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jueves, 23 de febrero de 2017

DIEZ AÑOS DE EBEP

“Las instituciones son como fortalezas. Tienen que estar bien construidas y además propiamente guarnecidas de gente”
(Karl Popper)”

 

DIEZ AÑOS DE EBEP 

La Mirada Institucional, Rafael Jiménez Asensio

“Un sector público profesional e imparcial es un elemento clave de nuestra democracia” (Código de Valores y de Ética del Sector Público de Canadá)
Título breve. Contenido, también. El próximo mes de abril se cumplirán diez años de la publicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Enunciado de la Ley, que en su día no objetamos (todo hay que decirlo), dictado con escaso acierto. La institución de función pública se diluía, así, en un empleo público preñado de contrataciones laborales poco ortodoxas. Bastardear es un verbo muy duro, pero lo cierto es que la función pública tampoco estaba alejada de prácticas clientelares o de nepotismo, al menos en determinados niveles.

Lo cierto es que en 2007, con el EBEP, se aprobó una herramienta normativa potente. Por emplear un adjetivo que, con frecuencia, utiliza Mikel Gorriti. También es verdad que con poco consenso político y con muchas concesiones (que se hicieron) a los sindicatos del sector público (por cierto, a cambio de nada). Un sindicalismo del sector público que, en sus peores versiones, adopta la figura de ave rapaz. Duro juicio, pero basado en práctica extensa. En sus peores versiones, que no son todas, sigue sin entender cuál es el papel de la función pública en un Estado democrático. Preocupante.

Pero más triste aún es, sin embargo, que las leyes se publican, pero rara vez se aplican. Nadie se creyó realmente el EBEP. Los funcionarios porque de crédulos no tienen nada: han visto pasar tantos cambios propios de Lampedusa, que perdieron la fe y algunos, incluso, las ganas de trabajar (que no de cobrar). Los políticos, al menos aquellos que lo aprobaron, rápidamente comenzaron a ignorarlo. A los pocos meses, el ministro promotor del EBEP (Jordi Sevilla), cayó en desgracia. Quien fuera presidente del Gobierno en aquel momento tal vez debiera explicar algún día por qué lo cesó: nunca lo dijo. Los ceses a la sombra siempre nos conducen a lugares recónditos: mejor no seguir indagando. Tras ese cese, la nueva responsable del ramo hizo de la tierra quemada su política más evidente. No dejó títere con cabeza en el propio Ministerio, y eso que era del mismo partido. Con amistades así … En verdad, a partir de entonces (finales de 2007), se acabó de un plumazo la política de función pública; hasta hoy, 2017. Luego vino la crisis, para agudizarlo todo: el EBEP mal entendido significaba gasto, lo que se impuso fue el recorte. Y la función pública perdió músculo, talento y envejeció en pocos años una barbaridad.

El EBEP, como bien explicó en su día quien fuera su promotor político, diseñaba cuatro palancas de cambio para adaptar la función pública española a la existente en las democracias más avanzadas: evaluación del desempeño, carrera profesional, dirección pública profesional y código ético de los empleados públicos.

El balance de los resultados obtenido por esas cuatro palancas de cambio en estos (casi) diez años es sencillamente demoledor. Todo ha resultado ser una enorme mentira. Nadie se ha creído nada. Y, por lo común, la política menos (los “temas de personal” son incómodos y poco lucidos), pues para uan parte de la política la función pública (o el empleo público) es –mientras no se demuestre lo contrario- un lugar institucional donde, tal como explicara en su día el profesor Alejandro Nieto, deben pacer plácidamente las clientelas de los respectivos partidos. La función pública como patrimonio de la política. Ese es el gran mal, fácilmente diagnosticable, pero sin medidas efectivas para ser erradicado. El funcionario “amigo del poder” tiene premio; quien no lo es, castigo.

