El Correo Gallego
02.12.2010
La ampliación de la posibilidad de emplear la libre designación de funcionarios a la cobertura de puestos de cualquier nivel en la Administración se ha convertido en una nueva polémica en la función pública. El Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP) fue el primero hace unos días en poner el foco sobre este cambio -introducido por los populares en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2011- y advertir que abre las puertas "á politización e o enchufismo" en la Xunta. Ayer fue el turno de los socialistas, que exigirán en el Parlamento que se dé marcha atrás en una reforma que, considera el diputado José Manuel Lage, desprende "un tufillo a clientelismo e discrecionalidade". La Consellería de Facenda se defiende señalando que esta posibilidad ya existía en la Lei de Función Pública de 1988, pero que no contaba con "criterios tasados" para aplicarla y que sí se usarán, dice, cuando se apruebe la reforma. A partir de ahora, insiste el departamento de Fernández Currás, se tendrán en cuenta "elementos objetivos" que permitan "apreciar la pertinencia" del recurso a la libre designación, en caso de puestos con funciones que revelen "una especial responsabilidad".
La Xunta dice que así se aplicarán unos criterios que ya fueron negociados con los sindicatos y que, al introducirse en una ley, tendrán "más fuerza jurídica". Parten, según Facenda, de un acuerdo firmado entre la Xunta y las organizaciones sindicales en 2008, cuyo objetivo era "determinar los criterios y funciones que definen la especial responsabilidad de los puestos de libre designación".
Según este pacto, se reconocen como puestos susceptibles de cubrir a dedo aquellos que son especialmente sensibles porque suponen "gestionar información reservada de la Xunta, garantizar el adecuado ejercicio de autoridad administrativa, garantizar una adecuada toma de decisiones en situaciones de alerta sanitaria o emergencia y garantizar la protección de los datos personales".
Los socialistas insisten, sin embargo, en que la reforma legislativa busca politizar la función pública. "Modifícase a lei para poñer a Administración pública galega ao servizo dos intereses e das redes clientelares do Partido Popular", sostiene rotundo el portavoz del área institucional del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una interpelación en el Parlamento con el objetivo de conocer "os motivos que ten o Goberno" para extender las libres designaciones a funcionarios de un nivel inferior a los jefes de servicio, "abrindo unha vía de discrecionalidade infinita".
"É un paso atrás que empobrecerá a administración ao optar por elixir cargos intermedios en función da súa cor política e non dos méritos ou da capacidade", concluye.
02.12.2010
La ampliación de la posibilidad de emplear la libre designación de funcionarios a la cobertura de puestos de cualquier nivel en la Administración se ha convertido en una nueva polémica en la función pública. El Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP) fue el primero hace unos días en poner el foco sobre este cambio -introducido por los populares en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2011- y advertir que abre las puertas "á politización e o enchufismo" en la Xunta. Ayer fue el turno de los socialistas, que exigirán en el Parlamento que se dé marcha atrás en una reforma que, considera el diputado José Manuel Lage, desprende "un tufillo a clientelismo e discrecionalidade". La Consellería de Facenda se defiende señalando que esta posibilidad ya existía en la Lei de Función Pública de 1988, pero que no contaba con "criterios tasados" para aplicarla y que sí se usarán, dice, cuando se apruebe la reforma. A partir de ahora, insiste el departamento de Fernández Currás, se tendrán en cuenta "elementos objetivos" que permitan "apreciar la pertinencia" del recurso a la libre designación, en caso de puestos con funciones que revelen "una especial responsabilidad".
La Xunta dice que así se aplicarán unos criterios que ya fueron negociados con los sindicatos y que, al introducirse en una ley, tendrán "más fuerza jurídica". Parten, según Facenda, de un acuerdo firmado entre la Xunta y las organizaciones sindicales en 2008, cuyo objetivo era "determinar los criterios y funciones que definen la especial responsabilidad de los puestos de libre designación".
Según este pacto, se reconocen como puestos susceptibles de cubrir a dedo aquellos que son especialmente sensibles porque suponen "gestionar información reservada de la Xunta, garantizar el adecuado ejercicio de autoridad administrativa, garantizar una adecuada toma de decisiones en situaciones de alerta sanitaria o emergencia y garantizar la protección de los datos personales".
Los socialistas insisten, sin embargo, en que la reforma legislativa busca politizar la función pública. "Modifícase a lei para poñer a Administración pública galega ao servizo dos intereses e das redes clientelares do Partido Popular", sostiene rotundo el portavoz del área institucional del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una interpelación en el Parlamento con el objetivo de conocer "os motivos que ten o Goberno" para extender las libres designaciones a funcionarios de un nivel inferior a los jefes de servicio, "abrindo unha vía de discrecionalidade infinita".
"É un paso atrás que empobrecerá a administración ao optar por elixir cargos intermedios en función da súa cor política e non dos méritos ou da capacidade", concluye.
El fuego arde igual en la Hélade que en Persia; pero las ideas de los hombres sobre el bien y el mal varían de un lugar a otro.
ResponderEliminarAristóteles
Estaría bien recordar aquí las recientes declaraciones de la “camarada consejera” de IU Noemí Martín en " La Nueva España" a favor de la reforma de la ley de Función Pública para poder designar «a dedo» a la totalidad de los cargos intermedios de la Administración regional (http://www.lne.es/asturias/2010/12/07/presupuesto-aguante-elecciones/1004292.html) y la postura de IU-CA a propósito de la libre designación, que recogéis en vuestro blog en la entrada correspondiente al día 8/11/2010, donde se afirma como principio general: "eliminar el clientelismo y la patrimonialización que de la función pública han venido haciendo los gobiernos sucesivos del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y que ha supuesto que valores como la fidelidad política y personal, se antepongan a la capacidad profesional de los empleados públicos". IU-CA plantea "acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de los puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos" porque, en su opinión, todo ello se traduce en "la creación de administraciones paralelas que marginan a las estructuras orgánicas “.
Cuando uno observa el horizonte cortoplacista de esta bajuna clase política, se da cuenta de que aquí lo único importante para esta casta de pilletes es la persecución personal del poder y que los intereses de la región, o de España, les importa una higa. Aquí lo importante es ganar las elecciones y luego, como brillantemente diseccionó Alejandro Nieto en “El desgobierno de lo público” al analizar la toma de poder por los partidos políticos, proceder al reparto del botín que es la Administración, sólo que ahora ya sin el contrapeso burocrático de los funcionarios que gracias a estas reformas legislativas van a estar a los pies de los caballos (y encima algunos encantados de que sea así).
Eso es lo que explica que los partidos gobernantes como el PP en Galicia quieran nombrar a dedo a media Administración y que aquí en Asturias el PSOE e IU quieran hacer lo mismo, coincidiendo todos en los mismos planteamientos pero proviniendo estas iniciativas de partidos que teóricamente tienen diferencias irreconciliables (especialmente los dos primeros). En el fondo lo que en ultima instancia vienen a decir con su comportamiento es que lo que les separa no es tanto la ideología como los intereses que encarnan, y que esos intereses tienden a homogeneizarse cuando están el poder ya que todos ser comportan de manera similar al contemplar a la Administración, no como a una organización personificada al servicio del interés general, sino más bien como su propio feudo personal.
Un anarcoplayu