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miércoles, 29 de mayo de 2013

El Calatrava: recopilación de un dislate

La operación municipal de los palacios de Buenavista y el Vasco

LNE 29/05/2013
En los estertores del siglo pasado, en una ciudad pequeño-burguesa pero grandona, confluyeron una suerte de fenómenos astrales, que traerían consecuencias todavía impredecibles.
Tres circunstancias, tres ejes diamantinos asomaron tras la loma que llamaban La Cuesta, formando un luminoso triángulo: un vértice lo ocupaba el capital, otro el Opus Dei y el tercero la ambición política, casi siempre perniciosa.
A tal fenómeno vino a añadirse en su centro el ojo de un arquitecto de conflictiva fama.
Ya tenemos, pues, la conjunción de un poder casi divino y sus vértices; líbreme el temor de poner nombres... atrévanse ustedes en sus casas a susurrarlos bajito...
¿Consecuencias? Vamos a resumirlas en diez, cual los mandamientos, para no desviarnos de la mística, que impregna todo el proceso.
Primera: para bien empezar, se plusvalora al arquitecto adornándolo con un premio de reconocido prestigio, que además se concede en Asturias..., para así sentar bases y sobre todo acallar gargantas.
Segunda: conculcación de toda suerte de legislación vigente, para poder construir en una zona verde, sin cumplir ninguna de las provisiones que el Plan de Ordenación prescribe para tal actuación.
Tercera: atolondrada creación de una empresa promotora, con técnicos, economistas y subcontratas, recogidos a la cacea, para dar pretendida competencia, frente a una obra que, evidentemente, hubiera requerido de una empresa de probada solvencia, experiencia y currículo acreditado, dada la segura y enorme complejidad de la misma.
Cuarta: dar vías de apariencia legal al «amagüesto», convocando un concurso imposible, por sus exigencias, que otorga ¡cómo no! la obra, al único presentado: el inefable arquitecto, conjuntamente con la ejecución del proyecto del Palacio de Congresos a la «nova constelación» Jovellanos XXI.
Quinta: desprecio olímpico de la legislación que regula la concesión de licencias municipales: visado colegial, licencia provisional y licencia definitiva de obra. Para obtener esta última condición es indispensable la presentación completa de un Proyecto Básico y de Ejecución, que contemple apartados tan esenciales como: plazos, presupuestos, precios descompuestos, precios unitarios, cálculos de estructuras, etcétera, documentos todos ellos imprescindibles para regular y controlar el futuro edificio y que ahora nos enteramos: ¡no existieron nunca! Aquí, la mano de la Alcaldía.
Sexta: desconocimiento, en su momento, de nombramientos tan esenciales como: director de obra, ingenieros asociados y autorizados, aparejadores, etcétera. Camuflados como profesionales, obligados a dar apariencia de legalidad a tan complejo edificio, lo que, por supuesto, dificulta la fijación de responsabilidades ante los desmanes económicos y arquitectónicos que se han producido durante, antes y después de la ejecución de la obra.
Séptima: desprecio intolerable del laureado autor y presunto director del proyecto, ¡que sólo lo visitó una vez!... ocupado, sin duda, en otros proyectos de universal importancia y segura ruina para cuanto toca, en ese proceloso mundo del papanatismo arquitectónico.
Octava: casi obligar a la compra de dos alas del edificio por parte de la Administración regional, sin cuya ayuda nunca hubiera culminado el proyecto, dadas las mastodónticas dimensiones que el sublime arquitecto y Jovellanos XXI habían previsto para la zona de oficinas, pensando en su venta y explotación. (Y que los avispados economistas y sociólogos asesores no advirtieron). ¡Gordo!
Novena: varias preguntas: ¿qué es de esa amalgama inescrutable del edificio Calatrava y la «ocupación» de la llamada parcela del Vasco?, ¿y los proyectos sucesivos: delirantes palacios de justicia, bellas artes y grotescas torres trillizas e inclinadas?, ¿cómo se pagaron esos proyectos?, ¿a cambio de qué?, ¿a qué precio se pagó el suelo propiedad de los ovetenses?, ¿por qué aparece un conjunto de bloques de viviendas, mal orientadas, donde otrora se planteaba un equipamiento para la ciudad?, ¿cuál es el nuevo compromiso Ayuntamiento versus Jovellanos XXII?
Décima: que no se quiera simular, según se desprende de las últimas trifulcas judiciales, como únicos representantes al arquitecto y a la promotora. Aquí hay un último perjudicado, quien al final pagará los cristales rotos: el Ayuntamiento, los ciudadanos con su patrimonio que, a más de poner el suelo graciosamente, tendrán que hacerse cargo de la concesión por quiebra presumible (Jovellanos XXI en concurso de acreedores).
Estas diez consideraciones pueden resumirse en dos: una conclusión y una propuesta:
Conclusión: «¡Ahí la hemos jodido, Zabalita!», como se lamentaba el personaje de Vargas Llosa. Y la hemos jodido para siempre, con esa desproporcionada y monumental deposición blanca, para vergüenza de nuestro futuro urbanístico. Imaginen: «... hubo un tiempo en el siglo pasado en el que los ovetenses permitieron la construcción de ese bodrio que...».
¡Oviedo no se merecía esto!... O sí.
Y propuesta utópica: quizás estemos todavía a tiempo de meter la piqueta a todo lo que sobresale del suelo en lo que fue el recordado Tartiere y vendiendo como chatarra los escombros, restituir la visera de Ildefonso Sánchez del Río y Jesús Meana, para luego, aprovechando los aparcamientos y los sótanos, crear un espacio ferial del que estamos tan necesitados en una ciudad sin barracas... sería una zona elegantemente protegida, cubierta y útil.
Los tiempos que corren dan suficiencia al auditorio de Beca para congresuar, como vino siendo hasta ahora, los eventos menguantes del futuro.
¡Qué pena!

