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miércoles, 7 de diciembre de 2016

El proyecto de presupuestos generales del Principado incrementa de 72 a 82 el número de altos cargos




El número de altos cargos previsto en el proyecto de presupuestos generales del Principado para el año 2017 asciende a 82. Ello supone que el número de altos cargos establecido en los vigentes presupuestos generales, que asciende a 72 – año 2015 – se incrementaría en 10 nuevos puestos de naturaleza política.

Así se recoge en la página 26  del Informe de Personal, en la que aparece el cuadro resumen de la dotación de personal del Principado de Asturias, con los datos comparados de los años 2015 y 2017. Este aumento contrasta con la evolución de la plantilla reflejada para el 2017, que supone una disminución neta de 9 plazas respecto a la del año 2015.

Además, el Informe de personal omite toda referencia a los Organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada – 5 Fundaciones, más el IDEPA y el Consorcio de Transportes – y las 15 empresas públicas que figuran en los Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de cada una de estas 22 entidades, ninguna información sobre sus plantillas. Materia oscura.

Si en el presupuesto de explotación de cada una de las empresas públicas figura obligatoriamente la partida de Gastos de personal – a título de ejemplos, más de 8 millones de euros en ITVASA (Inspección Técnica de Vehículos), más de un millón y medio de euros en VIPASA (Viviendas del Principado de Asturias) o más de tres millones de euros en SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) -, ¿por qué motivos el Informe de Personal no ofrece ninguna explicación sobres estos gastos, es decir, sobre  las  plantillas de personal que tienen esos 22 entes, empresas y fundaciones y la distribución del gasto entre esos puestos?

En la época de la transparencia, cuando todo el mundo quiere tener su propia ley,  la información imprescindible para valorar el gasto de personal del sector público asturiano, especialmente asociado, por otra parte, a prácticas de clientelismo laboral, se  guarda en una caja fuerte.

Por lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas 96 de sus 121 páginas. Pero esta información tiene un valor muy escaso o inútil, para conocer el reparto de la masa salarial, porque en la Administración Pública lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados – jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no figura por ningún lado en el Informe, con la única salvedad de unos pocos casos – véase el SESPA (Servicio de Salud) o en el del personal docente (donde se desglosan los puestos de inspectores, catedráticos etc), aunque se omite toda referencia a las retribuciones percibidas por cada una de estas categorías.

Para conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.

Si se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando significativamente los puestos de trabajo singularizados adscritos al grupo A – titulados superiores -. 

Como la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir que esta especie de hipertrofia de directores, jefes, asesores, coordinadores etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con menores sueldos – hacia los superiores. Puro clasismo salarial.


Pero el Informe de Personal también resulta engañoso en lo que se refiere al reparto del gasto de personal en función del tipo de vinculación  laboral o funcionarial con la Administración (altos cargos, personal eventual, funcionario, laboral, estatutario o temporal)

Así, por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a señalar que el gasto asciende al 6,93 por ciento del gasto total. Ahora bien, esta cifra no responde realmente a la realidad de gasto del personal temporal existente en el la Administración del Principado, porque, según se reconoce en el Informe (página 16) en esta se cifra se incluye fundamentalmente, aparte de alguna puntual contratación o nombramiento por acumulación de tareas, al personal temporal docente pata atender las necesidades coyunturales de profesorado en el correspondiente curso escolar, sobre todo de educación primaria y secundaria: Por tanto, el coste del personal temporal que ocupa plazas estructurales de plantilla – miles de trabajadores públicos, sin duda – no está incluido en esta cifra.

En todo caso, el Informe de Personal omite toda referencia al número de trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos

Si tenemos en cuenta que el personal temporal de la Comunidad Autónoma puede acercarse al 20 por 100 del personal total, a falta de datos oficiales que lo desmientan, ello nos lleva a concluir que se está utilizando la precarización del empleo público de forma deliberada para disponer de mano de obra barata.

De este modo se discrimina a los interinos y al personal temporal en general doblemente: por un lado, se les condena a una precarización casi perpetua, impidiéndoles acceder a un puesto fijo al congelar o minimizar al máximo la oferta de empleo público; y, por otro, se les paga menos que a los empleados fijos, aún desempeñando trabajos idénticos.

