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lunes, 25 de febrero de 2013

¡TRANSPARENCIA YA!: EXIGIMOS LA PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 98 ASESORES POLÍTICOS DEL PRINCIPADO


¡TRANSPARENCIA YA!: EXIGIMOS LA PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 98 ASESORES POLÍTICOS DEL PRINCIPADO

Basta ya de excusas y mentiras. Es falso que se necesite una nueva ley – de transparencia o de función pública – para poder publicar en el boletín oficial los nombramientos de los asesores de confianza de los cargos políticos del Principado de Asturias.

El único motivo que existe hoy para mantener tapada la identidad de los  asesores pagados con cargo a los presupuestos generales es la terquedad de los partidos políticos asturianos en no revelar los nombres de dichos asesores (que es perfectamente posible lo demuestra el hecho de que se han publicado en un caso concreto: el de los cuatro eventuales dependientes del Presidente de la Junta General del Principado, publicado en el boletín oficial de la Junta de 30 de agosto de 2012)


Presidencia y Consejo de Gobierno         7
Junta General del Principado                  47
Sindicatura de Cuentas                              4
Procuradora General                                  7
Consejería de Presidencia                        8
Consejería de Hacienda                            3
Consejería de Economía                           4
Consejería de Educación                          5
Consejería de Bienestar Social                3
Consejería de Fomento                             3
Consejería  de Sanidad                             3
Consejería de Agroganadería                   3
Consejo Económico y Social                    1


Sobre la obligación legal de publicar los nombramientos (y, en consecuencia, de hacer pública la identidad) de estos 98 asesores, citaremos algunas disposiciones que, sin duda, son conocidas por todos los partidos políticos, pero de las que se vienen olvidando intencionadamente desde hace demasiado tiempo:

Al personal eventual le será de aplicación, por analogía, el régimen estatutario propio de los funcionarios en servicio activo, en lo que no resulte opuesto a la naturaleza de su relación de empleo.

Y el régimen estatutario de los funcionarios incluye, entre otros extremos, la publicidad de sus nombramientos (que se hacen públicos, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del Principado). Parece obvio, pero habrá que decirlo, que la publicación de los nombramientos de los asesores políticos en nada se opone “a la naturaleza de su relación de empleo”, sino más bien lo contrario: esta publicidad y transparencia resulta absolutamente imprescindible en puestos que ejercen funciones de asesoramiento especial y de estricta confianza  a los cargos políticos, entre otras razones por lo que señalaremos a continuación.

Porque, además, se añade la circunstancia legal, particularmente grave desde el punto de vista de la exigencia de transparencia y publicidad, de que el artículo 2 de la Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, considera altos cargos al  “personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, en el Gabinete del Presidente del Principado, así como los Jefes de Gabinete de los Consejeros o equiparados a ellos”, a los que impone el mismo régimen de incompatibilidades que a los políticos a los que asesoran.

La omisión de la publicación de los nombramientos de este personal eventual conduce a la inadmisible situación de que los asesores del Presidente del Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos “altos cargos” que gozan actualmente del privilegio del anonimato. ¿Con qué garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?

¿Cómo se puede controlar, de forma real y efectiva, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los asesores de los diputados de la Junta General del Principado, si se mantienen ocultos y escondidos en la trastienda?. ¿ De qué transparencia no están hablando los señores y señoras diputados/as?

No cuelan ya más coartadas para seguir tapando la identidad de los 98 asesores políticos del Principado. ¿Qué esconden esos nombramientos para que se acompañen de tanto secreto?

¡Transparencia ya!

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

martes, 19 de febrero de 2013

Por la transparencia en la Administración asturiana: pedimos la publicación de los beneficiarios de retribuciones y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada



Por la transparencia en la Administración asturiana: pedimos la publicación de los beneficiarios  de retribuciones y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada

El Gobierno asturiano anuncia una estrategia para mejorar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, a la que damos la bienvenida. Ahora toca demostrar que la misma va en serio y que no se trata sólo de una nueva campaña de maquillaje, en un momento en el que la sociedad empieza a tomar conciencia de que la corrupción político – económica es un problema estructural del sistema que exige cambios de mayor calado que los que, de momento, se anuncian.

Para empezar, recordamos al Gobierno del Sr. Fernández que el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP) repartió el año 2012 casi tres millones de euros (en concreto, 2.800.092 euros, ver aquí Presupuesto prorrogado, pág. 120) por la impartición y coordinación de cursos de formación para los empleados públicos del Principado de Asturias.

El proceso de gestión pública de esta importante suma de dinero adolece de una manifiesta opacidad y falta de transparencia: la selección de los profesores y coordinadores es estrictamente digital y las percepciones recibidas por los elegidos también permanecen en la sombra.

La cuestión tiene una indudable relevancia desde el punto de vista de la ética pública en la gestión administrativa, pues es bien conocido que existe un grupo selecto de funcionarios públicos (pero también jueces que luego van a enjuiciar los actos de la Administración asturiana y profesionales del sector privado de la formación) que se benefician con importantes sumas de dinero (sobresueldos) con esta actividad formativa. Recordamos que la hora por impartir curso de formación se pagaba en el año 2012 a 96,74 euros (ver importe de las retribuciones/hora aquí, página 59)

El asunto se agrava si tenemos en cuenta que en el caso de los funcionarios públicos (jueces incluidos) esa tarea de docencia retribuida de cursos se realiza, en la mayor parte de los casos, coincidiendo con su jornada laboral, por lo que perciben un salario sin ir a trabajar.

