Los diputados se irán de vacaciones sin acuerdo sobre los salarios. Seis meses de discusión sobre dietas y homologaciones no han dado el fruto prometido. Les es más fácil reformar el Estatuto de Autonomía que tener una nómina semejante a la de los empleados por cuenta ajena. El estatus laboral de los diputados es excepcional, por la ilimitada extensión de sus vacaciones y el componente especial que juegan las dietas dentro de la nómina. En resumen: pocas jornadas de trabajo y un trato fiscal tan favorable que los ingresos brutos y los netos se confunden. La presidencia de la Junta General del Principado y los portavoces se habían comprometido a reformar los sueldos antes de la finalización del curso político, pero no ha sido posible.
Lo primero que deberían hacer es reconocer que su estatus laboral es indefendible e improrrogable. Como la gran mayoría de los diputados están acogidos al régimen de dedicación exclusiva no se entiende que la actividad parlamentaria haga un alto en invierno y convierta en extraordinarias las sesiones a partir del mes de junio. El cambio de calendario laboral redundaría en una mayor producción legislativa que evitaría la vergüenza de un Parlamento que se conforma con aprobar presupuestos y reformar leyes para adecuarlas a marcos normativos superiores. El control al Gobierno tiene que pasar de la simulación a la realidad: no es de recibo que la mayoría parlamentaria vea con satisfacción que el presidente del Principado comparezca en la Cámara cada tres o cuatro semanas para contestar a las preguntas de la oposición. En la actividad cotidiana no puede tener ese margen de autonomía el Ejecutivo con respecto al Legislativo.
Y deberían modificarse los sueldos. Los diputados deberían tener una nómina similar a la de los asalariados por cuenta ajena. En el Principado hay 35.000 empleados públicos y nadie cobra por comer o por viajar desde el domicilio al centro de trabajo. Me parece muy discutible que se puedan considerar como dietas cantidades fijas que se insertan en la nómina mes tras mes y año tras año. Esas dietas o pseudodietas tienen que convertirse en componentes del sueldo sin blindaje fiscal. No creo que sea preciso un debate de seis meses para transformar un privilegio económico en una nómina normalizada. Basta simplemente con que quieran parecerse a los ciudadanos que representan.
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