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jueves, 16 de noviembre de 2017

El Supremo da la razón a ATLÁNTICA XXII en el Caso Donaire

 Revista Atlántica XXII

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sentencia firmada el pasado día 8 y enviada a las partes ayer, ha fallado a favor de ATLÁNTICA XXII, su director Xuan Cándano y el periodista Fernando Romero, aceptando todos sus argumentos en el recurso de casación interpuesto en el Caso Donaire, iniciado por la denuncia presentada por el exsecretario general de UGT y MCA-UGT por informaciones publicadas por la revista en enero de 2015, en el número 36.

La denuncia presentada por Eduardo Donaire, que solicitaba 30.000 euros, fue desestimada en su día por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Oviedo, pero posteriormente la Sección Quinta de la Audiencia Provincial aceptó parcialmente su recurso, multando a la revista y sus periodistas con 6.000 euros y al exsindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda, Cándido González Carnero, con la misma cantidad, por juicios críticos sobre el exsindicalista de UGT aparecidos en aquel número de la revista. Ahora el Tribunal Supremo, en el caso de González Carnero, rebaja la sanción a 3.000 euros.

En el caso de ATLÁNTICA XXII el litigio se concretaba en dos de las informaciones firmadas por Fernando Romero. Uno de los artículos se titulaba “Suzuki regaló a Eduardo Donaire una moto Burgman” y en otro se hacía referencia a una de las viviendas del ugetista en el edificio El Barco de Gijón. Con Donaire también aparecía como denunciante su esposa, Carmen Fernández.

Sobre la moto, la sentencia del Supremo asegura que “sí se agotó la diligencia informativa que era exigible a un profesional de la comunicación” y recuerda los testimonios de varios testigos en el juicio “que apuntaban a que se podía haber beneficiado por razón de su cargo de regalos de una empresa con la que había negociado un ERE”. También subraya el alto tribunal que la tienda donde se adquirió el vehículo lleva años cerrada, como la propia factoría de Suzuki en Gijón, y que Donaire se negó a recibir a Fernando Romero para corroborar las informaciones. Y rechaza el único documento que aportó el exsindicalista ugetista, “ya que el demandante bien pudo aportar desde un principio los documentos que acreditaban que se trató de una compraventa a precio de venta al público y no de un regalo o de una compra a precio rebajado, máxime cuando tampoco cabe considerar finalmente demostrada la versión del demandante, pues solo se aportó una transferencia a otra entidad en la que tampoco se especificaba el destino del dinero”.

“Y en cuanto al piso –continúa la sentencia–, además de no apreciarse que los datos publicados sean falsos, toda vez que del tenor literal del artículo no cabe extraer la conclusión de que se estaba poniendo en duda el origen del dinero con el que se adquirió y tampoco puede considerarse inveraz el valor de mercado que se dio a los pisos de esa zona costera, por más que su valor catastral fuera muy inferior, lo determinante para descartar la intromisión es que nada de lo dicho al respecto empaña la principal idea que se quería transmitir, predominantemente crítica, acerca de que un importante cargo sindical tenía un patrimonio inmobiliario de cierta importancia”. “En consecuencia –añade el ponente–, se trataba de una crítica legítima hecha por quienes, desde una concreta opción ideológica, consideran que hacer demostración pública de solvencia económica o llevar un determinado estilo de vida, máxime tratándose de un alto cargo sindical, es difícilmente conciliable con la defensa de los intereses laborales de los trabajadores”.

Sin costas
En relación a las manifestaciones de González Carnero, el Supremo no ve intromisión al honor en la alusión a la “opulencia” en la que vive Donaire, “ya que solo puede entenderse como un elemento más de la crítica en el sentido de que difícilmente podía el demandante defender los intereses de los trabajadores si tenía un nivel de vida muy superior al de estos; en definitiva opulento en relación a los trabajadores del metal”. En cambio el Tribunal corrobora la sanción por denominar al demandante “chantajista”, viendo en la calificación un propósito de descrédito.