Hace falta mucha transparencia en lo referente a los perceptores de retribuciones con cargo a los cursos de formación del Adolfo Posada. El Gobierno asturiano dice que tendrá los bolsillos de cristal y aquí tiene la primera ocasión para demostrarlo: hágase pública la lista de beneficiarios de retribuciones y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada.

Luz y taquígrafos

domingo, 17 de febrero de 2013

Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa

Rodrigo Fernández Miranda
El drama de los desahucios en el Estado español es una de las evidencias más violentas de la implementación de las políticas neoliberales, y también una clara muestra de la indefensión en la que se encuentra una parte cada vez mayor de la ciudadanía. Una indefensión en la que el Estado se abstrae de sus responsabilidades en materia social, y su accionar, sus recursos y sus herramientas se dirigen prioritariamente a preservar los intereses del poder financiero.
Cuando lo ilegítimo es legal
Mucha tinta ha corrido desde que en 2010 el entonces presidente socialista del Gobierno español admitiera que el país empezaba a atravesar una “crisis”, e implementara un paquete de medidas de recortes sociales y una primera reforma laboral impuestas por la Troika. También mucha tinta ha corrido desde que a finales de 2011 asumiera un nuevo presidente popular del Gobierno español y profundizara el camino de las políticas neoliberales de marcado corte antisocial.
Si la democracia es una forma de organización del Estado en la que la toma de decisiones y la titularidad del poder corresponden al conjunto de la sociedad, se puede concluir que una democracia real es un impedimento para el avance del neoliberalismo en cualquier territorio. Mientras que los representantes de la soberanía popular y las instituciones políticas primen el “derecho” a las rentas del capital de una minoría por encima del interés general, del bienestar común y de los derechos sociales de las mayorías, esta representación carece de legitimidad.
Las políticas públicas adoptadas desde que los mercados hicieron explotar la “crisis” precipitaron esa creciente ilegitimidad. Un rumbo de recortes, ajustes, precarización, limitación de derechos sociales, privatizaciones, enajenación, transferencia de riqueza, desatención del Estado de sus responsabilidades sociales y redistributivas, indefensión de las mayorías sociales. En otras palabras, un deterioro de la democracia y un aumento de la injusticia, la desigualdad, la tragedia humana y social, condiciones necesarias para que las rentas del capital sigan sumando y para que este capitalismo global y salvaje siga existiendo. Y, tal y como los representantes políticos no se cansan de afirmar, es éste el único camino posible, “no hay alternativa”.
Muchas son las manifestaciones en el territorio que ponen en evidencia la perversión de este modelo económico y político. Una de las más dramáticas es sin duda la cuestión de los desahucios, vinculada directamente a la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria, al elevado nivel de desempleo, y el consecuente aumento del empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de las familias.
A través de la ejecución de los desahucios, en casi todos los casos de manera forzosa, el poder financiero expulsa y expropia de sus viviendas a las familias que no pueden afrontar el pago de las letras de las hipotecas. En algunos casos, estas viviendas son vendidas a través de subasta, en otros, son dejadas vacías. Mientras que el Estado ampara y protege los intereses del poder financiero en detrimento de los desahuciados, esta actuación, ilegítima por dónde se la analice, adquiere carácter de legalidad en el marco de una “democracia tutelada” [1].
Crónica de una burbuja
Entre 1997 y 2007 la economía española tuvo un crecimiento sin precedentes. El factor más determinante para explicar dicho crecimiento sostenido durante casi tres legislaturas fue el entonces llamado “boom inmobiliario”, proceso a través del cual se atiborró el territorio de cemento, de ladrillo, de hormigón y de deudas.
De repente, la sociedad española descubrió que lo que habían denominado “boom” era en realidad una “burbuja”, que hundía sus raíces en una fuerte especulación, y que dicha burbuja se había pinchado. Un pinchazo que supondría, de hecho, que todo ese crecimiento económico y material iba a tener a partir de ese momento como contrapartida un empobrecimiento rápido y profundo, también sin precedentes, de un amplio sector de la sociedad.
El punto de partida de la burbuja fue la Ley 6/1998 de Liberalización del Suelo, puesta en marcha en 1998 durante el primer Gobierno de Aznar, una fuerte relajación normativa que abrió sin complejos la veda a la construcción y a la especulación urbanística a lo largo y ancho del territorio. A partir de entonces, todo suelo se consideraba “urbanizable”, salvo que se justificaran motivos para su protección, es decir, todo el suelo era urbanizable salvo que se demostrara lo contrario. En esos años se generalizó, además, una relación directa entre la financiación municipal y el desarrollo del suelo, los municipios encontraron una forma fácil de financiarse, y una legislación estatal que les resultaba favorable.
A finales de los noventa se empezaron a construir viviendas por todo el territorio español [2], y el desempleo experimentó inicialmente un descenso. Los nuevos grupos de trabajadores, incorporados al mercado laboral a través de la construcción y sus sectores conexos, obtenían hipotecas para comprarse más casas. Durante el período comprendido entre 1997 y 2007 los precios de la vivienda casi se duplicaron, al tiempo que el parque inmobiliario creció de forma imparable y la oferta de viviendas empezó a superar a la demanda.
Detrás de la burbuja inmobiliaria se encuentra la burbuja de la deuda. Sobre esta cuestión también hubo un cambio relevante en las reglas de juego que favoreció el proceso especulativo: la posibilidad de cambiar los tipos de interés fijos a variables en las hipotecas (modificación legislativa también realizada durante la presidencia del Partido Popular). La banca se dedicó durante este período a conceder créditos que financiaban hasta el 100% de las viviendas, partiendo de tasaciones temerarias de las mismas que las propias entidades realizaban, concediendo hipotecas de por vida y con bajos diferenciales sobre el tipo de interés de referencia.
Al cambio en la Ley de Suelo y en los tipos de interés hipotecarios se debe añadir la gran entrada de capitales especulativos extranjeros al país tras la creación del euro, y la exuberancia monetaria, otro de los factores que conduciría a un fuerte incremento de precios en el mercado de la vivienda.
Frente al desconocimiento de la ciudadanía y la desidia, la incompetencia o directamente la complicidad del poder político, advertido en varias ocasiones y desde diferentes instancias sobre estos “desmanes en la concesión de créditos de las entidades financieras” [3], un día todo estalló. Ese día la sociedad supo que este segundo “milagro económico español” [4] era un espejismo, y desde entonces empezó a conocer lo que es en la práctica el neoliberalismo.
Las consecuencias del espejismo
La fiesta de la especulación y los desmanes financieros terminó, como no puede ser de otra manera, en un desenlace desgraciado para amplias mayorías. Los desahucios, seguramente el símbolo más antisocial de estas políticas, representan uno de los problemas sociales y humanos más punzantes que desde la irrupción de la “crisis” sufre la sociedad española.
En 2011 el número de expedientes de desahucios procesados creció un 22% con respecto a 2010, llegando a un total de 58.241 (160 cada día), lo que supuso un record de este indicador desde que existen registros. Sin embargo, durante la segunda mitad de 2012 el número de desahucios en el territorio español ascendió a 526 diarios (más del triple que en 2011), más de 180 mil durante el año y un total de 46.559 sólo en tres meses de este año.
En cuanto al perfil socioeconómico de las víctimas de los desahucios, un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explicaba que “… el 80% de los afectados son gente de clases medias que ha visto muy reducidos sus ingresos, que pueden estar cobrando unos 800 o 900 euros y que no pueden hacer frente a hipotecas de, por ejemplo, 1.200 euros”.
Para aumentar lo trágico de esta situación, el suicidio se ha convertido desde 2008 en la primera causa de muerte violenta en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con un aumento considerable a partir de 2011 (y superando a los accidentes de tráfico). Los motivos principales han sido, precisamente, el desempleo, la pobreza o el desahucio, en definitiva, la “crisis”. En 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, casi nueve personas cada día. Según un comunicado de la PAH de finales de 2012, el 34% de estos suicidios estarían causados por los desahucios. Esta Plataforma considera este hecho un asesinato, del que hace responsables a las entidades financieras, a las autoridades judiciales, a los representantes políticos y a las Administraciones del Estado.