miércoles, 22 de mayo de 2013

Exigimos la implantación urgente de un Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración del Principado




El acoso laboral existe en todas las organizaciones sociales. En el sector público, con mayor intensidad aún, sobre todo en aquellas Administraciones con una estructura fuertemente jerarquizada, clientelista y muy politizada, que conforma un campo particularmente abonado para el ejercicio de presiones degradantes de la integridad física y moral de los empleados públicos

El acoso laboral es un hecho en la Administración del Principado de Asturias. Algunos casos particularmente graves han salido a la luz en los últimos años, sin que hasta la fecha esta Administración se hubiera dignado a implantar un Protocolo de actuación que permita disponer de  medidas preventivas eficaces y, además, adoptar decisiones rápidas y expeditivas para la protección de las víctimas, cuando concurren indicios evidentes de hostigamiento sobre un empleado público, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe su vida laboral.

Estamos hablando de un procedimiento reglado de actuación ante situaciones que pudieran constituir acoso laboral en la Administración del Principado, que deberá publicarse en el BOPA para general conocimiento, tal y como han hecho ya diferentes Administraciones Públicas, entre ellas, la Administración del Estado, en el Protocolo publicado en el BOE de 1 de junio de 2011.

Con el objetivo de asegurar el derecho de todas las personas que integran la Administración asturiana a la protección de su dignidad en el trabajo, el Gobierno de Asturias debe comprometerse urgentemente a implantar un Procedimiento público de actuación frente al acoso laboral en la Administración del Principado, que permita, entre otros fines :
 - Garantizar la salud laboral de sus trabajadores/as.
 - Rechazar todo tipo de conducta de acoso psicológico en el trabajo, en todas sus formas  y modalidades, con independencia de quién sea la víctima o el acosador ni cuáles sean sus rangos jerárquicos.
 - Concienciar, informar y prevenir el acoso psicológico y las acciones censurables o manifiestamente negativas y ofensivas dirigidas contra los trabajadores/as en el puesto de trabajo o en relación con el trabajo y a asumir todas las medidas adecuadas para protegerles de tal conducta.

Para que este Protocolo resulte eficaz, es imprescindible exigir al Gobierno asturiano que disponga de medios personales adecuados para hacerlo posible. Ello pasa, necesariamente, por organizar un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales integrado por funcionarios públicos de carrera, de carácter multidisciplinar, en condiciones profesionales objetivas para ejercer sus funciones con imparcialidad y al margen de presiones, sugerencias o directrices que condicionen su ejercicio profesional.

La actual estructura, organización y composición del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado no cumple con estas condiciones mínimas imprescindibles para poder garantizar la adopción de medidas eficaces en defensa de la integridad física y moral de los trabajadores públicos que padecen situaciones de acoso laboral.

