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miércoles, 19 de abril de 2017

El ciclo político del agua: caudales turbulentos

 <p>La torre Agbar, en Barcelona.</p>


Análisis de un sector fundamental del Estado de bienestar, con especial atención a Cataluña, donde convergen un alto grado de privatización en la gestión y la presencia de Agbar, una de las grandes compañías dedicadas al negocio
 Martín Alonso Zarza / Fernando Urruticoechea Basozabal 

El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes, y por tanto no los ponen en la balanza a la hora de votar. El recorrido por el curso del agua permite iluminar de forma concreta algunos de estos fenómenos.    
*****

Los pilares del Estado de bienestar se han convertido en objetivo de la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. Buen ejemplo de ello es el desplazamiento en esa dirección del interés de las constructoras. Así, no es casualidad que Aqualia, la filial de gestión de agua de FCC, sea uno de los sectores más lucrativos de la constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la filial supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al 28% y el 7% de la construcción (El País, Negocios, 19/03/2017). ACS creó EMAFESA y SOCAMEX desde su filial Urbaser para ocuparse del ciclo integral del agua. Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación en absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es llamativo que el sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en numerosas ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a menudo sin graves consecuencias.


lunes, 17 de abril de 2017

Sanidad, a través de GISPASA y el SESPA, contrata dos veces a la misma empresa el control de la bioseguridad ambiental del HUCA


GISPASA y el SESPA contrataron por separado, sin ninguna justificación legal aparente para ello, el servicio de control de la bioseguridad ambiental de las zonas críticas del HUCA, adjudicando los dos contratos a la misma empresa, a saber, Eurolab Bioconsulting SL

Por un lado, GISPASA adjudica el 28 de abril de 2014 el “Servicio de monitorización y control de bioseguridad ambiental de zonas críticas del Nuevo Hospital Univertario Central de Asturias”, por un importe total de 193.587,90 euros.
Según el pliego de prescripciones jurídicas, corregido el 26 de marzo de 2014, el contrato se licitó por un plazo de 4 años, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de 12 meses, por lo que se encuentra vigente hasta, al menos, abril del 2018.
En cuanto al objeto del contrato, el pliego de prescripciones técnicas, corregido el 26 de marzo de 2014, incluye tres apartados en los que se describen los trabajos a realizar por el adjudicatario:
1. Monitorización de partículas y validación periódica de sistemas de climatización
2. Descontaminación ambiental
3. Análisis de laboratorio de las condiciones biológicas, en el que se incluye la monitorización de parámetros microbiológicos para la validación inicial: hongos y bacterias, y monitorización mediante técnicas de PCR en tiempo real (qPCR) que aseguren rapidez en la respuesta y determinación de microorganismo específicos.
El pliego señala expresamente que “se tomarán muestras de aire por impacto con muestreador volumétrico” y que se presentará un plan de muestreo, incluyendo los ensayos a realizar.
Entre la legislación a cumplir se incluyen las Normas UNE 1007 13:2005 y 17 1340: 2012

Vigente el contrato adjudicado por GISPASA, el Gerente del Área Sanitaria IV del SESPA adjudica un nuevo contrato a Eurolab Bioconsulting SL el 22 de enero de 2016, del “servicio para la gestión de condiciones de biseguridad ambiental en áreas críticas del Hospital Universitario Central de Asturias”, por importe de 60.000 euros (72.600 euros con IVA) y un plazo de 12 meses.
En el antecedente de hecho primero de la resolución se dice que “es necesario llevar a cabo tomas de muestras y ensayos de laboratorio de calidad y seguridad ambiental en las áreas críticas de este hospital con la frecuencia, parámetros y técnicas más adecuadas para verificar y controlar la seguridad ambiental en las áreas críticas conforme a la normativa siguiente (Normas UNE 1007 13:2005 y 17 1340: 2012)

Comparados los objetos de ambos contratos parece evidente que existe una coincidencia entre los mismos y que se produce un solapamiento temporal, pues el segundo se adjudica cuando el primero de ellos se encuentra vigente.

