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martes, 23 de enero de 2018

La configuración del concurso-oposición


Severiano Fernández Ramos
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz

Acceso al empleo público: igualdad e integridad.




"La configuración del concurso-oposición


A. Estado de la cuestión
El Tribunal Constitucional ha concedido un amplio margen de apreciación al legislador a la hora de cuantificar esa valoración de los servicios prestados, puesto que únicamente se aprecia lesión del artículo 23.2 CE en caso de “valoración excesiva o inmoderada” de los méritos por servicios prestados por personal interino o contratado en los procedimientos de concurso-oposición que confieran a aquellos una “ventaja comparativa irrazonable, o acaso decisiva”, frente al resto de los candidatos(96).

El problema es que esta lógica indeterminación en la que debe expresarse el Tribunal Constitucional se ha trasladado al plano del legislador. Así, el EBEP –art. 61.3 - se limita a establecer: “Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo”. Esta redacción abstracta ha conducido inevitablemente a una enorme casuística sobre cuándo este mérito debe reputarse “desproporcionado”, bien en las bases de las convocatorias o en su aplicación por parte de los tribunales(97).

Además del peso mayor o menor en el conjunto del proceso selectivo, la valoración de los méritos en los concurso-oposición ha suscitado otras cuestiones adicionales. De un lado, las prácticas de trasvase de méritos desde la fase de concurso a la fase de oposición, con objeto de compensar un déficit de puntuación esta fase (el llamado de modo expresivo sistema de la "mochila" o de acumulación de puntos), y cuya licitud fue rechazada por el Tribunal Constitucional (STC 67/1989), de modo que los servicios prestados han de valorarse exclusivamente en la fase de concurso(98). Sin embargo, de modo sorprendente, esta regla del carácter incomunicable de ambas fases no se explicitó en el EBEP, aun cuando sí se ha recogido en alguna ley autonómica, como la de Islas Baleares(99). De otro lado, si la fase concurso precede a la de oposición, el carácter eliminatorio de la primera, puede ser también contrario al artículo 23.2 CE, al excluir de la competición a quienes carecen de dicho mérito (STC 27/2012, FJ 7).

Asimismo, con cierta frecuencia la Administración convocante asigna una valoración superior a los servicios prestados en la misma Administración convocante con relación a aquellos servicios prestados en otra distinta, aun cuando las funciones desempeñadas sean idénticas. Estas prácticas de valoración diferente de puestos similares fueron censuradas por el Tribunal Constitucional (STC 281/1993)(100), con escaso éxito como testimonia su reiteración(101). Más aún, estas prácticas han sido censuradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la perspectiva de la libertad de circulación de trabajadores(102). Sin embargo, el EBEP –disposición transitoria 4ª - volvió a permitir, con carácter temporal (para interinos y laborales con vinculación anterior a 1 de enero de 2005) una valoración adicional a “la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria”.

En definitiva, desde hace ya lustros proliferan los procedimientos selectivos, convocados al amparo de los acuerdos entre la Administración y los sindicatos para la consolidación del empleo temporal en el ámbito de la función pública, en los cuales en la fase de concurso se sobrevaloran los méritos derivados del previo desempeño temporal de los puestos cuya cobertura definitiva se pretende, tal como atestigua el Defensor del Pueblo y comisionados autonómicos(103).

B. Propuestas
A partir de la doctrina constitucional según la cual que la experiencia derivada de los servicios prestados no es una circunstancia ajena al concepto de mérito y capacidad, “pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados” (STC 111/2014, FJ 5), parece inviable que el legislador básico pueda prescindir de este mérito, al menos, con carácter general(104). Lo cierto es que admitir como mérito la simple prestación de servicios previos, computada de modo automático, sin evaluación alguna de esos servicios prestados, constituye un mérito de escasa calidad(105). Al menos, debería restringirse la valoración de los servicios prestados a aquellos desempeñados conforme a un proceso previo de selección que respetase los principios básicos de igualdad y publicidad, evitándose que de un reclutamiento en fraude de ley se deriven efectos que privilegien la posición irregularmente obtenida. Por ello, y de acuerdo con la doctrina constitucional, sí que es perfectamente legítimo valorar como mérito las pruebas selectivas superadas para acceder a la condición de funcionario interino o personal laboral temporal (STC 38/2004, FJ 4; ATC 68/2012, FJ 3).

