El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 26 de febrero de este año un Moción dirigida a las Cortes Generales sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal de la Administración en virtud de sentencias judiciales.
El Tribunal de Cuentas constata el elevado número de casos en los que, por esta vía, se accede a puestos de trabajo del sector público al margen de los principios contitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, planteando la necesidad de adoptar con urgencia, entre otras, las siguientes medidas:
1º Que se evite, tanto por los órganos gestores de personal como por los responsables de la gestión de servicios, el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trata de hacer frente a necesidades permanentes de personal, relacionadas con el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate.
2º Que, en ningún caso, los órganos gestores de personal celebren contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra.
3º Que las restricciones de personal no afecten a aquellos sectores de actividad en los que dicho personal público resulte imprescindible.
4º Que en los pliegos de prescripciones técnicas, así como en las cláusulas administrativas particulares de los contratos de servicios con empresas privadas, se determine con precisión las prestaciones a realizar, de manera que se evite el riesgo de que se consolide como personal del organismo el procedente de dichas empresas.
5º Que la cobertura de puestos de trabajo con caracter indefinido, como consecuencia de irregularidades en la contratación y de las consiguientes sentencias, desemboque en su amortización o en la provisión con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
6º Que se delimiten las responsabilidades de los distintos órganos con intervención en los procedimientos de los que se deriven estas situaciones fraudulentas.
Tratándose de una problemática que también afecta gravemente a la Administración asturiana, esperamos que la Sindicatura de Cuentas tome nota del contenido de esta Moción, analice la realidad del acceso al empleo público en Asturias por vías alternativas a los procedimientos legalmente establecidos y obre en consecuencia, elevando las correspondientes propuestas de actuación a la Junta General del Principado de Asturias.
Texto completo de la Moción del Tribunal de Cuentas en:
http://www.tcu.es/uploads/I827.pdf
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