Pero, además, el contrato adjudicado por el SESPA se realiza por el procedimiento negociado sin publicidad, al que se invitó a tres empresas – Estabisol SA, Saniastur SL y Eurolab Bioconsulting SL -, pero finalizado el plazo de presentación de ofertas, dos de las tres declinaron participar, quedando solamente la tercera que, llamativamente, es la que ya tenía adjudicado el contrato con el mismo objeto por GISPASA.

Se trata de un proceso de duplicidad contractual cuando menos extraño, que plantea varios interrogantes a los que debería dar respuesta el consejero de Sanidad a la mayor brevedad posible. 
Dando por hecho que el Gerente del HUCA no podía desconocer la existencia del contrato adjudicado por GISPASA. formulamos las siguientes preguntas:
-  En el supuesto de que el mismo no contemplara todas las prestaciones necesarias para satisfacer las necesidades que pretendían cubrirse con el contrato, ¿por qué no se advirtió de ello a GISPASA para que procediera a su rescisión y licitara, en su caso, un nuevo contrato, siguiendo los procedimientos previstos en los artículos 105 y siguientes de la Ley de Contratos?
- ¿Por qué se limitó el presupuesto del nuevo contrato a 60.000 euros sin IVA, y un plazo de 1 año, cuando el contrato vigente  adjudicado por Gispasa en convocatoria abierta, tenía una duración de 4 años, prorrogable por 1 más, sino es para otorgar a dedo un nuevo contrato con el mismo objeto a Eurolab Bioconsulting SL mediante un negociado sin publicidad, eludiendo la convocatoria pública?
 -¿Por qué se retiraron del proceso dos de las tres empresas a las que se invitó a participar? 
- ¿Cómo es posible que dos entidades diferentes se atribuyan la competencia para contratrar los mismos servicios en el HUCA?
-  ¿Qué hay detrás de todo este inquietante tinglado?





miércoles, 12 de abril de 2017

El TS declara de interés casacional la determinación de si es conforme a derecho limitar el número máximo de opositores de turno libre

  • La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado un Auto en la que admite el recurso de casación interpuesto por una aspirante a un proceso selectivo abierto por el SESCAM, y precisa que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si, en el ámbito de los procesos selectivos por el sistema de concurso-oposición en los que coexisten distintos turnos de acceso, resulta conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el establecimiento de reglas que limitan el número máximo de opositores que pueden pasar a la fase de concurso.
Portada
 
Isabel Desviat.- Una aspirante a la provisión de plazas de auxiliares del SESCAM presentó solicitud de revisión al conocer que por una sentencia del TS (STS 2 Ene. 2014 Rec. 195/2012 (LA LEY 3349/2014)), se habían estimado parcialmente el recurso presentado por otras dos aspirantes que participaron, por el turno libre, en el mismo concurso-oposición.

El origen de la cuestión venía determinado por el diferente trato que según el turno en el que se participara (libre, promoción interna y discapacitados) se establecía en las bases de la convocatoria en relación con el acceso. El turno libre tenía un número máximo de opositores para pasar a la fase de concurso, estableciéndose una nota de corte, al contrario que para el turno de discapacitados y de promoción interna.

Mediante Auto de fecha 3 de abril de 2017 (LA LEY 19082/2017), la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido el recurso de casación interpuesto por la opositora al considerar que la cuestión reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Estos son sus razonamientos:
Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero de 2014

La Sala parte del estudio de la sentencia que la opositora recurrente aporta en la revisión (STS de 2 de enero de 2014 (LA LEY 3349/2014)), que dio la razón a dos aspirantes al mismo proceso selectivo.
Dicha sentencia partía de tres premisas:
- Por un lado, el análisis del artículo 31 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 55/2003 (LA LEY 1904/2003) ), que establece sobre el concurso-oposición como sistema de selección general, compuesto de dos mecanismos, a) la oposición; y b) el concurso, materializado en el curriculum de los aspirantes-
- La segunda es que la promoción interna es un derecho del personal estatutario fijo, donde también rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad; ello supone que ha de establecerse una reserva para este turno de acceso.
- La tercera premisa, es que el principio de igualdad impone que ambos turnos deben operar con la misma autonomía y con los mismos criterios de calificación o valoración.