Frente a este avance del poder financiero sobre los derechos sociales, las víctimas de los desahucios cuentan, además sus propios grupos de pertenencia y redes socioafectivas, con el apoyo activo de los movimientos de resistencia que se han ido configurando en el territorio durante estos últimos años. Estos grupos actúan a través de la denuncia, la movilización, la desobediencia civil y la resistencia activa no-violenta para evitar in situ los desahucios, a la llegada de los representantes de la banca y del poder judicial.
Sin embargo, la ejecución de los desahucios también viene acompañada por la represión policial, con agresiones y detenciones de activistas y víctimas que intentan que las expulsiones no se hagan efectivas. Esto significa que es el Estado el defensor de los intereses de la banca y principal garante de que el poder financiero, principal promotor de esta “crisis”, no pierda ni aun cuando todos los demás actores están perdiendo. Un Estado que, en lugar de preservar y garantizar los derechos sociales, desampara a estas mayorías y da prioridad a las rentas del capital financiero.
En este escenario, es innegable la grave (ir)responsabilidad política de quienes dicen ser representantes de la soberanía popular, que en un primer momento se vanagloriaron de sus decisiones, que llevaron a una década de crecimiento económico que resultó ser un espejismo. Posteriormente negaron la evidencia del fracaso de una política especulativa con el suelo y el derecho a la vivienda. Finalmente, decidieron que la mejor manera de paliar esta situación era ponerse del lado del poder financiero y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y dar la espalda a las víctimas.
En noviembre de 2012, y en un alarde de sensibilidad social, la que fuera Ministra de Vivienda del último Gobierno socialista y diputada del PSOE, María Antonia Trujillo, expresó al respecto que “el que tenga deudas que las pague. Que no se hubiera endeudado”. Sin embargo, no parece ni sensato ni justo culpabilizar a quien recibe un préstamo [5], sino en todo caso a quien lo otorga y a quien permite que la situación llegue a tal extremo. Más aún, si el dedo acusador es de quien ha ejercido nada menos que la cartera de Vivienda durante ese período.
Casas sin gente. Gente sin casas, y sin Estado
Durante la burbuja inmobiliaria se construyeron en el territorio español 4,6 millones de viviendas, de las que se comercializaron 3 millones. En la actualidad, se estima que el 20% del total de las viviendas que existen se encuentran vacías. Durante la última década las viviendas vacías se han duplicado, pasando de 3,1 millones a 6 millones aproximadamente (hay tantas viviendas vacías como personas activas desempleadas). De esta forma, una de cada cinco viviendas no está habitada, se mantiene cerradas y en completo desuso.
El aumento de los suicidios por los desahucios y de la visibilidad de esta problemática ocasionó una fuerte conmoción en la opinión pública. Fue entonces cuando el Gobierno y el principal partido de la oposición hicieron un amago por mostrar su sensibilidad social y por asumir su responsabilidad política, comprometiéndose a acordar e introducir cambios legislativos que pudieran salvaguardar a las víctimas.
La primera respuesta del Gobierno fue un documento de “recomendación” a las entidades financieras, en ningún caso vinculante, cuya aplicación dependía en última instancia de la “buena voluntad” de quienes hasta ahora no la han tenido. Esta intervención del Estado se limitó a la formulación de un “código de buenas prácticas”, que debería ser aplicado “voluntariamente” por la banca, a la que el Gobierno le “sugería” que acepte la dación en pago en aquellos casos en que las víctimas se encuentren en exclusión o riesgo de exclusión social.
Como respuesta a este documento, desde FACUA-Consumidores en Acción se destacó que “pedirle a la banca que cumpla con un código ético es absurdo (…) la banca está cometiendo cada vez más abusos y fraudes en España, desde las cláusulas de suelo hasta las participaciones preferentes, pasando por el cobro irregular de multitud de comisiones, y la respuesta del Gobierno es un código de autorregulación que sólo cumplirá el que quiera y si no lo hace, tendrá como mucho un tirón de orejas”.
Posteriormente, debido al aumento de la presión social, en noviembre de 2012 el Gobierno decidió intervenir un poco más, e introdujo una adaptación de la legislación hipotecaria para suspender durante dos años algunos desahucios. Sin embargo, esta suspensión tiene una aplicación extremadamente limitada y con condiciones draconianas para su acceso, por lo que sólo beneficia, muy relativa y parcialmente, a una minoría de las familias afectadas por las deudas hipotecarias.
Para poder beneficiarse de esta suspensión temporal, además de cumplir ciertos requisitos económicos [6], se debe pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables: familias monoparentales con dos o más hijos a su cargo, personas a cargo con una discapacidad superior al 33% o dependencia, familias numerosas o víctimas de violencia contra las mujeres. Un informe elaborado por un grupo de jueces criticaba “las estrictas condiciones para fijar que las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que sólo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a dichos beneficios”.
Por otra parte, en el mismo informe de estos magistrados se consideraba que el procedimiento para la ejecución hipotecaria, vigente desde 1909, es “extremadamente agresivo frente al deudor”. Además, según un dictamen publicado a finales de 2012 por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, las normas que regulan en el Estado español los desahucios por el impago de las hipotecas son incompatibles con las normas europeas de protección de consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
Teniendo en cuenta quiénes han sido los favorecidos por este proceso especulativo, no resulta una ironía que el presidente de la AEB pidiera a finales de 2012 la construcción de más viviendas y la concesión de más créditos hipotecarios como fórmula para resolver el problema y contrarrestar el récord de desahucios. Quien preside este lobby parece haber alterado el orden de los factores, afirmando que "viendo las informaciones periodísticas de estos días se podría pensar que el crédito hipotecario ha sido la causa de la exclusión social, cuando lo que ha provocado la exclusión social ha sido la crisis económica".
Las llaves del Estado
En su artículo 47, la Constitución Española postula que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Este escenario de desahucios masivos supone, también, que el Estado, en lugar de garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, desatiende y se desentiende de las necesidades sociales.
Por otra parte, además de la resistencia de víctimas y movimientos sociales para evitar los desahucios, en el último eslabón de la larga cadena de injusticias que conduce a despojar a miles de familias de sus casas, surgió otro conato de solidaridad. A finales de 2012, parte del pequeño colectivo profesional de cerrajeros empezó a negarse a llevar a cabo el acto final que materializaba la desposesión de las viviendas, el cambio de las cerraduras.
Así, en este contexto, las víctimas y sus redes, colectivos de trabajadores y movimientos sociales son quienes están asumiendo funciones propias del Estado. La protección de los intereses de los sectores más vulnerables, la garantía de los principios constitucionales, la defensa de la justicia social. En lugar de eso, el “Estado mínimo”, allende de declaraciones de intenciones, no sólo no hace nada por evitar esta situación, sino que legaliza el ejercicio de una violencia económica, social y física creciente por parte del poder financiero, y pone sus recursos y herramientas a disposición de esta clase dominante.
Aunque en su caso sin oponer resistencia, en definitiva y al igual que el colectivo de afectados por las hipotecas, el Estado también entregó las llaves de su casa al poder financiero, que es quien ostenta el poder político, quien ejerce desde la sombra las funciones de gobierno. Esto representa, por un lado, un síntoma flagrante de la decadencia democrática en el territorio y de la creciente ilegitimidad de las instituciones políticas. Por otro lado, el hecho de que colectivos de trabajadores, víctimas y movimientos ciudadanos estén asumiendo responsabilidades que deberían corresponder al Estado ilustra a una sociedad que empieza a reorganizarse, a construir lazos de solidaridad y a articular un cada vez más fuerte y unitario movimiento de contestación y resistencia.
En respuesta al paulatino deterioro del vínculo entre ciudadanía e instituciones políticas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una democracia participativa y real. Lo que representa una separación entre la política como gestión del poder institucional y como acción y participación de la ciudadanía; frente a un gobierno del Estado que deja a las mayorías a merced de la codicia del poder financiero, que no tiene más miramientos ni responsabilidad social que la de sus cuentas de resultados.