Las cuatro palancas no se han activado. Algo, muy poco (o, mejor dicho, en muy pocos sitios, prácticamente testimoniales), se ha hecho en lo que a evaluación del desempeño respecta. Pero en una función pública que prima el igualitarismo falso, nada que “discrimine”, aunque sea objetivamente, tiene recorrido. Lo más justo (se nos intenta convencer de lo imposible) es tratar igual a todo el mundo, aunque su rendimiento y resultados (como así es en la práctica) sea diametralmente distinto. La justicia entendida al revés. Dicho de otro modo: una función pública que no discrimina es materialmente injusta. Y que nadie se eche las manos a la cabeza por la desmotivación imperante. La paradoja es que quien más desmotivado dice estar es quien menos trabaja. El mundo al revés.

La carrera profesional allí donde se ha implantado, en pocos sitios y mal, ha sufrido un proceso de chalaneo burdo y barato (más bien muy caro para los agujereados bolsillos del contribuyente): carrera se identifica solo y exclusivamente con cobrar más (no con trabajar mejor o con mayores resultados). Sobre todo (y eso es lo importante) que cobren “todos” lo mismo. Nadie puede quedar fuera del reparto: haga las cosas bien, regular o mal. Eso es indiferente. Lo importante es “la igualdad” entendida como trato uniforme, al margen de la actitud y resultados que tengan los funcionarios. Bochornoso espectáculo del cual el contribuyente ni se entera. La transparencia en estos casos es opaca. Los paños sucios se limpian en casa.

Pero si vamos a la tercera palanca, la dirección pública profesional, el incumplimiento es todavía más grave, pues permanentiza sine die el clientelismo en la zona alta de la Administración; puesto que los niveles de responsabilidad directiva se siguen repartiendo entre “los amigos políticos”, por traer a colación ese excelente libro de José Varela Ortega sobre el sistema político de la Restauración. Cien años después de ese momento histórico, seguimos haciendo las mismas cosas. Las competencias profesionales se orillan o son preteridas. Algo muy preocupante. Así, nunca habrá Administración Pública moderna e imparcial, por mucha retórica que se le eche al invento. Hay pueblos que no aprenden ni a bofetadas (por no emplear una expresión más dura).

Y, en fin, lo del Código Ético o de conducta del empleo público, la cuarta palanca del EBEP para cambiar la función pública, ha pasado sin pena ni gloria. Peor aún, ignorado por completo. Nadie sabe realmente que en 2007 se aprobó por Ley un Código de conducta de los empleados públicos. Aprobarlo por Ley fue un error, pues un instrumento de autorregulación no debe tener soporte jurídico-normativo. Pero aun así, España fue (relativamente) pionera en la aprobación de un Código de conducta de empleados públicos. Si bien, la verdad es que ni siquiera estos (los funcionarios) se han enterado. Alguien (algún empleado probo y despistado) lo debió leer, pero pronto se le olvidó. Tras unos duros años en los que la corrupción ha campado por sus anchas en el sector público, a ninguna institución ni gobierno se le ha ocurrido promover (aunque algunas iniciativas hay en marcha) una cultura de infraestructura ética en la función pública y, particularmente, de sus empleados públicos. Todo el mundo se lo toma a chirigota. Propio de un país subdesarrollado.

Así las cosas que nadie se extrañe del estado actual en el que se encuentra esa institución que se conoce como función pública (empleo público). Levantarla será tarea hercúlea. Los propios funcionarios (o empleados públicos) no se creen nada, son “viejos” resabiados (por media de edad es una cosa obvia) y hasta cierto punto (tras 20, 30 o 40 años de servicio) instalados, en buena medida, en “zonas de confort”. Los sindicatos del sector público nada han entendido realmente del momento actual y necesidades de una institución cuya única razón existencial es servir a la ciudadanía y no a los propios funcionarios. Y la política sacó de la agenda en 2007 este tema y nunca más lo ha vuelto a incorporar.