La sentencia no impone costas a ninguna de las partes. El ponente es el presidente, Francisco Marín Castán. González Carnero y la CSI, disconformes con la sentencia, estudian recurrir al Tribunal Constitucional.
En ATLÁNTICA XXII se acogió con gran satisfacción la sentencia, aunque lamentando la sanción a González Carnero, que, aunque rebajada, se debe a la contestación a preguntas de esta revista, que considera que el exsindicalista de CSI no hizo sino manifestar sus opiniones amparándose en la libertad de expresión.

La ofensiva judicial de UGT contra ATLÁNTICA XXII, ahora zanjada, no tuvo éxito alguno en los tribunales, pero sí provocó cuantiosos gastos a su empresa editora, Letras Atlánticas, para la defensa de los demandados. El problema se logró solventar con las aportaciones de los lectores, suscriptores y simpatizantes de la revista, que donaron dinero a través de una campaña de apoyo.
UGT llegó a presentar otras tres denuncias contra la revista y la sección sindical del sindicato en RTVE también puso una más en la empresa contra Xuan Cándano, que compatiliza legalmente su trabajo en la sociedad pública con la dirección de ATLÁNTICA XXII. Cándano llegó a ser sancionado con 20 días de empleo y sueldo. La sanción sería anulada por un juez de lo social de Oviedo, en una contundente sentencia contra UGT.

 
 

lunes, 13 de noviembre de 2017

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno del Principado a convocar inmediatamente concursos de méritos para cubrir centenares de puestos ocupados irregularmente



El Defensor del Pueblo acaba de notificar al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies el requerimiento que ha dirigido a la Consejería de Hacienda y Sector Público para que apruebe, de forma inmediata, el instrumento legal permitente que permita convocar los concursos de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que actualmente se ocupan de forma irregular.

De esta forma, el Defensor del Pueblo estima la denuncia presentada por esta asociación y rechaza “las explicaciones” ofrecidas por la Consejería para mantener una situación manifiestamente ilegal que afecta a centenares de puestos de trabajo.

En nuestra denuncia poníamos en conocimiento del Defensor del Pueblo que, transcurridos ya cuatro años desde la suspensión cautelar de los nombramientos a dedo – por libre designación – ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en Auto fechado el 8 de enero de 2013, no se ha convocado, ni resuelto válidamente, ningún concurso de méritos. Todos los puestos que antes eran de libre designación se nombran discrecionalmente, desde entonces, por el sistema excepcional de la comisión de servicios, previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, con el agravante de que una buena parte de esos nombramientos en comisión de servicios son radicalmente ilegales, al superar el plazo máximo legal de duración, que no puede exceder de dos años.

El resultado de esta auténtica subversión del régimen legal de provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos del Principado es que, en la actualidad, hay más de 250 nombramientos provisionales en puestos de jefatura de servicio, coordinadores etc, que superan el plazo máximo legal de dos años. A esta cifra debemos añadir, al menos, otros 476 puestos de jefatura de sección, cuya convocatoria fue anulada por sentencia del TSJA de 28 de noviembre de 2014, y que también se encuentran ocupados en precario, pues el Gobierno del Principado aún no ha encontrado tiempo para repetir la convocatoria.

La herencia recibida del Gobierno de Areces en cuanto a la gestión del empleo público estaba envenenada, pero el Gobierno de Javier Fernández se ha cuidado de conservarla intacta en estos últimos cinco años.

Ahora le toca pasar vergüenza ante el requerimiento del Defensor del Pueblo. Así nos va.

REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

lunes, 6 de noviembre de 2017

INTERNALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO POR SOCIEDAD MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO


 
 
 
En una entrada anterior, hacíamos referencia a los argumentos por los que considerábamos que las previsiones contenidas en la Disposición Adicional 15ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2016 (en adelante LPGE 2016), no suponían un impedimento legal a la internalización de un servicio público por una sociedad mercantil municipal ya constituida.

