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miércoles, 24 de abril de 2013

La nueva Edad Media


"El proceso de destrucción del sistema de enseñanza pública ha adquirido en este último año un ritmo vertiginoso. Están ocurriendo cosas que hemos leído muchas veces que siempre les pasaban a otros, quién iba a pensar que un día nos llegaría el turno a nosotros. Estamos ya sumidos en pleno “auge del capitalismo del desastre” -según la tan exacta expresión de Naomi Klein en La doctrina del shock-, atrapados en un trituradora neoliberal que está destruyendo nuestra sanidad y nuestra enseñanza pública, empujándonos a un abismo que para otros ha sido siempre esa norma a la que llamamos tercer mundo. Creo -me temo- que dentro de poco tiempo el panorama habrá cambiado tanto que no será fácil recordar qué es lo que había antes del desastre. Y más difícil aún será identificar las causas por las que todo se vino abajo, así como todos los malentendidos, las mentiras y los sofismas que han acompañado a esta devastación.
Me voy a centrar en uno de estos malentendidos.1 Aunque no sea ni mucho menos el más importante, creo que se trata de una confusión -en la que también se mezclan algunas calumnias- que, a mí personalmente, me impediría dormir ver que se deja caer en el olvido. La cosa podría resumirse en un dicho que circuló con bastante éxito en el marco de las luchas contra Bolonia y que -para mi sorpresa- hacía reír a todo el mundo, incluso en ambientes que se consideraban de izquierdas: “Por lo menos, Bolonia nos traerá el capitalismo y terminaremos así con el feudalismo en la Universidad”. Era una gracia miserable y miope, que encerraba una gravísima e irresponsable confusión. Una confusión que, por cierto, ha hecho muchísimo daño no sólo en la Universidad, sino también en el ámbito más amplio de la enseñanza secundaria y el bachillerato.
Porque Bolonia no ha terminado con la Universidad feudal, sino con lo que en ella quedaba de Ilustración. Bolonia ha socavado las instituciones republicanas que articulaban la vida universitaria. Y en su lugar ha instaurado el reino de lo privado, lo que podríamos llamar un nuevo feudalismo. Con el pretexto de acabar con la corrupción feudal de las instituciones, ha acabado con las instituciones mismas, abriendo, además, las puertas al salvajismo de los feudos más corruptos y poderosos. Para combatir la corrupción de algunos catedráticos (en lugar de hacer caer sobre ellos todo el peso de una Inspección de servicios decente), se ha puesto a la Universidad en manos del Banco Santander o de Inditex. Eso a lo que suele llamarse los “agentes sociales”, empresas, corporaciones, bancos, laboratorios farmacéuticos, etc., no son, en definitiva, sino coágulos de economía privada que funcionan internamente como feudos incontrolables por la ciudadanía.
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Pensemos, por ejemplo, en el sistema de acceso a la función pública. Las oposiciones podían ser un procedimiento corrompible o corrompido, pero había que corromperlo para que lo fuera, porque la idea no puede ser mejor. Cinco máximas autoridades académicas argumentan y contraargumentan en pública discusión con los candidatos, con las puertas abiertas a la luz de toda la ciudadanía, sobre el valor científico de sus conocimientos. No hace muchísimos años, incluso, lo opositores tenían tiempo ilimitado para defender sus argumentos y el tribunal para rebatirlos o confirmarlos.
Todo ello ha sido actualmente sustituido por el dictamen de unas comisiones que discuten a puerta cerrada, encapuchados como inquisidores y como verdugos del Santo Oficio, consultando rankings de impacto mercantil, elaborados por agencias financiadas por corporaciones económicas que no pueden dar la cara porque no la tienen. Esto es, como estamos diciendo, un nuevo feudalismo, pues, en efecto, el feudalismo en el Antiguo Régimen, era, sobre todo, el reino de lo privado. Y las empresas privadas no son más que nuevos feudos contemporáneos.
La misma ceguera disfrazada de progresismo encontramos respecto del asunto del funcionariado en la enseñanza. El sistema de oposiciones (y la idea de que el profesor tiene que ser consiguientemente un funcionario del Estado), en realidad, no es un sistema. Es la infraestructura misma de la investigación científica, el más eficaz de los artilugios institucionales inventados para garantizar a la investigación científica unas condiciones materiales de ejercicio público, libre y desinteresado. En realidad, con el tan criticado “sistema de oposiciones” lo que estaba en juego era la definición misma de conocimiento superior: la idea, en definitiva, de que solo la ciencia puede juzgar a la ciencia. La Universidad es una comunidad de doctores (o de aspirantes a serlo) más arriba de los cuales no puede haber autoridad alguna. No hay ningún exterior a la ciencia desde el que puede juzgarse la verdad de un teorema, la conveniencia de una investigación, la relevancia de un experimento, la idoneidad de un currículum, un departamento o un proyecto científico.