La Administración no ofreció justificación convincente sobre el diferente régimen que la convocatoria estableció para el acceso de los aspirantes del turno libre a la fase de concurso, por lo que concluye que esa diferencia de trato es contraria al mandato del artículo 23.2 CE. (LA LEY 2500/1978)
 
El distinto trato se tradujo en un perjuicio efectivo y real para las recurrentes, al haber sido excluidas de la fase de concurso subsiguiente a la de oposición, y al habérseles privado, así, de la posibilidad de que se evaluaran unos méritos, correspondientes a su experiencia o servicios prestados, que les podrían haber permitido obtener una puntuación final total suficiente para figurar en la relación definitiva de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo.

Concluyó que todos deben ser tratados en el proceso selectivo bajo el mismo criterio, es decir si hay nota de corte lo es igual para todos los turnos (libre discapacitados y promoción interna), si no hay nota de corte no la debe haber para ninguno de los turnos. Así pues el Tribunal se decanta en ese sentido porque los recurrentes sufrieron un trato desigual y contrario los principios de igualdad mérito y capacidad, por aplicarles unos criterios para acceder a la fase de concurso, no se aplicaron en el resto de los turnos del proceso".
 
Pronunciamientos contradictorios
La sentencia impugnada (STJCM de 29 de septiembre de 2016 (LA LEY 152642/2016)) llegó a diferente conclusión, indicando que la regla limitativa tiene como finalidad evitar que los interinos "copen" las plazas incluso en contra de quienes obtuvieron las notas más brillantes en la fase de oposición, y por tanto debe ser mantenida. Sin perjuicio de que quienes participaron en el turno de discapacitados, si entienden que hay un trato desigual respecto del turno libre al no aplicárseles una regla semejante, y que resultaron perjudicados por ello, ejerzan las acciones correspondientes.
 
Necesidad de unificar la doctrina
Mediante este Auto, la sala considera necesario unificar la doctrina existente, pues ante cuestiones sustancialmente iguales, se lleva a decisiones contradictorias aplicando las mismas normas del derecho estatal (esencialmente el artículo 23.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978); además, la sentencia recurrida sienta una doctrina sobre dichas normas que podría ser gravemente dañosa para los intereses generales en la medida en que reconoce que distintos turnos de un mismo proceso selectivo pueden operar sujetos a distintas reglas o criterios para acceder a la fase de concurso.
Además afecta a gran número de situaciones, dado el número de opositores que han participado en las distintas categorías del proceso selectivo que fue convocado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, deriva de un procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos), y se aparta deliberadamente de la jurisprudencia existente.

Por tanto, a su juicio es necesario determinar si, en el ámbito de los procesos selectivos por el sistema de concurso-oposición en los que coexisten distintos turnos de acceso (libre, promoción interna y discapacitados), resulta conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el establecimiento en todos, alguno o ninguno de dichos turnos de reglas que limitan el número máximo de opositores que pueden pasar a la fase de concurso, revistiendo esta cuestión interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, identificando además que la norma objeto de interpretación será el artículo 23.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), que establece el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

sábado, 8 de abril de 2017

El Tribunal Supremo ordena al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia y le impone 10.000 euros en costas


El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia suya (por la que ya le condenó a pagar 9.000 € de costas), y ahora, otra vez, nuevamente lo condena en costas, esta vez por por 10.000 €. Por no ejecutar una sentencia  del propio tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal da así un nuevo varapalo -otro más- al Tribunal de Cuentas.
Y es el octavo que recibe desde el órgano cúspide de la jurisdicción española. Este llega en forma de auto de ejecución (VER AQUÍ). Esta vez por hacer caso omiso de la sentencia emitida el 25 de abril de 2016, la última del “culebrón” conocido como “caso Medina”.