Este criterio acaba de ser corroborado ahora en sede jurisdiccional, al desestimarse íntegramente la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, frente al acuerdo municipal encaminado a que la sociedad mercantil de capital municipal, se hiciese cargo del servicio de limpieza de edificios municipales –que hasta ese momento venía siendo prestado por una entidad mercantil privada-.

Obviamente, se trata de una Sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo, y sus consideraciones han de tomarse con la correspondiente cautela; pero, tratándose de una situación extrapolable a otros municipios hemos considerado oportuno dar cuenta aquí de la misma.
Pues bien, planteados por el Abogado del Estado como motivos de impugnación al acuerdo municipal, (i) la infracción de la referida D.A. 15ª LGPE 2016, y (ii) la vulneración de los principios de acceso al empleo público, la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Alicante, de 31 de julio (Recurso 495/2016) los rechaza, confirmando la legalidad del acuerdo municipal, en atención a las consideraciones que pasamos a indicar:

La finalidad de las limitaciones a la prohibición de contratar por las sociedades mercantiles de capital público.
Sobre este extremo la Sentencia realiza una interpretación integradora de nuestro ordenamiento jurídico, precisando que la finalidad perseguida a través de las limitaciones a la contratación de nuevo personal que se establecen en la D.A. 15ª no es otra que la “reducción del déficit público”.
Y sobre esta concreta cuestión, señala la Sentencia que “Siendo ello así, consta en autos que con la prestación mediante gestión directa del servicio de limpieza de edificios municipales que hoy se recurre, precisamente eso es lo que se consigue” En este caso, se había cuantificado a través de los informes pertinentes que el ahorro para las arcas municipales estaría en torno a los cien mil euros.
También interesa destacar aquí, la ponderación que realiza el juzgador de las previsiones de la D.A. 15ª en relación con el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, manifestando que, “Por otro lado, se ha de considerar también la potestad municipal de optar por las modalidades de gestión de servicios públicos que tiene encomendados y que le reconoce el art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; lo que entronca directamente con el derecho constitucionalmente reconocido de la autonomía municipal (arts 137 y 140 de la Constitución).

 La conclusión que alcanza el magistrado sobre este punto resulta esclarecedora: “Una interpretación de la D.A. 15ª en el sentido indicado por la recurrente, estaría limitando las opciones y posibilidades de los sistemas de gestión de los servicios públicos que son propios de la Corporacion Municipal, con vulneración del mencionado derecho constitucional a la autonomía local”
 En definitiva, las previsiones puntuales de la LPGE en sus múltiples Disposiciones Adicionales son puestas en relación con la autonomía local acogida constitucionalmente. Otorgándose prevalencia, a la hora de interpretación de la norma, por un sentido de la misma acorde con nuestra Constitución.

La necesaria ponderación de los principios de acceso al empleo público en los casos de subrogación del personal.
Por lo que respecta a la infracción de principios de acceso al empleo público que denunciaba el Abogado del Estado en su escrito de demanda, la Sentencia analiza, como cuestión previa, dos aspectos: (i) si la figura jurídica de la “sucesión de empresa”, propia del derecho laboral, es de aplicación a una sociedad de capital íntegramente pública; y (ii) si, en el concreto caso planteado, se produce la subrogación del personal y con qué alcance.

Planteado así el debate, la Sentencia concluye que “La recuperación de la gestión pública, directa, ha supuesto una auténtica transmisión de empresa, con sujeción a las consecuencias que de ello se han de derivar, entre ellas las relativas a los trabajadores; de modo que como exige el art. 44 del ET”

Es por ello que, habiéndose acreditado la subrogación del personal que venía prestando el servicio, con arreglo a la normativa de aplicación, queda excluida la alegada infracción de los principios de acceso al empleo público.

