LNE, 28 de Enero del 2013 - Javier Álvarez Villa
La descomunal crisis por sobreendeudamiento y sobreproducción que ha conducido al sistema económico al precipicio, acaso no hubiera sido posible sin la captura de la Administración Pública, minuciosamente planificada por los ideólogos del caos.
Hace tiempo que la prensa anglosajona acuñó la expresión puertas giratorias para referirse al tráfico de doble sentido de personas e intereses, entre el sector público y las grandes corporaciones privadas: ejecutivos infiltrados en el poder de dirección de la Administración Pública ( mediante alguna de las diversas modalidades de acceso a puestos de confianza inventadas por el aparato político - económico) y funcionarios y políticos fichados por el mercado para transferir información privilegiada e influir en la toma de decisiones de su centro de procedencia. Mediante esta clase de puertas es posible que un alto ejecutivo de una empresa de armamento acabe de ministro de Defensa o que expresidentes de Gobierno y exministros terminen como empleados a sueldo de grandes corporaciones eléctricas.
Quizá sea esta la manifestación más conocida de la captura de la Administración Pública por el poder económico, pero en modo alguno la única, ni la más relevante. El asalto de las instituciones públicas se sustenta en un proceso masivo de manipulación del pensamiento, con la imposición de esa neolengua que sacraliza la calidad, el cliente y la eficiencia, desplazando la legalidad, el ciudadano y el interés general al lado oscuro de las palabras sospechosas de anacronismo. Una profunda desmemoria colectiva, alimentada por unos medios de comunicación dirigidos por quien manda, ha colocado en el territorio del olvido toda referencia mínimamente objetiva sobre el origen y sentido de la Función Pública en los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, que no era otro que servir con objetividad a los intereses generales de los ciudadanos, mediante cuerpos de funcionarios imparciales, vinculados estrictamente al cumplimiento de la legalidad.
Hoy sólo algún especialista, en voz baja, es capaz de recordar la función social que se encuentra en el origen de la Función Pública: procurar seguridad jurídica a través de las garantías institucionales de la imparcialidad de los agentes públicos y de la selección, promoción y retribución de éstos en base al mérito y la capacidad. Para ello, la imparcialidad de los empleados públicos se proyectaba necesariamente en una doble vertiente: ad extra, en sus relaciones con los ciudadanos, mediante un estricto régimen de incompatibilidades dirigido a evitar conflictos de intereses lesivos para el servicio público; y ad intra, en las relaciones con el Gobierno, garantizando su neutralidad política mediante un sistema de inamovilidad en los puestos de trabajo y de carrera profesional objetiva, en la que la promoción profesional se efectuaba también con criterios de mérito y capacidad.
Después de una intensa campaña de desprestigio de la meritocracia, asociada malintencionadamente a la burocratización y a la ineficiencia, y una vez consumada la invasión de la Administración por los acólitos de la Nueva Gestión Pública, nacida en los centros de pensamiento del neoliberalismo económico, todas las garantías de imparcialidad del empleo público han sido arrumbadas en el estercolero de la historia.
De una parte, la insistencia machacona en la obtención de resultados y el aumento de la productividad en la gestión de los servicios públicos, trajo consigo el desprecio por el procedimiento administrativo, considerado como un estorbo formal sino conduce a la rápida consecución de los resultados queridos. El reclutamiento clientelar de personal a través de entes instrumentales de la Administración y los múltiples escándalos de corrupción van indisociablemente unidos a este proceso.
Simultáneamente, la dirección del gobierno por los capataces del poder económico hace imposible cualquier distinción entre interés público e interés privado. En consecuencia, hoy el régimen de incompatibilidades de los funcionarios no es más que un artificio sin otra utilidad que la meramente retributiva, pues no hay ningún conflicto de intereses que evitar.
El abandono completo en manos de los grandes emporios industriales de los procedimientos de elaboración de las normas de seguridad industrial y de la inspección y control de los productos que ellos mismos fabrican, o la dirección y control del proceso de urbanización y edificación del territorio por parte de las organizaciones empresariales y financieras, perfectamente infiltradas en la sala de mandos del poder político, son sólo dos ejemplos, si bien plenamente significativos, de un sistema en el que el poder económico se ha adueñado del Estado mediante la fusión perfecta de las actividades política y empresarial (el macroescándalo denunciado por los inspectores del Banco de España sobre el descontrol de la actividad financiera en la época de la rapiña y el desfalco es la última prueba de lo que decimos)
Cuando el que gobierna sólo defiende intereses particulares de clientelas más o menos poderosas, la imparcialidad de los empleados públicos se convierte en un estorbo insoportable. De ahí la necesidad de disponer de una red de empleados fieles, cada vez más amplia, particularmente en la elite sobre la que recae la tarea de justificar técnicamente las decisiones previamente tomadas, proceso que ha propiciado, de paso, el reforzamiento del poder corporativo antidemocrático de la alta burocracia, en base a la relación simbiótica de intereses que se ha ido conformando en sus relaciones de confianza personal con la clase político-empresarial.
No se trata ahora de contar con profesionales preparados, bien formados, que informen honestamente conforme a sus conocimientos periciales sobre la mejor de las soluciones posibles o sobre la viabilidad de una propuesta política, desde la perspectiva del interés general y el marco de la legalidad de aplicación; si no de suministradores de coartadas.
La carrera profesional meritócratica resulta, de este modo, un sistema ineficaz, ineficiente, improductivo, acomodaticio, que debe suplirse por procedimientos de reclutamiento más ágiles. La inamovilidad en el puesto deja de ser una condición necesaria para la imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas para considerarse una rémora, un inadmisible privilegio del trabajador, apoltronado en una plaza garantizada de por vida y sin ningún estímulo para mejorar su rendimiento. La solución pasa, entonces, por la selección digital por parte del poder político económico (políticos empresarios y empresarios políticos), que elige en privado y con criterios que se reserva, pero que siempre tienen que ver con el eufemismo de la búsqueda del perfil más adecuado para conseguir un compromiso más intenso con la Organización.
En todo caso, la contrapartida de la selección a dedo es siempre la posibilidad de cese por la misma vía y con la misma ausencia de motivación: hemos perdido la confianza en Ud. y le agradecemos los servicios prestados.
La última ocurrencia de los ideólogos de la Nueva Gestión Pública consiste en introducir una elite de personal directivo en la Administración Pública, intercalada entre los puestos políticos y los estrictamente funcionariales, que será la encargada de aplicar esos excelentes principios y técnicas gerenciales de la empresa privada que han provocado la catástrofe socioeconómica que padecemos . Se trata de la última vuelta de tuerca en el proceso de privatización de lo público, justamente en un momento en el que los Tribunales de Justicia y, especialmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo vienen declarando la ilegalidad del abuso sistemático de los nombramientos a dedo.
Todo apunta a que esta nueva elite gerencial, que se acabará incrustando en la Administración salvo que lo impida una enérgica e improbable reacción social , será la encargada de gestionar los procesos ya iniciados de desmantelamiento de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, justicia) y su posterior conversión en los grandes negocios del capital especulador.
Javier Álvarez Villa
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias
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