En suma, bien se puede concluir que el EBEP está en “el corredor de la muerte”. Lugar inhóspito y paralizante donde –como se sabe- se puede permanecer muchos años, tal vez décadas. Pero nada es gratis. 
Esa parálisis tiene consecuencias, también económicas y sociales. No cabe olvidar la cita que abre este comentario. Y la podemos cerrar también con otra que procede del mismo excelente documento elaborado por un país avanzado y ejemplar. En efecto, el Código federal canadiense de Valores y de Ética Pública lo deja muy claro: “un sector público no politizado es esencial para el sistema democrático”. A ver si algún día terminamos por comprender qué es lo realmente importante de la función pública como institución. La verdad es que nos cuesta …

martes, 21 de febrero de 2017

Réplica a un informe sobre el Reconquista

LNE, 20 de Febrero del 2017 - Ana María Núñez Rodríguez-Arango (Oviedo)

1) Resulta extraño que a cinco días del juicio por despido de Raquel Agüeros, presidenta del comité de empresa del hotel de la Reconquista, aparezca la noticia de un informe encargado por Hotusa, empresa que actualmente gestiona el hotel y cuya gestión y contrato han sido contestados desde su firma por el comité de empresa.

2) Es igualmente extraño que en el informe del catedrático Raúl Bocanegra solamente haya referencias al tema del personal, sin que en ningún momento se haga mención de las inversiones a las que estaba obligada Hotusa y que a fecha de hoy únicamente se ha realizado fuera de plazo la inversión en instalación eléctrica (debería haberse realizado antes del 30 de septiembre de 2014 y se realizó a lo largo de 2015).
El resto de las inversiones no se ha hecho aún, cuando tienen sólo dos años escasos para hacerlas.

3) En cuanto al tema del personal y la conservación de los puestos de trabajo, ésa ha sido la principal preocupación del comité de empresa desde el minuto cero, tal como se muestra en notas de prensa publicadas por su periódico, entre otros.
Y la realidad es que cuando Hotusa firmó el contrato con Hoasa había 61 puestos de trabajo que están relacionados de forma nominal en el contrato.
A fecha de hoy hay menos de 25 contratos indefinidos. ¿Dónde está el resto hasta los 61? El señor Bocanegra señala en su informe que eso sería incumplimiento de contrato, y eso no se refleja en la noticia publicada por ustedes.

4) Tampoco hay ninguna mención al clima laboral, recogido en el artículo 5 del contrato. Durante 31 años, y aun cuando el hotel ha sido gestionado por diferentes cadenas, las denuncias a Inspección de Trabajo por parte del comité de empresa fueron prácticamente inexistentes; sin embargo, desde la llegada de Hotusa la Inspección de Trabajo debe de tener un archivo dedicado en exclusiva al hotel de la Reconquista, dada la cantidad de denuncias e infracciones que se han llevado a cabo y que han sido denunciadas por el comité de empresa.

5) Por último, resulta muy significativo que a cinco días del juicio por despido de la presidenta del comité de empresa, Raquel Agüeros, Hotusa quiera publicar esta noticia.
Lo que ya no está tan claro es que un periódico independiente como LA NUEVA ESPAÑA se preste a este juego de forma que parece prestarse a los intereses de la empresa gestora, Hotusa, y en última instancia del Gobierno del Principado de Asturias, que es el accionista mayoritario de Hoasa.

viernes, 17 de febrero de 2017

La Guardia Civil saca a la luz una red de sobornos que se extiende a la Variante de Pajares

Obras en la variante de Pajares

La Guardia Civil saca a la luz una red de sobornos que se extiende a la Variante de Pajares

Un informe sostiene que Adif certificó un importe de 4,5 millones superior al acreditado en la valoración técnica


Un informe de la Guardia Civil sobre el caso Adif ha desvelado una trama corrupta que se extiende por toda España y también en Asturias. A cambio de regalos y viajes, determinados funcionarios habrían beneficiado a la constructora Isolux-Corsán. El informe se basa en correos captados a directivos de Corsán. Un empresario que se cansó de pagar viajes de placer habría sido el origen de la denuncia, según publica el diario El País.

Según el informe, la Guardia Civil ha constatado que Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, certificó en el tramo La Robla-Pola de Lena un importe de 4,5 mllones de euros superior al acreditado por la valoración técnica. Se trata del tramo de los túneles de Pajares, que registra retrasos de años y un sobrecoste millonario. Si el coste inicial rondaba los 2.000 millones de euros, la cantidad empleada se acerca a los 3.500 millones.