En todo caso, de la jurisprudencia constitucional y ordinaria se infieren determinados aspectos acerca de la articulación del concurso-oposición que, para mayor seguridad jurídica, deberían quedar reflejados en la ley, preferiblemente en la ley básica y, en su defecto, en la legislación de desarrollo. Así, en primer lugar, la ley debe definir en qué consiste el sistema de concurso-oposición, y para ello no basta declarar que se trata de la práctica sucesiva de ambos sistemas, sino que debe precisarse que la fase de oposición debe preceder a la de concurso, con objeto tanto de evitar que el carácter eliminatorio de la primera excluya de la competición a quienes carecen de dicho mérito, lo cual es contrario al artículo 23.2 CE (STC 27/2012, FJ 7), así como de impedir el llamado sistema de la "mochila" o de acumulación de puntos, también rechazado por el Tribunal Constitucional, como nos consta(106). Además, con el fin de asegurar la debida idoneidad de los aspirantes, estos deberán superar en la fase de oposición la puntuación mínima establecida de antemano para las respectivas pruebas selectivas(107).

De otro lado, como se ha señalado antes, de la jurisprudencia consolidada tanto constitucional como ordinaria se deduce que no es lícito valorar de diferente manera los méritos contraídos al servicio de Administraciones diferentes, inclusive si son de otro país miembro de la Unión Europea y, por supuesto, de cualquier Administración española, precisión que debe explicitar el legislador básico y, en su defecto, de desarrollo(108).

Pero, sobre todo, la regla del EBEP según la cual la valoración de méritos de los aspirantes “sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo”, debido a su carácter abstracto se ha revelado excesivamente indeterminada para servir de límite a procesos sólo formalmente abiertos(109). Por ello, es necesario que el legislador básico o, en su defecto, el legislador de desarrollo fije un porcentaje máximo asignable a los méritos derivados de los servicios previos o, en su conjunto, de la fase de concurso, criterio éste que está siendo asumido por el legislador autonómico en un porcentaje que oscila entre el 30% y 40%(110).





lunes, 22 de enero de 2018

Testimonios de un jurista (1930-2017), de Alejandro Nieto


Testimonios de un jurista (1930-2017), de Alejandro Nieto

ISBN:9788494741500
Editorial: Global Law Press
Fecha de la edición:2017
Lugar de la edición: Madrid. España
Colección: Cuadernos Universitarios de Derecho Administrativo
Encuadernación: Rústica
Nº Pág.: 444

Un libro titulado Testimonios de un jurista (1930-2017) promete ser un relato personal sobre lo que ha vivido el autor en el periodo que abarca su relato. Desde este punto de vista, Alejandro Nieto no defrauda al lector explicando cuál ha sido su trayectoria vital desde un punto de vista jurídico desde que llegó a la Universidad de Valladolid a estudiar la carrera, hasta el momento actual, tras haber pasado por las Universidades de La Laguna, Autónoma de Barcelona, Alcala de Henares y Complutense de Madrid. Es el relato desde su perspectiva de qué ha ocurrido en el mundo del derecho en los últimos 87 años, y cuyos análisis tienen los pros y los contras de lo que se pretende que sea un discurso personal. No podemos criticar las ausencias ni los elementos con los que se pueda disentir porque es, insisto, un discurso personal, de lo vivido: “Bastante tengo ya con lo que he visto y vivido”, dice al comienzo de la obra. Un discurso en el que se entremezcla el plano institucional con el plano personal, el de los afectos y las admiraciones intelectuales, que salen a lo largo del libro.

Pero si el autor es Alejandro Nieto, no se puede esperar que el discurso se termine aquí. Sería rico, sin duda, analizando su trayectoria desde el Ministerio de Agricultura, las diversas universidades reseñadas, las latinoamericanas donde ha impartido clase o la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A los que le conocemos, es un discurso que nos gusta escuchar, incluso cuando explica las razones de su desazón.

Pero para todos sería insuficiente, teniendo en cuenta la personalidad de Nieto. Más aún, cuando a su perfil de Catedrático de Derecho administrativo aúna su faceta de historiador (por la que recibió el Premio Nacional de Ensayo en 1997, por “Primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa de la Regencia de Maria Teresa de Borbón”, a los que han seguido numerosos trabajos sobre este periodo histórico). O de analista de la ciencia de la Administración, (“La nueva organización del desgobierno“). No podemos olvidar, en este último aspecto, que Nieto fue uno de los primeros abanderados en la lucha contra la corrupción, de lo que da muestra su La corrupción en la España democrática.