Notas:
[1] Para más información, ver en Alba Sud: El poder del sistema financiero sobre los estados (J. A. Estévez Araújo, 2011) y Democracia tutelada y reapropiación de la política(Fernández Miranda, 2012).
[2] Esta fuerte desregulación de la actividad urbanizadora tuvo consecuencias muy adversas a nivel de la calidad de vida de la ciudadanía y la preservación de los entornos naturales.
[3] En una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, ante la subcomisión de Economía sobre transparencia en productos bancarios, el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, expresó que "los inspectores de la institución supervisora, cuerpo de élite en la Administración, dirigieron una carta al ministro Pedro Solbes. En ella advertían de los desmanes que se estaban llevando a cabo en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras".
[4] Se conoce como el “milagro económico español” al período de prosperidad comprendido entre finales de la década de los cincuenta y 1973, año en que se desencadenó la crisis internacional del petróleo.
[5] En este caso, se trata de culpabilizar a un numeroso grupo, que actualmente son víctimas de este proceso, de haber tomado decisiones de deuda a largo plazo en un momento en que las condiciones y las perspectivas económicas personales y generales eran completamente diferentes, y con un gran estímulo por parte de la banca y del Estado para tomar esa deuda hipotecaria.
[6] Entre estos requisitos, destacan: que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas, que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos netos de la familia, no superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 1.597 al mes o 19.200 euros al año); que la cuota hipotecaria supere el 50% de ingresos netos; que la hipoteca sea sobre la única vivienda en propiedad.
  Fuente: Alba Sud] 