La Guardia Civil también habría detectado irregularidades en otro tramo del AVE de la línea Madrid-León. Se trataría del proyecto del tramo Palanquinos-Onzonilla, una obra de 13 kilómetros.  La empresa consiguió que Adif incluyera el importe más alto en el presupuesto. Como contraprestación, directivos de Adif obtuvieron regales: habitaciones de hotel y entradas para el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon. Además, Corsán asumió la reforma del piso de la hija de un gerente.

La empresa también optó por regalos para tapar que un tipo de hormigón empleado en un tramo en Galicia 
no ofrecía la resistencia necesaria para el encofrado. Corsán abonó un viaje al directivo y su acompañante a Niza, para que asistieran a la Supercopa de Europa. En total, 1.500 euros. Las mismas prácticas se habrían reproducido en Euskadi, en la autovía de Granada, en el aeródromo de Teruel, en trabajos en Valladolid o en obras de la autovía de Cáceres.

jueves, 16 de febrero de 2017

El empleo público local en la España democrática: una perspectiva institucional



Cuenca Cervera, José Javier
Oñate Rubalcaba, Pablo (dir.);
Villoria Mendieta, Manuel (dir.)
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració



jueves, 9 de febrero de 2017

Los denunciantes de corrupción piden protección contra el "acoso brutal" que sufren

"La Plataforma x la Honestidad pide una legislación que defienda a los denunciantes de corrupción, les garantice el anonimato y les dé cobertura legal
"Lo que te viene después de denunciar es tan jodido, que no podría animar a nadie a hacerlo", ha dichodenunciantes de corrupción, les garantice el anonimato y les dé cobertura legal
"Lo que te viene después de denunciar es tan jodido, que no podría animar a nadie a hacerlo", ha dicho la denunciante del caso Acuamed
"Ellos te intentan comprar, entrar en la rueda es mucho más fácil", ha alertado Ana Garrido, que hace 10 años denunció el caso Gürtel




Los representantes de la Plataforma x la Honestidad.
Los representantes de la Plataforma x la Honestidad.


Luis Segura lucha por volver al Ejército tras denunciar la corrupción de sus mandos. Ana Garrido está arruinada después de perder su trabajo tras advertir de unas irregularidades que dieron origen al caso Gürtel. A Azahara Peralta la echaron de Acuamed cuando se negó a firmar unos sobrecostes. Los tres han pedido este miércoles que se proteja a quienes denuncien casos de corrupción del "acoso brutal" que sufren para que más gente se anime así a seguir sus pasos.

Los tres forman parte de Plataforma x la Honestidad, un colectivo que agrupa y defiende a quienes han sufrido las consecuencias de denunciar casos de corrupción. Este jueves se han reunido en Madrid para dar cuenta de los pasos que están dando en este sentido, y entre los que está impulsar una ley que les garantice su anonimato, les dé asistencia jurídica, apoyo psicológico y que se proteja su empleo.

El portavoz de la plataforma, Pedro Arancón, ha asegurado que "el acoso que sufren estas personas es brutal", y ha confiado en que el Congreso dé luz verde a la legislación que están impulsando. Comparecerá en la cámara baja durante la subcomisión que estudia ese proyecto, tras haberse reunido con todos los partidos, salvo el PP, que se negó a recibirles.

Luis Segura, exteniente del Ejército, pelea por volver a las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo confirmó hace una semanas su expulsión definitiva, después de que hubiese denunciado corrupción entre los mandos, haber pasado una temporada detenido y tras una huelga de hambre. El tribunal entendió que algunas de sus palabras en medios de comunicación excedían la libertad de expresión. Ahora quiere llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque aunque ha recurrido al Constitucional, no confía en que este tribunal le conceda el amparo.

 

"Perdemos nuestro trabajo, sufrimos amenazas"

“Todos los relatos de los denunciantes de corrupción siguen un patrón, todos perdemos nuestro trabajo, todos sufrimos amenazas”. Segura ha lamentado también que tras denunciar un casos de corrupción quedas “estigmatizado”, y el denunciante se convierte “en una persona temida” con enormes dificultades para encontrar trabajo.