Es urgente, por tanto, implantar un Protocolo de actuación y una estructura organizativa – medios personales y materiales – que remedien esta gravísima carencia. La dignidad personal y laboral de los empleados públicos del Principado de Asturias exige una rápida respuesta 


Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

jueves, 16 de mayo de 2013

Vivir por encima de nuestras posibilidades


La socialización de la culpa libera de responsabilidad a los que causaron la crisis


Los créditos para satisfacer los intereses y
el capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado
de gastos de sus presupuestos y su pago
gozará de prioridad absoluta”.
 
Artículo 135 reformado de la Constitución


El 7 de septiembre de 2011 el Senado aprobaba la reforma del artículo 135 de la Constitución Española limitando el techo de gasto de las Administraciones según los márgenes establecidos por la Unión Europea. Límite fundamentado por la necesidad de salvaguardar la “estabilidad presupuestaria”. Sin embargo, bajo este propósito queda enquistada en nuestra Carta Magna la obligación de satisfacer el pago de la deuda como objetivo prioritario de la gestión pública con independencia de otras necesidades. Al tiempo, fija en el cuerpo social el estigma de lo público como algo gravoso cuyos excesos hay que vigilar y limitar. “No se puede gastar lo que no se tiene”, dirá después Rajoy. En realidad, este supuesto dispendio, amplificado por los casos de corrupción y despilfarro que han creado tanta alarma mediática y social, es en gran medida el resultado de subordinar la financiación de la deuda al juego especulativo de los mercados financieros.