martes, 12 de febrero de 2013

La Administración del Estado reconoce un moscoso adicional a sus empleados públicos (mientras tanto, en el Principado nada se mueve)


La Administración del Estado, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 24 de enero (VER AQUÍ, fuente:web Ministerio), acaba de aprobar un día adicional de permiso durante el año 2013, con motivo de ser el día 12 de octubre fiesta nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas y, coincidir en sábado.

Mientras tanto, la Administración del Principado de Asturias mantiene su parálisis normativa que, en la práctica, se traduce en un recorte de los derechos de los trabajadores de la Comunidad Autónoma.

Recordamos que en Asturias, además del día 12 de octubre, también coincide en sábado la fiesta local de San Mateo, por lo que debe exigirse al Gobierno asturiano que compense estas coincidencias con dos días adicionales de permiso.

Si el Gobierno del Principado sigue parado, habrá que moverlo. Están en juego los derechos laborales de los empleados públicos.

lunes, 11 de febrero de 2013

El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas



Una sentencia advierte que ya hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera (VER SENTENCIA AQUÍ)

El pleno está controlado por el PP y el PSOE

No es habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo de politización. El asunto es grave porque este organismo es clave para detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3 de diciembre, desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídica y el asesor económico financiero, nombrados por indicación del pleno, el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de los recomendados.


El pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente al PSOE, que tiene cuatro asientos.

Esta misma semana el Tribunal Constitucional se ha unido al Supremo en la lucha contra la intromisión en el Tribunal de Cuentas. En una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual Sala, declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores, como pretendió el PSOE en 2008. Otra victoria para la profesionalización de este organismo.

El Tribunal de Cuentas es un objeto de deseo para los políticos por ser el gran fiscalizador, a posteriori, de los miles de millones que gasta la Administración. Incluso analiza las controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso. Por eso, el Tribunal Supremo alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011 —año del litigio— cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras Administraciones: 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la sentencia, cuyo ponente fue Vicente Conde, se recuerda al pleno que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.

Por esta puerta de atrás llegó al Tribunal Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. Primero fue funcionario, pero después fue ascendido a vocal del pleno; es decir, con chófer, secretaria y alto sueldo. Manuel Aznar es responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad, todos ellos de gran peso.


Los partidos, vigilados por ellos mismos

La prueba del algodón que demuestra que algo no funciona en el Tribunal de Cuentas es el mecanismo de control de los partidos políticos. Pese a ser un asunto clave para el buen funcionamiento de una democracia y una barrera frente a la corrupción, este organismo dedica pocos medios a esta labor y con curiosas anomalías.

Mientras los departamentos normales, que fiscalizan la Seguridad Social, las comunidades autónomas o las corporaciones, cuentan con unos 60 o más funcionarios, los de los partidos políticos han fluctuado desde los 12 a los 26 que ahora han colocado tras los escándalos publicados. Con estas cifras, no debe extrañar que el último ejercicio analizado de los partidos fuera 2007.