Y Alejandro Nieto no ha defraudado las expectativas. De una persona con un ingenio tan brillante como él, se podía esperar que profundizara en cuestiones vertebrales del Derecho del último siglo, como así ha hecho. No espere el lector, en consecuencia, encontrar un libro de memorias sino que es una obra sobre el Derecho y en la que propone un planteamiento alternativo al que resulta usual en las Facultades de derecho españolas.

¿Se puede definir el derecho? ¿Es incluso conveniente gastar el tiempo en una definición? ¿Cómo se proyecta esta cuestión sobre aspectos que, para muchos son nucleares, como la propia definición de cada sector del ordenamiento jurídico? ¿Hasta dónde llega la discrecionalidad administrativa? ¿Cuáles son los defectos de la visión actual del Derecho administrativo actual? ¿Cuál es el papel de la ley en el ordenamiento jurídico? ¿Qué ha ocurrido en la Justicia en los últimos años?¿Qué papel ocupa la ciencia del derecho en la España actual? ¿Es lo mismo el derecho escrito que el derecho practicado? ¿Cómo se articula la concepción del Derecho como oferta al operador jurídico? ¿En qué consiste el arbitrio judicial? ¿Realismo jurídico en la España de 2017? ¿Se enseña de la forma adecuada el Derecho administrativo?

Sin duda, algunas de estas cuestiones las había analizado en otros trabajos publicados.  Especialmente en sus brillantes, y poco analizados, “Estudios históricos de Administración y Derecho administrativo” (1984) y en su obra más relevante, en su propia opinión, el “Arbitrio judicial” (2000). Pero hasta ahora no estaban concentrados en un volumen ni tenían un hilo argumental como el que le ha dado en los Testimonios de un jurista (1930-2017).

Como toda la obra de Nieto, es una obra que está muy bien escrita. Y que la intensidad del discurso narrativo no se pierde a lo largo de sus páginas; algo muy relevante en un libro de estas características, que aúnan el testimonio con la propia exposición de su concepción del Derecho. No crea el lector no jurista que es un libro inadecuado para ellos, al contrario, explica qué ocurre en el día a día y que no está en los libros al uso.

Desde este post sólo queda incentivar su lectura. No le defraudará.