También aquí ha habido un malentendido desdichadamente muy celebrado por las izquierdas y que ha hecho mucho daño ya desde los tiempos de la lucha de los PNNs en los años setenta8. Se trata del empeño en imponer sobre la lógica académica una lógica laboral y sindical. Es obvio que los profesores son trabajadores, sin duda, y por tanto, tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, eso está fuera de toda discusión. Pero confundir la lógica académica con la lógica de un ejército laboral ha sido completamente pernicioso. En el caso de la enseñanza, como en el de la Justicia y la Sanidad, la condición de funcionario es esencial y los contratos de ayudantes, interinos, asociados, etc., tiene que ser siempre provisional y periférica. Un funcionario no es propiamente un trabajador (aunque también lo sea): es, ante todo, un propietario, un propietario de su función. Y ello es una condición esencial para el ejercicio libre de su profesión. El no insistir en ello, es decir, la no insistencia en el hecho de que un profesor tiene que ser esencialmente un funcionario, confundiendo así la lógica académica con la laboral, ha creado efectos nefastos incluso laboralmente (no digamos ya académicamente), pues si el profesorado no es más que un ejército de trabajadores, no hay motivo para que no lo sea de trabajadores basura, como en cualquier otro rincón de la sociedad. Así fue como los interinos empezaron a convertirse en legión, las plazas vitalicias se amortiguaron y los contratos se flexibilizaron como en cualquier otro dominio del mercado laboral. El resultado es conocido: el profesor de lengua puede dar gimnasia y viceversa. La propaganda de Bolonia fue alucinante a este respecto: una buena mañana, se abrieron los telediarios con la noticia de que los profesores ya no iban a tener que estar especializados en ninguna disciplina, porque había una empresa llamada Educlick -aún puede buscarse su página en internet- que ofrecía unos powers point interactivos que, prácticamente, cubrían todo el espacio docente. Era lo que se llamaba una “revolución educativa” sin precedentes. Y en efecto, lo fue.
Los profesores, los jueces, los médicos, tienen que ser funcionarios porque esa es la única garantía de su independencia (en el caso de los profesores, de su libertad de cátedra). De la independencia respecto de lo poderes fácticos privados y de la independencia respecto del gobierno de turno. En el fondo, se trata de un requisito imprescindible de la separación de poderes, y por lo tanto, de eso a lo que llamamos Estado de Derecho. Es la garantía de la separación entre lo estatal y lo gubernamental. De lo contrario, la enseñanza sería adoctrinamiento gubernamental y la Justicia sería un brazo del gobierno. La sanidad, por su parte, estaría vendida a los intereses que los gobernantes pudieran tener en los laboratorios farmacéuticos, las casas de seguros o las fundaciones sanitarias privadas. Los profesores deben ser vitalicios incluso cuando sean malos profesores. Esa es la responsabilidad de los tribunales y de las legislaciones que los rigen: impedir que haya malos profesores. También existe, por supuesto, una cosa llamada inspección de servicios, que debería funcionar como tal y no como suele funcionar. Pero un profesor tiene que tener libertad de cátedra y para eso tiene que ser funcionario.
De lo contrario, estaríamos vendiendo el universo de la enseñanza a los poderes privados más salvajes, como ocurre en el caso del periodismo, o sin ir más lejos, en el de la enseñanza concertada. Los periodistas no pueden ser independientes por mucho que se empeñen: serán siempre la voz de quien les puede despedir a causa de lo que digan o dejen de decir. Eso es lo que les ha convertido en un ejército de mercenarios. La cosa es gravísima, desde luego, porque con ello hemos vendido al reino feudal de lo privado algo tan consustancial a la Ilustración como es el uso público de la palabra y la libertad de expresión. En cuanto a la enseñanza concertada es, desde luego, el cáncer que nos ha llevado al desastre actual. Los colegios concertados han encontrado mil maneras de burlar la ley y filtrar la extracción social de sus alumnos exigiendo tasas y donaciones o declarando tener cubierta la ratio de alumnos prescrita. Ello ha abierto en el mundo de la enseñanza el abismo de las clases sociales, dejando a la enseñanza pública la parte más conflictiva. Mientras tanto, estamos pagando con nuestros impuestos una plantilla de profesores nombrados “a dedo” por empresas y sectas privadas, como si nunca hubiera existido la Ilustración y viviéramos de nuevo en el Medievo feudal"
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sábado, 20 de abril de 2013

TRANSPARENCIA, LIBRE DESIGNACIÓN Y FALLOS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL






Severino Espina Fernández
Miembro del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
(Intervención en el acto del Club de Prensa Asturiana, celebrado el martes 16 de abril, "Leyes de Transparencia: ¿solución o maquillaje de la corrupción político - económica?)