Pero este cuadro no tiene nada de frío diagnóstico económico. Encierra una estrategia política doble: establecer una estricta correlación entre deuda y recortes (sociales, se entiende) y trasladar el peso de la deuda sobre la conciencia colectiva. Como ya experimentan las sociedades griega, portuguesa y española, el tándem deuda / recortes ha entrado en un círculo vicioso cuya única solución sería purgar al Estado por su obesidad mórbida. Es decir, acometer “reformas” estructurales que corregirían el derroche de lo público hasta equilibrarlo con la eficacia de lo privado. Porque ahí donde se elimina gasto social aparece, casualmente, un nicho de mercado. Esta idea no sería compartida o soportada si no fuera legitimada por la segunda estrategia: todos somos deudores y debemos responder por ese déficit. Invocación a la autoinculpación dialécticamente atrapada en la telaraña de la corresponsabilidad colectiva: “Sin las renuncias parciales de cada uno la recuperación de todos es imposible”, asegura nuevamente Rajoy. Esta “socialización de la culpa” se ha revelado una coartada realmente eficaz, pues exime a los verdaderos causantes al diluir sus responsabilidades en el conjunto de la ciudadanía. Es lo que salmodian algunos voceros desde distintas instancias del poder: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. La frase merece ser diseccionada, pues en su inclusión enunciativa y ambigua ejemplaridad encuentra su mayor consenso: “yo”, el que la pronuncia, también me señalo y con ello refuerzo la admonitoria responsabilidad; aunque eso sí, sin determinar la mía. Además, revela un diagnóstico sobre el pasado y un designio sobre el futuro: antes disfrutábamos de una prosperidad inmerecida que ahora debemos pagar. Pero hay más, equipara ese hipotético exceso de bienestar colectivo para que el castigo sea asumido en igual medida.
Y, ciertamente, la culpa y el castigo inspiran buena parte de las medidas que los gobernantes adoptan actualmente. En este punto, los discursos oficiales y su vocabulario (sacrificios, austeridad, rigor, medidas dolorosas, esfuerzos...) han conseguido una gran aceptación: cuando la culpa se comparte resultan más cercanas y cotidianas las causas de la crisis. Es más, se puede aplicar una estigmatización selectiva de la sociedad (por gremios, edades, condición social), jaleada por una suerte de rencor hacia el otro, que hace razonable su castigo (aunque sea el más necesitado) y tolerable el propio. Se penaliza a los trabajadores que enferman descontándoles parte de su sueldo, se penaliza a los enfermos que “abusan” de las medicinas y los tratamientos, se penaliza a los estudiantes repetidores incrementándoles las matrículas... Una lógica que siempre admitirá una vuelta de tuerca más al investirse de discurso moral, circunstancia que ya advirtió Max Weber a propósito del influjo de la ética protestante en el capitalismo. No solo eso, legitimada su aplicación como signo de buen gobierno, naturaliza sus efectos: todo castigo debe someter al culpable a la experiencia purificadora del dolor. “Gobernar, a veces, es repartir dolor” sentencia Gallardón. Las consecuencias de este “sufrimiento inevitable” no se han hecho esperar: un alarmante incremento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, según revela el último informe FOESSA (Análisis y perspectivas 2013: desigualdad y derechos sociales).
Desde el “discurso de la deuda”, todo ello no sería más que un sacrificio necesario y la constatación de que los expulsados del sistema no se han esforzado lo necesario (por tanto, se les puede abandonar a su suerte). Porque nunca es suficiente: “Tenemos que cambiar y ponernos a trabajar más todos porque, de lo contrario, España será intervenida”, nos diagnostica Juan Roig, el adalid de la “cultura del esfuerzo” a la china. Y ya sabemos que ahora trabajar más es sinónimo de ganar menos. De ahí que la sombra de la mala conciencia se cierna también sobre las negociaciones salariales. Aceptar la reducción del salario es admitir implícitamente esa supuesta parte de responsabilidad en la crisis y asumir como propia, cuando no hay acuerdo, la decisión del despido de otros trabajadores. 
Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.
Y es que, en ese círculo vicioso de la deuda, la única salida posible parece ser la austeridad, un dogma moralmente irreprochable, que promete llevarnos a la expiación económica. Bajo sus designios el Estado quedaría paulatinamente liberado de todo compromiso social y el individuo a merced de la mercantilización de todos los servicios públicos. No solo eso, al igual que en los tiempos de bonanza el crédito alimentaba nuestros sueños de prosperidad, la deuda hipoteca ahora las perspectivas de futuro: paro o empleo precario a cambio de pensiones exiguas o privatizadas para disfrutar cada vez más tarde. Un destino determinado por lo que el filósofo Patrick Viveret denomina “sideración económica”: no hay otra alternativa y hasta las víctimas lo creen así y aceptan su condición.Un peculiar sentido de la responsabilidad que llevaba al PP a establecer un insólito silogismo el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general. Ese día, el argumentario distribuido entre sus dirigentes afirmaba: “La huelga general supone un coste de millones de euros que podrían destinarse al gasto social”. Es decir, los huelguistas serían culpables no solo de lo no producido (con el consiguiente perjuicio para la marca España), sino de que su montante económico no se hubiera traducido mágicamente en gasto social. En suma, sus reivindicaciones irresponsables quedarían deslegitimadas por insolidarias. Apurando esta lógica, cualquier reivindicación o protesta sería un gesto de desobediencia irresponsable a ese nuevo orden dictado desde el rigor presupuestario y la contención salarial.

Paradójicamente, en este marco conceptual apenas se menciona a los propietarios de “nuestra deuda”, ¿quiénes son y por qué les debemos? ¿Cómo han logrado reescribir nuestra Constitución? Es comprensible que no se pronuncien sus nombres o se muestren sus rostros. Los que gobiernan al dictado de sus designios también les deben mucho.
Rafael R. Tranche es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.


martes, 7 de mayo de 2013

EL PRINCIPADO MANTIENE A 170 FUNCIONARIOS NOMBRADOS A DEDO EN PUESTOS DE RANGO INFERIOR A JEFE DE SERVICIO






El Gobierno asturiano mantiene el nombramiento por libre designación  de 170 funcionarios en puestos de rango inferior a Jefe de Servicio – sin contar los /as secretarías de despacho de altos cargos –

Se trata de puestos de coordinadores, analistas, responsables, interventores y otros de rango jerárquico similar, que siguen siendo ocupados mediante nombramientos digitales, a pesar de las múltiples sentencias firmes recaídas en los últimos años, que anulan el uso del sistema de nombramiento por libre designación en este tipo de puestos de trabajo, y de que ya en el mes de junio del año 2011, el Gobierno de Areces – en una de sus últimas decisiones – aprobó una relación de puestos de trabajo  (ver aquí) en la que se prevé la sustitución de ese sistema excepcional  por el del concurso de méritos.