Además, no existe un cuerpo de funcionarios asignado porque el departamento se crea y se disuelve según el trabajo que haya. Cada vez que hay que escudriñar a los partidos, se reclaman funcionarios de otros departamentos hasta formar el grupo. “Vienen a regañadientes porque salen de sus divisiones a la fuerza. Al no existir un grupo estable, no hay especialistas en partidos, lo que provoca que sean menos eficaces. Cada vez que llegan, empiezan de cero”, comentan fuentes del tribunal.

Pero hay más peculiaridades. Todos los departamentos del tribunal tienen un vocal responsable. Es el que sigue las averiguaciones que realizan los funcionarios. ¿Y qué pasa en partidos? Pues que en lugar de un responsable (que siempre corresponde a un partido) hay dos; chico y chica, PP-PSOE. Así que, se podría pensar, tú no me molestas a mí y yo tampoco a ti. En medio pueden quedar soterradas las verdades incómodas.

La situación ha llegado al nivel del escándalo cuando el PP aseguró que era un partido auditado porque entregaba todos sus datos al Tribunal de Cuentas. Pero resulta que desde 2007 no hay informes, no hay control y ha llegado el momento de desempolvar carpetas a toda prisa en los archivos. El Tribunal de Cuentas espera entregar en verano el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, calificó hace días de “mejorable” la fiscalización de las cuentas de los partidos. Tras afirmar que solo tenían acceso a “la contabilidad de los partidos”, Álvarez de Miranda admitió que deberían poder acceder a información de la Agencia Tributaria que ahora le está vetada. También reclamó “una legislación más estricta” sobre los proveedores de los partidos. El martes acude al Congreso. Ahí puede reclamarla.

La situación fue denunciada por la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas que consideran que el Supremo "denuncia la falta de voluntad de los máximos responsables de dotar con profesionales que son los que gozamos de una independencia probada ya que accedemos por oposición. Nosotros no formamos parte de la Administración porque no participamos en la gestión de ningún organismo ni debemos nuestro cargo a nadie", apunta Elena Vicente, presidenta de esta asociación. "Además, tenemos una falta de movilidad de hecho, ya que no podemos ir a otros cuerpos de la Administración; solo podemos trabajar en el Tribunal de Cuentas", recuerda. Por último, apunta que la Asociación "no pone en duda la profesionalidad ni la capacidad de los otros funcionarios", pero recuerda que desde 1987, cuando echó a andar el tribunal tal como se conoce ahora, "nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores, mientras que no han parado de incorporarse personas de libre designación". Esta situación choca con el argumento oficial de que al tribunal le faltan efectivos.

Fuentes oficiales del tribunal comentaron que tras la sentencia del Supremo, "el pleno tomará medidas la semana próxima para modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido marcado por la sentencia", sin más detalles. El problema no es fácil de solucionar: este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios (que podrían continuar), y 175 de otras Administraciones. De estos, sobrarían más de la mitad, si se aplica la sentencia, que condenó a costas al tribunal.

No es el primer caso. En 2009, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló el nombramiento como subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que era consejero e incluso fue presidente.

Esta injerencia política lleva a situaciones tan esperpénticas como que el grupo de funcionarios que analizó un año las cuentas de la Seguridad Social estaba compuesto en su totalidad por exfuncionarios de ese organismo. Es difícil creer en su independencia de criterio.

Además, para los nombrados vía digital, la llegada al Tribunal de Cuentas tiene una ventaja salarial muy importante. Según fuentes internas, los trasladados tienen retribuciones más bajas, que son elevadas automáticamente. Los sueldos en este tribunal son de los más elevados de la Administración para evitar la tentación de aceptar sobornos. Muchos llegan con nivel 23 de la Administración y pueden alcanzar hasta el 30 si se mantienen tiempo en su trabajo. Es otra razón para ser agradecidos con los que les han nombrado.


domingo, 10 de febrero de 2013

El extraño récord del Caso Marea






Luis Arias Argüelles-Meres

Toma paradoja! Autonomía uniprovincial y, sin embargo, cifra record de comparecientes en una Comisión parlamentaria de investigación. ¡Toma paradoja! Es el escándalo de corrupción política que menos ha trascendido en el ámbito estatal, por mucho que se haya llevado a un todopoderoso ex consejero a la cárcel. ¡Toma paradoja! La susodicha Comisión se va a escenificar en un contexto en el que gobierna el mismo partido que protagonizó los hechos a dilucidar, aunque quien preside el actual Gobierno no se dedicaba a tareas ejecutivas cuando el escándalo se produjo. Uno es escéptico ante lo que puede dar de sí cualquier comisión parlamentaria.

Uno está persuadido que tendrá más de espectáculo político que de eficacia. Uno no tiene una gran confianza en que haya una verdadera voluntad de regeneración de la vida pública cuando no se ha renunciado al nepotismo. Y, en el mejor de los casos, resulta poco creíble que gran parte de los que entonces miraron hacia otro lado se erijan ahora en paladines de la transparencia.