Una sentencia que, por unanimidad, decía, con  todas sus palabras, que hubo “desviación de poder” en el nombramiento por el sistema de libre designación (como subdirector técnico y nivel 30) de Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero y número dos del Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, elegido por el Partido Popular, mediante una convocatoria amañada.
En consecuencia decretó la nulidad del nombramiento y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.

En el ánimo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo pesó el informe del propio abogado del Estado-Jefe del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego [ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y uno de los juristas españoles más respetados], quien elaboró un contundente informe proponiendo la nulidad del nombramiento, y el voto particular de la Consejera Enriqueta Chicano, que también fue demoledor.
Se suponía que un órgano constitucional cumpliría al pie de la letra con el fallo.

Es decir, que el Tribunal de Cuentas volvería a convocar la plaza, la cual había sido modificada expresamente para que el perfil encajara en la persona de Enrique Medina (Técnico de Organismos Autónomos de Agricultura), impidiendo, así que Letrados y Auditores del propio Tribunal de Cuentas, entre los que se encontraba Fernando Clemente, letrado de la institución.
Había que volver a la casilla de salida.
No ha sido así.

“República independiente” del Tribunal de Cuentas 

El Tribunal de Cuentas, que preside Ramón María Álvarez de Miranda García -propuesto también por el PP- ha mirado para Sevilla, como si el cumplimiento de la legalidad decretada por el Supremo no fuera con él.
Como si fuera la “república independiente” del Tribunal de Cuentas, emulando los anuncios de una famosa compañía sueca de venta de muebles. Una institución que, en los últimos años, se ha visto asaeteada con varios casos de nepotismo y enchufismo, del que este era el más emblemático.

En consecuencia, Fernando Clemente recurrió, otra vez ante la misma Sala del Supremo, pidiendo que se cumpliera su sentencia, en una solicitud de incidente de ejecución.
Hay que decir que el hermano del consejero se marchó antes de que se dictara la previsible sentencia que anuló su nombramiento, como así fue.

Pero sí que se hizo un nombramiento provisional en la plaza en litigio, desde el Tribunal de Cuentas, antes de dictarse la sentencia  de 25 de abril de 2016, que determinó anular el nombramiento de Enrique Medina y convocar nuevamente esa plaza.
También el Tribunal Supremo, anuló por desviación de poder, la convocatoria de la plaza para Enrique Medina.

Los magistrados del caso, Luis María Díez-Picazo (Presidente de la Sala),  Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (magistrado ponente), Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella,  José Luis Requero Ibáñez y Rafael Toledano Cantero, cansados de tantos pases “toreros” del Tribunal de Cuentas le dice, ahora, con toda crudeza que no ha cumplido su resolución.
“Son ya cuatro las sentencias de esta Sala Tercera que han estimado otras tantas impugnaciones efectuadas por el ejecutante [el letrado Fernando Clemente] contra una serie de resoluciones del Tribunal de Cuentas que se han anulado y en las que esta Sala ha apreciado la finalidad desviada de conceder el puesto de trabajo en litigio favoreciendo a un funcionario determinado”, dicen en su Auto.
Y añaden: “Sería paradójico, e inadmisible, que el esfuerzo desplegado con éxito para obtener la razón devenga obstáculo que impida satisfacer las pretensiones de la persona que ha pleiteado y ha logrado que se le otorgue la razón”.