Ello nos lleva a concluir que en Asturias el peor empleador es la Administración

A mayor abundamiento, el proyecto de ley de Presupuestos introduce una discriminación salarial añadida entre el personal interino de larga duración, pues mientras reconoce el derecho a cobrar el complemento de carrera profesional a los docentes interinos de larga duración, mantiene la exclusión para el resto de interinos de la Administración asturiana.

Pero el proyecto de ley de Presupuestos también castiga a los trabajadores públicos fijos, para los que mantiene la supresión del derecho al abono de la cantidad correspondiente a la segunda categoría de la carrera profesional horizontal.

El sistema de carrera horizontal que en el año 2007, a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, había que implantar con urgencia, aunque no existiera cobertura legal que lo avalara, porque serviría para motivar a los empleados públicos y permitir que se estabilizarán en un puesto de trabajo, sin obligarles a cambiar de puesto para obtener mejoras retributivas, todo ello, mediante una progresión de categoría cada cierto números de años, sigue suspendido “manu militari” y hasta nuevo aviso. Lo que antes se  decía utilizar para motivar a los empleados públicos ahora se suprime para desmotivarlos.

Mientras tanto, se mantiene prácticamente intacta la partida de cerca de un millón de euros para cursos de formación del Instituto Adolfo Posada.

viernes, 2 de diciembre de 2016

ACEC 50 Un instrumento contra la corrupción


Acaba de nacer ACEC 50, "Apartáu de correos escontra la corrupción númberu 50». No es ni más ni menos que un apartado de correos, el número 50, situado en la calle Alonso Quintanilla,nº 1, en Oviedo, donde todos podemos denunciar anónimamente cualquier caso de corrupción del que tengamos conocimiento y aportando los datos que lo confirmen. A este fin, hay que considerar «corrupción» en sentido amplio («arreglo» de una comisión de servicios, fraccionamiento de un contrato, «adelanto» en una lista de espera, procesos «objetivos» de selección de personal, etc).
 
Esta iniciativa surge como consecuencia de que en la legislación vigente no se contempla la denuncia anónima; y en la que se propone no hay asomo alguno de que se vaya a permitir. Tal procedimiento es el único que garantiza que quien denuncia no padezca las consecuencias de su acto, viendo cómo cae sobre su persona todo el peso y el aparato de la Administración.
 
Se ha elegido este medio del apartado de correos porque creemos que no deja «huella» alguna, ya que un sobre en un buzón y de ahí al apartado de correos hace imposible el seguimiento de quién lo envía, lo que no pueden garantizar los medios telemáticos, salvo los altamente sofisticados, que no son de fácil manejo.
 
No obstante, entendemos que así todo hay que tomar, además de las que cada uno considere oportunas, ciertas precauciones como son las siguientes:
- Denunciar hechos que no sean conocidos solamente por quien los cometió y quien los denuncia.
- Utilizar, en la medida de lo posible, instrumentos de establecimientos abiertos al público (por ejemplo, impresoras o fotocopiadoras) para imprimir o fotocopiar documentos.
Y vamos ahora al hecho mismo de la denuncia y su contenido:
- Hechos concretos y demostrables.
- Sospechas, solo en el caso de que se puedan ofrecer indicios muy sólidos.
- Dar detalles que permitan la comprobación de los hechos denunciados y las personas que los cometieron, así como su investigación, a fin de aportar más datos.
- Qué otras dependencias de la Administración, además de las que de donde parte la denuncia, pueden tener datos sobre los hechos denunciados.
 
Una vez que se analicen los datos, se emprenderán las acciones oportunas, que podrán consistir en la puesta en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, de la autoridad administrativa competente, de los parlamentarios de la Junta General del Principado o de quien, según el caso, consideremos que puede ejercer una acción contundente en relación con el caso denunciado.
 
Ante la pasividad de los poderes públicos, ACEC 50 puede ser un instrumento perfectamente válido. Haz que sea así.

jueves, 1 de diciembre de 2016

La Sindicatura de Cuentas se rebela frente al TSJA en la ejecución de la sentencia que anuló el concurso de méritos de Técnicos Auditores de ese Organismo




El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha tenido acceso al Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado 10 de noviembre (ver aquí), en el que se requiere a la Sindicatura de Cuentas para que ejecute la sentencia  dictada el pasado 7 de marzo, que anula el concurso de méritos convocado por ese Organismo para la provisión de cinco puestos de trabajo de Técnico de Auditoría, así como el cese de los funcionarios interinos producido como consecuencia de la resolución del concurso declarado ilegal.