"Valor de los medios de comunicación en los procesos de transparencia

Desearía agradecer al Club de Prensa Asturiana por amable invitación y a La Nueva España su especial sensibilidad con los asuntos de la función pública y con nosotros, ya que ha publicado y ha reflejado en multitud de ocasiones nuestros comunicados.

Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, ya que forman parte de la función pública, en sentido amplio; de una función pública destinada a informar a los ciudadanos siendo protagonistas de la opinión pública que configuran a través del tratamiento de la información, siendo fundamentales en cuanto a proporcionar visibilidad sobre las actividades y actuaciones públicas y a las reacciones que éstas suscitan en la sociedad.

Por eso resulta esencial en un Estado que se quiera denominar de Derecho, garantizar a los medios de comunicación un sistema legislativo que garantice la diversidad de medios, ofreciendo plataformas para que todas las opiniones puedan ser leídas, vistas y escuchadas, huyendo de monopolios u oligopolios que acaparen y controlen la información y la opinión.

Una nota característica de los regímenes totalitarios es, precisamente, el control férreo de los medios de comunicación y el sometimiento de éstos a los dictados del gobierno.

La pluralidad de medios y el respeto a los profesionales de los medios de comunicación y el alejamiento de éstos a los grupos económicos de presión actúan como test, como testigo,  sobre la calidad democrática de un país.

Un país en el que no existe diversidad de medios de comunicación, donde la opinión pública sólo se configura a través de los medios oficiales o, peor aún, de los grupos económicos dirigentes,  o donde no se respeta a los periodistas y a su labor no resultará –por más que así se denomine- un país democrático.

Por el contrario la característica de los países democráticos es la variedad de medios de comunicación, la posibilidad ejercer libremente el derecho de opinión e información y el respeto de los ciudadanos y de los gobiernos a la labor informativa de los profesionales.

Un síntoma también de la importancia política que los medios de comunicación tienen es el afán en tratar de dirigir los medios de comunicación oficiales o públicos, siendo bastante revelador a efectos de determinar una actuación política adecuada ver cómo se gestionan las radios y televisiones públicas, no siendo desacertado juzgar el cariz democrático de un gobierno valorando si respeta la independencia de los profesionales o, si por el contrario, trata de modelar la opinión pública a su medida a través de la presión que ejerce sobre los mismos. Un test para ello son las medidas represivas que se efectúan sobre periodistas que le incomodan o, al revés, la colocación de afines políticos en los órganos de dirección de los medios. Ejemplos de ello creo que sobran"
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"Las mentiras de los beneficios de la libre designación

Se vende el sistema de libre designación exponiendo que lo que se pretende es incentivar a los funcionarios más competentes y motivar, bajo la amenaza de su libre cese, el desempeño eficaz de su cargo. “Igual que en la empresa privada, se llega a decir”.

Ello envuelve una triple mentira.

Primera mentira: la libre designación se utiliza para seleccionar a los mejores.

A ello hay que contestar que la designación política sólo garantiza la selección de aquellos con mayor sintonía con su mentor, no de los más competentes. Por el contrario, el sistema de concurso de méritos es la garantía de elegir a los más capacitados.

Segunda mentira: la libre designación permite el cese de los incompetentes que permanecerán si ganan el puesto por concurso de méritos.

Ello es falso, el empleo del sistema de libre designación no garantiza el cese por razón de la ineficacia del funcionario, sino por razón de la pérdida de confianza del cargo político.

Esto es, se va a cesar al funcionario no por incompetente, sino por considerarlo no afín o no merecedor de la confianza inicialmente depositada en él.

Además, el sistema de concurso de méritos no es incompatible, en absoluto, ni ahora ni nunca con sistemas de remoción del que ocupa el puesto con ineptitud. La legislación de función pública siempre ha ofrecido la posibilidad de remover al funcionario que desempeñe con ineptitud el puesto que tenga sea provisto, o no, por concurso de méritos.