¡Ay!





jueves, 7 de febrero de 2013

UPyD presenta una Proposición de ley para limitar la libre designación en la Administración del Principado






OVIEDO, 7/02/2013 (EUROPA PRESS) El diputado de UPYD de Asturias, Ignacio Prendes, ha afirmado que "se ha producido una politización indebida en los estratos intermedios de la función pública que ha pervertido el sistema" y ha señalado que la modificación de la ley de designación "es algo absolutamente necesario". Por ello, Prendes, en una rueda de prensa en la Junta General, ha anunciado que presentó una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/1985 de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias en el registro de la cámara. (VER AQUÍ TEXTO COMPLETO) El diputado de la formación magenta se ha referido a tres fallos judiciales para explicar los criterios que ha elaborado UPYD para modificar el artículo 51 del marco legislativo de la funcionalidad pública asturiana. No sólo tienen en cuenta esta reforma 'parcial' sino que, el diputado reconoce "que esa ley necesita un repaso mucho más completo". "Hemos invertido la pirámide y hemos ensanchado la banda intermedia de forma indiscriminada en detrimento y en perjuicio de los sistemas habituales de concurso y oposición" ha lamentado el portavoz de UPYD.


CRITERIOS Los parámetros se han establecido, según Prendes, para "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad" de los funcionarios de carrera en Asturias.


Señala que de acuerdo con la normativa básica sobre función pública se establecen algunos criterios para determinar los puestos que, por especial responsabilidad y confianza, pueden cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.


Se fijarán los cargos en relación de puestos de trabajo de personal funcionario. El puesto sometido a provisión por libre designación, se justificará mediante una memoria específica que razone el carácter directivo o de especial responsabilidad que deriva de las tareas del cargo. Asimismo, ha matizado Prendes, la ley tendrá carácter excepcional y no podrá a aplicarse a los siguientes casos: Los puestos de trabajo de contenido esencialmente técnico y correspondiente a tareas profesionales reservadas a cuerpos concretos o escalas de funcionarios. Aquellos cargos que dependan o estén insertos jerárquicamente bajo otros puestos de trabajo que no estén sometidos a libre designación. Los puestos laborales cuyo nivel de responsabilidad sea mínimo o intermedio, tampoco se incluirán, salvo que se trate de puestos de secretaría con labores de apoyo inmediato y directo a altos cargos. En los nombramientos y ceses de personal seleccionados por libre designación deberán ser expresamente motivados.


Y en ningún caso excederán los puestos de libre designación la tasa máxima de un quinto del número total de los puestos de superior rango reservados a personal funcionario que estén adscritos en dependencia jerárquica de cada Consejería, o cada ente público descentralizado.


El estatuto básico de empleo publico especifica que la configuración de la libre designación debe de ser un sistema excepcional o extraordinario para la provisión de los puestos de trabajo reservados a los funcionarios de carrera. Y recorta las posibilidades de utilización de este sistema.


"Nos parece que es urgente acomodar la regulación del Principado de Asturias a estos criterios, y dar salida y dar solución a estos fallos judiciales", sostiene Prendes y añade que por eso UPYD plantea la modificación del artículo 51, para determinar los casos concretos en los que se permitiría acudir a este procedimiento de la libre designación, dentro de los procedimientos ordinarios.

domingo, 3 de febrero de 2013

Los caballos de Troya de la Administración Pública


LNE, 28 de Enero del 2013 Javier Álvarez Villa 

La descomunal crisis por sobreendeudamiento y sobreproducción que ha conducido al sistema económico al precipicio, acaso no hubiera sido posible sin la captura de la Administración Pública, minuciosamente planificada por los ideólogos del caos.

Hace tiempo que la prensa anglosajona acuñó la expresión puertas giratorias para referirse al tráfico de doble sentido de personas e intereses, entre el sector público y las grandes corporaciones privadas: ejecutivos infiltrados en el poder de dirección de la Administración Pública ( mediante alguna de las diversas modalidades de acceso a puestos de confianza inventadas por el aparato político - económico) y funcionarios y políticos fichados por el mercado para transferir información privilegiada e influir en la toma de decisiones de su centro de procedencia. Mediante esta clase de puertas es posible que un alto ejecutivo de una empresa de armamento acabe de ministro de Defensa o que expresidentes de Gobierno y exministros terminen como empleados a sueldo de grandes corporaciones eléctricas.

Quizá sea esta la manifestación más conocida de la captura de la Administración Pública por el poder económico, pero en modo alguno la única, ni la más relevante. El asalto de las instituciones públicas se sustenta en un proceso masivo de manipulación del pensamiento, con la imposición de esa neolengua que sacraliza la calidad, el cliente y la eficiencia, desplazando la legalidad, el ciudadano y el interés general al lado oscuro de las palabras sospechosas de anacronismo. Una profunda desmemoria colectiva, alimentada por unos medios de comunicación dirigidos por quien manda, ha colocado en el territorio del olvido toda referencia mínimamente objetiva sobre el origen y sentido de la Función Pública en los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, que no era otro que servir con objetividad a los intereses generales de los ciudadanos, mediante cuerpos de funcionarios imparciales, vinculados estrictamente al cumplimiento de la legalidad.