El fundamento de derecho tercero del Auto del TSJA fija los términos en los que la Sindicatura de Cuentas debía ejecutar la sentencia, señalando lo siguiente: “En relación a la ejecución de la sentencia en su propios términos, disponiendo en la misma que se anulan y dejan sin efecto la resolución por la que se convoca  concurso de méritos , así como las resoluciones en las que se acuerde el cese de los recurrentes como funcionarios interinos, anuladas y dejadas sin efecto dichas resoluciones, con independencia de la situación en la que se hallen los nuevos empleados que han accedido a los puestos de trabajo, la consecuencias de dichas anulaciones es la reposición de las  actuaciones al momento inmediato anterior al de dictarse tales resoluciones, manteniendo a los funcionarios interinos cesados en la misma situación en la que se hallaban antes del cese, sin perjuicio de las circunstancias que se hubieran presentado después de dicha fecha”

En el mismo fundamento de derecho el TSJA aclara que “anulada la convocatoria, no era preciso impugnar el nombramiento de los aspirantes designados para ocupar los puestos de trabajo convocados, toda vez que los efectos de la anulación de la convocatoria se extienden a todo el proceso selectivo, de forma que los puestos de  funcionarios interinos que ocupaban los recurrentes no pueden entenderse ocupados por los nuevos titulares resultantes de la convocatoria anulada”

Por tanto, a la luz del contenido de dicho Auto, la ejecución de la sentencia obliga a repetir el concurso de méritos al haberse anulado la convocatoria, a cesar a los funcionarios que obtuvieron los puestos en el convocatoria ilegal y a reponer en los mismos a los funcionarios interinos que fueron desplazados por aquellos.

Como ya señalamos hace dos días, lejos de acatar el contenido del Auto, el Síndico Mayor dictó con fecha 28 denoviembre una resolución, publicada en el BOPA del pasado 29 de noviembre, que toma un atajo fraudulento para no hacer una nueva convocatoria del concurso de méritos anulado y para evitar la readmisión de los interinos cesados, limitándose a añadir  ahora una delirante justificación  para resucitar un acto anulado, en la que se dice que “el perfil del puesto de Técnico de Auditoría, exige que la persona que lo ocupa tenga conocimientos y experiencia en fiscalización y/o auditoría de administraciones, organismos públicos, empresas y fundaciones públicas, en contratación administrativa, en contabilidad pública y privada y en manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario” y que “el concurso específico va a permitir valorar el grado de conocimiento que los aspirantes tienen en estas materias, asegurando la elección de aquellos cuyo perfil profesional sea el más adecuado para el desempeño del puesto.”


Se trata de un acto de rebelión en toda regla frente al Auto del TSJA, que no tiene precedentes y que coloca a la Sindicatura de Cuentas en una situación muy delicada, al margen de la legalidad. La Junta General del Principado, de la que depende la Sindicatura de Cuentas, debería intervenir con urgencia pidiendo cuentas al Síndico Mayor. Por elementales razones de higiene democrática.


martes, 29 de noviembre de 2016

La Sindicatura de Cuentas incurre en un fraude de ley para incumplir la sentencia que anuló el concurso de méritos de Técnicos Auditores de ese Organismo



El BOPA de hoy publica una resolución dictada por el Síndico Mayor el pasado 28 de noviembre, que incurre en un manifiesto y patente fraude de ley o desviación de poder  con el fin de eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictada el pasado 7 de marzo, en la que se anula el concurso de méritos convocado por la Sindicatura de Cuentas para la provisión de cinco puestos de trabajo de Técnico de Auditoría, así como el cese de los funcionarios interinos realizado por esa Sindicatura como consecuencia de la resolución del concurso declarado ilegal.

La sentencia en cuestión anula la convocatoria del referido concurso por cuanto que la Sindicatura de Cuentas había utilizado injustificadamente una modalidad excepcional del concurso de méritos, denominada “concurso específico”, que comporta  una segunda fase de valoración a través de la presentación de una memoria y la realización de una entrevista a los candidatos. El TSJA recuerda en su sentencia, siguiendo una asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, en sentencias de 11 de junio de 2012 y 30 de mayo de 2013), que la opción por el sistema extraordinario del concurso específico requiere una motivación expresa en la convocatoria, en la relación de puestos de trabajo o en la creación de los correspondientes puestos, justificando las razones por las que se opta por dicho sistema de provisión.