Por ello, no es cierto que el sistema de concurso garantice la permanencia eterna en el puesto, se hagan bien o no las cosa,  ni que el nombramiento y ceses libres garanticen un control de eficacia. Más bien al contrario. El sistema de concurso de méritos es perfectamente compatible con  la remoción del incompetente, remoción que suele no aplicarse cuando rige el sistema de libre designación en el que las ineficacias e ineptitudes se multiplican sin consecuencia alguna para el nombrado en régimen de confianza al que se le permite casi todo error, salvo uno: la deslealtad a quien lo ha nombrado o al grupo que lo ha promovido.

Tercera mentira: la libre designación permite que la Administración funcione eficazmente como una empresa privada.

La tercera mentira es la similitud de funcionamiento empresarial como dogma de la eficacia ¿Debe funcionar la Administración como las empresas privadas? ¿Tienen finalidades idénticas? ¿Quiénes son los encargados de controlar los actos de la administración? ¿Son los ciudadanos meros clientes de la administración? ¿Son las empresas privadas más eficientes que la Administración?

¿Puede funcionar la Administración como una empresa privada?

Si hay algo que se contrapone al funcionamiento de la Administración pública en cuanto a fines y objetivos es, precisamente, la empresa privada.

Mientras que una ha de servir al interés colectivo redistribuyendo equitativamente bienes con el fin de luchar contra las desigualdades y prestar servicios públicos a la colectividad, la otra cumple un objetivo lucrativo a través de la realización de su objeto social, con el fin de proporcionar ganancias a sus dueños o accionistas.

Mientras los recursos de una son recursos públicos -detraídos obligatoriamente de los ciudadanos vía tributaria- los recursos de otra son privados.

El político no es el dueño de ninguna empresa que se llama “Administración”; tampoco los empleados públicos son empleados que dependan de la voluntad de aquél para ocupar un empleo público. Y menos aún, los ciudadanos –como engañosamente se repite- son meros clientes de la Administración. Son algo más. Mucho más.

Para empezar, habría que ser transparentes empleando un lenguaje claro. Esto es, no confundiendo lo que es la Administración -la estructura administrativa el conjunto de medios materiales y humanos que con carácter de permanencia están dispuestos para servir a la colectividad con objetividad, imparcialidad y con estricto sometimiento a la Ley- con el Gobierno, que es un órgano político y que transitoriamente dirige la Administración, según una voluntad y un programa político"
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jueves, 18 de abril de 2013

Aclaraciones de urgencia sobre la “dedicación especial”






Ante la irritante difusión de noticias sobre posibles medidas represivas para los empleados públicos y, más en concreto, de una disparatada y delirante supresión generalizada retroactiva del complemento de “dedicación especial” por un plazo de tres meses y 11 días,  que sería consecuencia de la mala digestión política de la reciente sentencia del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 5 de Oviedo que anuló la ampliación de jornada a 40 horas prevista en una Instrucción provisional vigente durante ese lapso de tiempo, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies traslada a las organizaciones sindicales y al conjunto de los trabajadores las siguientes consideraciones:

1º La “dedicación especial” es un complemento retributivo reconocido en el artículo 78.3 de la Ley de la Función Pública asturiana, que no puede ser retirado de manera generalizada a la totalidad de los puestos de trabajo que ahora están configurados con dicho complemento, ni siquiera temporalmente - y mucho menos de manera retroactiva -, sin incurrir en un monumental fraude de ley. 

2º Cualquier disposición de rango inferior a la ley – Instrucción, Acuerdo, Decreto – que suprimiera de forma generalizada el complemento de dedicación especial, sería palmariamente arbitraria, con las consecuencias jurídicas de enorme gravedad que una decisión de tal calibre comportaría. Y si lo hace con efectos retroactivos, aunque sean limitados a un determinado periodo de tiempo, vulneraría de plano el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales.

3º Son las Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas por el Consejo de Gobierno, en cuanto instrumentos en los que se deben estructurar y racionalizar aquéllos, el mecanismo legal para analizar, puesto a puesto, mediante informes objetivos e imparciales, los complementos retributivos de cada uno de ellos en atención a sus funciones y tareas concretas. Pero, lo que resultaría un disparate legal descabellado y sin precedentes sería la aprobación de una RPT con el fin de suprimir complementos retributivos con efecto retroactivo.

4º La reciente sentencia del Juzgado de lo contencioso – administrativo nº 5 de Oviedo que anuló la ampliación de jornada a 40 horas en los puestos con dedicación especial, deja en evidencia un modo político de actuar  unilateral, precipitado y profundamente arrogante. Un Director General de Función Pública menos prepotente y con una mayor dosis de sensatez, reconocería el error e iniciaría de inmediato una diálogo constructivo para compensar los efectos de una ilegalidad que duró algo más de tres meses.