Sin embargo, los concursos de méritos no se convocaron, ni con el Gobierno de Cascos, ni ahora, con el de Javier Fernández.  A este respecto, el Gobierno actual, que se verá obligado, por requerimiento judicial, a convocar un concurso de méritos antes del 1 de junio, ha decido excluir de la convocatoria – según la información suministrada por varias organizaciones sindicales – a la práctica totalidad de los 170 puestos señalados, esgrimiendo como coartada que los funcionarios que los ocupan por libre designación no han sido cesados y que, por tanto, dichos puestos no se encuentran vacantes.

La mayor parte de estos puestos, en particular, los de coordinadores y responsables, fueron creándose a lo largo de los doce años de gobierno arecista como una categoría paralegal - no prevista en la Ley de Organización del Principado de Asturias - intercalada entre las Jefaturas de Servicio y las Jefaturas de Sección, con el fin de degradar y vaciar de funciones de responsabilidad a los puestos de Jefe de Sección, que son provistos por concursos de méritos.

Se trata de una monumental tomadura de pelo que, de no corregirse en los pocos días que quedan para la publicación de la convocatoria, perpetuará el sistema generalizado de carrera profesional dedocrática, convirtiendo nuevamente a las resoluciones judiciales – y ya son demasiadas las veces que se repite - en papel mojado.

Después de, al menos, seis sentencias firmes del Tribunal Supremo anulando la utilización abusiva de los nombramientos a dedo, no pueden tolerarse ya al Gobierno asturiano más maniobras dilatorias, ni jugadas propias de trileros, para mantener el control partidista de la carrera profesional de los empleados públicos.

Las organizaciones sindicales y los partidos políticos, si quieren mantener la mínima credibilidad en este asunto,  deben decirle al Gobierno de Javier Fernández, con la urgencia y firmeza necesarias, ¡basta ya!

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

domingo, 5 de mayo de 2013

La sociedad del miedo




Javier Álvarez Villa

El Caso Tuláyev, la estremecedora y emotiva  novela  del disidente soviético Víctor Serge, relata las implacables purgas del estalinismo, particularmente crueles con muchos de los viejos bolcheviques de la primera hora, aquellos que habían entregado lo mejor de su energía y entusiasmo para el triunfo de la Revolución de Octubre.

La lectura de algunos de los síntomas que anunciaban la inmediata caída en desgracia de los veteranos militantes del Partido, provoca una mezcla de asombro y congoja, tanto por la miseria moral de aquella sociedad enajenada por el miedo, como por la rutilante vigencia de muchos de ellos en la democracia de la que disfrutamos: los compañeros de trabajo bajaban la mirada y trataban fríamente al que había sido señalado por el aparato opresor como próxima víctima, los vecinos ya no se paraban a hablar con él en la escalera, los conocidos cambiaban de acera para no encontrárselo de frente.

Porque el vacío social que deparaba la sociedad estalinista a los purgados por el sistema suele ser, también hoy, en la sociedad democrática de consumo, la respuesta que los ciudadanos libres ofrecen a aquellos conciudadanos que disienten públicamente de las órdenes del poder.

Si la bestial burocracia estalinista inoculaba un miedo espeso del que parecía imposible evadirse por la amenaza cierta de una represión física implacable, la democracia de consumo ha sabido desarrollar técnicas más sofisticadas, difusas y ligeras de  temor  masivo: ahora el desgraciado no desaparece en una cárcel impenetrable como la Lubianka, pero puede ser obsequiado con la pérdida del empleo o la casa, o la de algunos pequeños privilegios concedidos o tolerados siempre a cambio del silencio (ascensos profesionales, escaqueos en la jornada laboral, trabajos clandestinos complementarios etc.)

Los voceros e ideólogos de esta democracia tan perfecta – todos, por supuesto, de pago – no paran de hablarnos de la gran maravilla de la libertad: todo el mundo puede decir hoy lo que quiera sin miedo a represalia alguna (siempre que no les insulten, ni se metan en serio con ellos, naturalmente), pero cuanto más se repite esta cantinela menos se oye protestar – hablamos de protestar cuestionando realmente el sistema, es evidente, y no de los manifestaciones de salón-

Nunca como ahora se oyó gritar tanto en los campos de fútbol. Nunca como ahora se protestó tanto contra entes abstractos e impersonales – los mercados, los corruptos etc. – y tan poco contra especuladores y corruptos concretos, con nombres y apellidos.