Resulta evidente, por tanto, que el cumplimiento cabal y ajustado a Derecho de dicha sentencia obliga a efectuar una nueva convocatoria del concurso, en la que sólo podría utilizarse la modalidad excepcional del concurso específico – en la práctica, una especie de libre designación encubierta -  justificando en las propias bases de la nueva convocatoria, o en la relación de puestos de trabajo, las razones objetivas por las que se opta por ese sistema excepcional. Asimismo, el cumplimiento de la sentencia obliga a reintegrar a los funcionarios interinos en los puestos de los que fueron cesados en tanto se resuelve esa nueva convocatoria.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia en los términos lógicos que se derivan de la misma, la resolución del Síndico Mayor que hoy publica el BOPA toma un atajo fraudulento para no hacer una nueva convocatoria del concurso de méritos anulado, limitándose a añadir  ahora una delirante justificación  para resucitar un acto anulado, en la que se dice que “el perfil del puesto de Técnico de Auditoría, exige que la persona que lo ocupa tenga conocimientos y experiencia en fiscalización y/o auditoría de administraciones, organismos públicos, empresas y fundaciones públicas, en contratación administrativa, en contabilidad pública y privada y en manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario” y que “el concurso específico va a permitir valorar el grado de conocimiento que los aspirantes tienen en estas materias, asegurando la elección de aquellos cuyo perfil profesional sea el más adecuado para el desempeño del puesto.”

De este modo, la Sindicatura de Cuentas pretende toscamente eludir el cumplimiento de la sentencia y las consecuencias que se derivan de la misma, por lo que la resolución del Síndico Mayor deberá ser declarada nula en aplicación del artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que se dispone que "serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento"

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere destacar que la Sindicatura de Cuentas ha sobrepasado con esta actuación el límite de lo tolerable a un Organismo Público con las funciones de fiscalización que legalmente tiene encomendadas, por lo que el Síndico Mayor, como máximo responsable del mismo, debe presentar su dimisión de forma inmediata.

lunes, 28 de noviembre de 2016

CONFLICTO LABORAL DE AUXILIARES EDUCADORES/AS, FISIOTERAPEUTAS Y OPERARIOS/AS DE SERVICIO Y COCINEROS/AS



 Publicamos el documento elaborado por el colectivo de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas, de la Consejería de Educación, afectados actualmente por el recorte decidido en acuerdo del Consejo de gobierno de 10/10./2016


El trabajo con salario de miseria se instala de la mano del Partido Socialista.

    Desde hace tiempo todos los trabajadores/as de las administraciones públicas vienen sufriendo continuos recortes de sus derechos laborales. Esto parece no ser suficiente para nuestros dirigentes de la Consejería de Educación que aún pretenden intensificar la precarización de las condiciones laborales del colectivo de auxiliares educadores/as, fisioterapeutas, cocineos/as y operarios/as de la Consejería de Educación. 

    En el caso de  estos colectivos  los recortes de sus derechos laborales ya vienen de largo. Los AEs en las trasferencias autonómicas fueron reclasificados de un  grupo C que provenían al D. Desde 2005 AEs y fisios pierden el destino único,  pasando a estar destinados en un  Sector, es decir a ocupar una zona que comprenden varios concejo, siendo obligado a coger sus vacaciones en el mes de agosto, con el consiguiente perjuicio económico. A esto se une la supresión del concurso interno que todos los años venía realizándose al inicio de curso, con el fin de escoger destino en la zona correspondiente, una vez analizadas las necesidades de matrícula escolar.
    Los operarios han sufrido la mayor supresión de plazas hasta el momento con una amortización de 25 plazas de las cuales 23 se produjeron en la consejería de Educación. En cuatro años ya se han cargado más de 50 plazas. Esto un privatización cada vez menos encubierta  de los puestos de operarios/as y limpiadores/as 