5º No son democráticamente tolerables tácticas políticas dirigidas a atemorizar a los empleados públicos con posibles medidas de corte represivo y fundamento majadero. Por ello, exigimos de las organizaciones sindicales una respuesta inmediata, conjunta y unánime, firme y contundente, frente a comportamientos y prácticas políticas de difusión de miedo, que nos retrotraen a la larga noche de la dictadura franquista.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

lunes, 15 de abril de 2013

Declarada ilegal la ampliación a 40 horas de la jornada laboral de los empleados públicos del Principado


La ampliación de la jornada de trabajo de los empleados del sector público del Principado de Asturias de 37 horas y media a 40 horas, acordada por Resolución de 29 de junio de 2012, de la Consejera de Hacienda y Sector Público, fue ilegal.

Así lo acaba de determinar la sentencia dictada el 27 de marzo por el Juzgado de lo contencioso - administrativo nº 5 de Oviedo (ver aquí), estimando el recurso interpuesto por un miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies. Según señala el fundamento de derecho quinto de la sentencia, la Consejería de Hacienda y Sector Público se extralimitó y fue más allá de lo que imponía la legislación básica del Estado en la Ley 2/2012 de 29 de junio y, además, era manifiestamente incompetente para hacerlo, pues dicha ley " no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media. Al respecto, cabe señalar que la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales de modo que lo que debía respetarse en cualquier caso era que la jornada especial no podría ser inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo. Elevarla a 40 horas por medio de una Resolución que aprueba instrucciones es una adaptación exorbitante teniendo presente el balance normativo y quien la dictó, que no es órgano contemplado en el art. 68.1 de la ley 3/1985 de 26 de diciembre. La adecuación solamente debería haberse producido tras seguir los cauces procedimentales de reforma correspondientes -en donde incluso se podría haber adoptado hipotéticamente otro marco que no fuera el de las 40 horas - ya que la Ley 2/2012 de 29 de junio no imponía ningún número de horas concreto"

Es decir, la Consejería de Hacienda y Sector Público dictó unas Instrucciones provisionales para aumentar la jornada laboral de los puestos con dedicación especial, de 37 horas y media a 40 horas, que fue absolutamente precipitada, sin justificación legal alguna, pues la legislación básica del Estado no exigía dicha ampliación y siendo un órgano manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo. Resulta difícil encontrar tal cúmulo de irregularidades en una misma disposición administrativa.

Pero, además, esta sentencia pone en evidencia la política de personal del Gobierno del Sr. Fernández, que ha llevado más allá de lo legalmente exigible los recortes de derechos laborales y de conciliación de la vida laboral y familiar impuestos por el Gobierno de Rajoy. Si Rajoy ha venido usando indiscriminadamente la motosierra con los derechos laborales y sociales de los empleados públicos, Javier Fernández pronto le cogió gusto al instrumento y ha querido pasar por la derecha al Gobierno central con una de mayor potencia.

La sentencia que acaba de conseguir el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies tiene unas consecuencias económicas de enorme importancia. En base a la misma, todos los trabajadores públicos que  se vieron obligados a realizar la jornada de 40 horas que ahora se declara ilegal, cuando sólo debían cumplir la 37 horas y media, podrán reclamar el importe económico correspondiente al exceso de horas realizadas durante el periodo de vigencia de la Resolución que ahora se anula, que deberán abonarse como horas extras.

Un nuevo golpe judicial a la Administración del Principado, producto de un estilo prepotente en la forma de gestionar el empleo público que ya resulta inquietante e inadmisible, por repetido y reiterado en un tan breve plazo de gobierno.

martes, 9 de abril de 2013

LEYES DE TRANSPARENCIA: ¿SOLUCIÓN O MAQUILLAJE DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICO - ECONÓMICA?





Acto en el Club de Prensa Asturiana de la LNE


Martes, 16 de abril de 2013, 20:00 horas

LEYES DE TRANSPARENCIA: ¿SOLUCIÓN O MAQUILLAJE DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICO - ECONÓMICA?