“Al final nos encontramos completamente solos, es muy triste que una persona tenga que vivir de la caridad por haber denunciado corrupción”, ha lamentado Segura, que ha pedido “un esfuerzo de concienciación” para desterrar la idea de que con sus acciones se han buscado las consecuencias que sufren.
Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando advirtió ciertas irregularidades en la gestión. Hace diez años las denunció, perdió su trabajo, su casa y se ha visto obligada a vender sus objetos personales para subsistir.

“Ellos te intentan comprar, entrar en la rueda es mucho más fácil”, ha dicho Garrido, que ha recordado la campaña difamaciones que sufrió tras su denuncia: “que yo era de Gürtel, que me había llevado mi parte o que era la amante del alcalde”.

“A quien quiera denunciar corrupción, le diría que denunciase, pero no lo hiciese como lo hice yo, si se puede denunciar, pero de otra manera, preservando su anonimato” ha asegurado. Por eso, considera indispensable que se apruebe una ley que les proteja, aunque no se ha mostrado muy optimista al respecto.
Azahara Peralta era directora de Obra en Acuamed. Se negó a aprobar el pago de un sobrecoste a la empresa FCC que ella pensó que no existían y sufrió un despido disciplinario. “Estoy intentando salir para adelante. Estoy medio reconciliada con la Justicia porque la Audiencia Nacional decidió que este caso tiene relevancia, y ahora ya no es como cuando lo contaba antes, justo después de que me despidieran”, ha relatado.

"Lo que te viene después de denunciar es tan jodido, que no podría animar a nadie a hacerlo. Necesitamos que se proteja al denunciante", ha concluido.

“El clientelismo amenaza el futuro económico de España”

Entrevista a los economistas Josep Pijoan-Mas y Manuel García-Santana

“El clientelismo amenaza el futuro económico de España”
Premios vanguardia de la ciencia manuel garcia santamaria y josep pijoan (LV)
07/02/2016 
La culpa no fue del ladrillo. Los economistas Manuel García-Santana (de la Universitat Pompeu Fabra) y Josep Pijoan-Mas (del Centro de Estudios Monetarios y Financieros) han descubierto que, si en España la productividad se redujo mientras la economía crecía en los años previos a la crisis, no fue por el sector de la construcción. Fue por un sistema económico clientelar que no favorece a los mejores proyectos empresariales. Sus resultados aportan una importante lección de cara al futuro: ahora que las condiciones que propiciaron el crecimiento antes de la crisis han desaparecido, la economía española no podrá volver a crecer a menos que corrija esta cultura clientelar. O regeneración o declive.
 
¿Qué les motivó a emprender esta investigación?
M.G-S. Que España vivió un periodo de crecimiento económico extraordinario desde los años 90 hasta el 2007 pero que este crecimiento no se vio acompañado por un aumento de la productividad, que es lo que se observa habitualmente en otros países. Al contrario, en España la productividad se redujo cuando la economía crecía. Era una gran paradoja que nos motivó a investigar qué había ocurrido.
 
¿Tenían alguna hipótesis para explicarlo?
M.G-S. La hipótesis más común para explicar este fenómeno es que el sector de la construcción, que tenía una productividad baja, había engordado demasiado. Si engordamos más los sectores menos productivos, podemos tener crecimiento acompañado de una reducción de productividad.
 
Cuando hablan de productividad, ¿a qué se refieren exactamente?
M.G-S. La productividad mide cuánta producción obtenemos por cada unidad de capital y trabajo. Por ejemplo, si la productividad baja de un año para otro, significa que produciremos menos con el mismo número de trabajadores y de máquinas. Que la productividad fuera más baja en 2007 que en 1995 significa que el mismo trabajador y la misma máquina eran capaces de producir más en 1995 que en 2007.
 
¿Cómo se las ingeniaron para comprobar si la hipótesis era correcta?
J. P-M . Primero utilizamos datos agregados a nivel de industria que nos permitieron analizar la siguiente pregunta: ¿si el sector de la construcción no hubiera engordado tanto, habríamos observado un crecimiento alto de la productividad en España?
 