    En este momento, y tras las distintas sentencias judiciales que tumbaron la contratación por “cúmulos de tareas” de  Aes y fisios, situación por la cual eran contratados de forma trimestral para ahorrarse el pago de vacaciones, la Consejería de Educación ha presentado, aprovechando el período vacacional de agosto, una modificación del catálogo de puestos de trabajo. En esta modificación, por una parte se suprimen 28 plazas de operarios/as de servicios y limpiadoras/es, y las plazas que se venían contratando con cúmulos de tareas de Aes,  ahora se crean a tiempo parcial con una proporcionalidad sobre la jornada completa. Es decir, que a estos trabajadores/as se les calcula una  jornada total  anual, contabilizando únicamente los días lectivos del curso escolar, y se les obliga a coger vacaciones en agosto, quedando el mes de Julio a disposición de la administración para realización de cursos, atención a menores en otros programas, etc.  De esta forma se pretende que permanezcan contratados todo el año, trabajando a jornada completa, pero con el salario reducido hasta en un 70%, resultado de prorratear en forma de descuento en el porcentaje mensual a cobrar el salario correspondiente a  los días no lectivos totales anuales . Por tanto, de este modo se puede producir unas rebajas salariales de hasta el 30% de sueldo, realizando el mismo trabajo que hasta ahora.. 

    Pero estos cálculos de jornada parcial no son fijos, sino que cambiarán por cursos e incluso durante el transcurso del mismo curso escolar. Como ejemplo podemos poner a  un AE contratado para un centro con alumnado que es usuario de comedor, puede ver reducida su parcialidad si el alumno abandona el servicio de comedor con la consiguiente disminución en su  remuneración.  

    Esta modalidad de contratación se iniciará  con estas nuevas plazas creadas que previsiblemente  serán adjudicadas a personal interino, pero en un futuro aquellas plazas que queden vacantes temporalmente, como consecuencia de excedencia, jubilación, traslado, etc, pasarán a jornada parcial, con estas mismas condicioneslaborales. 

    Y todos estos recortes se realizan con la excusa de un ínfimo ahorro  dentro de los presupuestos que maneja  la Consejería de Educación. Estaríamos hablando de poco más de 5.000 euros al mes lo que se ahorrarían con esta nueva modalidad de contratación. Con todo esto un auxiliar educador puede llegar a cobrar unos 680 euros al mes realizando las mismas tareas que sus compañeros/as en el mismo centro de trabajo. Según La Carta Social Europea, una especie convenio internacional regulador de todos los derechos laborales y sociales de los países europeos, establece que todos los empleados con salarios que estén por debajo de los 856 euros brutos se consideraran trabajadores pobres. Es decir que la Consejería de Educación está condenando a sus trabajadores/as a una situación de pobreza y exclusión social.
    Por otro lado cabe recordar que estos trabajadores prestan servicios en colegios ordinarios, o de escolarización específica, atendiendo especialmente a niños/as con dictamen de escolarización con necesidades educativas especiales (n.e.e.), derivada de algún tipo de diversidad funcional,  y abarcando ésta cualquiera de sus posibles manifestaciones: ceguera, sordera, retraso madurativo, síndrome de down,  autismo, asperger, problemas motóricos, etc, etc. Por ello están permanentemente realizando funciones de carácter educativo correspondientes a categorías superiores, recibiendo para ello formación específica anualmente impartida por el IAAP, sin que ninguna de estas funciones sean  reconocidas como educativas por parte de la Consejería de Educación,  impidiendo además sistemáticamente que este trabajo figure recogido en ningún documento oficial, con la finalidad de que se siga prestando el mismo, sin tener que pagar por  ello. Una situación esperpéntica, ya que se pretende hacer creer que a pesar de tratarse siempre de tareas de atención directa con el alumnado,  esta atención sería educativa o no, no sabemos si en  función de las personas que la presten en cada momento o simplemente se pretende presuponer que por tratarse de niños/as con n.e.e.  no existe tal posibilidad de prestar atención educativa. De esta manera,  únicamente se nos reconocen labores asistenciales ( desplazamientos, cambios de ropa y pañales y vigilancia ). Sin embargo es conocido por padres, alumnos y profesores la realidad silenciosa del trabajo que se está realizando este colectivo y que consiste además de labores asistenciales, en  elaboración y puesta en práctica de programas  de autonomías, apoyo en la integración social, control  funciones fisiológicas, y de autonomía personal y social, puesta en práctica de pautas de control de conductas disruptivas y agresivas, coordinación con los demás profesionales del centro, etc, así como apoyo en general con todo el alumnado escolarizado, ya que resulta imposible seleccionar la atención que se presta al alumnado en función de si cada alumno tiene o no algún tipo de necesidad educativa especial.