Mesa redonda

Colaboran:  Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) 
Participan:  
José María Estrada Janáriz, Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández, del cuerpo superior de administradores y miembros de COFPA (Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies)
y Miguel Ángel Llana Suárez, ingeniero y editor de Asturbulla.com 

sábado, 6 de abril de 2013

Corrupción y función pública


Una administración autonómica y local profesional y solvente frenaría los abusos


Hace cerca de un siglo G. K. Chesterton se declaraba horrorizado por el escaso número de políticos que iban a la horca. Hoy nos repugna la pena de muerte, pero entendemos muy bien la ironía del escritor inglés. La entendemos tan bien que si sustituimos horca por cárcel la frase se convierte en un lugar común. También entendemos a Kissinger cuando decía con guasa que el problema de los políticos es que hay un 90% que echa a perder la reputación de todos los restantes.
¿Es esto lo que está ocurriendo? No lo creo. La gran mayoría de nuestros políticos son personas profundamente honradas que hacen su trabajo con gran dedicación y responsabilidad. Pero es indudable que tenemos un problema, y serio. No pasa semana que no aparezca un nuevo caso de corrupción. Los únicos partidos que no están implicados en ningún escándalo son los que no han gobernado nunca.
Entre las circunstancias que han hecho posible este lamentable estado de cosas rara vez se menciona una a mi juicio clave: la debilidad de la Administración autónoma y municipal. Es cierto que sin las ingentes cantidades de dinero generadas por la burbuja inmobiliaria muchos de los casos que hoy ocupan las páginas de los periódicos no se habrían producido. En la intersección entre los excesos en la construcción de viviendas e infraestructuras y la deficiente regulación de la financiación de los Ayuntamientos y de los partidos políticos se halla el punto más oscuro de nuestra historia democrática reciente. Pero, del mismo modo que pequeños dispositivos de seguridad bastan para prevenir un porcentaje significativo de robos, una Administración autónoma y local más profesional e independiente, al evitar la sensación de impunidad y descontrol, habría podido frenar una parte no desdeñable de los abusos cometidos.
Las autonomías se
han poblado de redes caciquiles y de interinos
y asesores a dedo
No creo que sea por azar que en la Administración central del Estado, articulada en torno a grandes cuerpos de funcionarios de carrera con larga tradición y un fuerte espíritu corporativo, la corrupción sea considerablemente más baja que en autonomías y Ayuntamientos. El funcionario de carrera rara vez es corrupto. En un país como el nuestro, en el que hay tanta gente que cree que la honestidad debe ser una cualidad ajena, el funcionario de carrera suele formar parte de esta amplia mayoría de ciudadanos que —como decía Jaume Perich— no solo deben ser honrados sino que además tienen que aguantarse.
No hace falta haberse carcajeado con los episodios de la vieja serie británica de televisión Sí, ministro, ni haber leído Por qué fracasan las naciones, de Daron Acemoglu y James Robinson, para comprender que una Administración capaz e independiente, con altos funcionarios capaces de hacerse respetar, puede ser un instrumento tan útil para la defensa de los intereses de los ciudadanos como enojoso para los políticos que intentan aprovecharse de sus cargos. Un buen funcionario es, sin proponérselo, un guardián de la ley. Su mera presencia evita tentaciones. ¿De dónde saca la fuerza para parar los pies al superior o al político que va a cometer un abuso? De su vocación de servicio a los intereses generales y de su seguridad de que, en última instancia, su futuro profesional no depende de la persona a la que planta cara, sino de su reputación y de su intachable trayectoria.
¿Existe una Administración de este tipo en nuestras autonomías y Ayuntamientos, una Administración que haga pensar más en Max Weber que en la novela picaresca? En muchos casos, no. Las Administraciones autónomas, que al ser de nueva planta podrían haber resultado ejemplares, en vez de establecer departamentos fuertes integrados por funcionarios solventes capaces de defender los intereses generales se han poblado de estructuras caciquiles y de interinos contratados y asesores nombrados a dedo que, al no contar con ninguna seguridad en su empleo, carecen de fuerza para frenar los abusos de sus superiores, si no es que caen ellos mismos en la tentación de dejarse sobornar para asegurarse la vejez. Y en la Administración local nadie se ha preocupado hasta ahora de dotar a los funcionarios de la fuerza suficiente para hacer frente a los poderosos intereses inmobiliarios. Solo muy recientemente el Gobierno ha caído en la cuenta de la incongruencia que supone que los interventores y secretarios de Ayuntamiento dependan de los políticos a los que tienen que asistir y controlar y ha propuesto reforzar su independencia. La iniciativa en este sentido constituye un paso en la dirección adecuada. Pero cabe dudar de que sea suficiente.
El Estado de derecho
requiere contrapesos. Una administración fuerte y
motivada es uno de ellos
Según cifras que leo en la prensa, pese a los recortes de los últimos años hay más de 200.000 interinos en las Administraciones autónomas. Súmese a ello a las personas contratadas por empresas, fundaciones y consorcios públicos de ámbito autonómico y los interinos y contratados que hay en los Ayuntamientos, que deben de ser muchos miles más. Dudo que nadie conozca la cifra exacta. Seguro que muchas de estas personas desempeñan su labor con responsabilidad y eficacia, pero el hecho de que su ingreso no se haya producido con publicidad y transparencia y que su permanencia esté sometida al arbitrio de sus superiores les convierte en vulnerables a las presiones políticas y hace muy difícil que se opongan a abusos y corruptelas. Al amparo de la libertad para nombrar interinos y asesores y someter a su control personal a las piezas clave de la burocracia a sus órdenes, los gerifaltes autonómicos y municipales de las dos últimas décadas han tejido unas redes clientelistas que hacen palidecer al caciquismo de hace un siglo.
El resultado está a la vista. En estos momentos no recuerdo ningún ministerio afectado por un escándalo de corrupción. En cambio, me vienen en un instante a la cabeza una larga lista de autonomías y Ayuntamientos carcomidos hasta la médula. La lección que cabe sacar de ello es obvia. Una de las cosas que cabe hacer para luchar contra la corrupción, hoy que el edificio político y legal construido en la Transición reclama reformas urgentes, es fortalecer la profesionalización y la independencia de los funcionarios, en particular los autonómicos y locales —sin resucitar privilegios ni alentar el corporativismo, por supuesto—, con el fin de que contribuyan a asegurar la solidez del sistema democrático, como lo hacen en los países de nuestro entorno.
El Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Una Administración fuerte y motivada es uno de ellos. Del mismo modo que ninguna democracia puede funcionar sin partidos políticos y que el papel de una prensa plural e independiente es crucial, una Administración integrada a todos los niveles por funcionarios que ingresen y hagan carrera por méritos profesionales y no por contactos personales o afinidades políticas, que sirvan a los ciudadanos y no a los partidos, es una barrera necesaria para que la corrupción no socave las instituciones.
Carles Casajuana es escritor y diplomático, y ha sido embajador de España en el Reino Unido.