Como indicábamos, la argumentación contenida en la Sentencia no resulta extrapolable, sin más, a todos los casos en que los Ayuntamientos se plantean realizar un proceso de internalización de un servicio público, pero también es cierto que la solución que acoge esta resolución judicial – realizando una aplicación del derecho a partir de los principios esenciales de nuestro ordenamiento, en sus aspectos laboral, constitucional y puramente administrativo- resulta de suma coherencia.

En cualquier caso, habrá que analizar en cada situación lo que indica la Sentencia: si puede acreditarse que el cambio de forma de gestión del servicio redunda en un servicio más sostenible y eficiente, lo que habrá de acreditarse en el procedimiento previo administrativo.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Ya a la venta el número 53 de ATLÁNTICA XXII


Portada del número 53 de ATLÁNTICA XXII.

Revista Atlántica XXII

Quioscos y librerías de toda Asturias venden desde hoy el nuevo número de ATLÁNTICA XXII, el 53, que lleva como tema de portada una exclusiva sobre la paralización por parte de Hacienda de la concesión de la estación asturiana de Fuentes de Invierno, que el Principado lleva diez años adjudicando a la misma empresa, EES, denunciada por irregularidades laborales. El reportaje, firmado por el periodista Xuan Fernández, incluye una entrevista con uno de los denunciantes afectados, Marino Muñiz, cooperativista de El Rebecu.

El número 53 contiene las habituales 80 páginas. En la sección de Información, también se trata el auge de los neonazis en el Fondo Sur del Sporting de Gijón, en un reportaje arriesgado que incluye nombres y datos y está firmado bajo el seudónimo de Julián Mecegra. Asimismo, se trata un tema tan de actualidad como es el del independentismo catalán desde una perspectiva diferente, el de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de las piezas más importantes del proceso soberanista, cuyas cuentas no están del todo claras. El reportaje, escrito por el investigador Steven Forti, se complementa con el editorial sobre Cataluña, España y la reforma constitucional. La sección continúa con otra investigación sobre la misteriosa fortuna del alcalde de Siero, realizada por el periodista Aladino Fernández Pachón, y un reportaje sobre los recientes despedidos de la empresa de transportes ALSA, a cargo del periodista Santiago Dacal.

En cuanto a la Galería de heterodoxos/as, uno de los clásicos de la revista, en esta ocasión se entrevista en asturiano al escritor, músico y gestor cultural Adolfo Camilo Díaz, a manos del periodista Rafa Balbuena. En Opinión colaboran en este número Santiago Alba Rico, María Ruisánchez Ortega y Mariano Antolín Rato, cuyos artículos se intercalan con la sección de Afondando, que arranca con dos artículos críticos con el ejercicio actual del periodismo, uno en asturiano a cargo del politólogo Nicolás Bardío y otro sobre el tratamiento en la prensa asturiana del Caso Marea escrito por Javier Álvarez Villa y Severino Espina, miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

En Afondando también se trata el lío de la perrera de Avilés, en un artículo firmado por el periodista Ismael Juárez, y se publica un amplio dossier sobre la modernidad del anarquismo, con un reportaje escrito por Sergio Montero sobre Avelino González Entrialgo, otro de Héctor González sobre la actualidad de las ideas libertarias y un tercero de Pablo Batalla Cueto sobre su influencia en las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. La sección concluye con un estudio acerca del divorcio entre la izquierda y las clases populares en el caso del Partido Socialista francés realizado por el historiador Luis Aurelio González Prieto y un reportaje sobre el colectivo de mujeres argentino ‘Ni una menos’, innovador en la lucha feminista, escrito por el investigador Alfredo Aracil.

Cultures, por su parte, se abre con la página artística de Iñaki Ruiz de Eguino y prosigue con una entrevista del periodista Luis Feás Costilla a Francisco Manzanares, conservador del Tabularium Artis Asturiensis, un importante museo privado ignorado por la Admnistración Pública. J. Benito Fernández escribe sobre el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, todo un sabio en zapatillas, y en música Félix Población entrevista al director musical Íñigo Pirfano, Carlos Barral escribe sobre el movimiento Trap, la banda sonora de la generación del desencanto, y Rafa Balbuena homenajea a Berto Turulla, cuyo fallecimiento supuso una descarga que sacudió a la música asturiana.