miércoles, 17 de enero de 2018

MANIFIESTO POR LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


Ante el anuncio de próximas convocatorias para el acceso a cerca de 4.500 puestos de trabajo públicos en la Administración del Principado de Asturias, después de años de precarización masiva e intencionada y de congelación de las Ofertas de Empleo Público, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) manifiesta lo siguiente:
Además del debate sobre el sistema de acceso a utilizar – oposición o concurso – oposición -, y sobre el porcentaje máximo que deba asignarse a la experiencia previa del personal temporal para que no sea un privilegio o ventaja decisiva frente al resto de aspirantes, como viene exigiendo de forma constante la Jurisprudencia, deben tenerse en cuenta otros factores o aspectos fundamentales que condicionan de forma determinante que los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia de los procesos selectivos sea reales y no un mero paripé o mecanismo de blanqueo de pruebas teledirigidas
1. Es imprescindible garantizar la independencia de los tribunales de selección
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) ya había ya recogido en su documento “30 medidas para la regeneración de la Administración Pública asturiana”, hecho público en el año 2011, que los miembros de los tribunales de selección fueran elegidos por sorteo.
Con esta medida se pretende garantizar la independencia de los órganos de selección de los poderes políticos, corporativos u otros ajenos al interés general. Dicha independencia actualmente está en entredicho, toda vez que la designación de los concretos miembros que integran los órganos de selección de personal en la Administración del Principado de Asturias es una facultad discrecional, ejercitada con oscurantismo y de manera nada transparente, que posibilita la cooptación corporativa y el mangoneo partidista.
La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (art.97.2) dispone que, en todo caso, los vocales deberán ser designados por sorteo, sin perjuicio de que las personas seleccionadas deban poseer la capacitación, competencia y preparación adecuadas.
Bastaría con trasladar esta regulación a la ley de Función Pública asturiana
2. Debe garantizarse la imparcialidad de los miembros de los órganos de selección
La prohibición de formar parte de los tribunales de selección a aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a procesos selectivos debería extenderse, al menos, a los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Asimismo, debe prohibirse el “conflicto de intereses”, en los mismos términos en los que lo hace el artículo 64.2 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público: el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal del órgano de selección, o que pueda influir en el resultado del proceso selectivo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento selectivo.
Resulta necesario que dicho régimen se aplique con el máximo rigor, exigiéndose las responsabilidades disciplinarias y penales consecuentes cuando resulte vulnerado.
3. Las pruebas selectivas serán congruentes y adecuadas a las funciones de los puestos
No resulta infrecuente la falta de adecuación de las pruebas de selección con las funciones a realizar y con el propio temario de la convocatoria de selección.
También sucede con relativa frecuencia que en las pruebas selectivas se exija un grado de detalle y conocimiento del temario igual o superior al exigido en puestos de escalas y grupos superiores, posiblemente debido a la voluntad de cribar el número de aspirantes en procesos selectivos con gran número de aspirantes.
En la misma línea, es habitual encontrar en los cuestionarios de las pruebas preguntas rebuscadas, formuladas empleando una sintaxis compleja o utilizando frases ininteligibles, cuya interpretación posibilita que no haya una respuesta correcta entre las soluciones propuestas o que, al contrario, haya más de una respuesta correcta, habiéndose afirmado que sólo existe una.
Por ello, exigimos que, tanto el temario del proceso selectivo, como las pruebas y cuestiones que plantee el tribunal de selección, sean congruentes con las funciones a realizar en los puestos convocados; y que en los procesos selectivos se utilicen formularios con preguntas claras, con una sintaxis correcta y que no de lugar a error en cuanto a la determinación de la cuestión planteada.
4. Las bases de selección deben determinar el umbral del aprobado, sin que pueda quedar a la posterior decisión de los tribunales.
Se trata de un principio básico de transparencia y seguridad jurídica, pues no resulta defendible que el Tribunal pueda decidir con total discrecionalidad el baremo para otorgar el aprobado o suspenso en un proceso selectivo. Así, se debe proscribir la práctica utilizada por la Administración del Principado de Asturias de recoger en las bases de convocatoria la posibilidad del tribunal de rebajar la puntuación mínima exigible, o el número de aciertos de las preguntas. Esta práctica proyecta una sombra de sospecha de favoritismo hacia los y las candidatas que, no habiendo alcanzado la puntuación mínima exigida por las bases, se ven beneficiados por la decisión discrecional del tribunal.
5. Los temarios básicos deben ser elaborados por la propia Administración.
A fin de garantizar el derecho fundamental de igualdad de oportunidades, los temarios básicos deben ser elaborados por la propia Administración a través del Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, que posee medios e infraestructura para ello.
Las posibilidades de acceso al empleo público no pueden depender de la capacidad económica de los aspirantes para pagar los servicios de preparadores o academias privadas, ni de las influencias o contactos para prepararse con los más afamados.
Se trata de una medida fundamental para democratizar el acceso al empleo público, acabando con las castas funcionariales y con las ventajas de los aspirantes que cuentan con formación e información privilegiadas.
6. Se debe elaborar, aprobar y publicar un protocolo de actuación que garantice el secreto de las pruebas antes de su celebración y el anonimato de los aspirantes con anterioridad a la corrección de cada prueba.
A fin de evitar filtraciones que beneficien a unos aspirantes en detrimento de otros, se debe exigir al órgano administrativo encargado de la selección del personal de esta Administración – IAAP Adolfo Posada- que elabore, apruebe y publique un protocolo de actuaciones que garanticen la confidencialidad del contenido de las pruebas a efectuar en los procesos selectivos. Dicho protocolo no sólo debe ser conocido y aplicado por los Tribunales de Selección sino también por el conjunto de la ciudadanía.
El protocolo debe contemplar el anonimato de todos los opositores con anterioridad a la corrección de cada prueba, a fin que el proceso de puntuación sea anónimo.
7. Debe garantizarse la transparencia de los procesos selectivos
Los criterios de actuación de los tribunales de selección será conocidos y notificados a los aspirantes antes de la celebración de las pruebas.
Los participantes en los procesos selectivos tendrán derecho a la copia de las preguntas formuladas y de la plantilla utilizada para verificar las respuestas, a obtener una copia del examen propio y de los demás aspirantes y de las actas de las sesiones de los órganos de selección.
8. La totalidad de los principios y medidas expuestas deberán aplicarse obligatoriamente a los procesos selectivos de las empresas y fundaciones del sector público, con prohibición expresa de las entrevistas como sistema selectivo
Es preciso acabar con la discrecionalidad que rige el acceso al empleo dependiente del sector público del Principado de Asturias, que viene ejecutando en los últimos años verdaderas ofertas de empleo público paralelas al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad




miércoles, 10 de enero de 2018

El Principado somete a censura política a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales



El Gobierno del Principado acaba de consumar con la modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada el pasado mes de diciembre, un cambio en el modelo organizativo de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) con el objetivo de minar su independencia funcional y someterlas a censura política por el Gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cargo designado a dedo al que se atribuye la revisión de los informes evacuado por las BRIPAS.

En efecto, mediante el Decreto 47/2017, de 26 de julio, de modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se cambia la adscripción de las BRIPAS, que hasta entonces dependían directamente de un funcionario público de carrera, a saber, el Jefe del Servicio de Interior de la Dirección General de Justicia e Interior, para pasar a depender del organismo autónomo SEPA, encomendando a su Gerente la revisión y tramitación que proceda de los informes evacuados por las BRIPAS, es decir, el control y censura política de su actividad.

Esta modificación es particularmente grave por varias circunstancias.

En primer lugar, desprecia las consideraciones y peticiones de la Fiscalía del Principado de Asturias. Así, en la Memoria 2017 (ejercicio 2016) la Fiscalía asturiana afirma (pág. 144) que “la reorganización del servicio operada el año 2013 no ha supuesto una merma en la labor de las Bripas, pudiendo seguir destacándose que “el alto grado de logros alcanzado en la investigación de las causas y autorías de estos ilícitos guarda una conexión directa y primordial con el gran trabajo desarrollados por las mismas”. Si la organización era buena, ¿por qué hay que cambiarla?

Pero en la Memoria la Fiscalía se queja (pág. 149) de la tardanza, en ocasiones, a la hora de remitir los informes de las BRIPAS, “muy posiblemente debido al “trámite previo” de tener que ser remitidos a través de la Dirección General, siendo más práctico y deseable una remisión directa a la Fiscalía una vez estuvieran conclusos por los investigadores”
Lejos de atender esta razonable y razonada queja de la Fiscalía, el Gobierno del Sr. Fernández intensifica los controles y censuras previas de los informes, que ahora se someten a la revisión del Gerente del SEPA.

Pero además, a juicio del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, la modificación organizativa incurre en una grave irregularidad toda vez que el Gobierno del Principado ha cambiado la adscripción de los funcionarios integrantes de las BRIPAS vulnerando  su propia normativa (Decreto 47/2017, disposición final primera), que exige la aprobación previa de una resolución en la que se establezca su organización, régimen jurídico y funcionamiento, garantizando la independencia de las investigaciones.

Si ese régimen jurídico aún no está aprobado y no están reguladas las garantías de independencia de las investigaciones, ¿ por qué se ejecuta ya y a toda prisa el cambio de adscripción?

Por todo lo expuesto, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies estima necesario que el Consejero del ramo, D. Guillermo Martínez, de una explicación pública de las razones que llevaron a este traslado.

No nos puede caber duda de que tal traslado no estuvo motivado en tratar de mejorar el funcionamiento de las BRIPAS en su función de policía judicial, es decir, de investigación y persecución de los delitos de incendio a las órdenes de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, pues para eso, nada mejor que seguir ubicadas donde estaban, dentro de la entonces Dirección General de Justicia e Interior, en lugar de ser trasladadas a un organismo cuya misión fundamental es la extinción de incendios.

¿Pudo obedecer el cambio a buscar una mejora en su funcionamiento general porque alguien lo considerara insatisfactorio? No nos consta que haya sido así ni mucho menos. Es más, la experiencia demuestra que la actuación de las BRIPAS ha sido altamente eficaz, como demuestran el número de sentencias condenatorias de nuestros Tribunales que, como recuerda la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, supone el mayor porcentaje de condenas en relación con el número de incendios investigados en todo el territorio nacional.

