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jueves, 24 de enero de 2013

Un récord en ineficacia: el Principado tarda más de tres años en resolver un concurso de méritos




Tres años y ocho meses. Ese es el tiempo que el Principado de Asturias ha tardado en tramitar válidamente el concurso de méritos para cubrir puestos de trabajo de jefatura de sección, convocado en su momento por resolución de  27 de mayo de 2009  (BOPA 4/06/2009) y cuyo resultado se publica en el BOPA de 21 de enero de 2013.
Tras una serie de reveses judiciales que anularon varios concursos de méritos sucesivos, la repetición de los procedimientos, realizada en base a nueva ley que se sacó de la manga el Gobierno Areces – y que ha sido mantenida por sus sucesores - se ha traducido en un tortuoso y burocratizado sistema de valoración subjetiva, mediante presentación de memorias y entrevistas, que ha prolongado de forma totalmente injustificada la situación de incertidumbre y provisionalidad del personal afectado.
Pero este récord nefasto será efímero, porque ya se anuncia una nueva marca aún más deplorable, ya que el concurso de jefaturas de negociados  fue convocado unos años antes - en el 2006 - y todavía no ha sido resuelto válidamente.
 La caótica situación por la que atraviesa la gestión de la Función Pública asturiana es el resultado, no sólo de acciones legislativas intencionadamente dirigidas a controlar partidariamente los sistemas de provisión de los empleados públicos, sino también de métodos de desorganización administrativa que han ido consolidando una endémica insuficiencia de recursos humanos para poder tramitar en plazo, con eficacia y eficiencia, los concursos de méritos, mientras se destinaban cantidades generosas de dinero y personal a inventos totalmente averiados como la llamada “evaluación del desempeño de la carrera profesional”, con su secuela de cursos de formación por los que se paga bien a funcionarios enchufados, jueces, empresas del ramo etc.
 En este panorama desolador en el que se encuentra la Función Pública asturiana, la “estrategia de transparencia” que acaba de anunciar el Gobierno del Principado suena a declaración hipócrita y a maniobra populista para intentar amortiguar la enorme indignación de la ciudadanía ante una casta o clase de políticos profesionales completamente ajena a los intereses generales.
La primera y más urgente medida de transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública asturiana pasa hoy por normalizar y ajustar a la legalidad los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo de sus funcionarios, otorgando con ello las necesarias garantías de imparcialidad que exige la Constitución. Hay que solucionar con urgencia el enorme problema de la suspensión cautelar de los nombramientos de libre designación, por la utilización abusiva y generalizada de los mismos, la opacidad de los nombramientos provisionales en comisión de servicios, la regulación subjetiva de la acreditación de méritos en los concursos, la designación discrecional de los miembros de los tribunales y comisiones de selección etc.
Hace falta menos cuentos y campañas publicitarias, y más objetividad, más transparencia real y una democratización en el funcionamiento de la Administración Pública asturiana mediante una participación ciudadana efectiva en los procedimientos de toma de decisiones (de ello hablaremos próximamente). Pero sin un sistema de carrera profesional que funcione realmente conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad, todo ello resultará imposible, por muchas estrategias y propagandas que se inventen.
Pretender ser transparente y hablar utilizando un lenguaje harto manoseado y relamido de “buena gobernanza”, “bolsillos de cristal” u otras frases estereotipadas al uso, no deja de ser una herramienta que trata de tapar el tinglado carcomido de un teatro en el que la Administración asturiana, recibiendo múltiples varapalos judiciales, fue incapaz tanto de cumplir la legalidad para proveer de un modo ordinario los concursos de méritos sobre jefaturas de sus órganos administrativos, adecuando su conducta a la doctrina judicial que reiteradamente anulaba sus convocatorias, como de resolver eficazmente los mismos.
Aquí existen claras culpabilidades y éstas han de recaer sobre los gestores políticos de la Administración en los últimos años - Migoya, Rabanal, Del Riego, Daniel Álvarez, Juesas, Gancedo etc. -, que no pueden mirar hacia otro lado para no darse por aludidos.

1 comentario:

  1. Pero que, no os quepa la menor duda, seguirán mirando hacia otro lado, incumpliendo sentencias y haciendo unos desaguisaos del copón . A esto hay que añadir que el Consejero de turno, responsable de la función pública, no tiene ni puñetera idea de que va el asunto y como además la Consejería suele ser muy grande ponen a un viceconsejero que tien todavía menos idea, como el actual y entonces el rey y señor es el Sr. Director General de la Función Pública y lo más triste es que yo tengo la sensación que cada uno que llega va haciendo un poco mejor al anterior, que ya es decir..

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