El número concluye con las habituales colaboraciones de Natalia Fernández Díaz-Cabal, Milio Rodríguez Cueto y Maxi Rodríguez, así como con la Tira de Alberto Cimadevilla y Adolfo Manzano.
El número 53 también se vende en la librería Laie de Barcelona.

miércoles, 25 de octubre de 2017

El TSJA condena a la empresa pública SERPA a hacer fijas a dos trabajadoras contratadas de forma fraudulenta



La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia dictada el pasado 26 de septiembre, declara trabajadoras fijas de plantilla de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (SERPA), a dos empleadas de dicha empresa contratadas mediante contratos temporales por obra o servicio que se fueron prolongando de forma fraudulenta durante varios años.

Se trata de una oficial administrativa contratada en virtud de un contrato temporal por obra o servicio consistente en la gestión del procedimiento de expropiación por encargo de la Administración del Principado de Asturias de fecha 26 de marzo de 2009, a la que se encomendaron tareas relacionadas con el departamento de expropiaciones hasta el año 2016 ( es decir, se mantuvo a la trabajadora durante siete años con un contrato por obra o servicio); y de una jefa administrativa, con la que se concertaron varios contratos de obra o servicio encadenados, desempeñando funciones administrativas entre los años 2006 y 2017.

Los hechos descritos en la sentencia del TSJA revelan, con toda crudeza, unas prácticas de contratación fraudulenta del personal muy extendidas en los llamados “chiringuitos” del Principado de Asturias – empresas y fundaciones públicas controladas por el Gobierno del Principado -, que  han sido denunciadas en numerosas ocasiones desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y constatadas de forma reiterada por la Sindicatura de Cuentas en su informes de auditoría del sector público.

Unas prácticas de contratación laboral que vulneran los derechos de los trabajadores, como señalan las sentencias de los Tribunales, pero que son también una fuente de clientelismo laboral y acceso privilegiado a puestos de trabajo sufragados con fondos públicos.

En los casos contemplados en la sentencia del TSJA se constata, además, la utilización por parte de la Administración del Principado de otro mecanismo irregular en la gestión de los servicios públicos, también denunciado con insistencia por nuestra asociación y confirmado en los informes de la Sindicatura: las encomiendas de gestión fraudulentas a empresas públicas para realizar tareas administrativas que deberían ser desempeñadas por funcionarios públicos integrados en la plantilla del Principado, en este caso, de funciones relacionadas con expedientes de expropiación forzosa.

Un cúmulo de irregularidades que exigiría una investigación independiente e imparcial sobre la extensión y alcance de las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades a las que hubiera lugar.

Dicho todo lo anterior, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA realiza una serie de consideraciones sobre el acceso a los puestos de trabajo de las empresas públicas que suponen una auténtica “bomba de relojería” que puede estallar sobre los procedimientos de acceso al empleo dependiente de las empresas y fundaciones públicas. Y ello, porque para llegar a la conclusión de que las dos trabajadoras de SERPA deben ser consideradas fijas de plantilla en lugar de indefinidas no fijas, la sentencia del TSJA afirma (fundamento de derecho segundo) que a las sociedades mercantiles públicas – ya sean estatales, autonómicas o locales – no les son de aplicación los artículos 23. 2 y 103.3 de la Constitución española, que exigen que el acceso al empleo público se haga conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, ni el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