martes, 2 de abril de 2013

Los ciudadanos necesitamos saber quién está detrás de los partidos


Diario El Comercio 2/4/2013

Fernando Jiménez (Almería, 1963) es profesor en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es evaluador en el Programa Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. El jueves ofrecerá una conferencia en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, en Gijón, donde someterá a examen a los partidos políticos españoles.
-¿Qué opina del paquete de medidas anticorrupción lanzado por el Gobierno central?
-En España siempre tratamos de enfocar la lucha contra la corrupción con una lista enorme de medidas y muchos cambios normativos, cuando en realidad ya hemos comprobado muchas veces que no funciona.
-Entonces, ¿por qué se insiste en lo mismo?
-Porque es algo muy sencillo de hacer. Das a entender a la opinión pública que quieres enfrentarte al problema sin correr el riesgo de hacerlo de verdad, sin tomarte muy en serio los verdaderos objetivos. Con las decisiones tomadas tras el debate sobre el estado de la nación surge ese problema: hay un conglomerado de medidas que no están estructuradas, presentan contradicciones y no están bien orientadas desde el punto de vista sustantivo.
-¿A dónde habría pues que reorientarlas?
-A elaborar medidas que dificulten el uso patrimonialista de los recursos públicos. Un partido que esté en estos momentos al frente de una administración pública, especialmente a niveles regionales y locales, tiene una capacidad de maniobra enorme para decidir cómo repartir los recursos que maneja.
-Y eso no es bueno...
-Lo que hacen las formaciones es utilizar esos recursos para construir redes clientelares y conseguir así apoyos para el partido, que les permiten permanecer en el poder, a través del intercambio de recursos públicos por votos o aportaciones financieras. Las políticas anticorrupción deben cortar la posibilidad de que los partidos puedan distribuir los recursos de manera tan discrecional.
-¿Cómo?
-Profesionalizando mucho más la administración pública, haciendo más difícil que los partidos impongan determinadas decisiones sin sentido, como algunas de las referidas a obra pública, que van en contra de la lógica de una gestión saneada. Todo este tipo de decisiones despilfarradoras tienen mucho que ver con la necesidad de los partidos de crear redes clientelares y de lo que se trata es de dificultárselo para que se imponga el interés general.
-¿Qué propone?
-Mejorar el funcionamiento de las herramientas de control, fundamentalmente de la Administración de Justicia, que ahora funciona de forma excesivamente lenta. Los escalones más altos de la judicatura son demasiado sensibles a los intereses políticos, hay que reforzar la independencia judicial. El Consejo General del Poder Judicial no debería estar politizado y los nombramientos de los altos cargos del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo no tendrían estar tan pendientes de las necesidades de los partidos.
-Usted colabora con el Grupo de Estados contra la Corrupción, ¿cuál es exactamente su labor?
-Es un instrumento del Consejo de Europa, que le permite comprobar hasta qué punto los países que firmaron convenciones anticorrupción cumplen con sus compromisos. Greco muestrea a un grupo de países, elige un tema -cada ronda dura 3 o 4 años- y los evalúa sobre ese tema en concreto. Ahora estamos iniciando la cuarta ronda de evaluación, en la que se evaluarán los problemas de corrupción asociados a parlamentarios y a jueces. En la tercera, en la que yo participé y que está finalizando ahora, se abordaron dos temas: cómo estaban tipificados los delitos de corrupción en cada país y la financiación de los partidos.
-¿Qué conclusiones sacaron sobre cómo consiguen dinero los partidos españoles?