¿Y qué encontraron?
J. P-M. Que no es verdad que, si España hubiera asignado menos recursos a la construcción y más a otras áreas, hubiera crecido más. La idea extendida de que el descenso de productividad se debe principalmente al sector de la construcción no es correcta.
 
Entonces, ¿qué explica la menor productividad?
J. P-M. El siguiente paso fue proponer una nueva hipótesis: la productividad no creció porque, en cada sector, los recursos no se asignaron a las empresas más productivas. Para estudiarlo, recurrimos a la recurrimos a la base de datos de Registros Mercantiles, que recoge información anual detallada de aproximadamente medio millón de empresas. Analizamos la evolución de las empresas desde 1995 a 2007.
 
¿Qué vieron entonces?
M.G-S. Que se asignan muchos recursos a empresas poco productivas. Por el contrario, las empresas más productivas captan pocos recursos.
J. P-M. No es un problema limitado al sector de la construcción. Afecta también a las empresas de distribución eléctrica, a las de gas, a los transportes, a las consultorías… Hay múltiples sectores donde las empresas que más crecen son poco productivas.
 
¿Qué lógica tiene?
J. P-M. Si cotejamos estos datos con los de la oenegé Transparency International, vemos que este fenómeno fue mucho más común en sectores que esta oenegé califica como más propensos al cronyism y en los que la influencia del sector público es mayor.
 
¿Qué significa cronyism?
J. P-M. Se podría traducir por capitalismo clientelar. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando a una empresa se le asigna un contrato no por ser la mejor candidata sino por las relaciones que ha tejido con las personas que deciden quién gana el concurso. O porque una empresa prospera porque obtiene una regulación favorable a sus intereses.
 
¿Este concepto de cronyism se refiere al amiguismo, a la corrupción o a ambos?
M.G-S. Los datos de Transparency International se basan en entrevistas anónimas con empresarios de múltiples países a los que se pregunta, por ejemplo, por sus contactos con políticos para conseguir contratos. Por lo tanto, no permiten distinguir el amiguismo de la corrupción.
J. P-M. Lo más correcto sería hablar de clientelismo, que engloba ambos conceptos. Lo que está claro es que, en España, los sectores donde la asignación de recursos ha empeorado más son aquellos donde Transparency International asegura que están más sujetos al clientelismo.
 
¿Se puede cuantificar el impacto del clientelismo en el conjunto de la economía española?
J. P-M . Nuestros resultados muestran que el deterioro en la asignación de recursos entre empresas es el responsable de que la productividad haya caído un 0,7% anual en lugar de crecer un 0,8%. Es decir, que en lugar de converger con Europa, hayamos divergido. Este problema ha sido el doble de grave en los sectores más propensos al clientelismo, pero en el resto de sectores también ha ido mal. Según nuetros datos, el clientelismo se ha llevado un total un 4% del PIB entre 1995 y 2007. Pero la cifra real puede ser superior porque hay aspectos importantes del clientelismo que no podemos medir.
 
¿Se puede acabar con el clientelismo en una cultura como la española?
J. P-M. La cultura es una respuesta a incentivos. Cuando se prohibió fumar en los bares, parecía imposible que se pudiera conseguir y hoy está aceptado. Antes del carnet por puntos se veía como normal ir a 150 kilómetros por hora en la autopista y hoy se considera normal no ir a más de 120. Si se penaliza el clientelismo, dejará de verse como normal.
 
¿Y si no se hace?
M.G-S. Durante el boom, España creció porque se incorporaron m´s trabajadores al mercado laboral y llegó más capital. Los trabajadores llegaron por la inmigración y por la incorporación de mujeres al mercado de trabajo. El capital llegó por la entrada en el euro. Ninguno de estos dos factores se mantiene actualmente. Por lo tanto, muy probablemente sólo podremos crecer de manera sostenida aumentando la productividad. Nuestro estudio muestra que la mala asignación de recursos entre empresas la frena, por lo que amenaza el futuro desarrollo económico de España.
 