Se trata de una afirmación de una enorme trascendencia y gravedad, pues abre un descomunal boquete para que los trabajadores de las empresas públicas puedan ser contratados por razones de influencia, recomendaciones o simple azar, en perjuicio de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas  a participar en procesos selectivos públicos, objetivos y transparentes para acceder a esos puestos del sector público. Además, la sentencia omite clamorosamente toda referencia a la disposición adicional primera del EBEP, en la que se dispone que los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad son de aplicación obligatoria a todas las entidades del sector público - estatal, autonómico y local - (la misma Sala de lo Social del TSJA, en sentencia de 30 de septiembre de 2011, señaló que esta disposición legal y los  principios constitucionales de acceso al empleo público, eran de aplicación a la contratación del personal de una sociedad mercantil local perteneciente al Ayuntamiento de Avilés; y el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2015, afirma que "la impregnación pública que es propia de una sociedad mercantil estatal comporta que en la selección de los trabajadores hallan de tenerse en cuenta aquellos principios - igualdad, mérito y capacidad-" )

La gravedad y trascendencia de lo afirmado en la sentencia del TSJA obligaría a presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, un recurso al que tan aficionado es el Gobierno del Principado cuando se encuentra en situaciones desesperadas. Recordamos que el Consejo de Gobierno aprobó el 27 de abril de 2016 unas Instrucciones para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo de las empresas y fundaciones públicas se efectuara a través de procedimientos que cumplieran los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad

Si no se ha interpuesto el recurso de casación, la Administración del Principado debe dar explicaciones urgentes sobre las razones de su pasividad.

Es mucho y demasiado grave lo que se está jugando aquí para dar la callada por  respuesta.

lunes, 23 de octubre de 2017

Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación




En el repaso regeneracionista que este blog está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.  Y la frase no venía, precisamente,  de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.

En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de las disfunciones,  imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro sistema político.  Pero, asumido lo anterior, es también necesario comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación, especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas consecuencias para todos nosotros.

Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad” en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico” como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza, sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio, televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras, cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador” (el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus “controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.

Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional, especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso. Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario: los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las circunstancias económicas actuales les han convertido en el  “partido de los recortes”, de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación, resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que, como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos, sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional, no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.

Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente. Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué podemos hacer para corregirla?

viernes, 20 de octubre de 2017

La mortalidad por cáncer es un 17% mayor en los pueblos industriales de España


Publicado el mayor estudio sobre la contaminación de las fábricas y los tumores malignos

 

 



La mortalidad por tumores malignos es un 17% mayor en los pueblos industriales de España que la media nacional, según sugiere el mayor estudio realizado hasta la fecha. El trabajo, elaborado por cinco investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, en Madrid, recuerda “las grandes cantidades de sustancias tóxicas que han sido liberadas indiscriminadamente durante muchos años” y exige fijar como objetivo "ineludible" la reducción de emisiones cancerígenas en la industria.

El estudio, que ha analizado los 8.100 municipios españoles entre 2007 y 2010, alerta de que “hay altas emisiones de carcinógenos en la proximidad de pueblos en el suroeste, este y norte del país”. En estos municipios industriales —concentrados en las provincias de Bizkaia, Guipuzkoa, Barcelona, Tarragona y Valencia— se detecta un exceso de mortalidad por leucemias y tumores malignos digestivos, respiratorios, de próstata, de mama, de ovarios y de vesícula biliar, según advierte el trabajo, dirigido por el epidemiólogo Gonzalo López Abente.


Nueve millones de personas viven a menos de cinco kilómetros de un foco emisor de sustancias cancerígenas
“Los resultados nos ayudan a generar hipótesis sobre las posibles asociaciones entre la contaminación emitida por las industrias y el desarrollo del cáncer, pero no pueden mostrar causalidad”, reconoce Pablo Fernández Navarro, primer firmante del estudio. Sin embargo, subraya, “a nadie se le escapa que estar expuesto a un foco de contaminación industrial que emite día y noche cerca de la población y durante años no puede tener consecuencias inocuas”.