Consecuencias de estas medidas
Además de la ya reseñada reducción salarial,  la reconversión de las plazas de Aes y fisios de tiempo completo a tiempo parcial supone:
1º- Una clara discriminación entre el personal con antigüedad y el personal de nuevo ingreso o interino, ya que realizarán el mismo trabajo con una gran diferencia salarial.  2º.- Significa asimismo el fin de la movilidad laboral y promoción profesional de los trabajadores a esta categoría laboral, pues ningún trabajador podrá promocionar internamente ni trasladarse mediante a concurso a  la Consejería de Educación ya que percibiría un sueldo igual o inferior.
3º.- Supone  también la precarización del servicio de atención a la diversidad, ya que  por estar  vinculados contractualmente con la administración durante todo el año, estos trabajadores  no podrán buscar otro trabajo en los períodos no lectivos. De esta manera se puede prever fácilmente que habrá una alta movilidad en estos puestos, con el consiguiente perjuicio para estas niñas y niños  que siempre necesitan una referencia personal estable en el centro educativo, tal y como por otra parte recogen siempre los informes de evaluación.
4º.-Además de todo ello, las plazas de estructura que se vayan quedando vacantes por traslados, jubilaciones, etc, serán automáticamente reconfiguradas a tiempo parcial, con lo que en un futuro bien cercano, TODAS las plazas de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas SERÁN A JORNADA PARCIAL, pero a tiempo de trabajo total como hasta ahora.

Por tanto en este momento no se está demandando subida de salarios, ni mejoras en las condiciones de trabajo. Se pretende únicamente que  se conserve la mantenga la situación  actual en el régimen de contratación laboral igual para los trabajadores fijos,  interinos, o de nuevo ingreso, así como que se ponga fin de la privatización encubierta de las plazas de operarios deservicio y se reconozca la labor que estos trabajadores están realizando dentro del sistema educativo.
Comparando el presupuesto de la Consejería de Educación (730 muillones de Euros anuales), con el coste que supondría no aplicar esta medida (unos 50.000€ al año) obtenemos un porcentaje del 0,007% del mismo, lo cuál viene a desmontar cualquier intento de justificación en el sentido economicista.




domingo, 27 de noviembre de 2016

Externalización del empleo público y degradación de los principios de mérito y capacidad



 La actualidad del debate sobre las consecuencias de la  privatización de los servicios públicos,  los procesos de recuperación de la gestión directa de los mismos (remunicipalizaciones etc.) y sus efectos sobre el empleo público, nos lleva reproducir aquí  un artículo especialmente revelador que ya publicamos en este blog el 1 de marzo del 2015

Externalización del empleo público y degración de los principios de mérito y capacidad
Susana Rodríguez Escanciano
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (acreditada a Cátedra de Universidad)
Universidad de León 

VER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ 

lunes, 21 de noviembre de 2016

El IVAP incluye nuestro blog en su Servicio de Documentación y Biblioteca

La página web del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) incluye un enlace al blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies dentro de su Servicio de Biblioteca y Publicaciones. En el apartado de "Enlaces de interés" sobre Administración Pública se integran un total de catorce enlaces a blogs de Derecho Administrativo y Gestión Pública, entre ellos el de nuestra asociación.

Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies la referencia que el Organismo público de selección y formación de recursos humanos del Gobierno Vasco hace a este blog como fuente de conocimiento e información, supone un indudable estímulo y el reconocimiento de que la labor divulgativa que venimos haciendo en los ochos años de existencia ha encontrado interés en ámbitos e instituciones de indudable relevancia y prestigio.

Agradecemos, por tanto, al IVAP el reconocimiento que nos dispensa y confiamos en que la información que ofrezcamos a partir de ahora pueda mantener el nivel de calidad y rigor necesarios para seguir siendo un blog de referencia en su página web.

Aunque los reconocimientos en la tierra propia resulten bastante más complicados, no descartamos que, en algún momento, el blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies deje de ser una referencia informativa clandestina para el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada e incorpore un enlace en su página oficial.