¿Tan grave es?
J. P-M. Hay precedentes de países que eran ricos y se han colapsado por un deterioro institucional. Argentina e Italia son ejemplos de ello. Son un recordatorio de que, aunque hayamos alcanzado un cierto nivel, esto no significa que lo vayamos a mantener en el futuro. No tenemos la prosperidad garantizada.

miércoles, 8 de febrero de 2017

Dos hermanas se suceden como altos cargos de Hacienda desde 2012

eldiario.es, 08/02/2017

En 2012, Belén Navarro Heras sucedió a su hermana mayor, Rosana, como directora general del Catastro
En diciembre de 2016, la hermana menor ha vuelto a ocupar un cargo que deja la mayor, esta vez la Secretaría General de financiación autonómica
Rosana Navarro protagonizó una polémica al alojarse en el Tryp de Cádiz a cargo del Ayuntamiento para asistir a los carnavales invitada por la anterior regidora Teófila Martínez

Rosana Navarro Heras (nacida en 1965) ha sido reemplazada dos veces por su hermana menor Belén (1968) para ocupar un alto cargo en el Ministerio de Hacienda, siempre con retribuciones de unos 100.000 euros anuales, más que el propio presidente Mariano Rajoy o cualquiera de sus ministros.
Aunque sin la fama de los gemelos Álvaro y Alberto Nadal –hoy ministro de Energía y secretario de Estado de Presupuestos– las hermanas ya fueron noticia en 2012, cuando sucedieron la una a la otra al frente de la dirección general del Catastro.

Pero el pequeño revuelo que se levantó entonces por las sospechas de un posible caso de nepotismo no parece haberles afectado demasiado a ellas ni a quienes se encargan de nombrar los altos cargos en el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Así, han vuelto a repetir el mismo esquema cuatro años después, esta vez en la Secretaría General encargada de la financiación autonómica y local.
Cuando el pasado noviembre Rosana, hasta entonces secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, fue llamada para desempeñar el puesto de subsecretaria de Fomento en el departamento que dirige Íñigo de la Serna, todo volvió a quedar en casa. Fue su hermana pequeña la elegida, por segunda vez, para ocupar el puesto que dejaba vacante.

Ahora se llama Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, pero, como explica la propia web del departamento, “incorpora las competencias en materia de financiación territorial de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, que desaparece”. En concreto, se encarga de la coordinación de la financiación autonómica, un melón que precisamente se quiere abrir en esta legislatura.
La hoy subsecretaria de Fomento protagonizó un escándalo cuando era secretaria general de Coordinación Autonómica y Local y se alojó entre el 12 y el 15 de febrero en el Tryp Cádiz La Caleta, de cuatro estrellas, por un importe de 480 euros, a cuenta del Ayuntamiento.

Rosana suele ir de avanzadilla, pero las dos hermanas cuentan con un amplio y brillante currículum. Ambas son licenciadas en Ciencias Económicas y Empresariales (Rosana por ICADE y Belén por CUNEF), y sacaron la plaza de inspectoras de Hacienda y de Seguros del Estado.
Esto les valió a las dos hermanas para asesorar a Antonio Beteta cuando fue nombrado en mayo de 2000 secretario general de Política Fiscal y Comunitaria, dependiente del Ministerio de Hacienda también dirigido entonces por Montoro. Una década después, Montoro, Beteta y las hermanas Navarro Heras volvieron a juntarse en el Ministerio.

Entre medias, cuando el PSOE estuvo en el gobierno central, y como tantos otros altos cargos, las hermanas encontraron refugio en otra Administración gestionada por el PP, la del Ayuntamiento de Madrid. En la administración capitalina, Rosana fue directora de la Agencia Tributaria y Belén presidió el Tribunal Económico-Administrativo Municipal, según consta en sus currículos en el Portal de la Transparencia.

Otra de sus hermanas, Gabriela, también estuvo vinculada al Ayuntamiento madrileño. Ocupó el puesto de adjunta a la Dirección de Análisis Financiero de la Agencia Tributaria de Madrid -que presidió Rosana- y del Ayuntamiento de Madrid. Y otro hermano, Emilio Navarro Heras, es profesor de Contabilidad y Auditoría Financiera en la Universidad Rey Juan Carlos.