El Supremo le dice muy claro al Tribunal de Cuentas que “no ha ejecutado la sentencia” y le “ordena” que resuelva la “provisión del puesto de trabajo en litigio de la forma que se establecía en el fallo de 25 de abril de 2016”. 
Volver a la casilla de salida, convocando el mismo puesto con los aspirantes de ese momento.
Y advierte muy seriamente al Tribunal de Cuentas, en su fundamento jurídico 5, que podría incurrir en “responsabilidad” (no especifica si penal, patrimonial o disciplinaria) si siguiera incumpliendo su mandato.
Por otra parte, es insólito que el Tribunal Supremo imponga costas a otro órgano constitucional y mucho menos que lo haga en un trámite de incidente de ejecución como este, por una cantidad tan elevada como 10.000 euros.
Algunas expertos jurídicos consultados por Confilegal consideran que podría entenderse como una sanción por incumplimiento de sentencia.

También es una advertencia clara para este órgano, que debería ser  riguroso y ejemplar en sus actuaciones, lo que da idea de la gravedad y del grado de hartura de los magistrados del Tribunal Supremo, que ven que no se cumplen sus resoluciones.
El Tribunal de Cuentas, en consecuencia, no puede seguir siendo “una república independiente”.
 

lunes, 3 de abril de 2017

Pedimos la supresión inmediata del puesto de director/a del Instituto Adolfo Posada



Pronto se van a cumplir diez meses desde que presentó su dimisión el último director del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. Fue en el mes de junio del año pasado cuando Faustino Álvarez, conocido por su larga carrera  profesional en el PSOE, abandonó el cargo de director, sin que en este largo periodo de tiempo se haya observado ningún síntoma nuevo de decadencia o descontrol en el funcionamiento habitual de ese Instituto.

Puede decirse, por tanto, que el Gobierno de D. Javier Fernández se ha olvidado literalmente de cubrir la vacante, seguramente porque no ha tenido necesidad alguna de realizar un nuevo nombramiento. A nuestro juicio, esta situación demuestra a las claras que el puesto de Director/a del Instituto Adolfo Posada resulta total y manifiestamente inútil e innecesario, siendo su única virtualidad conocida la de premiar a algún  militante o enchufado del partido con un jugoso salario de más de 50.000 euros anuales.

Como la realidad de los últimos diez meses ha venido a demostrar, no hay razón objetiva alguna para seguir manteniendo este puesto de alto cargo político en el organigrama del Principado, por lo que debería suprimirse con urgencia, destinando su dotación económica a un fin realmente útil para la sociedad asturiana.

Pero si el puesto de director/a del Adolfo Posada es totalmente superfluo, la cuestión que nos planteamos a continuación es la siguiente: ¿quién mandó en los últimos años y quién manda ahora en el Instituto?

No se trata de una pregunta retórica. Más bien al contrario, la misma requiere una respuesta concreta y precisa, pues el Instituto Adolfo Posada ha repartido decenas de millones de euros por cursos de formación y controla los procedimientos de acceso al empleo público de la Comunidad Autónoma. Dos cuestiones de extraordinaria importancia como para que se mantenga en la penumbra la identidad de quienes mueven los hilos de este Organismo Público.

¿Más transparencia en la política asturiana? Aquí tiene el Gobierno una buena piedra de toque

viernes, 31 de marzo de 2017

Altos directivos de Hacienda instruyen sobre cómo eludir impuestos y evitar contramedidas fiscales

30-3-2017 diariolaley 

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunciaron hoy los centenares de cursos en los que altos responsables de Hacienda instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades, según pusieron hoy de manifiesto en el marco de la XV edición de su Congreso Nacional en Alicante.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunciaron hoy los centenares de cursos en los que altos responsables de Hacienda instruyen a los asesores internacionales y grandes despachos tributarios en técnicas para eludir impuestos y evitar las medidas antielusión, rayando el límite del decoro y de la ley de incompatibilidades, según pusieron hoy de manifiesto en el marco de la XV edición de su Congreso Nacional en Alicante.
Precisamente, la relación entre la corrupción política y el fraude fiscal se sometió hoy a la opinión de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia; Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y de José María Olmo, periodista de El Confidencial que fue uno de los que destapó los ‘Papeles de Panamá’.
 