Hoy sólo algún especialista, en voz baja, es capaz de recordar la función social que se encuentra en el origen de la Función Pública: procurar seguridad jurídica a través de las garantías institucionales de la imparcialidad de los agentes públicos y de la selección, promoción y retribución de éstos en base al mérito y la capacidad. Para ello, la imparcialidad de los empleados públicos se proyectaba necesariamente en una doble vertiente: ad extra, en sus relaciones con los ciudadanos, mediante un estricto régimen de incompatibilidades dirigido a evitar conflictos de intereses lesivos para el servicio público; y ad intra, en las relaciones con el Gobierno, garantizando su neutralidad política mediante un sistema de inamovilidad en los puestos de trabajo y de carrera profesional objetiva, en la que la promoción profesional se efectuaba también con criterios de mérito y capacidad.

Después de una intensa campaña de desprestigio de la meritocracia, asociada malintencionadamente a la burocratización y a la ineficiencia, y una vez consumada la invasión de la Administración por los acólitos de la Nueva Gestión Pública, nacida en los centros de pensamiento del neoliberalismo económico, todas las garantías de imparcialidad del empleo público han sido arrumbadas en el estercolero de la historia.

De una parte, la insistencia machacona en la obtención de resultados y el aumento de la productividad en la gestión de los servicios públicos, trajo consigo el desprecio por el procedimiento administrativo, considerado como un estorbo formal sino conduce a la rápida consecución de los resultados queridos. El reclutamiento clientelar de personal a través de entes instrumentales de la Administración y los múltiples escándalos de corrupción van indisociablemente unidos a este proceso.

Simultáneamente, la dirección del gobierno por los capataces del poder económico hace imposible cualquier distinción entre interés público e interés privado. En consecuencia, hoy el régimen de incompatibilidades de los funcionarios no es más que un artificio sin otra utilidad que la meramente retributiva, pues no hay ningún conflicto de intereses que evitar.

El abandono completo en manos de los grandes emporios industriales de los procedimientos de elaboración de las normas de seguridad industrial y de la inspección y control de los productos que ellos mismos fabrican, o la dirección y control del proceso de urbanización y edificación del territorio por parte de las organizaciones empresariales y financieras, perfectamente infiltradas en la sala de mandos del poder político, son sólo dos ejemplos, si bien plenamente significativos, de un sistema en el que el poder económico se ha adueñado del Estado mediante la fusión perfecta de las actividades política y empresarial (el macroescándalo denunciado por los inspectores del Banco de España sobre el descontrol de la actividad financiera en la época de la rapiña y el desfalco  es la última prueba de lo que decimos)

Cuando el que gobierna sólo defiende intereses particulares de clientelas más o menos poderosas, la imparcialidad de los empleados públicos se convierte en un estorbo insoportable. De ahí la necesidad de disponer de una red de empleados fieles, cada vez más amplia, particularmente en la elite sobre la que recae la tarea de justificar técnicamente las decisiones previamente tomadas, proceso que ha propiciado, de paso, el reforzamiento del poder corporativo antidemocrático de la alta burocracia, en base a la relación simbiótica de intereses que se ha ido conformando en sus relaciones de confianza personal con la clase político-empresarial.

No se trata ahora de contar con profesionales preparados, bien formados, que informen honestamente conforme a sus conocimientos periciales sobre la mejor de las soluciones posibles o sobre la viabilidad de una propuesta política, desde la perspectiva del interés general y el marco de la legalidad de aplicación; si no de suministradores de coartadas.

La carrera profesional meritócratica resulta, de este modo, un sistema ineficaz, ineficiente, improductivo, acomodaticio, que debe suplirse por procedimientos de reclutamiento más ágiles. La inamovilidad en el puesto deja de ser una condición necesaria para la imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas para considerarse una rémora, un inadmisible privilegio del trabajador, apoltronado en una plaza garantizada de por vida y sin ningún estímulo para mejorar su rendimiento. La solución pasa, entonces, por la selección digital por parte del poder político económico (políticos empresarios y empresarios políticos), que elige en privado y con criterios que se reserva, pero que siempre tienen que ver con el eufemismo de la búsqueda del perfil más adecuado para conseguir un compromiso más intenso con la Organización.

En todo caso, la contrapartida de la selección a dedo es siempre la posibilidad de cese por la misma vía y con la misma ausencia de motivación: hemos perdido la confianza en Ud. y le agradecemos los servicios prestados.

La última ocurrencia de los ideólogos de la Nueva Gestión Pública consiste en introducir una elite de personal directivo en la Administración Pública, intercalada entre los puestos políticos y los estrictamente funcionariales, que será la encargada de aplicar esos excelentes principios y técnicas gerenciales de la empresa privada que han provocado la catástrofe socioeconómica que padecemos . Se trata de la última vuelta de tuerca en el proceso de privatización de lo público, justamente en un momento en el que los Tribunales de Justicia y, especialmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo vienen declarando la ilegalidad del abuso sistemático de los nombramientos a dedo.

Todo apunta a que esta nueva elite gerencial, que se acabará incrustando en la Administración salvo que lo impida una enérgica e improbable reacción social , será la encargada de gestionar los procesos ya iniciados de desmantelamiento de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, justicia) y su posterior conversión en los grandes negocios del capital especulador.

Javier Álvarez Villa
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias