, anticipando un poco la conclusión, al final ambos temas inevitablemente vuelven a confluir, lo que explicaría a la postre el sincrético título escogido para este post: “Botín para Rato”.
Contratar como asesor a una persona cuya deficiente gestión en el mismo ramo de negocio ha costado 20.000 millones de euros al contribuyente, ha arruinado a miles de pequeños inversores, ha supuesto el despido de cientos de trabajadores y le ha valido a él una imputación penal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios varios… no es normal. Cabe presumir que su asesoramiento será erróneo y técnicamente deficiente, pero aunque fuera tan certero como el de Casandra, se mire como se mire su contratación supone un importante coste de imagen para la compañía. La explicación de que ha sido el mejor ministro de economía de la democracia resulta a estas alturas casi obscena, más o menos al mismo nivel que invocar su imborrable recuerdo en el FMI con dimisión anticipada incluida. Si se preguntase a los accionistas y clientes del Banco de Santander, su respuesta sería evidente: esa contratación les produce vergüenza propia y ajena. Cualquiera de ellos, dentro o fuera de España, podría preguntarse: ¿Qué sentido tiene gastarse miles de millones de euros de los accionistas en la Fórmula 1, cuando esa simple noticia en los medios nacionales e internacionales vuelve a colocar al Banco de Santander, no como el banco moderno,cool y globalizado que aspiraba a ser, sino como el banco rancio y casposo que sospechábamos que era?
En consecuencia, esa contratación sólo puede tener dos explicaciones:
a)      Los intereses personales del Sr. Botín, divergentes de los del banco.
b)      Los intereses espurios del banco, es decir, el banco agradece a los políticos los favores irregulares que se le hacen, cualquiera que sea la circunstancia.
Analicemos ahora la primera posibilidad. Es obvio que al Sr. Botín le preocupa muy poco la deficiente imagen moral que ofrece a la sociedad española (aunque lo cierto es que la “miseria moral”, el “ejemplo”, y la “asunción de responsabilidad” sí parece que le preocupan mucho a su hermano Jaime, aunque no sé si de esto hablan en casa y si, de hacerlo, sacan alguna conclusión). En cualquier caso, si el escándalo de los 2.000 millones de euros de la familia ocultos en Suiza, el caso Sáenz y su millonaria jubilación a costa del accionista pese a su condena en firme, y la contratación de Rato –entre otros asuntos menores- no le preocupan en absoluto, es porque no sufre ningún coste personal por ellos. Su puesto como presidente del banco está totalmente a salvo, de hecho ni se pone en cuestión. Como se ha observado por psicólogos e historiadores desde la caída de la República romana, esta invulnerabilidad frente a la responsabilidad es lo que explica el comportamiento despótico, y la consiguiente desvergüenza o indiferencia ante la opinión ajena (Tiberius ad Tiberim).
El blindaje de los consejos de las grandes sociedades cotizadas frente a sus accionistas es un tema tan clásico en el Derecho Mercantil que hasta aburre traerlo a colación. Pero sin duda aquí está la clave del asunto y conviene hacer alguna referencia al respecto.
Con el fin de salir al paso de este problema de falta de responsabilidad, por un lado, y de hacerlo de la forma menos intrusiva posible para conceder a las entidades la flexibilidad más adecuada a sus circunstancias, han proliferado en los últimos años informes y recomendaciones de gobierno corporativo. En nuestro país terminaron cristalizando en el Código Unificado de Buen Gobierno, que carece de valor normativo alguno y que constituye un mero compendio de recomendaciones dirigido a las sociedades cotizadas. No es que sea precisamente el Código de Draco –más bien es extraordinariamente “prudente”- pero contiene una serie de recomendaciones muy elementales entre las que podemos destacar, por ejemplo, la siguiente:
“32.- Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar el crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como sus posteriores vicisitudes procesales.”
Este tipo de recomendaciones –en realidad otras mucho más serias y rigurosas- se cumplen en otros países porque allí las sociedades cotizadas operan en mercados transparentes firmemente controlados por reguladores independientes y en los que el público inversor no tolera la más mínima tontería. De hecho, es que no necesitarían ni la recomendación 32, porque en ese caso, ya sea por la presión del regulador o por la de accionistas y clientes, el consejo de turno se cuidará muy mucho de reírse del público.
Aquí, sin embargo, a la vista de que pese a la blandura del Código Unificado ni se le tenía en cuenta, se propuso por parte de la doctrina mercantilista convertir al menos algunas –sólo algunas- de las recomendaciones en obligaciones, es decir, en normas imperativas. El primer intento al respecto surgió de un conjunto de catedráticos en el seno de la Comisión General de Codificación a través de lo que se denominó una Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, en el año 2002. Entre otras propuestas interesantes podemos destacar la de limitar la edad de consejero a los setenta años, el número de consejos a los que se puede pertenecer a tres, hacer incompatible la presidencia de consejo con la de consejero delegado, etc. Como se pueden ustedes fácilmente imaginar, la propuesta no llegó a convertirse ni en Anteproyecto de Ley. Quizás podía ser muy interesante para inversores y accionistas, pero muy poco para los gestores instalados en las sociedades cotizadas que, vaya por Dios, son con los que los políticos se reúnen en el palco del Bernabéu y en los aviones privados que vuelven de Buenos Aires.
Ahora los catedráticos han vuelto a la carga –hay que reconocerles moral, como mínimo- en el actualProyecto de Código Mercantil. No es que se atrevan tampoco con un trasvase completo y riguroso del CUBG, pero si recogen bastantes de sus proposiciones en forma de limitaciones y prohibiciones. Entre ellas destaca el citado límite de los tres consejos -aunque ya no el límite de edad (a la fuerza ahorcan)-, un régimen mucho más riguroso y serio de los consejeros independientes, expresa previsión estatutaria y mayoría cualificada para la acumulación de cargos, limitaciones a la remuneración, etc.
Me atrevo a aventurar que las posibilidades de este último intento –pese a su moderación- se aproximan mucho a las del anterior. Los Consejos de las sociedades cotizadas quieren seguir haciendo lo que les da la gana, y como a los políticos les pasa lo mismo -y, además cuando se jubilan quieren terminar en uno de ellos- ésta feliz confluencia de intereses garantiza que habrá Botín para rato (hasta los noventa y más allá) por un lado, y botín para los Ratos de turno, en forma de cargos y prebendas, por el otro.
No dudo que algo de la posibilidad b) también puede existir (Botín está premiando los favores que los políticos hacen al banco) y sin duda existe –basta contemplar la reticencia con la que se abordan en este país soluciones que contribuyan a aligerar de verdad la carga de los deudores hipotecarios y de los estafados por productos complejos y tóxicos, a diferencia de lo que ocurre en otros. Pero no seamos ingenuos: allí donde no existen instrumentos efectivos de exigencia de responsabilidades es totalmente imposible que nadie vele por intereses diferentes de los propios. Los intereses ajenos (del banco) se comparten cuando confluyen, y cuando no se desprecian. Éste de Rato es un caso más.
Por curiosidad, y reconociendo que es sólo una afortunada casualidad, ¿saben quién era ministro de Economía en 2002, cuando Emilio Botín cumplía 68 años y se presentaba la Propuesta de Sociedades Mercantiles que se decidió no convertir ni en Anteproyecto?
Sí, do ut des: Rato para Botín, y en justa reciprocidad, Botín para Rato.