Por si esto fuera poco, uno de nosotros, en su condición de Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, fue testigo directo de las intervenciones plenas de profesionalidad de los miembros de las BRIPAS ante los tribunales asturianos, así como de la estrecha colaboración con el Fiscal Especial de Medio Ambiente, clave de los éxitos en cuanto a condenas por delitos medioambientales contra los incendiarios. Y no olvidemos las elogiosas referencias que, como policía judicial, se hace a las BRIPAS en las memorias anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.

Pues bien, a la vista de todo lo expuesto ¿Qué razones pudo haber para el cambio? ¿A quién consultó el Consejero para llevarlo a efecto? ¿Se tomó la molestia de contactar con la Fiscalía Superior o con el Fiscal Especial de Medio Ambiente? Si fue así ¿qué le dijeron? ¿Analizaron el Consejero o sus asesores la incidencia del cambio en relación con las funciones de policía judicial desarrolladas por las BRIPAS? ¿Qué opinó sobre esto la Directora General de Justicia? Si todo funcionaba bien, y las Memorias Anuales de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias así lo ponen de manifiesto ¿por qué introducir este cambio “contra natura”?

domingo, 7 de enero de 2018

La Universidad, 0 en meritocracia

Portada del nuevo número de ATLÁNTICA XXII.

Revista Atlántica XXII

Ya se encuentra a la venta el nuevo número de ATLÁNTICA XXII, el 54, que ya desde su portada da un cero a la meritocracia en la Universidad, tanto en sus sistemas de acceso al Doctorado como de contratación del profesorado, afectados por el amiguismo y la endogamia. El asunto se trata en dos reportajes sobre la Universidad de Oviedo escritos por los periodistas Xuan Fernández e Ismael Juárez que hablan específicamente del Doctorado en Ciencias de la Salud, en el que una carta del alumno vale casi tanto como su expediente académico, o del conflicto en la Facultad Geológicas por una plaza que un profesor quiere para su descendiente.

El número, de 80 páginas, cuenta con sus secciones habituales. En Información, se trata también el tema de SOGEPSA, la sociedad del suelo en Asturias, a punto de desaparecer por escándalos y obras millonarias, en un reportaje de la periodista Patricia del Gallo, o sobre la elusión fiscal de las fortunas españolas, que hace que gente como Rodrigo Rato, Fernando Alonso o Fernando Masaveu no paguen parte de sus impuestos en España. El artículo está firmado por Jesús Escudero, periodista de El Confidencial y experto en estos asuntos.

Asimismo hay un análisis de la situación de Podemos Asturias escrito por el periodista Pablo Batalla Cueto, que también escribe sobre el bable conservador y de derechas, mientras en el Editorial se aboga por un modelo pactado de cooficialidad para la lengua asturiana. Por su parte, Xuan Fernández entrevista a Jordi Évole, director del programa Salvados de La Sexta, que habla tanto de periodismo como del proceso soberanista catalán. Ismael Juárez, finalmente, publica sobre la situación laboral de los Centros de Día asturianos, que puede afectar a la calidad de su servicio público.

La Galería de heterodoxos/as da la palabra al economista David Rivas. ecologista, ácrata, asturianista y masón, entrevistado en asturiano por el historiador Andrés Rodríguez Monteavaro. La sección de Afondando arranca con las mentiras de Covadonga que siguen venerando los asturianos, con un reportaje del historiador y periodista Rafa Balbuena y un análisis sobre Covadonga, Pelayo y el ‘Covadonguismo” a cargo del catedrático Javier Fernández Conde. También incluye una entrevista al historiador Valerio Romitelli realizada por Steven Forti, una conmemoración de los 40 años del sindicato asturiano de la enseñanza SUATEA realizada por dos de sus protagonistas, Leonardo Borque y Beatriz Quirós, y un ensayo sobre el consumismo zen escrito por el filósofo Juan Ponte.

En Opinión escriben Santiago Alba Rico, María Ruisánchez Ortega, Mariano Antolín Rato y Boro González, que se estrena en este número.

La sección de Cultures se abre con la página artística del pintor Nacho Suárez para dar paso a una entrevista al científico y escritor Juan Fueyo realizada por Xuan Fernández, un reportaje sobre el arte urbano de Gijón documentado por el periodista Rafa Balbuena y el fotógrafo Imanol Rimada y una semblanza sobre el escritor Manuel de la Escalera, un grande para muy pocos, escrito por el especialista Alfonso Oñate. La sección se cierra con dos reportajes sobre música, uno sobre el coro El León de Oro de Luanco, de éxito internacional, realizado por el periodista Illán García, y otro sobre el rock progresivo en el Noroeste de España en la Transición de Eduardo García Salueña, que presenta así su propio libro sobre el tema.

El número se cierra con las habituales secciones Excéntricos, raras y olvidados de Natalia Fernández, Estampes del país menguante de Milio Rodríguez Cueto y el Teatro precario de Maxi Rodríguez, así como la Tira de Alberto Cimadevilla y Adolfo Manzano.

Aprovechando que la salida de este número coincide con la llegada de los Reyes Magos, ATLÁNTICA XXII ha puesto en marcha una campaña de suscripciones, consistente en incitar a sus lectores y suscriptores a suscribir durante un año a una persona. Pasados esos doce meses, en los que el agraciado/a recibirá los seis números anuales que salen a la venta, será su voluntad continuar con la recepción de la revista, haciéndose cargo de su abono, o darse de baja.

El número 54 se vende en quioscos y librerías de toda Asturias y en la librería Laie de Barcelona.

sábado, 30 de diciembre de 2017

Confidente, soplón, chivato, espía




Javier Álvarez Villa

El poder, cualquier poder, desde el leviatán del aparato del Estado, hasta la jefatura de un burócrata intermedio, debe conocer por adelantado todo aquello que pudiera inquietarle. De ahí que disponer de servicios de información eficaces, a cargo de profesionales o de colaboradores más o menos interesados, sea la primera y principal ocupación de cualquiera que ejerza funciones de mando.

Desconozco casi todo sobre los servicios secretos profesionales, aunque apostaría a que si se filtrara la lista de espías a sueldo del Estado, encontraríamos al menos a un conocido más o menos próximo, para asombro de familiares y amistades.

Tras casi treinta años de ejercicio profesional sí se algo más de los soplones de los jefecillos del aparato burocrático. La psicología del ser humano ofrece personalidades muy aptas para las labores de chivato: necesitados de tiempo, a los que se perdona la sisa de la jornada de trabajo; necesitados de dinero, a los que se toleran actividades extras incompatibles, o necesitados de afecto, a los que se ofrece esa complicidad y camaradería con los jefes que tanto agradecen los subordinados serviles.

Basta con que uno caiga en la dudosa categoría de individuo sospechoso, ya sea por casualidad o porque se la haya ganado a pulso tras una larga trayectoria de disidencia nada clandestina, para que le apliquen los sensores de la red de soplones, sean sindicalistas chivatos, amigos topos o compañeros espías.

Para descubrir a estos “informadores” suele dar resultado lanzarles a bocajarro una invectiva contra el jefe al que soplan y comprobar si se les demuda la cara, guardan silencio o cambian de conversación.

Pero lo más divertido es suministrarles mercancía averiada o  enigmática. Uno puede imaginar al confidente y a su mandante hablando desconcertados: “¿Qué te dijo?”, “pues que….”, “¿qué habrá querido decir?”


Confidente: Fiel, seguro, de confianza
Soplón: dícese de la persona que acusa en secreto y cautelosamente
Chivato: soplón, delator, acusador
Espía: persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa, para comunicarlo al que tiene interés en saberlo

miércoles, 20 de diciembre de 2017

El gran pufo de Villa Magdalena






El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha tenido acceso al informe elaborado por la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo María Rosario Alonso Ibáñez titulado "Informe Jurídico y Hacendístico  sobre la expropiación de Villa Magdalena", fechado en febrero de este año, en el que se documenta a lo largo de sus 200 páginas, todo el recorrido administrativo de ese enorme pufo que ha dejado a las ciudadanas y ciudadanos de Oviedo la expropiación del palacete de Villa Magdalena.

Las conclusiones del informe son devastadoras:
- El expediente expropiatorio se inició sin fundamentar suficiente y ponderadamente los intereses públicos en juego y derivó en una desnaturalización completa del instituto expropiatorio mediante su conversión en una simple modalidad de adquisición de la propiedad de la que ha resultado un extraordinario beneficio patrimonial para la mercantil COMAMSA y un extraordinario perjuicio económico para la hacienda del Ayuntamiento de Oviedo

- Las decisiones más trascendentales que durante la tramitación fueron tomadas por ambas partes, expropiante y expropiada, no se han dejado al azar, ni son consecuencia de la casualidad o la mera coincidencia.