1.500 municipios españoles situados a menos de cinco kilómetros de una industria emisora de sustancias consideradas cancerígenas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, según constata el trabajo, a fecha de 2010. Son nueve millones de personas potencialmente afectadas. Si se reduce la distancia a dos kilómetros de un foco contaminante, hay dos millones de habitantes concernidos. En los cuatro años analizados, la industria española emitió al aire cientos de toneladas de derivados cancerígenos de metales pesados, como níquel (211 toneladas), cromo (64), arsénico (20) y cadmio (9).

En ese mismo periodo, aunque las emisiones de algunos compuestos cancerígenos se redujeron, otras aumentaron, como las de dioxinas y furanos, productos de desecho en la incineración de basuras, la fabricación de acero y la producción de papel o de cloro para la síntesis de insecticidas y herbicidas, por ejemplo. Subieron de 47 a 685 kilos, un 1.343% más. También creció, de 192 a 245 toneladas (un 27%), la emisión de benceno, una sustancia intermedia en la fabricación de plásticos, detergentes, medicamentos y pesticidas. Los investigadores han obtenido los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y obligatorio desde 2007.

“Hay pocas dudas de que la polución industrial se asocia con ciertos tipos de cáncer”, afirma el oncólogo Miguel Martín

Los expertos consultados recalcan que muchos ciudadanos están expuestos a otros factores de riesgo, como el alcohol y el tabaco, mucho más peligrosos que la contaminación industrial. Fumar aumenta un 400% el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón. Además, según señala Fernández Navarro, “es importante destacar que el sector industrial realiza de forma continua grandes esfuerzos en minimizar su impacto en el medio ambiente y por tanto en la salud”. Su trabajo tiene en cuenta “escenarios en épocas pasadas que pueden no ser los mismos que en la actualidad en cuanto a las emisiones contaminantes”.

El nuevo estudio es “excelente y un toque de atención para nuestras autoridades”, según Miguel Martín, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y ajeno al equipo de López Abente. “Hay pocas dudas de que la polución industrial se asocia con ciertos tipos de cáncer”, alerta. A su juicio, los resultados del Centro Nacional de Epidemiología son “preocupantes”.


Contaminación en una instalación industrial en Vizcaya, en 2010. 
Contaminación en una instalación industrial en Vizcaya, en 2010.

El médico Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, aplaude el nuevo trabajo, pero advierte de que no permite visualizar la situación de los trabajadores de las fábricas. A su juicio, están olvidados. “Es tremendo el escaso número de cánceres de origen laboral que reconoce la Seguridad Social en España. Si en Francia o Alemania se reconoce entre el 5% y el 10% de las demandas, en España apenas se llega al 0,01%”, lamenta.

La certificación del origen laboral de un tumor implica mayores subsidios y pensiones. En febrero de este año, un juez obligó a la empresa Uralita a indemnizar con 342.142 euros a un extrabajador que sufrió un cáncer de pulmón por exposición al amianto. “Nadie tiene que poner en riesgo su vida por ir a trabajar”, zanja García Benavides, expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.

Los autores reconocen las limitaciones de su trabajo, recién publicado en la revista Environmental Research. Los investigadores han tenido en cuenta variables como el porcentaje de analfabetos, de agricultores y de desempleados, como posibles factores de confusión. Sin embargo, los científicos admiten que otras variables podrían afectar sus resultados, como el tabaco. Podría ser que los habitantes de pueblos industriales fumasen más, según hipotetiza la epidemióloga Núria Malats, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Malats pone sobre la mesa otras limitaciones admitidas por los autores. El trabajo tiene en cuenta focos emisores situados a menos de cinco kilómetros del centro de un municipio, pero no contempla ni los vientos ni las montañas que podrían funcionar como un muro para la contaminación. En todo caso, la investigadora opina que es “un trabajo relevante y muy bien hecho”.
“Es posible que los resultados de estos estudios no sean tomados como prueba por un juez, pero lo que es seguro es que este tipo de indicios y otros mucho más solventes se irán acumulando con el tiempo y llegará un momento en que la legislación dará la razón a los que reclamamos un ambiente más limpio”, afirma Fernández Navarro.