Porque el capitalismo de consumo ha creado su específica mercancía de la protesta inocua, aquella en la que participan los falsos izquierdistas dando voces y haciendo aspavientos, como lo hacían los beatones en misa los domingos y fiestas de guardar.

Llamamos falsos izquierdistas a aquellos individuos que se dicen solidarios con todas las luchas, eso sí, con la condición de que no les salpiquen personalmente. Por ello, cuanto más generales, abstractas y lejanas mucho mejor. Gritan y se enojan con los especuladores, los banqueros y los corruptos, pero siempre que no tengan relación directa con ellos, porque no conviene asumir riesgos personales.

Cuándo se les pide que se mojen, que den la cara contra un corrupto concreto al que conocen bien, contra algunos canallas con nombres y apellidos  que tienen muy cerca, por ejemplo en su centro de trabajo,  – sólo sea un poco, no se trata de exigir heroicidades – entonces enmudecen, tartajean, o les sale una risa nerviosa y te dicen que están muy ocupados conspirando en no se sabe que, eso sí, muy importante y clandestino, ya se verá (entonces pasa el tiempo y uno se da cuenta que de que todo era una escusa) 

Vivimos en la sociedad del miedo. Por esa razón, el cotilleo ha silenciado a la crítica, el que quisiera hablar no se atreve a hacerlo, el que habla procura no molestar, el que quiere molestar procura esconderse para que no le vean y el que dice lo que piensa encuentra las caras de cemento de los interlocutores que, por miedo, no quieren serlo.

jueves, 2 de mayo de 2013

La patronal también la pagas tú



Ignacio Escolar
elPeriódico.com


La inmensa mayoría de empresarios honestos de este país deberían corear un famoso lema del 15-M y dedicárselo con un corte de mangas a la cúpula de la patronal: «¡Que no nos representan, que no!». La CEOE, que tantas lecciones da sobre el esfuerzo y la austeridad de los demás, arrastra un oscuro presente y un impresentable historial. Es una organización que ya está tardando en abrir las ventanas, limpiar bajo las alfombras y pedir públicamente disculpas a la sociedad.
La trayectoria de sus últimos dirigentes es como para hacérselo mirar. José María Cuevas, su histórico presidente, ni siquiera fue empresario; su hijo (al fin un emprendedor en la familia) acaba de ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales. Su sucesor, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel, acusado de gravísimos delitos; es el mismo moroso que no pagaba a sus empleados pero tenía dinero para donar varios cientos de miles de euros a Fundescam que se gastaron en la campaña electoral de su amiga, la regeneradora Esperanza Aguirre. Y quien sustituyó a Díaz Ferrán, Juan Rosell, ha tenido esta semana dos patinazos cada uno de los cuales justificaría por separado una dimisión. El primero, asegurar que esos 7,5 millones de euros en «donaciones» que aparecen registrados en los presuntos papeles de Bárcenas tienen poca credibilidad porque son «cantidades ridículas» (¿cuántos ceros hacen falta para que los donativos se parezcan a los de verdad?). El segundo, negar las cifras de paro. Para la marca España, es ideal que el presidente de los empresarios cuestione la estadística oficial.
Rosell también soltó el viernes en la SER una frase para enmarcar: «En la empresa pública ni se controla ni se evalúa». El cazo se lo dice a la sartén. En el 2010, la CEOE gestionó 587 millones de euros. Por comparar, el presupuesto del Congreso y del Senado (141 millones entre ambas cámaras) no llega ni a la mitad de la mitad. El 68% de esos fondos, unos 400 millones, son subvenciones, pagadas por los contribuyentes. La mayor parte de su dinero es público, pero sus cuentas son opacas. La CEOE solo presenta anualmente un mínimo resumen, con menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda y solo de la cúpula central. Hablamos de una organización que cuenta con nueve vicepresidentes, una junta directiva de 221 miembros, 486 sedes por toda España y 3.729 empleados. Son los mismos que pregonan la austeridad, llaman vagos a los funcionarios y critican la «mastodóntica» Administración. Son también los que pedían abaratar el despido pero aprobaron una indemnización de 1,9 millones de euros para uno de sus exdirectivos.
El PP planteó esta semana que la futura ley de transparencia afecte también a partidos y sindicatos, como receptores de dinero público. Me sumo a la propuesta, pero que la amplíen también a la patronal.