-La evaluación de Greco fue muy crítica con el sistema de financiación español. Se detectaron problemas bastante graves, tanto en cuanto a transparencia como a posibilidades de control y a sanciones. Una de las cosas interesantes de Greco es que no se limita a la elaboración de un informe. A los 18 meses vuelve a examinar a los países a ver si han cumplido sus recomendaciones. En España, llegado a este punto, la evaluación fue de nuevo muy dura, porque habíamos hecho bastante poco por cumplir con las pautas que nos habían dado. 36 meses después es el examen definitivo, que aún no se ha celebrado. España lo va a pasar porque ha introducido algunos cambios que serán suficientes para el aprobado, lo cual no quiere decir que tengamos un sistema excelente ni mucho menos.
-¿Qué cambios se han introducido?
-Hemos mejorado mucho con la última reforma de la ley de financiación de partidos de octubre de 2012, sobre todo en el tema de las condonaciones de deuda. Hasta ahora los bancos podían perdonar a los partidos sus créditos sin ningún tipo de limitación. Ahora, existen más o menos los mismos límites que se estipulan para las donaciones. También se ha reforzado el Tribunal de Cuentas: sólo siete personas se dedicaban al control de la financiación de los partidos y las campañas electorales y ahora han pasado a ser más de 20.
-¿Es la financiación privada o la pública la que registra mayor número de irregularidades?
-Por un lado, hay muy poco control sobre las donaciones privadas, porque el Tribunal de Cuentas no tiene los poderes suficientes para hacer un control efectivo de los ingresos privados que reciben los partidos. Pero también hay un descontrol bastante grande sobre una parte de los ingresos públicos, sobre todo a nivel local.
-¿Por qué?
-Las cuentas que presentan los partidos ante el Tribunal de Cuentas son las consolidadas sólo hasta nivel provincial, pero no se incluyen las cuentas de las agrupaciones locales. Aún así, tenemos cierta información y se trata de cantidades considerables. En torno a una cuarta parte del dinero público que reciben, que en términos absolutos supone más de 50 millones de euros al año, viene de los municipios. Un segundo problema relacionado con con los ingresos públicos y los privados es el tema de las fundaciones.
Las fundaciones
-¿Cómo se utilizan para burlar la norma?
-Algunas fundaciones tienen una relación estrecha con los partidos y se convierten en la puerta trasera para incumplir determinadas limitaciones que plantea la ley. Por ejemplo, la ley no permite que empresas con contratos en vigor con las administraciones públicas donen dinero a los partidos, pero sí a las fundaciones.
-¿Tan difícil es obligar a las formaciones a hacer públicos sus números?
-La ley de octubre de 2012 obliga a los partidos a hacer públicas sus cuentas, pero no a enumerar su lista de sus donantes. Sabemos la cifra total de dinero que han recibido, pero no quién se lo ha dado. En muchos países, una de las claves normativas para evitar irregularidades es que a partir cierta cantidad de dinero, los grandes donantes han de ser conocidos. Es un aspecto importante para saber quién puede estar influyendo en los intereses que defiende uno u otro partido.
-¿Cuánto suponen las cuotas de los militantes en la financiación de un partido?
-No lo sabemos y es de justicia que den esa información. Los ciudadanos necesitamos saber quién está detrás de los partidos. Según lo que ellos declaran, la parte de financiación privada (en torno al 20%) obtiene más dinero de las cuotas que de las donaciones. Pero lo cierto es que declaran muy poquitas donaciones y no sabemos si esto se ajusta a la realidad. Sabemos que sistemáticamente los partidos gastan más en las campañas electorales de lo que declaran.
-¿Cómo se podrían evitar casos como el de Bárcenas?
-Con una transparencia más efectiva y dándole al Tribunal de Cuentas la capacidad de cruzar datos y hacer comprobaciones con Hacienda. Siempre habrá maneras de burlar la ley, pero en el caso español es demasiado fácil.