Gestha considera que el correcto desempeño de las funciones públicas de determinados responsables de la AEAT y del Ministerio de Hacienda choca con su actividad más que frecuente en multitud de actos docentes (jornadas, cursos, talleres y másteres universitarios…), lo que abre la duda sobre su compatibilidad con el cargo, dado que podría menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes, cuando no comprometer su independencia o imparcialidad.
En este sentido, los Técnicos señalan que, a pesar de recibir altas retribuciones con ingentes incentivos, es frecuente encontrar en los claustros de profesores a subdirectores generales y altos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o de la Dirección General de Tributos, por citar algunos ejemplos.
Estos “docentes” cuentan ya con elevados salarios por sus cargos desempeñados en Hacienda, que se mueven entre los casi 70.000 euros de un subdirector adjunto de la Dirección General de Tributos, hasta los más de 100.000 euros anuales que percibe un jefe de equipo nacional de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o el Jefe de la OFNI.
 
Cuadro 1. La retribución de algunos de los cargos de Hacienda que instruyen a los asesores fiscales
Puestos ocupados por algunos de los “docentes”
Estimación de las retribuciones totales en 2017 (*)
Jefe de Equipo nacional de inspección A.A. Delegación Central de Grandes Contribuyentes
111.774,18
Jefe Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional
108.081,27
Director General de Tributos
104.979,38
Jefe de Equipo nacional de inspección A.A. Delegación Central de Grandes Contribuyentes
104.078,26
Jefe Adjunto Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional
103.255,34
Jefe ENI Coordinador/a Delegación Central de Grandes Contribuyentes
101.185,61
Presidente Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid
100.970,15
Director del Instituto de Estudios Fiscales
97.310,13
Inspector Asesor y Coordinador D de Oficina Nacional de Investigación del Fraude
93.337,38
Jefe Unidad de Coordinación Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid
93.077,88
Jefe de Equipo nacional de inspección Delegación Central de Grandes Contribuyentes
91.726,53
Inspector Hacienda D
86.423,50
Subdirector General AEAT
83.977,53
Subdirector General de la Dirección General de Tributos
83.977,53
Director de Formación de Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales
83.977,53
Subdirector Adjunto de la Dirección General de Tributos
69.641,32
(*) Se estiman con 9 trienios e incluyendo la percepción media de los complementos de productividad.
Fuente: Gestha, a partir de las Relaciones de puestos de trabajo del Ministerio de Hacienda y de la AEAT
 
El cargo, como gancho
En todo caso, los Técnicos de Hacienda consideran que no debería aprovecharse el nombre oficial del cargo ocupado como “gancho” para atraer alumnos a los cursos, ya que las actividades privadas lucrativas no deberían promocionarse con la utilización del cargo.
El ejemplo más paradigmático es el del Máster en Dirección de Fiscalidad Internacional, cuyo claustro de profesores está formado por 27 personas, de las cuales 16 son inspectores de Hacienda en activo y 4 en excedencia. Y entre los 16 en activo se encuentran los dos máximos responsables de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) y de la Dirección General de Tributos -hasta el pasado diciembre- y cinco subdirectores generales.
Curiosamente, este máster dedica una parte de su temario, sin ser exhaustivos, a las principales características de los paraísos fiscales más notables y regímenes fiscales privilegiados de mayor interés, planificación corporativa-sociedades holding, planificación financiera internacional, planificación de operaciones internacionales sobre bienes intangibles, planificación sobre centros productivos de comercialización y de servicios de empresas multinacionales, planificación sobre inversiones inmobiliarias transnacionales y planificación internacional para personas físicas, patrimonial, familiar y sucesoria.
Muchos de estos cursos, organizados por entidades privadas, se dirigen precisamente a asesores de inversiones extranjeras en España o de inversores españoles en el extranjero, así como a asesores de empresas con proyección al mercado exterior, y tienen como finalidad, según reza literalmente en alguno de sus programas: “aprovechar las oportunidades que permitan mejorar la eficiencia fiscal”, “conocer las estrategias, herramientas y esquemas propios de la planificación fiscal internacional, así como las medidas antielusión fiscal más relevantes, la fiscalidad de los países emergentes y los regímenes de fiscalidad privilegiados de mayor interés en la actualidad”.
 