- Con la declaración de la urgente ocupación se perdió la posibilidad de considerar por el propio Ayuntamiento el desistimiento de la expropiación

- El acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación se llevó a cabo con una inusitada rapidez e insuficiente motivación, haciendo suyos los informes presentados por la empresa ASTURCOSA, de tal manera que la valoración alcanzada en el justiprecio fue extraordinariamente superior al valor real que la parcela tenía.

- La inejecución del acuerdo de proceder a la consignación del justiprecio fijado en 1998 dejó abierta la puerta para que COMAMSA hiciera uso de la garantía que para cualquier expropiado representa la retasación.

- En ningún momento de la defensa de los intereses del Ayuntamiento de Oviedo en los numerosos pleitos judiciales habidos se planteó el alcance de los propios actos de la parte expropiada, quien teniendo no una, sino dos sentencias judiciales, en 2004 y 2007, que le reconocieron, sobre todo la primera de ellas, una muy importante cantidad económica a su favor en concepto de justiprecio, no pidió su ejecución. Mientras tanto fue acumulando un año tras otro los intereses de demora y fue percibiendo pagos parciales por este concepto, e igualmente pagos parciales por la cantidad principal del primer justiprecio, que el Ayuntamiento empezó a realizar, en ambos casos, con posterioridad a la primera solicitud de retasación y sin que en un principio aceptara el pago a reserva del ejercicio del derecho de retasación.

- El Ayuntamiento firmó un Convenio expropiatorio con COMAMSA tan leonino y gravoso para los intereses municipales, que tal parecía que la ciudad de Oviedo llevaba camino de ser una propiedad privada en su parte más céntrica. Afortunadamente, dicho Convenio fue anulado en vía judicial.

- En la expropiación de Villa Magdalena han acontecido irregularidades jurídicas, actuaciones que han bordeado la validez y actuaciones claramente inválidas y los sistemas de control administrativo y de fiscalización tuvieron escaso resultado, o no se utilizaron bien, o no funcionaron bien

- El seguimiento e intervención de los representantes políticos de la ciudadanía en la Corporación ha estado plagado de obstáculos y dificultades por parte de las autoridades y cargos electos responsables de la gestión política municipal

- De la documentación obrante en el expediente resultan, cuando menos, dos tipos de perjuicios generados al Ayuntamiento de Oviedo con ocasión del procedimiento expropiatorio: de una parte, el perjuicio generado por el hecho de no haber procedido al pago o consignación íntegra del justiprecio fijado en 1998, y que se ha cuantificado, con todas las cautelas, en 46.850.287, 57 euros, o 43.844.427,91 euros, según se considere que las cantidades ya depositadas hubieran generado intereses de demora por no haberse comunicado la consignación al expropiado, o sí, respectivamente; y de otra parte, el perjuicio derivado del pago, indebido, de 497.852,55 euros en concepto de IVA, más los que pudieran haber existido por las facturas derivadas del Convenio, que no puede considerarse susceptible de derivar en responsabilidad contable.

- Las cifras de valoración económica de Villa Magdalena de las que se partieron, 300 millones de pesetas en el año 1985, fueron increméntandose progresivamente, pasando, en pesetas, aproximadamente a : 450 millones de pesetas en 1997, cuando COMANSA (entonces ASTURCOSA) la adquirió; 2.000 millones de pesetas en 1998, cuando el Jurado Provincial la valoró; 5.500 millones de pesetas en 2010, cuando se valoró a efectos de celebración de Convenio; 10.500 millones de pesetas en 2007 y 2011 cuando se valoró por el expropiado a efectos de retasación, habiendo terminado por suponer una deduda para las arcas municipales, valorando solo lo que se conoce documentado en el expediente, a una cifra muy próxima a 10.000 millones de pesetas en 2016

-El Ayuntamiento de Oviedo es el principal responsable de lo que en el procedimiento expropiatorio de Villa Magdalena ha sucedido.

Ante este cúmulo abrumador y escalofriante de hechos, ¿cómo es posible que no exista ningún responsable del enorme pufo de Villa Magdalena?

Algo muy grave debe estar pasando en la democracia asturiana si unos hechos de esta magnitud, que dieron lugar a un monumental beneficio para una empresa privada a costa de ocasionar un enorme boquete al erario público del Ayuntamiento de Oviedo, quedan impunes.

Las ciudadanas y ciudadanos de Oviedo no lo debieran consentir.