Posibles incompatibilidades
Además, la asiduidad con la que muchos de estos funcionarios participan en este tipo de cursos, a veces en horario matinal, podría ser constitutiva, en su caso, de infracción de la Ley de Incompatibilidades, que exceptúa del severo régimen de incompatibilidades a la docencia sólo cuando sea “ocasional”. Y a este respecto, en el portal de la transparencia del Gobierno de España no aparecen reseñadas las siglas de estos altos responsables entre las compatibilidades concedidas.
En concreto, el máximo responsable de la ONFI es definido en uno de los foros en los que participa como “Inspector de Hacienda del Estado. Conferenciante habitual y profesor de la Escuela de la Hacienda Pública y de muy diversos, otros centros e instituciones”.
Por ello, los Técnicos exigen a la Inspección de los Servicios del Ministerio de Hacienda que investigue el centenar de cursos organizados por entidades privadas, entre los que figuran las grandes consultoras tributarias en los que altos responsables de la AEAT y del Ministerio han podido informar de los criterios, prácticas tributarias y proyectos normativos. Igualmente, exige que averigüe el número e identidad de los “alumnos” que han asistido y si se han formulado preguntas o consultas relacionadas con la problemática fiscal de sus clientes.
Además, para el colectivo esta elevada actividad docente de los altos cargos sirve para “engrasar” las puertas giratorias, al coincidir en la mayoría de cursos con los socios de consultoras y grandes empresas -muchos de ellos también fueron altos cargos en su día-, en las que posteriormente acaban prestando sus servicios muchos de estos funcionarios.
 
Gestha, que considera imprescindible acabar con esta tóxica práctica, abordará mañana viernes día 31 en la Asamblea que reúne a los representantes de los Técnicos de Hacienda la petición al Congreso de los Diputados de una regulación legal que restrinja la proliferación de esta clase de cursos.

lunes, 27 de marzo de 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula el nombramiento de doce altos cargos del Gobierno del PP

Rechaza que se designasen jefes de servicio a dedo y que se incorporasen habilitados nacionales sin justificación - Los funcionarios denunciantes han presentado otros recursos sobre tres puestos actuales

La Opinión,  A  Coruña 04.03.2017 


Pasillos del Palacio de María Pita.

La sentencia

  • Negociación. El fallo admite que sí hubo negociación, aunque fuese en un apartado de "ruegos y preguntas" en una reunión con la Junta de Personal. Aún así, matiza que "no les falta razón a los apelantes" porque la actuación del Gobierno fue "falta de rigor"
  • Libre designación. Como el Constitucional señala que no hay incongruencia entre la norma estatal y la autonómica, los jueces se remiten a la estatal o a una visión "integradora" de ambas. Concluye que la libre designación debe ser excepcional y que, aun reconociendo que las jefaturas de Servicio son cargos de especial responsabilidad, debe justificarse individualmente. El Superior indica que el Gobierno no dejó clara esta motivación
  • Habilitados nacionales. Los recurrentes rechazaban que se pudiesen fichar a secretarios e interventores para altos cargos de la Administración local. El Concello alegó que la Xunta avaló con un informe esta cuestión. El tribunal cuestiona que sean puestos intercambiables y concluye que, dada su excepcionalidad, exigiría una motivación para justificar que el habilitado es idóneo para cubrir el puesto
El Tribunal Superior de Xustiza echa abajo por arbitrario el sistema que articuló el Gobierno del Partido Popular para incorporar y consolidar altos cargos durante su mandato con fichajes externos. Un sistema que se sustentaba, además, en una legislación aprobada por la Xunta, cuyo alcance en el resto de ayuntamientos gallegos queda cuestionado con esta sentencia. En A Coruña, la anulación afecta a once jefaturas de servicio y una jefatura de departamento. Los denunciantes son un grupo de funcionarios de alto rango que han llevado también a los tribunales tres designaciones del Ejecutivo actual, todas en el área de Rexeneración Urbana. El fallo rechaza que se hubiese elegido para estos puestos a habilitados nacionales (secretarios e interventores) procedentes de otras administraciones también sin justificación. Contra la sentencia cabe presentar un recurso de casación ante el Supremo.

En primera instancia, un juez le había dado la razón al Ayuntamiento, ratificando los nombramientos. Pero el Tribunal Superior no lo tenía tan claro. De hecho, llegó a consultar al Constitucional porque encontraba que la legislación estatal y autonómica podrían ser contradictorias. El Constitucional, que se pronunció el pasado octubre, no halló tal discrepancia, determinación en la que se basan los jueces gallegos para anular el fallo anterior y darle la razón a los funcionarios.

Los nombramientos fueron polémicos desde un inicio. Recibieron críticas de la oposición, de la Junta de Personal y el recurso de un grupo de 24 funcionarios de A Coruña, que se unieron para intentar tumbarlo. Entendían que sus derechos estaban siendo vulnerados porque, de manera discrecional, se les cortaba el paso para ascender y asumir estos puestos de responsabilidad. Los partidos de la oposición acusaron acusó al PP de crear una administración paralela, colocando "afines" en cargos para los que había funcionarios cualificados.

A finales de julio de 2014, el Gobierno local de Carlos Negreira consumaba la entrada de funcionarios ajenos como jefes de servicio, que había ido fichando desde su llegada a la Alcaldía en 2011. Modificaba para ello la Relación de Puestos de Trabajo, la lista en la que se incluyen todos las plazas que hay en el Concello antes de que tengan dueño. Durante las vacaciones de verano, siguió una hoja de ruta para proceder a la regularización de estos nombramientos. Algunos de los fichajes ocupaban el puesto en comisión de servicios, una situación que caducaba legalmente a los dos años y para la que tenían que buscar una solución. Una semana después de modificar la RPT, el BOP publicaba la primera convocatoria de siete plazas de cargos directivos por "libre designación", esto es, una convocatoria abierta pero con selección subjetiva, sin que hubiese baremos o puntuaciones por titulaciones, capacidad o carrera dentro del Ayuntamiento. En agosto, repitió la operación con cuatro vacantes más.

Es precisamente la modificación de la RPT del Ayuntamiento de A Coruña lo que anula ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que interpreta, con arreglo a lo dictaminado por el Constitucional, que prevalece la norma estatal sobre la gallega o, en su caso, una "interpretación integradora de ambos". Recuerda el tribunal que los puestos municipales se deben provisionar a través de un concurso, teniendo la libre designación "carácter extraordinario" y "precisado de una motivación o justificación individualizada", algo que los jueces no encuentran en la actuación del Gobierno de Negreira. No rechaza de plano, sin embargo, que los jefes de servicios tengan funciones directivas y puedan ser nombrados a dedo, "pero en todo caso se exige la acreditación de una especial confianza o responsabilidad".

Quedan anuladas entonces las modificaciones de la RPT y las acciones que de ella se derivan y que afectan a un total de doce puestos. Son once las jefaturas de Servicio tumbadas: Personal, Interior, Presupuestos y Estudios Económicos, Movilidad Urbana, Acción Social, Gestión Tributaria, Empleo y Empresa, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Planeamiento y gestión del suelo, Museos Científicos e Informática municipal. También la Jefatura de Departamento de control financiero. Considera el tribunal que cada puesto precisaría de una "justificación individual" y concluye que esta motivación "no está contenida".

Más recursos en los tribunales
Este mismo grupo de funcionarios ha recurrido nombramientos de altos cargos del actual Gobierno local. El primero fue el del jefe de Planeamiento, que está anulado aún en primera instancia y recurrido por el Concello. También han llevado ante los tribunales la designación de los jefes de los servicios de Edificación e Infraestructuras.